jueves, 25 de febrero de 2021

Lecciones aprendidas en pandemia: el caso de la teleasistencia

La garantía de acceso a la atención sanitaria constituye una preocupación en Argentina y la región y promueve la revisión y diseño de estrategias en salud para satisfacer la demanda, haciendo foco en la seguridad del paciente y la calidad de los servicios, junto a la necesidad de compatibilizar esa demanda con la limitación de recursos y la sostenibilidad de los sistemas. 

En orden a ello, las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TICs) constituyen herramientas de gran valor estratégico en el diseño de planes y programas de salud, en términos de acceso y equidad. El proceso de digitalización de datos en salud, la historia clínica única e interoperable y herramientas de uso cada vez más habitual, como la teleasistencia, inteligencia artificial y aplicaciones móviles, importan un desafío de implementación y de adaptación de los ecosistemas sanitario y legislativo. 

En un concepto amplio, la telesalud incluye la telemedicina y sus diferentes programas de teleasistencia, teleconsultoría, telegestión de la salud pública y privada, televigilancia, teleeducación y teleinvestigación, para la prevención y promoción de la salud individual y colectiva. 

La declaración de pandemia global como consecuencia de la COVID-19 evidenció las dificultades en la atención de consultas programadas y seguimiento de pacientes crónicos, y la teleasistencia emergió en nuestro país como una alternativa para la continuidad de las prestaciones sanitarias. 

Pero, claro está, su implementación requiere de un exhaustivo conocimiento del marco normativo, que impacta en cada uno de los modelos de desarrollo, junto a la consideración de factores sociales, culturales, tecnológicos, además de los sistemas de registro, acreditación, evaluación, habilitación, monitoreo y formación permanente. 

Barreras y aceleradores 

A pesar de los diferentes factores que incrementaron el uso de la teleasistencia y su capacidad de resolución de problemas, que se presentan actualmente en la atención de salud, se pueden observar una serie de ventajas y barreras para su desarrollo. 

En el primer grupo podemos mencionar lamejora en el acceso; su potencialidad de complementar la atención presencial, facilitar su continuidad -sobre todo en las patologías crónicas-, evitar traslados innecesarios y acortar los tiempos de espera; colaborar en la equidad y calidad prestacional, en la eficiencia de los servicios y los procesos administrativos de gestión de salud; reforzar la disponibilidad de especialidades críticas así como la segunda opinión en centros de referencia -especialmente para poblaciones lejanas a centros urbanos-; acercar el conocimiento desde los establecimientos de mayor nivel de resolución a otros de menor complejidad y facilitar la colaboración entre equipos de salud, atendiendo a su formación, junto a una participación más activa del paciente en su entorno individual y comunitario. 

En este sentido, se verifican casos de éxito en programas de atención cardiológica y neurológica, donde el acceso en tiempo oportuno produce una notable diferencia en las potenciales secuelas; también en el área de imágenes, oftalmología, dermatología y seguimiento de pacientes con tratamientos de salud mental. 

Entre los obstáculos debemos mencionar la ausencia de marcos normativos sistematizados; la ausencia de estrategias organizacionales planificadas y centradas en el proceso de atención al paciente y no en la herramienta tecnológica, la recarga de tareas y gastos cuando el personal sanitario debe utilizar sus propios recursos; la falta de gestión en el tratamiento de datos en salud y la fragmentación de la información; la resistencia al cambio y la falta de programas de formación digital para equipos de salud desde el grado; falta de infraestuctura y conectividad adecuadas, sobre todo en las poblaciones vulneradas; el resguardo de derechos y preferencias del paciente, generando falta de confianza, entre otros. 

El ecosistema legislativo sanitario y la regulación de la teleasistencia 

El desarrollo de la teleasistencia en nuestro país requiere, además de registros, protocolos, estándares y acreditaciones pertinentes, un marco regulatorio sólido y organizado que garantice su ejecución responsable, otorgue seguridad al desarrollo de la actividad y, al mismo tiempo, certidumbres jurídicas a quienes intervienen en el proceso. 

Estado de la legislación 

Son variadas las leyes que impactan en el uso de la herramienta, entre las que podemos mencionar: Ley 27.553 de Receta electrónica o digital, Ley 26.529  de Derechos del paciente, Ley 25.326  de Protección de datos personales, Ley 17.132  de Ejercicio de la medicina, Ley 25.506  de Firma Digital, Ley 24.240  de Defensa del Consumidor, Código Civil y Comercial de la Nación (artículos 52  a 60 , referidos a los derechos personalísimos), Código Penal (arts. 153 , violación comunicaciones electrónicas y 247  usurpación de título), entre otras. 

Debemos mencionar, asimismo, varias décadas de proyectos sobre teleasistencia en nuestro país, entre los que se destacan los implementados por los Hospitales Garrahan y El Cruce, la Estrategia Nacional de Salud Digital que estableció un Plan Nacional de Telesalud, cuyo grupo asesor emitió recomendaciones para el Uso de la Telemedicina y el Programa Federal de Salud Digital. 

La Superintendencia de Servicios de Salud de la Nación, mediante Resolución 282/2020 , ha recomendado implementar y fomentar el uso de plataformas de teleasistencia y teleconsulta durante la vigencia del Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio, a fin de garantizar las prestaciones de demanda esencial. 

Federalismo 

Como puede apreciarse, existe una variada cantidad de normativa tocante a la actividad telemédica pero se carece -a la fecha- de un marco regulatorio sistematizado y preciso que le otorgue previsibilidad a su ejercicio, fundamentalmente frente al federalismo sanitario, que permite a cada provincia legislar en materia sanitaria. Así dicho, las leyes dictadas por el Congreso Nacional en este ámbito deben ser, a posteriori, adheridas -en todo o en parte- para lograr vigencia en las provincias. En esa reserva de facultades se incluye también el otorgamiento de las matrículas profesionales que validan el acto médico al unirse con el título universitario.La falta de un acuerdo interjurisdiccional en este aspecto y los intereses involucrados se alzan en un obstáculo para las consultas médicas virtuales, herramienta que borra, en ocasiones, las fronteras trazadas por el hombre para promover el acceso a la atención de salud. 

En función de ello, debe tenerse presente que en la teleconsulta, sea sincrónica o asincrónica, entre el profesional de la salud y su paciente, o bien en los casos de segunda opinión, donde intervienen dos o más profesionales, con o sin la presencia del paciente, pueden desplegarse actividades dentro de una misma provincia, fuera de ella o incluso más allá de las fronteras argentinas. Esta situación nos lleva a analizar el rol de la matrícula que habilita el ejercicio profesional dentro de un ámbito territorial determinado y, en razón de ello, encontrarnos con la dificultad de que el profesional carezca de matrícula habilitante para la consulta telemédica. Son nuevos retos que nos exigen repensar viejos institutos, adoptando modelos que otorguen seguridad a la atención sanitaria. En nuestra opinión, deben crearse registros especiales por parte de la autoridad regulatoria para el desarrollo de la actividad. 

Consentimiento Informado 

En otro orden, no podemos soslayar que tanto la Ley N° 26.529 de Derechos del Paciente como el artículo 59  del Código Civil y Comercial obligan a garantizar procedimientos que permitan el otorgamiento e instrumentación del consentimiento informado. En las consultas por medios virtuales se debe implementar su registro en formato digital, asegurar la posibilidad de revocación, la renuncia a recibir información, así como el otorgamiento de directivas médicas anticipadas, garantizando en todas las instancias el respeto de la autonomía personal y la planificación de las decisiones vitales. 

Pero esta información vinculada al consentimiento clínico no resulta suficiente. Se debe adicionar información específica respecto de los beneficios, limitaciones y riesgos del uso de esta modalidad de atención.Debe asegurarse que el paciente haya comprendido acabadamente la información sobre el uso de entornos digitales, su funcionamiento, limitaciones y riesgos asociados a los mismos y salvaguardas adoptadas y a adoptarse frente a potenciales fallas. 

Historia Clínica 

Por aplicación de la Ley N° 26.529, resulta necesario consignar el registro de todo el proceso de atención sanitaria en la historia clínica del paciente y, en consecuencia, promover en el ejercicio de la teleasistencia el acceso a la misma por parte del personal sanitario, paciente y personas autorizadas (terceros autorizados, estadística, auditoría, facturación). 

Cada integrante del equipo de salud será responsable de los deberes de registro en el marco de su atención y seguimiento, y el director de la institución será responsable, además, de su conservación (ver reglamentación de la Ley 17.132). 

En la consulta virtual debe asegurarse y registrarse un adecuado proceso de identificación de las partes, y los registros tradicionales pueden verse complementados con la captura de la voz o la imagen de quienes intervienen en la consulta y quedar grabadas, para lo cual también se requiere un consentimiento específico para ser integradas a la historia clínica. 

Es conveniente promover su unicidad, portabilidad y la adopción de estándares de seguridad y ciberseguridad de la información de salud contenida en registros electrónicos. 

Seguro 

Otro tema que debe ser abordado legislativamente en el área de la teleasistencia es el r eferido a los alcances de la cobertura del seguro de ejercicio profesional. Entendemos que la validez otorgada al uso de plataformas de telemedicina (Ley 27.553) es un reconocimiento en ese sentido, pero las instituciones y profesionales deberían formular las consultas pertinentes respecto del alcance de sus pólizas, hasta tanto las compañías aseguradoras o una ley integral sobre la actividad así lo garanticen. 

Formación y Ciudadanía Sanitaria 

Programas de formación dirigidos al equipo de salud desde la etapa previa a su implementación son necesarios para la comprensión de quienes utilicen la herramienta.Las dificultades que expresen pueden colaborar para la puesta en marcha del proyecto ya que resulta importante su involucramiento para definir el éxito del mismo. La capacitación continua también resulta clave para superar las barreras que puedan presentarse ante la complejidad de los desafíos tecnológicos. Resulta conveniente introducir la formación en telesalud en las currículas universitarias de grado de las carreras de ciencias de la salud, junto a capacitaciones y actualizaciones de postgrado que puedan ser acreditadas. 

Por otra parte, el desarrollo de programas de educación para la comunidad, en el marco de una estrategia de ciudadanía sanitaria, es muy valioso para acercar el uso de entornos tecnológicos, desarrollando materiales y recursos didácticos sobre el uso de herramientas digitales en salud, de modo que se comprendan sus beneficios y riesgos y puedan ser evaluados y consentidos de manera responsable, libre e informada. 

La declaración de pandemia global como consecuencia de la COVID-19 evidenció las dificultades en la atención de consultas programadas y seguimiento de pacientes crónicos, y la teleasistencia emergió en nuestro país como una alternativa para la continuidad de las prestaciones sanitarias. 

Honorarios 

El pago de honorarios resultante de la actividad de teleasistencia resulta aún un desafío. Se oscila entre la ausencia de reconocimiento o pagas en porcentajes menores a la remuneración comparada con la consulta presencial. Y ello trae consigo el peligro de que médicos formados descarten el uso de la herramienta y se conformen silos de atención mal paga, que redunden en la calidad del servicio. 

En este sentido, corresponde introducir en los proyectos un ítem dedicado a los modelos retributivos según prestación de la práctica -sincrónica, asincrónica, de primera o segunda opinión- y en función de los potenciales beneficios en el marco de la estrategia de atención de salud en la que se implementen. 

Validez de la consulta de teleasistencia 

La sanción de la Ley 27.553 permitió finalizar las discusiones acerca de la validez del acto médico virtual. Dicha norma, si bien destinada a regular la receta electrónica, incorporó en el inciso b) de su artículo 1  la habilitación del uso de plataformas de teleasistencia en salud en todo el territorio nacional. 

Hacia un marco regulatorio general para la teleasistencia 

Pero aún es necesario dar otro paso hacia el dictado de una norma que establezca los alcances y modalidades de la práctica y las funciones de la autoridad de aplicación, para desarrollar una serie de objetivos mínimos que definan las condiciones de implementación para mejorar la accesibilidad, fortalecer los procesos de atención y la integración de los sistemas, promover la formación y capacitación continua de los recursos humanos y las investigaciones en salud y optimizar los recursos disponibles del sistema de salud, a fin de fomentar una agenda digital para el uso de la teleasistencia en todo el país. Un proyecto en este sentido ha tenido aprobación en el Senado de la Nación. 

Pensando los nuevos desafíos. Hacia la acreditación, registro, evaluación y habilitación en telesalud 

Entendemos necesario establecer una instancia de acreditación, registro, evaluación y habilitación de profesionales y técnicos que ejerzan la actividad, como así también de los servicios que presten los establecimientos que realicen telesalud y de los programas y plataformas utilizadas para su implementación, para luego proceder al monitoreo de los estándares y legislación aplicables. 

La misma recomendación regulatoria corresponde para establecer mecanismos de registro ante la autoridad sanitaria y contralor por la autoridad competente para las aplicaciones móviles (apps) vinculadas a la toma de datos sanitarios, la regulación de la investigación en entornos smart y normativa para el uso de data analytics, deeplearning, inteligencia artificial, algoritmos y otras nuevas tecnologías informáticas empleadas en el ámbito de salud. 

Entendemos necesaria una estricta evaluación de los beneficios y barreras que se presentan, y junto a ello la elaboración de guías técnicas ético-legales para teleasistencia que permitan establecer, entre otros ítems de interés, criterios de uso; protocolos de atención; procesos; estándares; medidas de seguridad y ciberseguridad; advertencias sobre las limitaciones del encuentro virtual; criterios de inclusión y exclusión; tipo de formación profesional requerida; capacitación a la comunidad. 

La telemedicina ha probado su importancia a través de los esfuerzos de toda la comunidad internacional para establecer plataformas colaborativas, y todo ello sin reemplazar sino para asistir la consulta presencial en una expansión de la digitalización sanitaria que recién comienza y puede mejorar las condiciones sanitarias de la población, para lo cual debemos definir estándares mínimos, en un marco normativo sólido que otorgue certezas en materia de protección de derechos fundamentales. 

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(1) 4. Dorsey, E. R., & Topol, E. J. (2016). State of Telehealth. New England Journal of Medicine, 375(2), 154-161. https://doi. org/10.1056/nejmra1601705. 

(2) Organización Panamericana de la Salud. Marco de Implementación de un Servicio de Telemedicina. Washington, DC: OPS, 2016. Mi https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/anexo_1_recomenda- cion_uso_de_telemedicina_-_grupo_asesor_1.pdf iv    https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/227378/20200402

(3) https://www.senado.gob.ar/prensa/18860/noticias 

(4) https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/227378/20200402 

(5) https://www.senado.gob.ar/prensa/18860/noticias

Doctrina publicada en Microjuris

Autor: Aizenberg, Marisa S. (Directora del Observatorio de Salud de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires y miembro de la Comisión de Médicos Legistas y Auditores Sanatoriales (FECLES) de Adecra+Cedim)

Fecha: 12-02-2021

martes, 23 de febrero de 2021

Salta: amparo ordena cobertura de sondas uretrales para un niño que padece mielomeningocele

El Máximo Tribunal salteño confirmó un amparo para la entrega de sondas a un niño con mielomeningocele. La parte demandada había realizado entregas parciales y de forma esporádica.

La Corte de Justicia de Salta rechazó el recurso de apelación presentado por el Estado provincial contra la sentencia que hizo lugar parcialmente a una acción de amparo y, en consecuencia, ordenó al Ministerio de Salud Pública y al programa “Incluir Salud” cumplir con la entrega mensual de 150 sondas uretrales para un niño que padece mielomeningocele. 

La acción de amparo fue promovida por la madre del menor, quien es beneficiario del programa “Incluir Salud”. El niño padece mielomeningocele, enfermedad que se origina en un defecto en el cierre del tubo neural que afecta el sistema nervioso, y a partir de éste, en forma secundaria la marcha, el aparato urinario y el digestivo. 

Los niños afectados no pueden realizar una micción normal, lo que puede provocarles infección urinaria y daño renal, según señaló el fallo. El “cateterismo intermitente” es un procedimiento indoloro en el niño y permite el vaciado adecuado de la vejiga. 

La sentencia de primera instancia estimó oportuna provisión de las sondas, luego de considerar que la accionada no entregó la cantidad total indicada por el médico tratante y solo se realizaron entregas parciales. Todo ello en los autos “Acción de Amparo presentado por L., M. A., por sus propios derechos y en representación de A.D.I. con el patrocinio letrado del Dr. Massafra, Javier Nicolás en contra del Ministerio de Salud Pública de la Provincia de Salta – Amparo – Recurso de Apelación”. 

El juez de grado también advirtió que el Estado Provincial “no puede desentenderse de la obligación de proveer en tiempo y forma las sondas requeridas para el desarrollo del menor en condiciones consustanciales con su dignidad, debiendo proveerlas con la anticipación temporal necesaria para ser utilizadas por el niño, en tanto ello es de su incumbencia”. 

La provincia de Salta apeló la decisión y sostuvo que las prestaciones solicitadas fueron siempre reconocidas y autorizadas de manera integral y en ningún momento interrumpidas o negadas. Sin embargo, la Corte de Salta concluyó que los agravios de la apelante “carecen de sustancialidad, resultando insuficientes para conmover lo decidido en la sentencia recurrida”. 

En cuanto al cumplimiento de las prestaciones, los jueces advirtieron que la cobertura integral “significa la provisión oportuna y total de las prestaciones, y no de manera esporádica e insuficiente”, dado que la propia demandada reconoció las dificultades para proveer los materiales y efectuó entregas parciales.

Fuente: www.diariojudicial.com - Fallo completo

Conforme las normas vigentes se hace saber que las sentencias que se replican en este blog son de carácter público y sólo el órgano jurisdiccional del que emana la decisión impondrá limitaciones a su publicación por razones de decoro o en resguardo de la intimidad de la parte o de terceros que lo hayan solicitado de manera expresa.

jueves, 18 de febrero de 2021

Los límites éticos del avance científico: un posgrado sobre salud digital

El Observatorio de Salud y la Oficina de Estudios, Acreditación y Certificación en Salud Digital (OASAD) de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires presentan el Primer Postgrado en Salud Digital.

Neil Harbisson lleva un dispositivo -eyeborg- fusionado a su cráneo, que le permite la visión en colores, para superar una enfermedad de nacimiento que solo le permitía ver en blanco y negro. Pero en la actualidad, su experiencia sensorial le permite detectar colores que estan por fuera del espectro del ojo humano, como el infrarrojo y el ultravioleta. Se trata del primer organismo cyborg, de la humanidad aumentada. Y frente a ello las reflexiones sobre los límites éticos al avance de la ciencia. 

La irrupción de las tecnologías y el uso de dispositivos electrónicos, aparatos de seguimiento, medios, redes sociales e interacciones en internet en el sector sanitario, están produciendo una profunda transformación en los modelos de atención y gestión en salud. Enormes cantidades de datos, incluidos los datos sensibles en salud permiten, a través de técnicas avanzadas de tratamiento y análisis, utilizando algoritmos matemáticos, inteligencia artificial, machine learning, modelos estadísticos, redes neuronales y otras técnicas, establecer relaciones entre esos datos, predecir, prevenir y tratar enfermedades y también determinar tendencias, patrones, comportamientos y toma de decisiones. Aunque se sabe que esos datos no son siempre neutrales ni transparentes. 

Cuando damos información a una página para acceder a su contenido gratuito, los hacemos a cambio de nuestra privacidad. Las apps suelen solicitan acceso a la geolocalización, micrófonos, cámara, listas de contactos, tarjetas de almacenamiento, sin que ello sea necesario para su funcionamiento. La explosión de la Internet de las cosas y su capacidad para proporcionar monitoreo en tiempo real, son motivo de preocupación del derecho. Frente a un entorno de riesgo de esta magnitud, aparecen nuevas amenazas y vulnerabilidades emergentes y se espera que las violaciones de seguridad aumenten en los próximos años y con ello posibles discriminaciones a nivel individual y de grupos que, por determinadas características, podrían ver en riesgo su derecho de igualdad de oportunidades de acceso a la salud, empleo o educación. 

Frente a ello, se requiere generar saberes y desarrollar marcos ético-legales que permitan una rápida adaptación de las organizaciones sanitarias, como una clara oportunidad de mejorar las condiciones de equidad y acceso a la salud pero también, de más y mejores derechos para los ciudadanos sanitarios. 

En este escenario, el Observatorio de Salud y la Oficina de Estudios, Acreditación y Certificación en Salud Digital (OASAD) de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires presentan el Primer Postgrado en Salud Digital, porque entienden que estos cambios que se consolidan a través de diferentes componentes aplicados al área sanitaria–la historia clínica digital, la receta electrónica, la telesalud, el desarrollo de algoritmos, aplicaciones y dispositivos digitales, la robótica, la inteligencia artificial, el uso de datos, entre otros- obligan a repensar y redefinir categorías e institutos jurídicos y bioéticos que se anticipen a las tensiones de derechos e inequidades y fortalezcan las potencialidades para producir mejoras. Promueven la formación e investigación en este campo de intersección entre Salud, Tecnologías y Derechos, bajo una concepción integral que otorgar seguridad a pacientes, integrantes del equipo de salud, instituciones y empresas, junto a salvaguardas éticas y legales en respeto a la dignidad, igualdad y derechos humanos. 

El postgrado en Salud Digital, primero en su género, ofrece diversos módulos que tratan aspectos introductorios del Derecho de la Salud, los Sistemas Sanitarios y la Salud Digital, el análisis de sus componentes, los desafíos ético-legales, los nuevos desarrollos tecnológicos y sus marcos normativos, la responsabilidad civil, penal y administrativa por el uso, implementación y desarrollo de herramientas de salud digital, la telesalud y sus impactos, la prescripción electrónica y la historia clínica digital, la protección de los datos personales y masivos en salud, los dispositivos y apps de salud, inteligencia artificial, robótica, el nuevo rol del paciente como ciudadano sanitario digital, la gestión del cambio y el liderazgo en salud digital son algunos de los temas a desarrollar. 

La dirección del Postgrado está a cargo de la Dra. Marisa Aizenberg, junto a la Dra. Judit Diaz Bazan como Subdirectora y Sol Garcia Gilli como coordinadora y se dictará a partir del 21 de abril de 2021,todos los miércoles de 17 a 21. 

Más información http://www.derecho.uba.ar/academica/posgrados/educ_distancia_programa-actualizacion-salud-digital-oferta.php

Fuente: Clarín

martes, 16 de febrero de 2021

Una tabacalera fue condenada a indemnizar con cinco millones de pesos a un hombre que sufrió un infarto por fumar durante 33 años

Un juez civil dijo que fue una de las causas de la enfermedad cardíaca que la víctima padeció en 2013. Los argumentos de su decisión.

La tabacalera British American Tabacco Argentina fue condenada a indemnizar con cinco millones de pesos a un hombre que sufrió un infarto después de fumar durante 33 años. Un juez civil estableció que una de las causas de la obstrucción en el corazón se debió al cigarrillo y que la empresa debía responder por eso. 

“No solo nos encontramos frente a una víctima que ha sufrido un daño indemnizable, sino a un dañador que reconoce expresamente que los productos que comercializa resultan nocivos para la salud de los usuarios”, sostuvo el juez civil de primera instancia Fernando Cesari en su resolución a la que accedió Infobae. 

La historia es la de Hugo Baldassare, de 54 años, ex profesor de educación física. Contó que comenzó a fumar en 1979, cuando tenía 13 años, cigarrillos Parisiennes, de la tabacalera Nobleza Picardo que luego fue comprada por British American Tabacco Argentina. A los 16, ya fumaba más 35 cigarrillos por día. El 6 de marzo de 2013, a los 46, tuvo un infarto de miocardio por el que le colocaron dos stent y que le provocó una incapacidad permanente del 30% de su corazón. Por el infarto, tuvo que dejar su emprendimiento de alquiler de máquinas de café a partir del esfuerzo físico que le significaba. Desde entonces dejó de fumar. 

En su demanda por daños y perjuicios, en la que es representado por el abogado Osmar Domínguez, Baldassare sostuvo que cuando empezó a fumar las tabacaleras asociaban el consumo de cigarrillos a una “imagen moderna, agradable y saludable del género masculino” y que no advertían de su perjuicio a la salud ni de su adicción. Recién lo hicieron en 1986 con la ley 23.344 que obliga a poner en los atados la leyenda “El fumar es perjudicial para la salud”, pero para entonces ya había caído en la adicción al cigarrillo. Así, entendió que la empresa tuvo responsabilidad en su infarto y reclamó una indemnización de 8.980.200 pesos. 

British American Tabacco pidió que la demanda se rechace. Sus abogados explicaron la industria del tabaco es lícita y regulada por el estado y que fumar es una decisión libre y voluntaria de cada persona que conoce los riesgos para la salud que eso implica. Sobre la publicidad explicaron que es para competir con otras marcas que están en el mercado. También resaltaron que se debía analizar la vida de Baldassare para determinar si otros motivos no fueron los que pudieron causar el infarto, además del cigarrillo. Sí los abogados admitieron los problemas de salud que provoca el tabaquismo y la dificultad para dejarlo. 

El juez explicó que el caso se debía resolver bajo la ley 24.240 de Defensa del Consumidor que en su artículo 40 establece que “si el daño al consumidor resulta del vicio o defecto de la cosa o de la prestación del servicio, responderá el productor, el fabricante, el importador, el distribuidor, el proveedor, el vendedor y quien haya puesto su marca en la cosa o servicio”. Es decir, si el cigarrillo provoca un perjuicio, la tabacalera es la responsable. “Sólo se liberará total o parcialmente quien demuestre que la causa del daño le ha sido ajena”, agrega la legislación.

Así, el magistrado citó a una perito médica oficial para que determine si el cigarrillo fue la razón del infarto de miocardio. La doctora Nora Gómez sostuvo que “más del 90% de todas las muertes por enfermedades de obstrucción pulmonar crónica son atribuibles al hábito de fumar”. 

La perito determinó al cigarrillo como uno de los factores de riesgo para los infartos. Los otros son la hipertensión arterial, la diabetes, la obesidad, la edad, el estrés, la hipercolesterolemia y el sedentarismo. 

La tabacalera planteó el argumento del sobrepreso de Baldassare. El juez explicó que lo tiene en virtud del sedentarismo por el infarto, pero no se pudo determinar su estado antes del hecho. “La cuestión relativa al exceso de peso del actor solo puede ser considerada como una concausa ya que en forma alguna resulta suficiente para quebrar el nexo causal ya tratado”, dijo. Por eso, estableció dos causas del infarto: el cigarrillo y la obesidad. 

En la resolución judicial, que dictó en diciembre y que se conoció tras el regreso de la actividad judicial, se citan informes mundiales sobre el tabaquismo. “Si la tendencia actual continúa, 250 millones de niños que están vivos hoy, morirán a causa de enfermedades relacionadas con el tabaco. En la actualidad, el tabaco es la causa de muerte con más posibilidades de prevenirse en el mundo”, sostuvo la Organización Mundial de la Salud. Y, en 1988, el Ministerio de Salud de los Estados Unidos clasificó a la nicotina como una “sustancia adictiva”.

El juez también respondió al argumento de la empresa sobre la responsabilidad de cada persona que decide fumar. “El Sr. Baldasarre habría comenzado a fumar a los 13 años de edad, en épocas en que resulta público y notorio no existía la conciencia actual respecto de los efectos negativos del consumo de tabaco y dichos productos; como se señala en el escrito de demanda, eran ampliamente publicitados –obviando su carácter tóxico-, paradojicamente, hasta en los eventos deportivos”, explicó. Agregó que cuando se incorporó a los paquetes de cigarrillos la leyenda “Fumar es perjudicial para la salud” Baldasarre “se encontraba sumido en una verdadera adicción que es la única explicación posible “al hecho de que personas libres, y de conocimientos medios, consuman un producto que ciertamente puede llevar a graves padecimientos o incluso a la muerte”. 

El magistrado resaltó que “conforme establece el art. 42 de la Constitución Nacional los consumidores cuentan con el derecho a ser informados de manera adecuada y veraz y que dicha información no puede ser suplida por el conocimiento que el consumidor tuviese, en tanto si no se le brinda la información se viola la ley”. 

“En el primer año de COVID-19, fallecieron por esta causa 2 millones de personas en el mundo; mientras que el tabaquismo causa al año más de 8 millones de muertes, de las cuales 7 millones son consumidores directos y 1,2 millones son no fumadores expuestos al humo ajeno, según la Organización Mundial de la Salud. La pasividad de la clase dirigente a nivel mundial solo se explica por el desbordante poder de lobby que tienen las corporaciones que obtienen billonarias ganancias a cambio de la degradación de la salud mundial a niveles exponencialmente superiores al causado por el coronavirus”, le dijo a Infobae el abogado Domínguez. 

El juez fijó una indemnización de 685.976,80 pesos por incapacidad psicofísica, daño moral, gastos médicos y lucro cesante (que es lo que una persona deja de obtener económicamente por un daño) más los intereses desde que sufrió el infarto, lo que suma cerca de 2.500.000. Sin embargo, agregó una multa de 2.500.000 más por “la gravedad del hecho que pretende reprimirse y el importante lucro que deriva de la venta de tabaco”. Un total de cinco millones de pesos. 

El fallo fue apelado por British American Tabacco Argentina para que sea revisado y revocado por la Cámara Civil.

Fuente: Infobae