miércoles, 12 de diciembre de 2018

A indemnizar por impedir un aborto no punible

En un fallo inédito, el Estado entrerriano deberá indemnizar a una mujer a quien se le impidió un aborto no punible en agosto de 2011. La paciente sufrió un accidente cebrerovacular tras la cesárea y estando todavía internada.

Resultado de imagen para martillo juez saludMaría -nombre que fue cambiado para resguardar la identidad de la mujer- padece una patología cardíaca congénita denominada Tetralogía de Fallot, que le ocasiona un cuadro de hipoxia crónica, entre otras complicaciones. Esta enfermedad puede tratarse con cirugía, sin embargo, jamás pudo operarse.

Después de haber tenido cinco abortos espontáneos, se autorizó una ligadura de trompas en el hospital San Roque de la ciudad de Paraná. Tal como estaba previsto, se internó para realizar la ligadura de trompas, pero la intervención no se realizó porque el quirófano no estaba en condiciones.

Meses más tarde volvió al hospital presentando un embarazo de diez semanas. El Ateneo Multidisciplinario de la institución, integrado por médicos de diferentes especialidades, concluyó que "en aras de proteger la vida de la paciente resulta apropiado aconsejar la interrupción del embarazo de la paciente".

La intervención se programó en el hospital San Martín, pero instantes antes de ingresar al quirófano, un grupo de médicos desoyó el consejo del Ateneo Multidisciplinario. Así impidieron la intervención y ordenaron la derivación al Hospital Posadas, ubicado en la localidad de El Palomar, donde la mujer dio a luz a una niña. Días más tarde, sufrió un accidente cerebro vascular isquémico, en la región del tálamo derecha, con plejia branquial izquierda y paresia crural izquierda.

María acudió a la Justicia y presentó una demanda contra la provincia de Entre Ríos por considerar que se violaron “reiterada y sistemática sus derechos humanos, sexuales y reproductivos”.

El juez del Juzgado Civil y Comercial Nº 7 de Paraná, Martín Luis Furman, determinó la responsabilidad del Estado Provincial y ordenó pagar una indemnización por daños y perjuicios. Todo ello en los autos “G.M.D.V. y Otros C/ Estado Provincial S/ Ordinario Daños y Perjuicios”.

El magistrado concluyó que el aborto programado encuadraba en el supuesto permitido por el artículo 86, inciso 1 del Código Penal porque estaba en peligro la salud y vida de la paciente.

Sobre este último punto, el sentenciante afirmó que los médicos fueron negligentes porque “al impedir la cirugía, no hicieron todo lo que debieron haber hecho para evitar el daño”, y que interrumpieron el procedimiento y la derivaron “sin contar con el consentimiento informado de la paciente, quien no pudo decidir libremente no continuar con su embarazo”. 

De este modo, el juez confirmó la relación entre el accidente cerebro vascular y la no interrupción de un embarazo. “Lo concreto y no controvertido es que el embarazo continuó y que la actora sufrió el ACV en el séptimo día post cesárea, y estando todavía internada. No lo sufrió antes de estar embarazada ni tampoco un año después del parto, sino, insisto, siete días después”, explicó en el fallo.

También destacó que el Estado le negó a la actora “su derecho humano fundamental como mujer de decidir no tener más embarazos por un medio anticonceptivo lícito”, ya que por la patología “no podía usar cualquier método anticonceptivo”.

La Sala Segunda de la Cámara Segunda de Paraná rechazó el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada y confirmó la decisión de grado. Puntualmente, el Tribunal de Alzada le reprochó al Estado haber impedido a una mujer “corregir su patología cardíaca de base y negarle la posibilidad de concretar la ligadura de trompas como medio anticonceptivo lícito sin justificación alguna”.

“(…) todo lo cual desembocó en la gravidez cuya interrupción había consentido y tampoco pudo llevar a cabo por los motivos expuestos, y en la posterior cesárea y el accidente cerebro vascular”, explicó en su voto el juez Oscar Daniel Benedetto, al cual adhirió Eduardo Romeo Carbó. La vocal Graciela Aída Basaldúa hizo uso de la facultad de abstenerse de emitir su voto.

En efecto, los vocales recordaron el dictamen pericial, el cual concluyó que el accidente cerebrovascular “se encuentra dentro de las complicaciones esperables y frecuentes de la (…) patología de base".

Fuente: Diario Judicial - Fallo completo disponible en el portal web de la fuente citada

Conforme las normas vigentes se hace saber que las sentencias que se replican en este blog son de carácter público y sólo el órgano jurisdiccional del que emana la decisión impondrá limitaciones a su publicación por razones de decoro o en resguardo de la intimidad de la parte o de terceros que lo hayan solicitado de manera expresa.

martes, 11 de diciembre de 2018

EMP debe cubrir costo de estudio a realizarse en el exterior del país para diagnóstico de menor afiliada con discapacidad

Partes: G. D. y otros c/ OSDE s/ sumarísimo de salud

Tribunal: Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal 
Sala/Juzgado: II 
Fecha: 5-oct-2018

La empresa de medicina prepaga debe cubrir el costo de un estudio a realizarse en el exterior del país a los fines de realizar un diagnóstico en relación a una menor de edad discapacitada.

Sumario: 

Resultado de imagen para martillo juez
1.-Es procedente confirmar la sentencia que otorgó la medida cautelar innovativa consistente en la cobertura de un estudio a realizarse en el exterior del país a fin de obtener el diagnóstico etiológico del cuadro clínico de la enfermedad que padece una menor de edad, pues en el caso la pretensión refiere a una menor que padece epilepsia y trastornos específicos del desarrollo del habla, del lenguaje y de la función motriz, lo cual implica la aplicación de la Ley 24.901  que contempla acciones de prevención, asistencia, promoción y protección, con el objeto de brindarles una cobertura integral a sus necesidades y requerimientos.

2.-La enumeración contenida en el Programa Médico Obligatorio no constituye una limitación para los agentes del seguro de salud, sino una enunciación no taxativa de las prestaciones mínimas que los beneficiarios están facultados a exigir a las obras sociales.

3.-Si bien las medidas cautelares innovativas justifican una mayor prudencia en la apreciación de los recaudos que hacen a su admisión, por alterar el estado de hecho o de derecho existente al tiempo de su dictado y configurar un anticipo de jurisdicción favorable respecto del fallo final de la causa, la propia Corte Suprema de Justicia de la Nación ha sostenido que no se puede descartar la aplicación de una medida cautelar por temor a incurrir en prejuzgamiento cuando existen fundamentos que imponen expedirse provisionalmente sobre la índole de la petición formulada.

4.-La identidad entre el objeto de la medida precautoria y el de la acción principal no es, en sí misma, un obstáculo a su procedencia en tanto se encuentren reunidas las exigencias que hacen a su admisibilidad. 

Fallo:

Buenos Aires, 5 de octubre de 2018.

VISTO: el recurso de apelación interpuesto por la demandada a fs. 138/vta. -fundado a fs. 140/149 vta.-, contestado por la actora a fs. 153/155 vta. y el Defensor Público Oficial a fs. 161/164, contra la resolución de fs. 128/129; y CONSIDERANDO:

I.- Que, en la decisión recurrida el magistrado de grado hizo lugar a la medida cautelar requerida por los señores S. G. y M. P. C., en representación de su hija menor D. G. y ordenó a O.S.D.E. ORGANIZACIóN DE SERVICIOS DIRECTOS EMPRESARIOS (en adelante, O.S.D.E.) otorgar la cobertura del estudio de secuenciación exómica completa (Whole Exome Sequencing), a realizarse en el exterior del país, según lo prescripto por la médica tratante, a fin de obtener el diagnóstico etiológico del cuadro clínico de la enfermedad que padece la niña.

La demandada apeló el pronunciamiento. En sus agravios cuestiona el carácter innovativo de la medida dispuesta y que en el caso se presenten los requisitos necesarios para el dictado de aquella (verosimilitud en el derecho y peligro en la demora). Afirma que no se encuentra legal ni contractualmente obligada a brindar la cobertura cautelarmente ordenada en el sub lite, pues no está incluida en el Programa Médico Obligatorio. Destaca que la práctica indicada en nada modificará los resultados obtenidos a través de estudios genéticos que ya se le efectuaron a D. y que su patología no cambiará por más que se encuentre el origen de su sintomatología. Advierte que el tratamiento se halla en etapa de investigación, no tiene acabada evidencia científica y no está autorizado por la autoridad sanitaria. Por ello, enfatiza que debe ser costeado por la galena que lo indicó.

Corrido el traslado pertinente, los demandantes lo replicaron a fs. 153/155 vta. y el Defensor Público Oficial hizo lo propio en su intervención a fs.161/164.

II.- Que, así planteada la cuestión a decidir, en lo que se refiere a las objeciones formales de la apelante, si bien es cierto que las medidas cautelares innovativas justifican una mayor prudencia en la apreciación de los recaudos que hacen a su admisión, por alterar el estado de hecho o de derecho existente al tiempo de su dictado y configurar un anticipo de jurisdicción favorable respecto del fallo final de la causa (conf. C.S.J.N., Fallos 316:1833; 319:1069, entre otros), también lo es que la propia Corte Suprema ha sostenido que no se puede descartar la aplicación de una medida cautelar por temor a incurrir en prejuzgamiento cuando existen fundamentos que imponen expedirse provisionalmente sobre la índole de la petición formulada, y añadió que, estos institutos procesales enfocan sus proyecciones sobre el fondo del litigio, porque su objetivo es evitar la producción de perjuicios que podrían producirse en caso de inactividad del órgano jurisdiccional y tornarse de muy dificultosa o imposible reparación al tiempo de dictarse la sentencia definitiva (conf. C.S.J.N., Fallos: 320:1633 ).

Desde esta perspectiva, la identidad entre el objeto de la medida precautoria y el de la acción no es, en sí misma, un obstáculo a su procedencia en tanto se encuentren reunidas las exigencias que hacen a su admisibilidad (conf.esta Sala, causa 7802/07 del 20.11.07, entre muchas otras).

III.- Que, no es ocioso recordar que para el dictado favorable de una medida cautelar habrá de ponderarse el balance entre la verosimilitud en el derecho y el peligro en la demora, en un juego armónico en el cual, cuanto mayor es la cantidad que se presenta de uno de ellos, menor es la cantidad que se requiere del otro.

Así las cosas, en los términos en los cuales la cuestión ha quedado planteada, es dable puntualizar que la fundabilidad de la pretensión cautelar no depende de un conocimiento exhaustivo y profundo de la materia controvertida en el proceso principal, sino del análisis de su mera probabilidad acerca de la existencia del derecho invocado. Ello permite que el juzgador se expida sin necesidad de efectuar un estudio concluyente y categórico de las distintas circunstancias de la relación jurídica involucrada (conf. C.S.J.N., Fallos: 314:711), mediante una limitada y razonable aproximación al tema de fondo, concorde con el estrecho marco de conocimiento y la finalidad provisional que son propios de las medidas cautelares (conf. esta Sala, causas nros. 4938/12 del 27.05.12; 4158/14 del 8.07.15; 4820/15 del 5.04.16 y sus citas; entre otras).

IV.- Que expuesto lo anterior, importa destacar que en el caso, la pretensión refiere a una menor de edad que padece epilepsia-trastornos específicos del desarrollo del habla, del lenguaje y de la función motriz (conf. certificado de fs. 2). Tal extremo implica la aplicación de las disposiciones de la Ley N° 24.901; norma en que se fundó la solicitud de la medida cautelar y que instituye un sistema de prestaciones básicas de atención integral a favor de las personas con discapacidad, y que contempla acciones de prevención, asistencia, promoción y protección, con el objeto de brindarles una cobertura integral a sus necesidades y requerimientos (art.1). En este sentido, la Ley N° 26.378, dispuso la aprobación de la Convención sobre los derechos de las Personas con Discapacidad, -de jerarquía constitucional, en los términos del inc. 22 del art. 75 de la Constitución Nacional, luego de la sanción de la Ley N° 27.044-, cuyo propósito es ". promover, proteger y asegurar el goce pleno y en condiciones de igualdad de todos los derechos humanos y libertades fundamentales por todas las personas con discapacidad, promover el respeto de su dignidad inherente.". Además, expresa que ".las personas con discapacidad incluyen a aquellas que tengan deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales a largo plazo que, al interactuar con diversas barreras, puedan impedir su participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con las demás.". Y en su artículo 4, dispone ".que es obligación de los Estados Partes. eliminar la discriminación contra las personas con discapacidad." (conf. esta Sala, causa nro. 9758/17 del 26.06.18 y sus citas).

Asimismo, la acción encuentra sustento en el estatuto jurídico de la niñez, que eleva a rango de principio la consideración primordial de su interés superior (conf. arts. 3, 23 y 24 de la Convención sobre los Derechos del Niño, de rango constitucional y arts. 1, 2, 3, 8 y 14 de la Ley N° 26.061 de Protección Integral de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes; esta Sala, causa nro. 9438/17 del 28.05.18 y sus citas, entre otras).

En el sub examine, -inicialmente-también resulta aplicable la Ley N° 25.404, la que en su art. 4 dispone "El paciente epiléptico tiene derecho a recibir asistencia médica integral y oportuna". Y en su art. 6 establece que:"Las prestaciones médico-asistenciales a que hace referencia la presente ley quedan incorporadas de pleno derecho al Programa Médico Obligatorio aprobado por resolución No 939/00 del Ministerio de Salud, sin perjuicio de aplicar, cuando correspondiere, lo dispuesto por las leyes No 22.431 y No 24.901 y sus normas reglamentarias y complementarias".

V.- Que desde esas perspectivas, con las constancias agregadas a las presentes actuaciones, se encuentra -prima facie- acreditada la necesidad del estudio que debe realizarse a D., avalada por las prescripciones médicas de quien la atiende y corroborada por el Cuerpo Médico Forense; así como también la negativa de la demandada a cubrir tal prestación en forma integral (conf. fs. 2, 6, 65/66 y 108/126).

Nótese que la Dra. M. V., médica genetista, M.N. xxxxxx, indicó que la práctica referida permite diagnosticar a la paciente con alta sensibilidad del 20/25 %, aproximadamente, y facilitará un seguimiento clínico, orientación pronostica y el asesoramiento genético a los progenitores (conf. instrumento de fs. 66).

Por su parte, el CMF, dictaminó que ".Por lo detallado en las consideraciones médico legales es evidente y certero que el estudio de secuenciación completa de exoma (WES -whole exome sequencing). es el único estudio genético completo disponible al momento y es adecuado al caso de autos, es de urgente realización, ya que puede mejorar el diagnóstico y consecuentemente el tratamiento y la salud de la misma, ya sea en lo inmediato o en el futuro." (conf. fs. 125).

En este sentido, es importante recordar la importancia de las indicaciones de los galenos tratantes, basadas en el conocimiento de la Causa n° 6248/2017 doliente, la enfermedad y su evolución; y la particular relevancia que tiene, en la materia, la opinión del Cuerpo Médico Forense. Esto es así, no sólo por tratarse de un órgano imparcial auxiliar de la justicia, sino porque su dictamen resulta coherente, categórico y está fundado en principios técnicos (conf. esta Sala, causas nros.1643/17 del 8.03.18 y 4252/17 del 29.12.17 y sus citas).

La entidad emplazada, en cambio, se limita a sostener que el trato señalado no se encuentra incluido en el P.M.O., cuando -en reiteradas ocasiones- esta Sala ha señalado que la enumeración contenida en el Programa Médico Obligatorio no constituye una limitación para los agentes del seguro de salud, sino una enunciación no taxativa de las prestaciones mínimas que los beneficiarios están facultados a exigir a las obras sociales (conf. causas nros. 6138/07 del 27.09.07, 7802/07 del 20.11.07 y 9369/17 del 03.05.18 y sus citas).

Tampoco resulta atendible -en este estado larval del proceso- el hecho de que la práctica indicada no esté contemplada en el plan de salud contratado por los actores, toda vez que no especificó los términos del contrato habido entre las partes y ni siquiera lo acompañó a estas actuaciones.

En este mismo hilo conductor, no es posible soslayar que ante el requerimiento efectuado a la obra social demandada, esta se limitó a cuestionar la evidencia científica y los probables resultados y/o recomendaciones de su uso, enfatizó que no está obligada a cub rir tratamientos en el exterior del país y no autorizados por la autoridad pertinente; mas no ofreció -en principio- acción terapéutica acorde y/o equivalente a lo aquí peticionado a efectos de favorecer a la niña (conf. fs. 9, 11 y 92/98 vta.).

Sumado a ello, no obra en autos probanza alguna que demuestre -prima facie- qué otros tratamientos tiene disponible para la beneficiaria.Al respecto, si bien la accionada se refirió a estudios efectuados a la menor, no acompañó el mínimo sustento probatorio relacionado con ello.

A juicio de la Sala, lo meritado otorga suficiente sustento a la medida adoptada por el a quo, al menos frente a los cuestionamientos ensayados en el memorial, aclarando que tales conclusiones se refieren a la cuestión cautelar aquí examinada y no implican un juicio definitivo sobre lo indicado a la paciente.

VI.- Que respecto al peligro en la demora, es claro que se presenta si se atiende a los términos de las prescripciones médicas antes merituadas, en las que se hizo hincapié en que el estudio solicitado, permitirá un mejor seguimiento clínico de la aquejada; por tal situación, seguramente su postergación le acarrearía consecuencias perjudiciales.

VII.- Que conviene recordar que las decisiones sobre medidas cautelares no causan estado, ni son definitivas, ni preclusivas, pueden reverse siempre que se aporten nuevos elementos. En general, tienen carácter eminentemente mutable, de manera que la resolución que recae sobre ellas de acuerdo con las particularidades de cada caso es siempre provisional (confr. esta Sala, doctr. causas nros. 7990/15 del 18.04.17; 2028/05 del 14.04.16 y sus citas; y muchas otras). Por ende, estas se dictan no obstante lo que se pudiera decidir en el futuro ante la existencia de nuevas probanzas, dado el carácter mutable propio de las precautorias. (arts. 202 y 203 del CPCCN).

Por los fundamentos expuestos, sin perjuicio de la que se resuelva en el pronunciamiento definitivo, esta Sala RESUELVE: confirmar el decisorio apelado, con costas de Alzada a la demandada vencida (arts. 68 y 69 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación).

Diferir la pertinente regulación de honorarios hasta tanto recaiga en autos sentencia definitiva.

El Dr. Alfredo Silverio Gusman no suscribe la presente por hallarse en uso de licencia (art. 109 R.J.N.).

Regístrese, notifíquese y devuélvase.

RICARDO V. GUARINONI

EDUARDO DANIEL GOTTARDI

Fuente: Microjuris

Conforme las normas vigentes se hace saber que las sentencias que se replican en este blog son de carácter público y sólo el órgano jurisdiccional del que emana la decisión impondrá limitaciones a su publicación por razones de decoro o en resguardo de la intimidad de la parte o de terceros que lo hayan solicitado de manera expresa.

lunes, 10 de diciembre de 2018

Los costos de curar: el sector de la salud, entre la nueva devaluación y los viejos conflictos

Los prestadores privados advierten sobre los problemas de financiamiento de una actividad que no deja de ver crecer sus erogaciones; cómo se prevé definir qué prácticas médicas se cubrirán o no y qué políticas se analizan.

Los afiliados a la medicina prepaga recibieron este mes sus facturas con un incremento del 8,5% en el valor de las cuotas. Es el quinto ajuste en 2018: hubo uno de 4% en febrero (en respuesta a mayores costos que afectaron al sector en el año previo); dos aumentos, en junio y en agosto, de 7,5% cada uno, y antes del de este mes, uno de 8% en octubre. La suba acumulada, de 40,8/0, pesa sobre los bolsillos de las familias que contratan planes de salud, en un año en el que la inflación general estará aún más arriba (se estima que será cercana a 47%). Pero, a la vez, desde las entidades que dan servicios crecen las advertencias respecto del mayor ritmo de incremento de los costos, que en los últimos meses se vieron especialmente afectados, entre otras cuestiones, por un aumento del dólar que al día de hoy es de 100% y que por momentos fue mayor, si la comparación se establece con el inicio del año.

La de los números implicados en las cuotas no es la única tensión en el sector privado de la salud. Qué deben cubrir las entidades con su recaudación es un tema que está muchas veces en el eje de los debates. Se trata de una actividad que aun en una sociedad con inflación cero tendría costos en alza, por factores como el desarrollo de nuevas tecnologías y medicamentos, la mejora de la expectativa de vida y la incorporación de coberturas obligatorias.

"La identificación de los problemas de la actividad depende de la perspectiva usada - analiza Jorge Insúa, profesor del Centro de Estudios Interdisciplinarios en Gestión y Economía de la Salud de la Universidad Austral-. Se debe distinguir entre la perspectiva social, la del financiador, la de los prestadores y la del paciente y sus familias". Y describe uno de los conflictos que con frecuencia se debaten en ámbitos administrativos y judiciales: "Desde el punto de vista del uso de servicios y de sus costos, las perspectivas difieren diametralmente: por ejemplo, el paciente quiere más utilización y menos restricciones y el financiador quiere más restricciones y menos utilización".

¿Cómo compatibilizar intereses o cómo administrar las tensiones cuando lo primero no es posible? Con un Estado que arbitre y que defina claramente la función del sector privado (financiadores -prepagas- y prestadores -clínicas y centros de atención-), sin dejar de asumir su rol de garante último del acceso a los servicios sanitarios, analistas y directivos del sector consideran que hay políticas posibles que ayudarían al equilibrio en las cuentas y colaborarían a la eficiencia del gasto.

Algunas de esas medidas se impulsan desde despachos oficiales, aunque en los últimos años no se concretaron políticas para la actividad que tendieran a solucionar, por ejemplo, situaciones como la de la "emergencia sanitaria”, que desde 2002 les permite a las clínicas no pagar impuestos y no ser por ello embargadas por la AFIP (son obligaciones que, en algún momento, deberán saldarse).

"Entre diciembre de 2017 y septiembre pasado los insumos médicos aumentaron entre 60% y 100% por la devaluación", dice Jorge Cherro, presidente de la Asociación de Clínicas, Sanatorios y Hospitales Privados (Adecra), quien sostiene que los problemas de la actividad "se eternizan" y nunca se ponen en la agenda de prioridades. Tras proyectar una corrección de las paritarias para que la variación de los salarios se acerque a la inflación, y tras agregar otros efectos de la suba del dólar, un informe de Adecra+Cedim (la segunda entidad reúne a prestadores de prácticas de diagnóstico) estima un alza de costos del 67% entre enero de 2018 y febrero de 2019.

En ese segundo mes del año próximo se aplicará el último tramo ya acordado de aumento salarial en la actividad y. además, se activará la cláusula de revisión, para que las partes renegocien a partir de lo que resulte de comparar el nivel pactado de recomposición (27,5%) y la inflación de 2018. Esto vale para el convenio de la sanidad (enfermeros) y para el de la Asociación de Médicos de la Actividad Privada (AMAP). "Vamos a pedir recomponer lo perdido; que por lo menos el aumento llegue a 45%", afirma Héctor Garín, secretario general de la AMAP.

Los salarios tienen alta participación en las erogaciones del sector prestador (las remuneraciones y sus cargas son alrededor de 60%/65% del total) pero, a la vez, son el componente que menos suba tendría, según la estimación citada. El mayor encarecimiento esperado está en las inversiones (130% en 14 meses) y en insumos para imágenes (121%) y descartables (117%). Solo para el tercer trimestre del año, Adecra calculó la suba de costos de insumos médicos en 33% y el alza total de costos, en 16,5%.

"Entre agosto y octubre una canasta de medicamentos frecuentes aumentó 19% y los descartables, 30%", agrega Jorge Piva, presidente de Medifé, a partir de datos propios.

Junto con la Confederación Argentina de Clínicas, Sanatorios y Hospitales (Confeclisa) y el Consejo de Entidades de Salud (Conaes), Adecra y Cedim mandaron una carta a funcionarios del gobierno en la que indican que los prestadores privados atienden a "no menos del 6o%" de los pacientes del país. "La modificación de las variables económicas de los últimos meses y la pasividad del gobierno nacional y de los gobiernos provinciales frente al brutal impacto de la crisis han colocado al sector en una situación imprevista de tal magnitud y gravedad que provoca serias dudas sobre el principio de ?empresa en marcha'", dice la nota.

"Hay una crisis importante en el sector prestador y financiador -reconoce, en diálogo con LA NACION, el secretario de Salud de la Nación, Adolfo Rubinstein-; para el sector público fue también un problema la devaluación y la suba de costos".

Problemas y políticas

Las clínicas sostienen que los aranceles que cobran no suben en la misma proporción en que ven incrementada su recaudación las prepagas (que en muchos casos son prestadoras, además de financiadoras). Y advierten que las facturas se cobran en muchos casos hasta 90 días después de dar el servicio, algo no menor en tiempos de alta inflación y elevadas tasas de interés.

Prestadores y financiadores tienen, en cada caso, sus problemas específicos, según describe Hugo Magonza, presidente de la Asociación Civil de Actividades Médicas Integradas (Acami), que nuclea a las entidades sin fines de lucro. Además del desfase entre el momento del servicio y el del cobro, en la lista de desafíos de los prestadores Magonza incluye demoras y hasta rupturas en la cadena de pagos, costos por judicialización indebida (mala praxis, en casos en que se entiende que no corresponde), reclamos laborales de profesionales que se desempeñaron con contratos independientes y una alta carga impositiva.

Por su parte, los financiadores están afectados, según el directivo, por la obligación de dar coberturas integrales (sin poder vender planes de servicios parciales) y de recibir (tal como establece la ley) a pacientes con patologías preexistentes. También, agrega, por la convivencia entre costos "que crecen sin control y precios controlados" y por una suba "exponencial e injustificada" del gasto social y por discapacidad, sin restricciones y sin previsión de cómo se financia.

¿Cuáles son las políticas de las que se habla en la actividad? Una propuesta es la creación de la Agencia Nacional de Evaluación de Tecnologías Sanitarias (Agnet), como voz autorizada para analizar y decidir qué tratamientos deben incluirse y cuáles no en la cobertura. La iniciativa, que se trataría en el Congreso en 2019, despierta expectativas.

Como el trámite legislativo está demorado, este año se creó por resolución la Comisión Nacional de Evaluación de Tecnologías de Salud (Conetec), con la función de dar recomendaciones que no serán vinculantes, según aclara Rubinstein, que firmó la normativa cuando estaba al frente del entonces Ministerio de Salud. Con la Agnet creada por ley, los dictámenes sobre qué coberturas dar o no dar a los pacientes sí serían vinculantes y eso abarcaría a todos los actores del sistema sanitario: hospitales públicos, obras sociales, PAMI y prepagas.

"Hay que desmitificar que la agencia vaya a resolver todos los problemas del sistema, pero sí es necesaria y permitiría evaluar cuál debe ser el piso a cubrir por los financiadores y evitar el mal uso de la tecnología", describe Esteban Lifschitz, director de la carrera de Médico Especialista en Evaluación de Tecnologías Sanitarias de la Facultad de Medicina en la UBA. Y sintetiza: "Una agencia sirve para poner en negro sobre blanco qué sirve, hasta dónde sirve y cuánto cuesta". Según evalúa, lo que se gasta en salud no tiene correlación con los resultados y la agencia debería aportar a una mejora de la ecuación.

Según Insúa, en la Argentina no está medido el problema del gasto "basura", que ocurre también en otros países y que, principalmente, tiene a su entender seis causas: prestaciones innecesarias; servicios ineficientes; precios desmedidos; costos administrativos excesivos: fraude y corrupción, y falta de prevención.

En el factor precios en particular, Rubinstein sostiene que el Estado hoy actúa con la compra conjunta de medicamentos. En noviembre se concretó una adquisición de 25 drogas oncológicas, con participación de la Secretaría de Salud, el PAMI. la Agencia Nacional de Discapacidad, y las obras sociales de las Fuerzas Armadas y de la ciudad de Buenos Aires. Según el Gobierno, el costo fue inferior en un 50% al presupuesto original. En esa estrategia, por ahora, no está el sector privado.

La cobertura básica que deben dar las prepagas está definida por el Programa Médico Obligatorio (PMO) y por diferentes leyes que incorporaron exigencias, aunque sin prever el financiamiento. Más allá de eso, una gran preocupación de las entidades está en los fallos judiciales que obligan a pagar tratamientos: el debate es qué se debe cubrir, en función de la eficiencia y de los recursos, y quién y cómo lo financia. Entre las visiones que hay sobre el tema, en la causa "H.V.D.A. y otro c/ Parque Salud s/prestaciones farmacológicas", la Cámara Federal de Córdoba dispuso que se hiciera un tratamiento a un costo de S19 millones, pero que la prepaga asumiera el 10% del monto y que el 90% fuera a cargo del Estado.

El PMO, por su parte, entró en revisión cuando asumió el actual gobierno, pero no hubo aún medidas derivadas de esa acción. Hay, más allá de su contenido, una cuestión al menos curiosa en cuanto al alcance: las exigencias son para las obras sociales y las prepagas, pero no para el Estado, con lo cual a quienes no cubiertos por la seguridad social o por un contrato privado la ley no les asigna iguales derechos: "Es como si yo juntara a mis amigos para jugar al fútbol y les dijera que nadie puede tocar la pelota con la mano salvo yo, que soy el dueño", dice Lifschitz.

Según datos de la Secretaría de Salud, en el sistema público se atienden unos 16 millones de personas; en la seguridad social (que en parte contrata al sector prestador privado), unos 26 millones (14 millones y 7 millones en las obras sociales sindicales y provinciales, en cada caso, y 5 millones en el PAMI). En las prepagas hay 4 millones de afiliados vía seguridad social (cubren al menos parte de la cuota con aportes salariales) y 2 millones con contratos voluntarios.

Otra política en debate es la creación de un seguro para los tratamientos de enfermedades con costos elevados "El Estado debería quitarnos la obligación de la cobertura de enfermedades crónicas; en el mundo, el costo está asumido por los estados", sostiene Piva, quien pone a Uruguay como país a observar en cuanto al fondo de financiación.

Que las prepagas puedan vender contratos que no incluyan la totalidad del PMO; que se revise la carga tributaria y que se fije un plan para las entidades con deudas con la AFIP al amparo de la emergencia sanitaria, son otras medidas reclamadas, según Magonza. El directivo señala que desde 2012 la suba de cuotas acumula un 553% y que, a la vez, el costo de los sen-icios se elevó 714%. Y afirma: "El dinero que faltó derivó en ajustes en los pagos a la cadena, en la no inversión y en resultados más bajos o negativos para las entidades”.

Las estrategias salariales
  • El convenio colectivo firmado entre el sindicato de la sanidad v la asociación de clínicas privadas Adecra (entre otras entidades) cerró este año con un aumento de 27,5% al que se llega por ajustes en julio, agosto, octubre, noviembre y febrero próximo. Para entonces, el salario básico de un enfermero de piso llegará, en el convenio, a S24.265
  • En el segundo mes de 2019, las partes revisarán lo acordado, teniendo en cuenta su relación con la variación que haya tenido el índice de precios al consumidor para todo 2018
  • En el acuerdo que involucra a los hospitales privados de comunidad, en cambio, se había fijado una cláusula de ajuste automático, para compensar en marzo de 2019 la diferencia entre el porcentaje acordado y la inflación; en noviembre los negociadores establecieron un nuevo esquema, y se llegará al 45% de suba anual en febrero.
  • En el caso de los profesionales médicos incluidos en el convenio de la asociación AMAP, también se firmó un 27,5% con una cláusula de revisión que se activará en febrero
  • Desde ya varios años, las prepagas hacen coincidir sus pedidos de autorización para subir las cuotas los meses de recomposición salarial en el sector; con ese esquema, el próximo ajuste llegaría en el segundo mes de 2019
Fuente: La Nación

jueves, 6 de diciembre de 2018

Nació el primer bebé concebido en útero trasplantado de una fallecida

La niña ya tiene un año pero la noticia fue difundida recientemente la revista científica The Lancet. El trasplante se realizó en 2016.

Resultado de imagen para bebé útero trasplantadoEl primer bebé del mundo concebido por una mujer estéril gracias a un útero trasplantado de una donante fallecida nació en Brasil hace un año, indicó la revista científica The Lancet.

Siete meses después del nacimiento, el bebé (una niña), se encontraba bien, pesaba 7,2 kilos y seguía siendo amamantada por su madre, igualmente en buen estado de salud, según el Hospital Universitario de San Pablo, que realizó el trasplante en 2016.

Es la primera vez, después de una decena de tentativas fracasadas en Estados Unidos, República Checa y Turquía, que un trasplante de útero a partir de una donante fallecida permite llevar a cabo un nacimiento. También es una primicia para un nacimiento mediante un trasplante de útero en América Latina.

Desde la primera donación de un útero a partir de una mujer con vida, en 2013 en Suecia, se llevaron a cabo 39 trasplantes, de los cuales 11 permitieron dar a luz a la paciente.

"El recurso a donantes fallecidos podría ampliar considerablemente el acceso a este tratamiento" por parte de las "mujeres que sufren una esterilidad de origen uterino", declaró el doctor Dani Ejzenberg, que dirigió la experiencia en el Hospital Universitario de Sao Paulo, citado por The Lancet.

Hasta ahora, "el único embarazo acontecido después de un trasplante de útero retirado post mortem fue en 2011 en Turquía" y resultó en un aborto espontáneo, según el doctor Srdjan Saso, del departamento obstétrico del Imperial College de Londres.

Esta exitosa experiencia presenta "varias ventajas respecto a un útero de una donante viva: el número potencial de donantes es mayor, es más barato y evita los riesgos para la donante viva".

Para el profesor Andrew Shennan, obstetra del Kings College de Londres, la operación "abre la vía a la donación post mortem, como es el caso para otros órganos", lo que "permitiría a las mujeres que no pueden concebir un bebé debido a un útero defectuoso llevar a cabo un embarazo" sin "depender de donantes vivas" ni "recurrir a la adopción o a una madre de alquiler".

La operación se llevó a cabo en septiembre de 2016. La madre que recibió el útero tenía 32 años y nació sin este órgano (síndrome de Mayer-Rokitansky-Küster-Hauser). Antes del trasplante, se sometió a una fecundación in vitro (FIV).

El órgano procedía de una mujer de 45 años fallecida de un derrame cerebral y donante de varios órganos (corazón, hígado, riñones), de factor Rh 0 positivo. La operación duró un total de 10 horas y media y fue seguida de un tratamiento inmunosupresor para evitar el rechazo del órgano por parte del organismo de la paciente.

Cinco meses después del trasplante, la mujer tuvo las primeras reglas normales. Y dos meses después, con la transferencia del embrión, el embarazo se inició. Éste se desarrolló sin dificultades y el bebé nació por cesárea a 36 semanas de gestación, el 15 de diciembre de 2017, en estado ligeramente prematuro pero considerado oportuno para los médicos para evitar complicaciones.

El bebé pesaba 2,550 kilos y se hallaba en perfecto estado de salud. El útero fue retirado durante la cesárea para poder cesar el tratamiento inmunosupresor, muy duro para la paciente. El niño y la madre dejaron el hospital al cabo de tres días.

Fuente: Ámbito