jueves, 20 de septiembre de 2018

Salud pública. Por decreto, el Gobierno porteño puso en marcha la unificación de cinco hospitales en el sur de la Ciudad

Creó una unidad de proyectos especiales para reunir distintos centros de salud en el Muñiz.

Resultado de imagen para foto hospital muñizSin pasar por la Legislatura, por decreto, el Gobierno porteño oficializó el polémico plan para reunir cinco hospitales en terrenos donde hoy funciona el Muñiz. El proyecto genera fuertes rechazos y hay denuncias de que, detrás de una supuesta modernización, se esconden un achicamiento de la salud publica y un negocio inmobiliario.

El decreto, que lleva la firma del vicejefe de Gobierno Diego Santilli, modifica la estructura organizativa del Ministerio de Salud de la Ciudad para crear la Unidad de Proyectos Especiales (UPE) Complejo Hospitalario Sur. Según se aclara, esta unidad será un organismo fuera de nivel bajo la órbita de la Subsecretaría de Planificación Sanitaria del ministerio, con rango, nivel y atribuciones de Dirección General.

El Complejo Hospitalario Sur, según el decreto, integrará el Hospital de Infecciosas Francisco Muñiz, el de Gastroenterología Carlos B. Udaondo, el de Rehabilitación Respiratoria María Ferrer, el de Oncología Marie Curie y el Instituto de Rehabilitación Psicofísica, en el predio del primero.

La UPE recién creada deberá "coordinar y ejecutar las acciones referidas a la planificación, organización, financiación y puesta en marcha" de este complejo. Además, estará a cargo de "definir la estructura edilicia, tecnológica y de recursos humanos y financieros necesarios" para su implementación. También tendrá que planificar cómo hacerlo, "realizar el seguimiento y supervisión de la ejecución de las obras de recursos físicos e infraestructura y del servicio de seguridad".

A su cargo también estará la organización de los recursos humanos y la gestión de las compras y contrataciones . También "gestionar el relevamiento de los aspectos referidos al planeamiento urbano, interpretación urbanística y regularización dominial" del complejo.

Esta unidad, además, se ocupará de definir y hacer un seguimiento del cronograma de actividades y de establecer las etapas, plazos y recursos necesarios para la implementación del proyecto.

Según trascendió, la obra costaría 160 millones de dólares y una parte se financiaría con la venta de los predios del Udaondo, el Ferrer y el IREP. Desde el sector de la salud denuncian que, detrás de este proyecto, hay un negocio inmobiliario.

Los trabajadores vienen realizando marchas y asambleas contra la unificación de los hospitales. Y cuando se conoció el decreto, que acaba de salir publicado en el Boletín Oficial de la Ciudad, las críticas se renovaron. Sobre todo, porque el proyecto no pasó por la Legislatura.

"Escándalo: el gobierno de Larreta pone en marcha el complejo hospitalario Sur por decreto, eludiendo a la Legislatura. Sabe del rechazo de los trabajadores de salud al proyecto ajustador que cerrará 4 hospitales", expresó el diputado porteño por el Frente de Izquierda Gabriel Solano.

"Ellos se escudan en que la unidad sólo se formó para el análisis de la factibilidad, pero claramente están avanzando en la realización de este proyecto", sostiene la trabajadora social del Hospital Muñiz e integrante de la Asociación de Profesionales de Servicio Social del Gobierno porteño, Fernanda Islas,.

"Los trabajadores consideramos que este plan es un achique y un ajuste en salud -continúa Islas-. Cinco hospitales se van a transformar en institutos y a ubicar en un solo terreno. Detrás de esto hay un negocio inmobiliario, porque se venderían los otros cuatro terrenos. Dos de los cuales, el del Marie Curie y el del IREP, están en Parque Centenario y en Núñez, dos zonas codiciadas".

La trabajadora del Muñiz subraya: "En el Gobierno porteño no nos explicaron ni nosotros entendemos qué justifica este proyecto en términos de medicina". En cuanto a los puestos de trabajo, Islas dice que desde el Ministerio de Salud les aseguraron que están garantizados. "Pero estamos preocupados, porque no nos detallaron cómo van a unificar los servicios de los cinco hospitales. Y todo esto ocurre en un contexto de ajuste a nivel nacional, donde al Ministerio de Salud lo bajaron a Secretaría. Y ese ajuste también va a llegar a la Ciudad".

Los trabajadores de la salud están haciendo asambleas y reuniones en los distintos hospitales para analizar el decreto. Además, están preparando un petitorio para presentarles a la ministra de Salud porteña, Ana María Bou Pérez, y a los legisladores de la Ciudad.

Fuente: Clarín

miércoles, 19 de septiembre de 2018

Fallo de la CSJN que habilita a pareja a la realización de tratamientos de reproducción médicamente asistida de alta complejidad

Partes: Y. M. V. y otro c/ IOSE s/ amparo de salud

Tribunal: Corte Suprema de Justicia de la Nación 
Fecha: 14-ago-2018

La Corte, por mayoría, habilitó a los interesados a acceder a tres tratamientos anuales, y no totales, de reproducción médicamente asistida con técnicas de alta complejidad.

Sumario: 

Resultado de imagen para reproduccion asistida1.-Corresponde dejar sin efecto la sentencia que limitó la cobertura del tratamiento de fertilización asistida a tres procedimientos de alta complejidad en total, toda vez que la lectura del art. 8  del Dec. 956/2013-reglamentaria de la Ley 26.862  de Reproducción Asistida- permite comprender que el límite de intervenciones ha sido establecido en relación con el período anual que explícitamente fue previsto para la cobertura de las técnicas de baja complejidad mencionadas en el primer tramo, puesto que la norma ha sido diseñada en un único párrafo u oración, por lo que la ausencia de referencia temporal es solo producto de la utilización de un giro o recurso idiomático para evitar una innecesaria repetición de la palabra 'anual'.

2.-Las expresiones utilizadas en la Ley 26.862 -arts. 1 , 2 , y 8 - son suficientemente elocuentes acerca del amplio alcance que el legislador ha querido otorgar a la cobertura de las prestaciones que aseguren el pleno ejercicio del derecho a la salud reproductiva al que esta Corte ha reconocido carácter fundamental, por su íntima vinculación con el derecho a la vida, el único límite que la ley impone al respecto se vincula con aquellos procedimientos o técnicas no especificados en el propio texto normativo o con aquellos que no hubieran sido aprobados por la autoridad de aplicación.

3.-Cabe revocar el límite al plazo de 18 meses para la crioconservación de embriones, puesto que si bien es razonable que, ante la ausencia de previsiones legales, se determine judicialmente un plazo prudencial de subsistencia de la obligación a cargo de los prestadores de servicios de salud, ese plazo resulta exiguo y constituye un obstáculo para la consecución del fin primordial que persigue el ordenamiento legal y su reglamentación, es decir, el pleno resguardo del ejercicio del derecho a la salud reproductiva.

4.-Corresponde confirmar el límite a 3 tratamientos de reproducción médicamente asistida con técnicas de alta complejidad, dado que, al reglamentar la prestación reconocida por el art. 8° de la ley sustantiva, reserva la posibilidad de realizar cuatro prácticas anuales para una sola de las situaciones allí previstas -tratamientos de baja complejidad-, separando los dos supuestos que regula mediante una coma y, respecto de los los tratamientos que aquí nos ocupan, emplea una preposición que, en su primera acepción, denota término o límite 'hasta tres tratamientos' (de la disidencia del Dr. Rosenkrantz que remite al dictamen de la Procuradora Fiscal).

5.-Corresponde confirmar la sentencia que establece un plazo de 18 meses para la crioconservación de embriones, toda vez que la recurrente no patentiza el tenor irrazonable del plazo, atendiendo a la ausencia de previsión legal, a la naturaleza de la práctica reclamada y a las particularidades del caso (de la disidencia del Dr. Rosenkrantz que remite al dictamen de la Procuradora Fiscal). 

Fallo:

Corte Suprema de Justicia de la Nación

Buenos Aires, 14 de agosto de 2018.

Vistos los autos: "Y., M. V. Y otro c/ IOSE s/ amparo de salud".

Considerando

1°) Que la sentencia de primera instancia hizo lugar a la acción de amparo interpuesta y condenó al lOSE a brindar a los actores la. cobertura integral del tratamiento de fertilización asistida (ICSI), incluyendo el 100% de los procedimientos y la criopreservación de embriones, de acuerdo con lo prescripto por el médico tratante hasta la consecución del embarazo (fs. 217/221) .

2°) Que, apelada esa decisión por la demandada, a su turno, la Sala I de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal la confirmó en lo sustancial pero limitó a tres los procedimientos puestos a cargo del lOSE y a 18 meses el plazo para la crioconservación de embriones .(fs. 251/252).

Para resolver de esa forma el a quo consideró, en lo que interesa, que 1) el art. 8° Anexo I, del decreto 956/2013 establece que "En los términos que marca la Ley N° 26.862, una persona podrá acceder a un máximo de CUATRO (4) tratamientos anuales con técnicas de reproducción médicamente asistida de baja complejidad, y .hasta TRES (3) tratamientos de reprOducción médicamente asistida con técnicas de.al ta complejidad, con intervalos mínimos de TRES (3) meses entre cada uno de ellos"; 2) la interpretación que proponía la actora, esto es que la normativa autoriza tres tratamientos anuales de alta complejidad, implicaba en la práctica dar un alcance casi ilimitado a la obligación lo cual no resultaba compatible con el texto del decreto, con la naturaleza de la prestación y con la extensión reconocida anteriormente en otras jurisdicciones; 3) la demandada, pues, debía asumir un tratamiento, "toda vez que no existe controversia en cuanto a que los actores se realizaron uno a cargo de la accionada con anterioridad a la promoción del amparo y otro como consecuencia de la medida cautelar". En cuanto a la cobertura de la criopreservación de embriones entendió que la demandada no podía eludir su cumplimiento ya que se trata de una práctica que la norma -cuya constitucionalidad no había sido objetada- incluye en las "técnicas de alta complej idad". En cambio, advirtió que resultaba procedente el agravio relativo al alcance indeterminado de la cobertura por lo que, ante la ausencia de previsión legal, juzgó prudente establecer que la asunción de esa obligación no podía exceder de dieciocho meses en función de la naturaleza del tratamiento.

3°) Que, contra tal pronunciamiento la parte actora interpuso el recurso extraordinario de fs. 259/272, que fue parcialmente concedido a fs. 291/291 vta. y que, en esa medida, resulta procedente en cuanto se ha puesto en tela de juicio la interpretación de normas de carácter federal y la decisión apelada es contraria al derecho que la recurrente fundó en ellas (art. 14 de la ley 48) Es apropiado recordar que, como lo ha puesto de relieve en repetidas oportunidades, en la tarea de esclarecer la inteligencia de las normas federales, esta Corte no se encuentra limitada por los argumentos de las partes o del a quo, sino que le incumbe realizar una declaratoria sobre el punto disputado (Fallos:307:1457; 315:1492; 330:2416, entre muchos otros) sin necesidad de abordar todos los temás propuestos sino aquellos que. sean conducentes para una correcta solución del caso (Fallos: 301: 970; 303: 135; 307: 951, entre muchos otros) .

4°) Que, con arreglo a lo establecido en su primer artículo, la ley 26.862 "tiene por objeto garantizar el acceso integral" a las procedimientos y técnicas médico-asistenciales de reproducción médicamente asistida". A tal efecto, según el art. 20 de la norma, "se entiende por reproducción médicamente asistida a los procedimientos y técnicas realizados con asistencia médica para la. consecución de un embarazo. Quedan comprendidas las técnicas de baja y alta complejidad, que incluyan o no la donación de gametos y/o embriones .". La ley pone a cargo de un vasto- número de. agentes de salud que brindan a sus afiliados servicios médico-asistenciales, independientemente de la figura jurídica que posean "la cobertura integral e interdisciplinaria del abordaje, el diagnóstico, los medicamentos y las terapias de apoyo y los procedimientos y las .técnicas que la Organización Mundial de' la Salud define como de reproducción médicamente asistida, los cuales incluyen: a la indticción de ovulación; la estimulación ovárica controlada; el desencadenamiento de la ovulación; las técnicas de reproducción asistida (TRA); y la inseminación intrauterina, intracervicalo intravaginal, con gametos del cónyuge; pareja conviviente o no, o de un donante, según los criterios. que establezca la autoridad de aplicación. .'" e incluye "en el Programa Médico Obligatorio (PMO) estos procedimientos, así como los de diagnóstico, medicamentos y terapias de apoyo, con los criterios y modalidades de cobertura que establezca la autoridad de aplicación, la cual no podrá introducir requisitos o limi taciones que impliquen la exclusión debido a la orientación sexual o el estado civil de los destinatarios" (cfr.art 8°).

Las expresiones transcriptas son suficientemente elocuentes acerca del amplio alcance que el legislador ha querido otorgar a la cobertura de las prestaciones que aseguren el pleno ejercicio del derecho a la salud reproductiva al que esta Corte ha reconocido carácter fundamental por su intima vinculación con el derecho a la vida (Fallos: 329:2552; 333:690 ; 338:779, entre otros). E.l único limite que la ley impone al respecto se vincula con aquellos procedimientos o técnicas no especificados en el propio texto normativo (confo doctrina de Fallos: 338:779) o con aquellos que no hubieran sido aprobados por la autoridad de aplicación (art. 2°, último párrafo de la ley)

5°) Que, frente a esa conceptualización, y por las razones que a continuación se expondrán, resulta inconveniente la interpretación que la cámara efectuó de las disposiciones reglamentarias sobre cuya base concluyó que el acceso a las técnicas de reproducción asistida de alta complej idad se restringe "a tres intervenciones en total. Convalidar tal inteligencia importaría admitir la validez de una reglamentación que conspira contra los propósitos establecidos en la propia ley reglamentada al punto de desnaturalizar el derecho que ella consagra y que, como se ha mencionado líneas más arriba, tienen carácter fundamental.

El art. 8 del decreto 956/2013 prescribe -en lo pertinente- que ".En los términos que marca la Ley N° 26.862, una persona podrá acceder a un máximo 'de CUATRO (4) tratamientos anuales con técnicas de reproducción médicamente asistida de baja complej idad, y hasta TRES (3) tra tamientos de reproducción médicamente asistida con técnicas de alta complejidad, con intervalos mínimos de TRES (3) meses entre cada uno de ellos .".

Como surge de su texto, la única precisión que establece la norma reglamentaria con respecto a las técnicas de alta complejidades que una persona puede acceder a un máximo de "tres". El decreto no especifica si se trata de tres en total o de tres en un determinado lapso temporal.Pero la lectura completa del precepto posibilita despejar esa incógnita pues permite comprender que ese límite de "tres" intervenciones ha sido establecido en relación con el período anual que explícitamente fue previsto para la cobertura de las técnicas de baja complejidad mencionadas en el primer tramo (en este caso cuatro). La norma ha sido diseñada en un único párrafo u oración por lo que la ausencia de referencia temporal en el caso de las técnicas de reproducción asistida de alta complejidad es solo producto de la utilización de un giro o recurso idiomático para evitar una innecesaria repetición de la palabra "anual".

6°) Que es oportuno mencionar que la autoridad de aplicación dictó el 2 de enero de 2017 la resolución MSN 1-E/2017 mediante la cual definió varios' aspectos reglados por el decreto 956/2013. En su art. 1° esa resolución prescribe que ".para cada uno del total de TRES (3) TRATAMIENTOS DE REPRODUCCIÓN MÉDICAMENTE ASISTIDA CON TÉCNICAS DE REPRODUCCIÓN MÉDICAMENTE ASISTIDA DE ALTA COMPLEJIDAD (TRHA/AC) a los cuales cada paciente tiene derecho, quedarán incluidos los procedimientos médicos y etapas contempladas en (los anexos) .q.ue forman parte integrante de la presente, a los efectos de lo dispuesto por el art. 8°, tercer párrafo, del Anexo al Decreto Reglamentario N° 956/13" .

Dada la fecha de su emisión, la disposición administrativa transcripta no ha podido ser invocada por las partes de esta causa ni tomada en cuenta por los jueces intervinientes en sus pronunciamientos.Más allá de esa circunstancia, tampoco corresponde hacer mérito de ella a los fines de desentrañar los alcances del decreto 956/2013 en orden a resolver la controversia suscitada pues, en función de las razones expuestas en el considerando anterior, si no resulta admisible bajo ningún punto de vista que la reglamentación desnaturalice los alcances del ejercicio de un derecho consagrado en la ley reglamentada, menos aun puede aceptarse que a ese resultado se llegue por aplicación de una regulación de rango inferior.

Se sigue de lo expuesto hasta aquí que la única interpretación admisible de la reglamentación examinada, en consonancia con los objetivos trazados por la ley 26.862, es la que habilita a los interesados a acceder a tres tratamientos "anuales" de reproducción médicamente asistida con técnicas de alta complejidad.

7°) Que, por lo demás, si bien es razonable que, ante la ausencia de previsiones legales, se determine judicialmente un plazo prudencial de subsiitencia de la obligación de otorgar la cobertura de la crioconservación de embriones a cargo de los prestadores de servicios de salud -como juzgó la cámara-, esa determinación no puede constituir un obstáculo para la consecución del fin primordial que persigue el ordenamiento legal y su reglamentación -int erpretados a la luz del criterio expuesto anteriormente-, es decir, el pleno resguardo del ejercicio del derecho a la salud reproductiva. El exiguo lapso fijado por el a quo al efecto no satisface esa exigencia por lo que también la sentencia recurrida debe ser descalificada en este aspecto.

Por ello, habiendo dictaminado la señora Procuradora Fiscal subrogante, se declara procedente el recurso extraordinario y se deja sin efecto la sentencia apelada con el alcance indicado.

Con costas. Vuelvan los autos al tribunal de origen para que, por quien corresponda, se dicte un nuevo fallo. con arreglo al presente. Hágase saber y, oportunamente, devuélvanse las actuaciones.

RICARDO LUIS LORENZETTI - ELENA I. HIGHTON DE NOLASCO - HORACIO ROSATTI - JUAN CARLOS MAQUEDA - CARLOS FERNANDO RESENKRANTZ (EN DISIDENCIA)

DISIDENCIA DEL SEÑOR MINISTRO DOCTOR DON CARLOS FERNANDO ROSENKRANTZ

Considerando:

Que los planteos de la recurrente encuentran adecuada respuesta en el dictamen de la señora Procuradora Fiscal subrogante, a cuyos fundamentos corresponde remitir en razón de la brevedad.

Por ello, de conformidad a lo dictaminado por la señora Procuradora Fiscal subrogante, se declara procedente el recurso extraordinario y se confirma la sentencia apelada con el alcance indicado. Con costas (art. 68 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación). Vuelvan los autos al tribunal de origen. Notifiquese y devuélvase.

CARLOS FERNANDO ROSENKRANTZ

Fuente: Microjuris

Conforme las normas vigentes se hace saber que las sentencias que se replican en este blog son de carácter público y sólo el órgano jurisdiccional del que emana la decisión impondrá limitaciones a su publicación por razones de decoro o en resguardo de la intimidad de la parte o de terceros que lo hayan solicitado de manera expresa.

martes, 18 de septiembre de 2018

Sin cobertura para tratamientos no prescriptos

Un tribunal de Salta declaró abstracto un amparo para la cobertura integral de un tratamiento de fertilización asistida de alta complejidad a favor de un matrimonio. También rechazó la cobertura de dos estudios en particular, que no fueron prescriptos por el médico.

Sin cobertura para tratamientos no prescriptosEn los autos “V. de G., C. del V.; G., C. A. vs. I.P.S.S. - Amparo”, el juez de la Sala III de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de Salta, Marcelo Domínguez declaró abstracto un amparo interpuesto por un matrimonio contra el Instituto Provincial de Salud de Salta, mediante el cual se solicitaba la cobertura integral del 100 por ciento de todos los gastos para un tratamiento de fertilización asistida de alta complejidad. Además rechazó la cobertura de dos estudios en particular, que no fueron prescriptos por el médico.

Las actuaciones se iniciaron por el amparo de un matrimonio contra el Instituto Provincial de Salud de Salta, a fin de que se ordene la cobertura integral de todos los gastos que requiere el tratamiento de fertilización asistida de alta complejidad con inyección intracitoplasmática de espermatozoide, incluyendo los costos del centro asistencial, los medicamentos y los estudios.

Ambos se encuentran afiliados a la obra social y se encuentran casados hace muchos años. Según consta en el expediente, el matrimonio se sometió a dos intentos de fertilización asistida con transferencia de embriones, en el primero y, de blastocitos, en el segundo, arrojando resultados negativos y que la obra social sólo reconoció el 80% del tratamiento, debiendo el resto solventarlo con su peculio, como así también los gastos de medicación y honorarios.

En este escenario, el médico tratante les "recomendó" que para el tercer intento que prevé la ley, se sometan previamente a un test de receptividad endometrial y un estudio genético del embrión y/o esperma donación.      

Sobre el pronunciamiento inoficioso, el magistrado afirmó que “por haber reconocido el IPS la cobertura integral del tratamiento, la cuestión en debate perdió vigencia por circunstancias sobrevivientes”, ya que la obra social había autorizado, con carácter de excepción, la cobertura del 100% de los módulos de estimulación ovárica, de aspiración y FIV-ICSI, de transferencia y de procuración de espermatozoides de banco. 

“La cuestión en debate perdió vigencia por circunstancias sobrevivientes; de allí que la carencia de objeto actual convierte en inoficioso cualquier pronunciamiento del Tribunal al respecto”, explicó el sentenciante. 

En el caso, el Instituto también dispuso la cobertura del 100% de la suma de 10 mil pesos, de ser necesario en el tratamiento de fertilización asistida con óvulos no propios e igual porcentaje de cobertura en toda la medicación requerida para ese tratamiento.

“(…) la cuestión en debate perdió vigencia por circunstancias sobrevivientes; de allí que la carencia de objeto actual convierte en inoficioso cualquier pronunciamiento del Tribunal al respecto”, explicó el sentenciante.

En cuanto a los tratamientos no prescriptos, explicó que el galeno tratante “selló la suerte de las prácticas pretendidas” al dejar en claro que únicamente había “prescrito” el tratamiento de reproducción asistida de alta complejidad y no así el “Test de receptividad endometrial” y el “Screening Genético Pre-implantación embrionario”, los cuales sólo había “ofrecido” como métodos de última generación para aumentar la posibilidad de éxito del tratamiento.

“Siendo ello así, las objeciones planteadas por la obra social acerca de la falta de prescripción formal por el profesional tratante resultan atendibles, quedando descartada la arbitrariedad de la conducta que se le atribuye, en tanto surge evidente que no se cumplimentaron los recaudos necesarios para su cobertura”, concluyó.

Fuente: Diario Judicial - Fallo completo

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lunes, 17 de septiembre de 2018

La degradación del Ministerio de Salud: “el momento no podría ser más imprudente”

El destacado sanitarista Mario Rovere analizó la decisión del gobierno nacional respecto de transformar en secretaría la cartera sanitaria, y alertó que existe “desinterés” del Estados en cumplir “sus obligaciones constitucionales”. Un exhaustivo análisis de una medida polémica.

Resultado de imagen para ministerio de salud argentinaLa decisión de degradar el Ministerio de Salud nacional al rango de secretaría generó duras críticas de especialistas, en medio de situaciones complejas como el recorte de vacunas y los casos con la bacteria Estreptococo. La mirada sobre este paso, que parece alejar al Estado de sus obligaciones vinculadas con la salud pública, apunta a un recorte monumental en el sistema estatal, que tendrá el año que viene grandes desafíos respecto de las metas a cumplir. “La degradación representa un gesto político inadecuado”, sostuvo Mario Rovere, médico pediatra y sanitarista y coordinador general de la Asociación Latinoamericana de Medicina Social (ALAMES). El reconocido especialista escribió una interesante columna en la revista Soberanía Sanitaria, donde da sus impresiones respecto a esta medida. “El momento no podría ser más imprudente e inoportuno dado el desafío que la salud global advierte sobre las epidemias del siglo XX”, sostuvo el especialista, que alertó que este tipo de iniciativas muestran “el desinterés del gobierno nacional en cumplir sus obligaciones constitucionales”.

A continuación, el texto completo escrito por Rovere respecto a la polémica medida.

La noticia recorre el mundo, se reciben llamados desde el exterior preguntando cómo sucedió esto. La comunidad sanitaria internacional no consigue entender la desaparición del Ministerio de Salud en la Argentina.

A nivel nacional, no se recuerdan muchos antecedentes de una declaración plenaria de los Ministros de Salud de las provincias argentinas alertando sobre una posible política del gobierno nacional, pero el pasado 2 de septiembre ocurrió: “eliminar el Ministerio de Salud de la Nación como tal y darle un rango inferior al mismo constituiría un retroceso institucional significativo en la ejecución de los planes, programas y proyectos del área para atender a la población, en especial a los más vulnerables”. El comunicado concluye: “No existe la posibilidad de coordinación, articulación y complementación del sistema de servicios de salud estatales del ámbito nacional, provincial o municipal, de la seguridad social, y del sector privado, sin que exista un Ministerio de Salud a nivel Nacional que se alce como el Rector de las políticas esenciales del sector”.

La degradación del Ministerio de Salud no es un hecho aislado, sino más bien la culminación de un proceso de desmantelamiento que comenzó el diez de diciembre de 2015 -y que continuará en tanto se mantenga este proyecto político- que incluye la derogación del decreto de creación de la Escuela de Gobierno en Salud, la discontinuidad de su programa de educación permanente con cientos de alumnos cursando en diferentes posgrados, el congelamiento de la agencia coordinadora de laboratorios públicos de medicamentos (ANLAP), y el desmantelamiento o minimización de los programas de salud sexual y reproductiva, de Médicos Comunitarios y del REMEDIAR, entre otros.

El importante presupuesto 2016 del Ministerio de Salud, definido el año anterior, fue licuado por la marcada subejecución presupuestaria, a pesar de atravesar la epidemia de dengue más importante de la historia argentina, y fue el argumento utilizado luego para una importante reducción en valores reales de los presupuestos 2017 y 2018.

Las y los ministros provinciales, y ni hablar los responsables municipales de salud, venían reclamando por el desmantelamiento sin costos políticos aparentes, en el contexto de un blindaje mediático y de un manejo extorsivo sobre los gobernadores que permitía ocultar muchas falencias de este ministerio, rankeado entre los peores de la gestión.

El ensañamiento con el Hospital Nacional Dr. Posadas, una institución de altísima relevancia en el área metropolitana, sobre el cual se habían realizado importantísimas ampliaciones y mejoras edilicias, puso en alerta a todo su personal. Este emblemático hospital cayó en manos de un equipo de yuppies liquidadores de empresas, que durante tres años instalaron un clima de terrorismo laboral, ignorando el funcionamiento hospitalario y las necesidades de los pacientes. Se realizaron rescisiones de contratos, “recortes de personal” y jubilaciones anticipadas, sumando más de mil trabajadores de todas las categorías profesionales, sin tomar en cuenta la continuidad de servicios, algunos únicos en el sector público. Entre otros, los servicios de terapia intensiva de adultos y de niños y cuidados paliativos fueron dañados en su funcionamiento o simplemente cerrados.

El mensaje de hundir y desguazar al Hospital Posadas, nave insignia del gobierno nacional, ha sido también un mensaje hacia afuera, poniendo en peligro a los hospitales que Nación cofinancia por el sistema SAMIC, como el Hospital Garrahan, en donde se ha aplicado la misma estrategia de terrorismo laboral ensayada en el Posadas o el Hospital en Red de El Cruce, en Florencio Varela. En la misma línea se encuentra la negativa a cofinanciar los nuevos hospitales del bicentenario, la inversión en infraestructura pública de salud más importante desde la gestión Carrillo: estas obras terminadas o muy avanzadas de hospitales ubicados en lugares estratégicos, para saldar la deuda sanitaria en el área metropolitana y en el interior del país, no se han puesto en funcionamiento. No se trata de “ahorros presupuestarios”, sino de una política de gestos que es leída por las jurisdicciones del mismo signo político como un guiño para intentar osadas reingenierías de la infraestructura hospitalaria pública bajo su responsabilidad.

Es cierto que el presupuesto del Ministerio de Salud Nacional aún no había alcanzado a compensar todas las inequidades territoriales en salud de un país como la Argentina, con enormes diferencias económicas entre provincias y al interior de cada una, pero la presencia de Nación en programas preventivo-promocionales había permitido logros sanitarios, arrinconando las enfermedades inmunoprevenibles, alcanzando las metas de los Objetivos del Milenio en mortalidad materna y bajando la mortalidad infantil por primera vez a un dígito, es decir por debajo de diez por mil nacidos vivos.

El repliegue de estos logros es imperdonable y lo expresan las discontinuidades de provisión en programas de VIH/SIDA, tuberculosis, el programa ampliado de inmunizaciones, salud sexual y reproductiva, entre otros, lo que se disimula con inversiones en las provincias y municipios con más recursos propios, pero que finalmente se traduce en abandonos sanitarios en las jurisdicciones y gobiernos locales que no pueden afrontarlo.

En la escena internacional, Argentina ha liderado la destrucción de la UNASUR que tenía entre sus áreas más dinámicas justamente a la salud. De esta forma se debilita la capacidad de establecer estrategias conjuntas en temas tan sensibles como medicamentos, escudo epidemiológico, recursos humanos, investigación y financiamiento.

Apelar a la historia para entender los significados

Cuando se conoció la noticia de la degradación del rango ministerial de la salud, se difundieron muy rápidamente los dos casos precedentes en los que un gobierno decidió tomar una medida similar reduciendo o cuasi eliminando la presencia de salud en el gabinete nacional. Se trata de los casos de la autodenominada “revolución libertadora” en 1955 y de la autodenominada “revolución argentina” (1966). Ambos casos golpes militares se caracterizaron por políticas económicas neoliberales, que por aquella época solo podían aplicarse rompiendo el orden institucional, grandes figuras ministeriales perseguidas y maltratadas (Ramón Carrillo y Arturo Oñativia), medidas favorecedoras de la privatización de la atención de la salud y rápido resarcimiento a los laboratorios farmacéuticos victimizados en los gobiernos democráticos precedentes por “excesos de regulación”.

Lo acontecido en 1956/57 es muy ilustrativo y aún permanece en el recuerdo de la población argentina. No contento con la degradación del Ministerio a Secretaría ejecutado por Lonardi, Aramburu desmantela el Ministerio apoyándose en consultores internacionales que lo convencen de que la mejor manera de conjurar para siempre la posibilidad de un sistema integral de salud como los que venían consolidándose en Inglaterra o en Chile era -según consta en el denominado informe Pedrozo- aprovechar el vacío legal que había surgido de la derogación de la Constitución de 1949 para “federalizar, municipalizar y cuando fuera posible privatizar el sistema de salud pública de la Argentina”.

Muy pronto el propio Aramburu pagaría las consecuencias al tener que enfrentar sin Ministerio de Salud la epidemia de poliomielitis más importante de la historia contemporánea, con más de 7000 casos y una tasa de mortalidad del 10%. Una epidemia que al afectar amplios sectores de la población hizo imposible el blindaje mediático que por aquella época ya estaba en plena vigencia. En un intento de disimular la falta de autoridad sanitaria, el propio Aramburu visitó el Hospital Muñiz enfundado en un guardapolvo blanco.

Una década después, el gobierno de Onganía repetiría la hazaña degradando el Ministerio de Salud Pública reestablecido por el presidente Arturo Frondizi. Si bien debido al prestigio del ex ministro Oñativia y la permanencia de parte de su equipo se llegó a señalar que la política de salud sería una simple continuidad, en poco tiempo se percibió la desregulación del mercado de medicamentos que había sido uno de los ejes de trabajo y probablemente una de las políticas que desestabilizó al gobierno de Illia, dejando desde entonces la sospecha sobre el rol de los laboratorios farmacéuticos en el financiamiento del golpe militar.

Los otros ejes del gobierno de Onganía, inspirado en su pertenencia al Opus Dei, que por entonces tenía una fuerte influencia sobre el gobierno de Franco en España, fue la destrucción de las políticas de ciencia y tecnología y el ataque frontal a la autonomía universitaria que desencadenó la emigración de científicos más importante de la historia argentina y la fundación de un mecanismo de cooptación sindical que se plasma en el sistema de Obras Sociales y funciona hasta nuestros días. Ya entonces el denominado INOS y sus derivaciones institucionales, hoy conocidas como Superintendencia de Servicios de Salud, se constituyeron como un ministerio paralelo.

En busca de sentidos o ¿para qué necesitamos un Ministerio de Salud?

Las epidemias y los problemas hipercomplejos de salud no son cosas del pasado; hoy nuevos o renovados problemas ponen en serio riesgo la salud de nuestros pueblos y los gobiernos han sostenido y sostienen puertas adentro y afuera importantes vínculos, sostienen organismos internacionales especializados en épocas en que los riesgos se multiplican.

La globalización ha traído consigo un incremento de los intercambios humanos a una velocidad y a una escala nunca antes vista. En marzo del 2003, una enfermedad poco conocida que produce un síndrome respiratorio agudo severo (SARS por sus siglas en inglés), se detectó en los servicios de salud de Hong Kong y de Vietnam y a la semana ya estaba generando casos -algunos mortales- en Singapur y en Toronto. Luego de la aparición del SARS ya en el 2003 la OMS decía: “Durante los dos últimos decenios han aparecido enfermedades nuevas a un ritmo sin precedentes de una por año, y esta tendencia seguramente proseguirá. La llegada repentina y mortal del SARS al ámbito de la salud mundial a comienzos de 2003 quizás haya sido en algunos aspectos la más dramática. Su contención rápida es uno de los mayores logros de la salud pública de los últimos años. Pero es oportuno preguntar en qué medida se debió ello a la buena suerte, aunada a la ciencia. ¿Cuánto nos hemos aproximado a un desastre sanitario internacional? ¿Qué fue lo que inclinó el fiel de la balanza? La respuesta internacional al SARS servirá de modelo para las futuras estrategias de lucha contra epidemias infecciosas”.

Solo un gobierno que siente innecesario contar con un Ministerio de Salud puede tomar una decisión de esta magnitud; esa confianza proviene del desconocimiento absoluto sobre el momento sanitario que atraviesa la humanidad y sobre los riesgos actuales y potenciales que sobrevuelan la población mundial, conocidos como las epidemias del siglo XXI.

El escenario demográfico-epidemiológico, el de riesgos ambientales y el de financiamiento pueden ayudar a configurar los escenarios sanitarios para los que la mayoría de países se preparen sosteniendo sus equipos técnicos formados y actualizados por décadas.

El aumento de la longevidad no es un fenómeno nuevo para la Argentina y se espera, en los próximos años a nivel nacional y mundial, un significativo incremento de población longeva en sectores de bajos ingresos, en lugares y sectores sociales del país diferentes. En otras palabras, la asociación entre longevidad y pobreza puede incidir selectivamente en los servicios públicos de salud sin poder apelar a estrategias que vienen funcionando razonablemente en familias mejor equipadas socioeconómicamente. Las provincias y municipios con menores recursos no están preparadas para absorber esta problemática y menos aún si el PAMI se redefine a la baja en sus prestaciones y no desarrolla estrategias integrales para la problemática sociosanitaria en cobertura de ancianos solos, o en familias de muy bajos ingresos.

El incremento exponencial de enfermedades crónicas se vincula pero no es simplemente la consecuencia del incremento de la longevidad. Están aumentando las enfermedades crónicas tanto en la infancia como en la adultez, en parte como consecuencia del éxito de la medicina en lograr cronificar enfermedades que antes eran letales como en el caso del VIH/SIDA. Enfermedades como hipertensión arterial, diabetes, insuficiencia renal, discapacidades y trasplantados expanden su prevalencia generando nuevos fenómenos sanitarios que cambian la relación equipo de salud- paciente, y provocan ciudadanías especiales que pueden implicar incidencias en otros sectores como alimentos, comercialización, transporte, etc. Existen fuertes indicios de que los laboratorios farmacéuticos no solo han descubierto oportunidades en el aumento de las enfermedades crónicas, producto de la fidelización a determinadas marcas, sino que han cambiado el eje de sus investigaciones poniendo más énfasis en productos que morigeran síntomas y refuerzan la cronicidad, que en medicamentos que curan.

Las enfermedades infectocontagiosas del pasado vuelven a ser una pesadilla del futuro. La reducción del celo en medidas preventivo-promocionales, el uso y abuso de antibióticos para uso humano o para engorde de animales de consumo, la utilización masiva de agroquímicos, los movimientos antivacunas, sistemas de abastecimiento de escala nunca antes vista o la propia globalización con el transporte mundial de mercaderías y personas, son algunas de las explicaciones para esta paradoja.

Así, hoy tomamos con naturalidad que el descubrimiento de una bacteria (listeria), que contaminó legumbres y hortalizas en Hungría, obligue a remover productos congelados en las heladeras de supermercados de Córdoba, que los viajeros provenientes o regresando de Europa puedan haber contraído sarampión (41.000 casos). Así, un nombre del pasado como difteria remite ahora a un brote que se sostiene desde el 2016 en Colombia, Haití y Venezuela; el cólera se expande sin control en Yemen con más de 120.000 casos pero llegó a Argelia, hoy tiene un avión cuarentenado en Francia y el Ministerio de Salud de Chile confirmó en agosto un brote en la Región Metropolitana.

Con la fiebre amarilla, las curvas epidémicas de Brasil muestran un crecimiento de casos y de defunciones comparando el período anual julio 2016/julio 2017 respecto del mismo período julio 2017/julio 2018, pero como consecuencias de las políticas macroeconómicas de Brasil, el Sistema Único de Salud se encuentra con menos recursos para enfrentar esta epidemia que puede en cualquier momento saltar del ciclo selvático o silvestre a un ciclo urbano.

La tuberculosis, una enfermedad milenaria afortunadamente controlada, entra nuevamente en zona de preocupación por el surgimiento de resistencia a los antibióticos conocidos, atribuido a una simbiosis con el VIH y a tratamientos incompletos. La OMS lanzó un ambicioso proyecto de control y erradicación que requerirá de estrategias mucho más sofisticadas y costosas que en el pasado.

La sífilis congénita reaparece cuando había sido una enfermedad fuertemente reducida como consecuencia de la eficacia de los antibióticos y por el uso masivo de anticonceptivos de barrera (preservativos) sostenido en el temor al VIH. La consecuencia en el presente es que -tal vez por una menor preocupación por el SIDA, visualizada ahora como una enfermedad “tratable”- se ha disparado la incidencia de esta enfermedad que puede causar muerte fetal o graves lesiones en recién nacidos.

En referencia a los riesgos ambientales podemos comenzar diciendo que el cambio climático, de indudable origen antropogénico, produce múltiples efectos sobre la salud. Algunos directos como el caso de víctimas de fenómenos climáticos extremos, e indirectos tales como alteración en la producción de alimentos, proliferación de vectores, etc. Los sistemas de salud requieren prepararse en todo el mundo para fenómenos extremos cada vez más frecuentes y estudiar con mayor detenimiento las consecuencias para la salud para añadir evidencias para la toma de decisiones políticas nacionales e internacionales al respecto.

Otros aspectos ambientales más específicos en el país tienen que ver con el uso de un volumen de glifosato de doscientos millones de litros equivalente a que cada argentino vertiera cinco litros a la tierra por año. Se viene acumulando el número de países que están tomando medidas restrictivas sobre el uso de este producto. Asociado a este o a múltiples explicaciones en una comparación mundial, Argentina aparece como uno de los países con mayor incidencia ajustada por edad y sexo de cáncer en todas sus formas. Exploremos finalmente los problemas de financiamiento. El mercado de la salud, o lo que se denomina Complejo Médico Industrial, configura el sector de la economía con mayores tasas de ganancia según su performance en los últimos cincuenta años. Los mecanismos de aseguramiento privado y público, combinado con una industria farmacéutica con tasas de rentabilidad superiores a la de cualquier otro sector y un importante ámbito de innovación tecnológica, han hecho del sector salud el componente más inflacionario de la economía de los países centrales, especialmente de los Estados Unidos en donde salud se apropia de poco más del 16 % del Producto Bruto.

El momento de degradación del Ministerio de Salud no podría ser más imprudente e inoportuno dado el desafío que la salud global advierte sobre las epidemias del siglo XXI.

Para países de desarrollo medio como la Argentina, la responsabilidad y el desafío resultan mayúsculos ya que se trata de uno de los casos extremos en los que la falta de regulación del Estado deriva en costos insostenibles. No tiene que ver con la configuración de agencias u otros mecanismos de evaluación de tecnologías para reducir obligaciones y bajar responsabilidades del PMO; se trata de consolidar una política integral para enfrentar manejos y operaciones económicas que resultan facilitadas cuando el subsector público se encuentra fragmentado.

Conclusiones

Como hemos visto la degradación del Ministerio de Salud de la Nación representa un gesto político inadecuado, resultado de una concepción equivocada del Estado y de la sociedad, pero consistente con un conjunto de medidas que venían anticipando el desinterés del gobierno nacional en cumplir sus obligaciones constitucionales para garantizar el derecho a la salud de la población, dado que la vigilancia y el rol compensador de las inequidades sociales y geográficas en salud es su responsabilidad indelegable. Los antecedentes de medidas de esta naturaleza muestran cómo y cuándo ha sucedido con anterioridad. Se trataba de gobiernos autoritarios instalados por golpes militares, de políticas económicas neoliberales, minimizando la función de salud pública en formas que resultaron funcionales a la privatización de la salud (filantropía en el caso de Aramburu, seguridad social comprando servicios privados, Onganía).

El momento de degradación del Ministerio de Salud no podría ser más imprudente e inoportuno dado el desafío que la salud global advierte sobre las epidemias del siglo XXI y atendiendo el imprescindible rol compensador que salud debe desarrollar, muy especialmente en momentos en que una injuria programada sobre el tejido social y sobre el nivel de ingresos de la población, solo puede traer aparejado un incremento de los problemas de salud.

Fuente: Significado y sentido de un Ministerio de Salud, por Mario Rovere. Revista Soberanía Sanitaria, edición especial, septiembre de 2018 (Mirada Profesional)