viernes, 17 de agosto de 2018

Fallo de la Corte Suprema sobre tratamiento de fertilización asistida

La Corte Suprema dejó sin efecto una sentencia que limitó un tratamiento de fertilización asistida a un total de tres procedimientos y a 18 meses el plazo para la crioconservación de embriones. El fallo interpretó que la reglamentación habilita a los interesados a acceder a tres tratamientos "anuales".

El límite de la fertilización asistidaEl Máximo Tribunal declaró procedente el recurso extraordinario y dejó sin efecto la sentencia que limitó a un total de tres procedimientos puestos a cargo de una obra social  y a 18 meses el plazo para la crioconservación de embriones. 

La sentencia de primera instancia hizo lugar a la acción de amparo interpuesta y condenó a la obra social lOSE a brindar la cobertura integral del tratamiento de fertilización asistida, incluyendo el 100% de los procedimientos y la criopreservación de embriones, de acuerdo con lo prescripto por el médico tratante hasta la consecución del embarazo.

La demandada apeló dicha decisión y la Sala I de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal la confirmó en lo sustancial pero limitó a tres los procedimientos y a 18 meses el plazo para la crioconservación de embriones.

Contra el pronunciamiento la parte actora interpuso el recurso extraordinario en los autos “Y., M. V. y otro c/ IOSE s/ Amparo de salud”, el cual fue acogido por los ministros Ricardo Lorenzetti, Juan Carlos Maqueda y Elena Highton de Nolasco, quienes dejaron sin efecto la sentencia apelada. En disidencia votó el juez Carlos Rosenkrantz.

En el fallo, los magistrados analizaron la Ley 26.862, más conocida como “Ley de Reproducción Humana Asistida”, y así advirtieron el “amplio alcance” que el legislador ha querido otorgar a la cobertura de las prestaciones que “aseguren el pleno ejercicio del derecho a la salud reproductiva” y su “carácter fundamental por su íntima vinculación con el derecho a la vida”.

El voto de mayoría consideró “inconveniente la interpretación” que la Cámara efectuó de las disposiciones reglamentarias sobre cuya base concluyó que el acceso a las técnicas de reproducción asistida de alta complejidad se restringe “a tres intervenciones en total”.

“Convalidar tal inteligencia importaría admitir la validez de una reglamentación que conspira contra los propósitos establecidos en la propia ley reglamentada al punto de desnaturalizar el derecho que ella consagra y que, como se ha mencionado líneas más arriba, tienen carácter fundamental”, explicaron.

El artículo 8 del decreto reglamentario 956/2013 prescribe que "una persona podrá acceder a un máximo de cuatro tratamientos anuales con técnicas de reproducción médicamente asistida de baja complejidad, y hasta tres tratamientos de reproducción médicamente asistida con técnicas de alta complejidad, con intervalos mínimos de tres meses entre cada uno de ellos (…)".

Tras analizar el texto, los jueces explicaron que la única precisión que establece la norma reglamentaria con respecto a las técnicas de alta complejidades es que “una persona puede acceder a un máximo de tres". 

Los ministros estimaron que la única interpretación admisible, en consonancia con los objetivos trazados por la ley 26.862, es la que habilita a los interesados a acceder a tres tratamientos "anuales" de reproducción médicamente asistida con técnicas de alta complejidad. 

“El decreto no especifica si se trata de tres en total o de tres en un determinado lapso temporal. Pero la lectura completa del precepto posibilita despejar esa incógnita pues permite comprender que ese límite de tres intervenciones ha sido establecido en relación con el período anual que explícitamente fue previsto para la cobertura de las técnicas de baja complejidad mencionadas en el primer tramo”.

Los ministros estimaron que la única interpretación admisible, en consonancia con los objetivos trazados por la ley 26.862, es la que habilita a los interesados a acceder a tres tratamientos "anuales" de reproducción médicamente asistida con técnicas de alta complejidad.

Y concluyeron: “La norma ha sido diseñada en un único párrafo u oración por lo que la ausencia de referencia temporal en el caso de las técnicas de reproducción asistida de alta complejidad es solo producto de la utilización de un giro o recurso idiomático para evitar una innecesaria repetición de la palabra anual".

Fuente: Diario Judicial - Fallo completo

Conforme las normas vigentes se hace saber que las sentencias que se replican en este blog son de carácter público y sólo el órgano jurisdiccional del que emana la decisión impondrá limitaciones a su publicación por razones de decoro o en resguardo de la intimidad de la parte o de terceros que lo hayan solicitado de manera expresa.

jueves, 16 de agosto de 2018

Maternidad en todo sentido

Un juzgado en lo CAyT de la Ciudad dispuso que dos instituciones educativas deberán otorgarle la licencia de 120 días por maternidad a una docente, quien no curso el embarazo de su hijo, pero realizó un tratamiento para amamantar al bebé.

Resultado de imagen para mujer amamantaDos establecimientos educativos deberán otorgarle de inmediato la licencia de 120 días por maternidad a una docente, quien a pesar de no haber cursado el embarazo de su hijo, realizó un tratamiento para amamantarlo. Así lo resolvió el juez a cargo del Juzgado N° 15 en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad, Víctor Trionfetti, en los autos  causa “M. M. C. c/ GCBA s/ Amparo”.

La docente inició la acción de amparo contra el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires – Dirección General de Educación de Gestión Privada- a fin de que se dictamine la inconstitucionalidad del acto administrativo emanado de la Dirección General de Educación de Gestión Privada, el cual le denegó la licencia por maternidad de 120 días.

La mujer se desempeña como profesora en dos establecimientos educativos. Según explicó, con su pareja decidieron formar una familia y que, luego de varios intentos a través del método de fertilización asistida, su pareja quedó embarazada.

La amparista solicitó la licencia por maternidad con el argumentó que encontraba realizando el tratamiento para darle de amamantar al niño. Antes del nacimiento del niño, bajo el tratamiento de reproducción asistida, las escuelas otorgaron a la madre no gestante la licencia de 10 días que otorga el artículo 70 q) del Estatuto Docente de la Ciudad de Buenos Aires, en vez de la licencia de 120 días.

En este escenario, el juez sostuvo que reintegrarse a sus funciones dentro de los 10 días corridos desde el nacimiento de su hijo implicaría “interrumpir el tratamiento y el desarrollo del amamantamiento con su hijo, con el quiebre del vínculo familiar que ello conlleva”. 

De este modo, el sentenciante ordenó a las dos instituciones que concedan la licencia prevista en la normativa de 120 días corridos desde el nacimiento del niño –hecho acaecido el 27 de julio del corriente-, a la que se le deberán “descontar los días que ya haya gozado por la licencia oportunamente concedida y con percepción íntegra de haberes”. 

Además, el magistrado recordó normativa relacionada, entre ella el artículo 21 inciso 5 de la Constitución porteña el cual “garantiza la atención integral del embarazo, parto, puerperio y de la niñez hasta el primer año de vida, asegura su protección y asistencia integral, social y nutricional, promoviendo la lactancia materna, propendiendo a su normal crecimiento“.

También citó el artículo 11 el cual indica que “la Ciudad promueve la remoción de los obstáculos de cualquier orden que, limitando de hecho la igualdad y la libertad, impidan el pleno desarrollo de la persona y la efectiva participación en la vida política, económica o social de la comunidad”.

De este modo, el sentenciante ordenó a las dos instituciones que concedan la licencia prevista en la normativa de 120 días corridos desde el nacimiento del niño –hecho acaecido el 27 de julio del corriente-, a la que se le deberán “descontar los días que ya haya gozado por la licencia oportunamente concedida y con percepción íntegra de haberes”.

Fuente: Diario Judicial - Fallo completo

Conforme las normas vigentes se hace saber que las sentencias que se replican en este blog son de carácter público y sólo el órgano jurisdiccional del que emana la decisión impondrá limitaciones a su publicación por razones de decoro o en resguardo de la intimidad de la parte o de terceros que lo hayan solicitado de manera expresa.

miércoles, 15 de agosto de 2018

Salta: Juzgado ordena a que obra social brinde cobertura total de medicamento

Un juzgado de Salta ordenó a una obra social la cobertura mensual, total y de manera ininterrumpida de un medicamento. El fallo indicó que la negación de la prestación coloca a la salud de la afiliada en una "situación de riesgo ".

Salud amparadaUna obra social deberá dar la cobertura mensual, total y de manera ininterrumpida de un medicamento a una afiliada. Así lo resolvió jueza en lo Civil y Comercial 1 de Tartagal, Griselda Nieto, en el marco de los autos “C. R. A. contra Instituto Provincial de Salud de Salta por Amparo".

La causa se inició por la acción de amparo de una afiliada contra el Instituto Provincial de Salud de Salta (IPSS) a fin de que condene a la demandada a restablecer el descuento de un medicamento indicado por su médico tratante.

La mujer fue diagnosticada con artritis reumatoidea con compromiso intersticial pulmonar e hipertensión pulmonar severa secundaria y disnea, además de insuficiencia respiratoria crónica. La amparista se encuentra en plan de trasplante pulmonar.

En marzo pasado, la obra social le informó a la mujer, quien es docente en ejercicio, que no podía entregarle el medicamento prescripto con el argumento de que la “Sociedad de Neumonología no justificaba lo solicitado”. 

“La denegación de la prestación coloca a la salud de la afiliada en una situación de riesgo que no alcanza a repararse con la solución propuesta por la demandada ya que la alternativa quirúrgica no es inmediata”, advirtió. 

En este escenario, la jueza consideró acreditado el diagnóstico y la indicación terapéutica del médico tratante y coincidió con el dictamen del Ministerio Público Fiscal en el sentido de que “el descuento antes autorizado no puede ser interrumpido, suspendido, dificultado ni dilatado si se manifiesta como una situación favorable a la paciente”.

“La denegación de la prestación coloca a la salud de la afiliada en una situación de riesgo que no alcanza a repararse con la solución propuesta por la demandada ya que la alternativa quirúrgica no es inmediata”, advirtió y resaltó que la amparista vive en una “ciudad alejada de los centros urbanos, donde dichas prácticas se realizan, por lo cual la distancia provoca mayores diferimientos para su concreción, sobre todo si se tiene en cuenta la frágil salud de la actora para efectuar traslados unida a la falta del medicamento”.

De este modo, consideró “arbitraria” la decisión de la obra social. “Se lesionan los derechos fundamentales a la vida”, explicó y concluyó que esto no libera a la paciente de continuar con el plan quirúrgico indicado terapéuticamente ya que la prescripción del medicamento “es una alternativa terapéutica provisoria”.

Fuente: Diario Judicial - Fallo completo disponible en el portal de la fuente citada

Conforme las normas vigentes se hace saber que las sentencias que se replican en este blog son de carácter público y sólo el órgano jurisdiccional del que emana la decisión impondrá limitaciones a su publicación por razones de decoro o en resguardo de la intimidad de la parte o de terceros que lo hayan solicitado de manera expresa.

martes, 14 de agosto de 2018

Los estudios genéticos y su cobertura a los pacientes con discapacidad

Es frecuente que los entes prestadores de servicios de salud para personas con discapacidad se rehúsen a la cobertura de los estudios genéticos, que en algunos casos se realizan en el exterior. Cuál es la respuesta de la Justicia para estos casos.

Los estudios genéticos y su cobertura a los pacientes con discapacidadLa Ley 24.901 instituye el sistema de prestaciones básicas para la atención de las personas con discapacidad, con el objeto de brindarles una cobertura integral a sus necesidades (art. 1).

Según esa norma, las obras sociales tendrán la obligación de brindar tales prestaciones básicas (art. 2) mediante servicios propios o contratados (art. 6). Obligación que se hace extensiva a las prepagas (Leyes 24.754 y 26.682).

Entre las prestaciones básicas que la Ley 24.901 describe a mero título enunciativo (art. 19), se hallan incluidas “b) Aquellos estudios de diagnóstico y de control que no estén contemplados dentro de los servicios que brinden los entes obligados en la presente ley (…); c) Diagnóstico, orientación y asesoramiento preventivo para los miembros del grupo familiar de pacientes que presentan patologías de carácter genético-hereditario” (art. 39). 

La jurisprudencia ha ido trazando una serie de directrices que no hacen más que corroborar el deber de cobertura de esta prestación, siempre y cuando se den ciertos parámetros. 

Sin embargo, y pese al claro texto legal, es muy frecuente que los entes prestadores de servicios de salud para personas con discapacidad se rehúsen a la cobertura de los estudios genéticos, algunos de los cuales se realizan en el exterior.

Esta realidad desemboca muchas veces en la promoción de un Amparo de Salud como último recurso para destrabar el conflicto y acceder a tan importante y costosa práctica.

Así, en los últimos años la jurisprudencia ha ido trazando una serie de directrices que no hacen más que corroborar el deber de cobertura de esta prestación, siempre y cuando se den ciertos parámetros.

En ese sentido, la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal ha reconocido que estos estudios permiten “orientar el seguimiento clínico de  la  paciente  así  como  el  pronóstico,  además  de  ofrecer asesoramiento  genético  a la pareja parental en cuanto al riesgo de  recurrencia,   con   miras   a  la  adopción  de  decisiones reproductivas  futuras” (R. V.  c/ OSDE s/ Amparo de Salud Nº 7.297/15, 29/03/16, Sala 1), y que amplían la posibilidad de brindar   un  diagnóstico  de  certeza, “fundamental  para  determinar  si  existe un tratamiento   específico,   manejar   de  forma  precoz  posibles comorbilidades  y principalmente brindar asesoramiento genético a la  familia" (F.M. c/ OSDE Binario SA s/ amparo de salud Nº 3.984/16, 9/03/17, Sala 3). 
 Cuando el afiliado es una persona con discapacidad, “goza del reconocimiento diferenciado de  derechos  que  el  legislador  le  confirió a ese universo de personas   al   sancionar   la  Ley  24.901. 

También destacaron que cuando el afiliado es una persona con discapacidad, “goza del reconocimiento diferenciado de  derechos  que  el  legislador  le  confirió a ese universo de personas   al   sancionar   la  Ley  24.901.  El  contrato  queda integrado,  entonces, no sólo con reglamentaciones internas de la accionada   sino   también   con   esa  ley  federal  que  hace inmediatamente  operativa la obligación de los agentes de salud y de  las  empresas  médicas  de  cubrir,  en forma “integral”, las prestaciones  enumeradas  a  partir   del  artículo  14, como así también  los servicios  específicos contemplados en los artículos 18  y  ss.  de  dicho  plexo  normativo.

Las leyes, no pueden ser interpretadas  en  forma  aislada;  tampoco  prescindiendo de los fines  que  las inspiran contraponiendo sus disposiciones con las del resto del ordenamiento jurídico” (Raschiotto, Santiago c/ OSDE s/ sumarísimo Nº 5.978/10, 28/04/11, Sala 3).

Por su parte, la Sala A de la Cámara Federal de Apelaciones de Rosario ha dicho que “Siendo que la tecnología y la medicina avanzan rápidamente en el tratamiento de diversas enfermedades, la normativa que regula las prestaciones médicas a cargo de las obras sociales resulta muchas veces atrasada e insuficiente, de lo cual se deriva la insoslayable consideración del Programa Médico Obligatorio como un piso básico y mutable de prestaciones, que se nutre de las nuevas técnicas y tiene un fin integral que supera el mero sufragio económico de la práctica médica” (P. L. c/ Obra Social Jerárquicos Salud s/ amparo Ley 16.986, 27.09.16).

Frente a estos argumentos, suelen los entes prestadores de servicios de salud alegar que, de acceder a la cobertura pretendida, sufrirían un irreparable perjuicio económico, con una seria afectación de su estado financiero. No obstante, no suelen acompañar pruebas que demuestren tales aseveraciones.

Además, ha de tenerse en cuenta que estos estudios generalmente se practican por única vez, representando un gasto que, proyectado en el tiempo, termina siendo menor que el de varias prestaciones de tracto sucesivo y a las que las obras sociales y prepagas no estilan oponerse.

En definitiva, detrás de esta sensible prestación, así como de cualquier otra vinculada a la salud de una persona con discapacidad, reposan no solo el derecho a la salud, sino también a la vida, calidad de vida y a la rehabilitación, todos los cuales encuentran su correlativa protección no solo en normativa muy específica, sino en diversos tratados de derechos humanos suscriptos por nuestro país, varios de ellos con jerarquía constitucional.

Fuente: Diario Judicial por el Dr. Alejandro Gardenal Elicabide es abogado especialista en discapacidad.