martes, 30 de marzo de 2021

La ley IVE volvió a abrir el debate sobre el destino de los embriones congelados

Más de 20 mil embriones que nunca van a ser implantados por inviables o porque sus dueños no quieren llevar adelante un nuevo embarazo ni donarlos, pero que tampoco pueden ser descartados, se encuentran en un vacío legal. La ley de IVE podría funcionar como un nuevo argumento legal para la obtención de autorizaciones judiciales que deriven en el cese de la criopreservación.

Tras la sanción de la ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE), especialistas en fertilidad y en derecho de familia llamaron la atención sobre el persistente vacío legal en el que se encuentran más de 20 mil embriones congelados que nunca van a ser implantados por inviables o porque sus dueños no quieren llevar adelante un nuevo embarazo ni donarlos; pero que tampoco pueden ser descartados ya que no hay norma que prevea esa posibilidad.

En este contexto, la ley de IVE podría funcionar como un nuevo argumento legal para la obtención de autorizaciones judiciales que deriven en el cese de la criopreservación, una vía que habían encontraron al menos cuatro parejas en Argentina para el descarte de sus embriones antes de la aprobación de la norma.

Es que, siguiendo la máxima que indica que "quien puede lo más, puede lo menos", la lógica señala que si es posible interrumpir un proceso gestacional hasta la semana 14, también debería poder hacerse con los embriones congelados.

"En Argentina hay al menos 40 mil embriones congelados; la mitad o menos tienen chance de ser transferidos porque los padres quieren tener más hijos, pero el resto van a quedar en una clínica para siempre", dijo a Télam el especialista en reproducción asistida y director del Instituto Valenciano de Investigación (IVI Buenos Aires), Fernando Neuspiller.

Además, "alrededor de un 20% de los que tenemos guardados son embriones genéticamente anormales que no tienen ninguna posibilidad de sobrevida", agregó.

Pero aún en estos casos no se pueden descartar y en consecuencia las clínicas se ven obligadas a sostener el costoso procedimiento de criopreservación de embriones cuyos propietarios "en algún momento dejan de pagar" porque no pueden o no quieren afrontar los 300 dólares anuales de costo de mantenimiento, pero tampoco donarlos a otras personas con problemas de fertilidad o intentar nuevamente un embarazo.

"Para nosotros es un costo y una responsabilidad extra, porque yo termino siendo el tutor obligado", dijo el tocoginecólogo, cuya clínica realiza anualmente mil tratamientos de fertilización in vitro.

Vacío legal

El abogado magister en Derecho de Familia Federico Notrica explicó a Télam que perdió estado parlamentario el último proyecto de ley sobre protección de embriones no implantados que contemplaba el descarte y la donación para la investigación científica como otros dos destinos legales.

Iniciativas similares vienen presentándose desde 2014 y la que más prosperó obtuvo media sanción de Diputados, pero nunca fue tratado por el Senado.

"Hay un vacío legal porque tenemos por un lado la ley 26.862 de cobertura (de técnicas de reproducción humana asistida), que cuando habla de embriones dice que se pueden criopreservar o donar a otras parejas siempre con fines de procreación, pero nada más", sostuvo Notrica, que pertenece a la cátedra Familia y Sucesión de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (UBA) a cargo de la reconocida especialista Marisa Herrera.

"Es una deuda que tiene el nuevo Código Civil y Comercial que en sus disposiciones transitorias dice que se requiere una ley especial que proteja al embrión no implantado", agregó el docente de la Universidad de Avellaneda.

La falta de legislación lleva a situaciones absurdas como la designación de un abogado como "tutor de embriones", algunas de las cuales incluso atentan contra la salud o la dignidad de las personas.

"Una vez, cuando ejercía la profesión, me vino a ver una pareja de unos 60 años que hacía 18 años habían tenido mellizos por técnicas de reproducción humana asistida, pero como ella no podía dormir pensando que tenían embriones criopreservados, pidieron al centro de fertilidad que los descarten. La única opción que les dieron es que ella se interne para transferirle los embriones que por su edad no iban a prender. Un delirio", contó Notrica.

El debate sobre el descarte

Mientras no hay una ley específica, el principal obstáculo jurídico para el descarte de embriones es el mismo que usaron los antiderechos para atacar a la ley IVE: una interpretación conservadora del artículo 19 del Código Civil y Comercial de la Nación.

"Este artículo dice que el comienzo de la existencia de la persona se da con la concepción, y ahí el punto es qué se entiende por 'concepción': para los más conservadores es igual a fecundación -unión del espermatozoide con el óvulo, incluso en una pipeta- mientras que para la otra postura, que compartimos, concepción es igual a implantación en un útero", dijo.

Y el principal sustento jurídico a favor de esta segunda postura y de la constitucionalidad de una futura ley que permita el descarte de embriones, es el artículo 4 de la Convención Americana de Derechos Humanos y el fallo "Artavia Murillo" largamente citado también en el debate del aborto legal.

"La Convención dice en el artículo 4.1 que 'toda persona tiene derecho a que se respete su vida', y que 'este derecho estará protegido por la ley y, en general, a partir de la concepción'; ahí vemos que persona y vida no son sinónimos", detalló.

En la estructura normativa argentina, "la vida no se defiende a cualquier costa, en algún punto", de lo contrario no podría haberse aprobado una "ley de muerte digna", pero además "la vida no es un derecho absoluto", porque de lo contrario el Código Penal no contemplaría "la legítima defensa", sostuvo Notrica.

"Por otro lado, el fallo Artavia Murillo incorporó un elemento central que es la noción de gradualidad (de derechos) entre tres niveles separados: los embriones no implantados como una primera instancia de esa cadena de vida pero no de persona, el feto o persona por nacer que ya está dentro de la persona gestante, y la persona nacida con vida", dijo.

En este punto es que "el camino para que los embriones congelados puedan ser descartados, es de alguna manera allanado" por la ley IVE que habilita el descarte en un nivel superior de gradualidad, explicó a Télam.

Si bien "mi interpretación es que no se puede usar esta ley para proceder al descarte", no deja de ser cierto que "en ausencia de una ley, rige el artículo 19 de la Constitución que dice que 'todo lo que no está prohibido, está permitido'", aseguró.

"Si una mujer puede voluntariamente abortar, tiene que tener el mismo derecho otra que se hizo un tratamiento de reproducción asistida y no quiere tener más hijos ni donar sus embriones congelados", sostuvo a su turno Neuspiller.

Para el médico, debería "poderse descartar embriones congelados apoyados en la ley IVE", a falta de una legislación específica y en virtud de "un razonamiento de lógica pura".

Fuente: Télam

martes, 23 de marzo de 2021

Violencia de género obstétrica

Un juez de Córdoba determinó que una mujer fue víctima de violencia de Género modalidad obstétrica tipo psicológica y física en una clínica, ya que no se le brindó la atención adecuada durante el parto, que culminó con el fallecimiento de su bebé.

En autos “Clínica del Sol – Denuncia por violencia de género”, la demandante refirió que el 31 de abril del 2016, encontrándose cursando un embarazo, comenzó a presentar dolores de parto por lo que se dirigió a la Clínica del Sol. 

Informó que ingresó a la clínica a la 1.00 de la mañana y que nunca le hicieron nada, ni siquiera una ecografía para escuchar los latidos. Continúo relatando que a las 7:30 hs. sintió que la bebe nacía, empero nunca la llevaron a la sala de parto. 

Posteriormente manifestó que avisó que nació y fueron recién a los diez minutos, la llevaron para limpiarla y le trajeron muerta a su bebé. “Me dijeron que la placenta estaba desprendida, yo vi que cuando nació la placenta estaba entera” manifestó. 

Refirió “que hasta que el día de hoy no sé cuál fue el motivo por el cual falleció. Me dijeron que volviera a la Clínica a los quince días, que iba a estar el resultado de la autopsia, y así lo hice. Me decían que no encontraban el cuerpo, me preguntaban a nombre de quien lo había dejado hasta que después de mucho tiempo, en el mes de septiembre me dieron el resultado”. 

El Juzgado de Niñez, Adolescencia, Violencia Familiar y de Género de 4.° Nominación de la ciudad de Córdoba consideró que la joven madre fue víctima de violencia obstétrica, física y psicológica.

La jueza Mariana Wallace emplazó a las autoridades del nosocomio para que en 30 días presenten un protocolo de capacitación en la temática destinado tanto a los profesionales de la salud como al personal administrativo; un protocolo de expedición de certificado de defunción fetal; y un protocolo que garantice a las mujeres contar con la información necesaria respecto de los derechos que le asisten antes, durante y con posterioridad al parto, con o sin vida, incluso tratándose de abortos. 

Por ello, la clínica deberá publicar información sobre la temática en lugares visibles como salas de espera, barandillas y páginas web. 

 “D. F. P. transitó en la clínica un proceso de parto en las antípodas del parto humanizado, se le proporcionó un parto deshumanizado y deshumanizante. El comportamiento de la clínica con posterioridad a tal evento, que gira en torno a la entrega de los restos del alumbramiento sin vida y la documentación correspondiente, fue cuando menos negligente y cruel”, afirmó la jueza Wallace.

Fuente: www.diariojudicial.com - Fallo completo

Conforme las normas vigentes se hace saber que las sentencias que se replican en este blog son de carácter público y sólo el órgano jurisdiccional del que emana la decisión impondrá limitaciones a su publicación por razones de decoro o en resguardo de la intimidad de la parte o de terceros que lo hayan solicitado de manera expresa.

jueves, 18 de marzo de 2021

España aprobó la eutanasia y el suicidio asistido

La ley permite a los profesionales sanitarios poner fin a la vida de un paciente en casos de una enfermedad grave e incurable o un padecimiento crónico imposibilitante.

Luego de la lucha de organizaciones españolas para que las personas con una enfermedad incurable y que afecta su calidad de vida puedan tener el derecho a morir dignamente, el Parlamento español le dio el visto bueno a la ley que despenaliza la eutanasia y el suicidio asistido.

La aprobación del proyecto en el Cámara de Diputados fue con 202 votos a favor, en su mayoría de los partidos de izquierda, centro y regionalistas, y 141 en contra, por parte de la derecha y la extrema derecha. También hubo dos abstenciones. Esta luz verde por parte del Parlamento convierte a España en el séptimo país del mundo en legalizar estas prácticas, tras Canadá, Bélgica, Luxemburgo, Colombia, Países Bajos y Nueva Zelanda.

La normativa prevé que toda persona con una “enfermedad grave e incurable” o un padecimiento “crónico e imposibilitante” pueda acceder a la ayuda para morir y así evitar “un sufrimiento intolerable”. La eutanasia se refiere a la práctica donde el personal médico administra al solicitante la sustancia mortal y, en cambio, el suicidio asistido requiere que la persona tome la dosis prescrita.

La ley establece estrictas condiciones: tener la nacionalidad española, ser residente legal y ser “capaz y consciente” a la hora de presentar la solicitud, que debe ser realizada sin presión externa y aplicar nuevamente a los 15 días. Si no se cumplen algunos de estos requisitos los médicos podrá rechazar la petición del paciente.

Otro requerimiento a la hora de dar el visto bueno al solicitante es que no sólo lo haga un médico, sino que tiene que haber la opinión de otro profesional y de una comisión evaluadora. Además, cualquier profesional de la salud puede alegar la objeción de conciencia para negarse a participar en el procedimiento.

Dentro del arco político, los partidos de izquierda fueron los que se mostraron más satisfechos con la sanción de la ley. La ministra de Salud, Carolina Darias, agradeció el trabajo realizado por todos los grupos parlamentarios, destacando la “importancia” de esta aprobación porque se avanza en el reconocimiento de los derechos de los ciudadanos y hacia una “sociedad más humana y más justa”.

“Hoy somos un país más humano, más justo y más libre. (...) Gracias a todas las personas que han peleado incansablemente para que el derecho a morir dignamente fuera reconocido en España”, festejó el presidente Pedro Sánchez en Twitter.

La legislación es rechazada por la Iglesia católica y por los partidos de derecha. Mientras tanto, su aplicación genera interrogantes en algunos sectores médicos, que afirman que salvar a toda costa a un paciente se encuentra en su estatuto. La eutanasia “es siempre una forma de homicidio, pues implica que un hombre da muerte a otro”, indicó en un comunicado la Conferencia Episcopal Española (CEE).

“Empujar a la eutanasia” a las personas “más vulnerables (...) es un vergonzoso acto de abandono social que encubre una negación a la mejor asistencia sociosanitaria”, lanzó en la Cámara Baja el diputado del Partido Popular, José Ignacio Echániz. El partido Vox, de extrema derecha, anunció que apelará la ley ante el Tribunal Constitucional.

La legislación fue aplaudida por organizaciones que defienden el derecho a morir dignamente, que mantuvieron una lucha de décadas, durante las cuales sonados casos visibilizaron la problemática. El más emblemático, el de Ramón Sampedro, un gallego tetrapléjico que pasó 29 años reclamando el derecho a un suicidio asistido.

La película sobre su historia, “Mar adentro”, dirigida por el hispanochileno Alejandro Amenábar y protagonizada por Javier Bardem, ganó un Óscar en 2005.

El caso de Sampedro es conocido por haber llegado a las grandes pantallas, pero así como él, cientos de españoles con enfermedades incurables reclamaron por el derecho a elegir el día de su muerte a lo largo de los años. A partir de ahora, aquellas personas que lo necesiten tendrán la opción de acceder a las prácticas, que dividen a la opinión pública por tratarse de unos de los temas más sensibles para la sociedad.

Fuente: TN

viernes, 12 de marzo de 2021

Los derechos del paciente: luces y sombras en el sistema de salud argentino. Hacia una ciudadanía sanitaria

Los derechos del paciente, en especial aquellos referidos a la autonomía personal y la autodeterminación, vienen siendo en las últimas décadas motivo de verdadera preocupación para los operadores jurídicos y sanitarios, fundamentalmente si se tiene en cuenta el incremento de los índices de judicialización, la creciente participación ciudadana en salud y la ausencia de políticas públicas sanitarias sustentables.

El binomio médico-paciente, reemplazado en la actualidad por el trinomio equipo de salud-paciente-familia, estuvo basado en un modelo paternalista, hospitalocéntrico, con eje en aspectos meramente biológicos, que excluyó toda consideración de procesos históricos y condicionantes sociales, económicos, culturales e ideológicos respecto de la causalidad y desarrollo del proceso salud enfermedad. 

Durante décadas, el padecimiento fue considerado patrimonio exclusivo del saber médico, poniendo en segundo plano el papel de los individuos. 

Empero, el cambio de paradigma operado en la sociedad, generó un nuevo proceso de adaptación que tuvo reflejo en la consagración legislativa del principio de autonomía, como se observa con la sanción de la Ley 26.529 y el Código Civil y Comercial. A pesar de ello, nos preguntamos cuantas organizaciones sanitarias conocen y han implementado esos cambios. 

Dichas norma pretendieron modificar aquel viejo modelo, entendiendo al ciudadano como sujeto capaz de tomar decisiones sobre su cuerpo, de acuerdo a su propio proyecto vital, pero hasta el momento sólo se logró que el propio sistema se apropiara de esa decisión para elegir por el médico y el paciente, qué, cómo, dónde, cuándo y cuánto dar en salud.

Observamos otros cambios muy profundos en orden a información y tecnologías sanitarias. Internet ha revolucionado el acceso y hemos sido testigos del pasaje, en corto tiempo, de una escasa información sobre temas de salud a una escalada comunicacional de muy variada calidad, casi imposible de cribar. Aun así, ello no implica necesariamente más conocimiento ni más responsabilidad. Se requiere aumentar la conciencia individual y social a través de proyectos dedicados a la ciudadanía sanitaria, donde ese ciudadano con mayor conciencia, colaboración y compromiso, adopte un rol verdaderamente participativo y protagónico en el proceso de toma de decisiones, gestionando su salud para un mayor cumplimiento del plan terapéutico acordado.

Este cambio del rol de pacientes a ciu
dadanos sanitarios requiere además de una adecuada planificación de las políticas públicas, una mirada diferente en la relación médico paciente, junto a una sociedad organizada, con activas asociaciones de pacientes, que puedan contribuir a una mayor democratización sanitaria.

Estos son los retos hacia el futuro, combinar el humanismo y los avances tecnológicos, para una sociedad que necesita más inclusión, más justicia y más equidad.


Dra. Marisa Aizenberg
Abogada experta en Derecho de la Salud
Consultora en Políticas Públicas, 
Tecnología Médica e Innovación Sanitaria