viernes, 14 de agosto de 2020

Empleadores no están facultados a exigir certificaciones médicas o estudios relativos a COVID-19, a trabajadores ingresantes o que se reintegren a sus tareas

MINISTERIO DE SALUD Y MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Resolución Conjunta 5/2020
Fecha de publicación 14/08/2020

Ciudad de Buenos Aires, 12/08/2020

VISTO el EX-2020-51949954- -APN-DD#MS, las Leyes N°27.541 y N°26.529, los Decretos N°351 de fecha 5 de febrero de 1979, N°7 de fecha 10 de diciembre del 2019, N°260 de fecha 12 de marzo del 2020 y N°297 de fecha 19 de marzo del 2020 y

CONSIDERANDO:

Que por la Ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva en el Marco de la Emergencia Pública N° 27.541 se declaró la emergencia pública en materia económica, financiera, fiscal, administrativa, previsional, tarifaria, energética, sanitaria y social hasta el 31 de diciembre de 2020.

Que por el Decreto de Necesidad y Urgencia N° 260/20 se amplió la emergencia pública en materia sanitaria con causa en la Pandemia declarada por la ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD (OMS) en relación con el nuevo Coronavirus (COVID-19) por el plazo de UN (1) año desde la entrada en vigencia de dicho decreto.

Que a través del Decreto N°297/20 se estableció una medida de aislamiento social, preventivo y obligatorio, que fue prorrogada sucesivamente por los Decretos Nros. 325/20, 355/20, 408/20, 459/20, 493/20, y a partir de los Decretos Nros. 520/20, 576/20 y 605/ la medida se limitó a las jurisdicciones expresamente señaladas, rigiendo para el resto el distanciamiento social, preventivo y obligatorio, hasta el 2 de agosto de 2020, inclusive.

Que la Constitución Nacional en su Artículo 14 establece que todos los habitantes de la Nación gozan derecho de trabajar y ejercer toda industria lícita y, asimismo, en su Artículo 14 bis establece que el trabajo en sus diversas formas gozará de la protección de las leyes, las que asegurarán al trabajador condiciones dignas y equitativas de labor, entre otros.

Que la Ley N° 26.529 contempla como parte de los derechos esenciales en la relación entre el paciente y el o los profesionales de la salud, el o los agentes del seguro de salud, y cualquier efector de que se trate, el de confidencialidad, considerándose que el paciente tiene derecho a que se guarde la debida reserva, salvo expresa disposición en contrario emanada de autoridad judicial competente o autorización del propio paciente.

Que conforme el Decreto N° 7/2019, compete al MINISTERIO DE SALUD entender todo lo inherente a la salud de la población, y a la promoción de conductas saludables de la comunidad, y al MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL en todo lo inherente a las relaciones y condiciones individuales y colectivas de trabajo, al empleo y a la seguridad social, entre otras.

Que la coordinación entre las autoridades competentes de las diferentes jurisdicciones permitirá el establecimiento de pautas de implementación para el retorno a la actividad laboral presencial en contexto de Pandemia, con la debida observancia de las recomendaciones sanitarias en materia de prevención y control de la salud pública, sin poner en peligro los esquemas implementados para evitar la propagación del nuevo Coronavirus (SARS-CoV-2) virus responsable del COVID-19.

Que en el contexto reseñado y ante diversas situaciones planteadas por los actores sociales, en torno a la exigencia de presentar certificaciones médicas o de exhibir resultados de estudios acerca de la presencia del COVID-19, cabe dar una respuesta conjunta, que aclare debidamente la cuestión, en una interpretación auténtica de la normativa reseñada, proveniente de los órganos que participaron en su creación.

Que no se desprende del ordenamiento de referencia la posibilidad de requerir certificaciones como las descriptas, conducta que, por otra parte, podría colisionar con normas de superior jerarquía, que vedan la discriminación en sus diversas formas y preservan la reserva y confidencialidad de los pacientes.

Que han tomado intervención los servicios jurídicos pertinentes del MINISTERIO DE SALUD y del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL.

Que la presente medida se dicta en ejercicio de las facultades conferidas por la Ley de Ministerios N° 22.520 (T.O. Decreto N° 438/92) y sus modificatorias y los Decretos de Necesidad y Urgencia N° 260 de fecha 12 de marzo de 2020 y modificatorios.

Por ello,

EL MINISTRO DE SALUD

Y

EL MINISTRO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

RESUELVEN:

ARTÍCULO 1°.- Establecer que la normativa dictada en el marco de la Ley Nº 27.541 y del Decreto de Necesidad y Urgencia N°260 de fecha 12 de marzo del 2020, no faculta a los empleadores a exigir certificaciones médicas o estudios relativos al COVID-19, a los trabajadores que ingresen o se reintegren a sus tareas.

ARTÍCULO 2°.- La presente medida entrará en vigencia a partir de su publicación el Boletín Oficial.

ARTÍCULO 3°.- Regístrese, comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese. Ginés Mario González García - Claudio Omar Moroni

jueves, 13 de agosto de 2020

Se autoriza a una mujer a someterse a la intervención de ablación de uno de sus riñones, para serle donado y trasplantado a un amigo que padece insuficiencia renal crónica terminal

Partes: A. I. s/ autorización judicial de ablación de órgano

Tribunal: Juzgado Civil, Comercial y de Minería de San Juan 
Fecha: 21-jul-2020

Se autoriza a la donante para someterse a la intervención quirúrgica de ablación de uno de sus riñones, para serle trasplantado a un amigo que padece insuficiencia renal crónica terminal, al haberse probado que se trata de una decisión libre, autónoma y con el conocimiento cabal de todas las implicancias que este acto deriva.

Sumario:

1.-Corresponde conceder autorización judicial a la solicitante para someterse a intervención quirúrgica de ablación de uno de sus riñones, para serle trasplantado a un tercero, quien padece insuficiencia renal crónica terminal, pues los profesionales que entrevistaron exhaustivamente a ambas partes descartaron cualquier tipo de intencionalidad material y/o económica en la persona de la donante, que no sea otra que su verdadera finalidad altruista en vista al mejoramiento de la calidad de vida del receptor, con quien le une una relación de amistad de años.

2.-El espíritu del legislador ha sido el de amalgamar por un lado, un acto de extrema generosidad humana, como es la donación por parte de un donante vivo de un órgano de su propio cuerpo, es decir un acto de verdadero amor despojado de toda intencionalidad que no sea otra que busque el mejoramiento de la calidad de vida del receptor; y por otro lado, evitar el tráfico comercial de órganos de donantes vivos que conviertan la ablación en una fuente de ingresos en perjuicio del propio donante.

3.-Cuando el donante vivo no está comprendido dentro del reducido círculo de parentesco que prevé el art. 22 de la Ley 24.193, debe obtener la autorización judicial, a través del procedimiento especial urgente previsto en el art. 67 de la Ley 27.447; es decir que la ablación de órganos de un donante vivo constituye una excepción a la regla, por lo cual la autorización judicial debe ser concedida de manera restrictiva, cuando no quede duda alguna al sentenciante, apoyado en los estudios médicos previos de histocompatibilidad y en los informes de los profesionales.

Fallo:

N.R: Se advierte que este fallo no se encuentra firme.

San Juan, 21 de julio de 2020.

VISTOS: Los presentes autos venidos a despacho para resolver definitiva el pedido de Autorización Judicial de Ablación de Órgano (uno de los riñones), en los términos de los arts. 22 y 67 de la Ley Nacional Nº 27.447, formulado a fs. 25/31 por la Sra. (DNI: ), para serle implantado al Sr. (DNI: ), quien padece una Insuficiencia Renal Crónica Terminal desde el año 2015. Relata que conoce a desde que era un niño, por ser amiga de su hermana toda la vida y de su familia; habiendo sido vecinos en su infancia y juventud, compartido juntadas, fiestas y cumpleaños familiares. Que vió el deterioro de su amiga , por padecer la misma enfermedad que , ya que es genética; y también presenció su recuperación, habiéndole ofrecido a aquella donarle su riñón, lo que no se llevó a cabo por recibir la donación de un riñón de un donante cadavérico, pero que ya se había sometido a todos los estudios para llevar a cabo la ablación. Luego de todo eso, comenzó a ver el deterioro de , por lo que ante esa situación, decidió ayudarlo, ofreciéndole donarle mi riñón; por lo que voluntariamente comenzó a realizar los estudios para determinar la compatibilidad de ambos, de los que resultó la compatibilidad necesaria para llevar adelante el procedimiento.

Agrega que ha sido debidamente informada, de manera suficiente y clara, de los riesgos de la operación de ablación e implante, sus secuelas físicas y psíquicas, ciertas o posibles, la evolución previsibles y las limitaciones resultantes, como las posibilidades de mejoría que verosimilmente pueden resultar para ; siendo la donante una personamente plenamente capaz, prestando su consentimiento para realizar la intervención quirúrgica de ablación de uno de sus riñones y su posterior implante al Sr.Aclara que agotó todos los medios y alternativas terapéuticas posibles para lograr la mejoría, quedándole como último recurso, someterse a un transplante de riñón, ya que padece Insuficiencia Renal Crónica (IRC) Estadio 5, en tratamiento sustitutivo renal desde el 03/09/2018.

Con Nefropatía secundaria, comenzando hemodiálisis por síntomas urémicos y en la actualidad diálisis peritoneal; agregando que el deterioro es progresivo, ya que actualmente sus dos riñones no le funcionan, se dializa cuatro veces al día, durante dos horas cada vez, por lo cual le impide realizar una vida normal ni social; todo lo cual ha ido provocando otras enfermedades colaterales que enumera. En suma, teniendo en cuenta la edad de (36 años), y su buen estado general en que se encuentra, el tiempo en lista de espera y la indicación médica, y no existiendo tratamiento curativo más que el transplante, es que solicita la autorización judicial. Cita Jurisprudencia y funda en derecho.

A fs. 33 se imprime a la causa trámite especial urgente conforme Ley Provincial 562-Q y Ley Nacional 27.447, convocando de inmediato al donante y receptor a audiencia personal en los términos del art. 67 inc. b) de la Ley 27.447, por lo cual se ordena la notificación de la causa a la Sra. Agente fiscal (lo que consta a fs. 33 vta.), y ordenando la designación de oficio y por la urgencia del caso de un Médico Forense, Médico psiquiatra y Asistente Social; a tales fines se efectúan las comunicaciones por correo electrónico al Cuerpo Médico Forense y a la Secretaría Social, ambos del Poder Judicial de San Juan, sin perjuicio de remitirse la causa a la Secretaría Social, lo que consta a fs. 34, constando a fs. 35 la designación de la Lic. Vaninan Cerdera y del Dr. Alfredo Venturini; por su parte a fs. 35 bis, obra designación de la Dra. María Beatriz Vazquez. A fs.36 obra Acta de Audiencia Personal con donante y receptor, con la asistencia de todos los profesionales citados en el párrafo anterior; en dicho acto se requiere Informe Médico a la Perito Médico, Dra. Vazquez, al Perito Psquiatra, Dr. Venturini, y a la Lic. Cerdera; constando a fs. 37 y 52/56 los informes respectivos. A fs. 57 se ordena finalmente, correr vista a la Sra. Agente Fiscal, quien evacúa la misma con dictamen obrante a fs. 58/59. A fs. 60 se llama autos a resolver.

Y CONSIDERANDO:

Al proceso se le ha dado el trámite que la ley prevé y el llamamiento de autos consentido y firme ha purgado todo vicio de procedimiento que pudiere dar lugar a una eventual nulidad (P.R.E. 212-214/78). Que la acción instaurada por la Sra. tiene fundamento legal en el ámbito nacional en la Ley Nº 27.447 (B.O.: 26/07/2018), la que tiene por objeto regular las actividades vinculadas a la obtención y utilización de órganos, tejidos y células de origen humano, en todo el territorio de la República Argentina, incluyendo la investigación, promoción, donación, extracción, preparación, distribución, el trasplante y su seguimiento. (art. 1). Dicha norma en su art. 71, deroga la Ley Nacional Nº 24.193 (B.O.: 26/04/1993); y en el ámbito local, en la Ley Provincial Nº 562-Q. Ahora bien, las normas mencionadas solo han previsto la ablación de órganos de donante vivo en un reducido círculo de parentesco del receptor. En efecto, el art. 22 dice: Limitación. Sólo estará permitida la ablación de órganos y tejidos en vida con fines de trasplante sobre una persona capaz mayor de dieciocho (18) años, quien puede autorizarla únicamente en caso de que el receptor sea su pariente consanguíneo o por adopción hasta el cuarto grado, o su cónyuge, o una persona con quien mantiene una unión convivencial, conforme la normativa vigente.En todos los casos es indispensable el dictamen favorable de los profesionales a cargo de la realización del trasplante.; norma que guarda una similar redacción al anterior art. 15 de la Ley 24.193.

Dicha limitación legal no es caprichosa, ya que el espíritu del legislador ha sido el de amalgamar por un lado, un acto de extrema generosidad humana, como es la donación por parte de un donante vivo de un órgano de su propio cuerpo, es decir un acto de verdadero amor despojado de toda intencionalidad que no sea otra que busque el mejoramiento de la calidad de vida del receptor; y por otro lado, evitar el tráfico comercial de órganos de donantes vivos que conviertan la ablación en una fuente de ingresos en perjuicio del propio donante.

De este modo, cuando el donante vivo no está comprendido dentro del reducido círculo de parentesco que prevé el art. 22 citado, debe obtener la autorización judicial, a través del procedimiento especial urgente previsto en el art. 67 de la Ley Nº 27.447; es decir que la ablación de órganos de un donante vivo constituye una excepción a la regla, por lo cual la autorización judicial debe ser concedida de manera restrictiva, cuando no quede duda alguna al sentenciante, apoyado en los estudios médicos previos de Histocompatibilidad y en los informes de los profesionales, auxiliares de justicia, que no solo estudian el caso particular desde la perspectiva físico-médica, sino también desde un abordaje psíquico, social, familiar y económico de ambos sujetos intervinientes. Dicho ello, del análisis del expediente, se destaca que la causa ingresó al Juzgado a mi cargo el 02/07/2020 (fs. 31), fijando el mismo día, audiencia para el 08/07/2020 (fs. 33), la que se desarrolló con la presencia de la donante (Sra. ), de su letrada (Dra. Baigorria), del receptor (Sr. Barrera), y la asistencia de la Médica Forense, Dra. María Beatriz Vazquez (del Cuerpo Médico Forense del Poder Judicial de San Juan); el Médico Psiquiatra, Dr.Alfredo Venturini; la Asistente Social, Lic. Vanina Cerdera (ambos de la Secretaría Social del Poder Judicial de San Juan); la Sra. Agente Fiscal, Dra. Beatriz Gil de Usín; y con mi presencia. En dicho oportunidad, todos los profesionales, funcionarios y magistrados presentes interrogaron exhaustivamente a la donante y al receptor, a fin de despejar cualquier duda y/o suspicacia que pudiera existir, siendo indagados en cuanto a sus aspectos familiares, económicos, físicos, sociales, laborales, etc; incluso si la donante tenía cabal conocimiento e información respecto al acto de la donación y las implicancias o posibles secuelas físicas y/o psíquicas que dicha decisión podrían conllevar; como así también respecto a la posibilidad de ser rechazado el cuerpo extraño (riñón) aún en caso de ser perfectamente compatible; todo lo que consta en el Acta de Audiencia de fs. 36.

A fs. 37 la Médica Forense, Dra. María Beatriz Vazquez emite dictamen médico y adjunta estudio de Histocompatibilidad aportado por la donante; concluyendo que cumpliría con las condiciones de ser transplantado y la Sra. , cumpliría con las condiciones de ser donante. A fs. 52/56 obra Informe Interdisciplinario, suscripto por el Médico Psiquiatra, Dr. Alfredo Venturini y la Asistente Social, Lic. Vanina Cerdera (de la Secretaría Social del Poder Judicial de San Juan); ambos profesionales, auxiliares de justicia, luego de entrevistar al donante y receptor en sus respectivos domicilios, concluyen que la ablación de órganos que ha ofrecido la Sra. al Sr. , y que éste ha aceptado, es una decisión libre, autónoma y con el conocimiento cabal de todas las implicancias que este acto deriva. Por su parte, a fs. 58/59 obra dictamen de la Sra. Agente Fiscal, quien concluye: «Conforme a lo expresado, analizando los presentes actuados, fundamentalmente la audiencia que luce a fs.36 y vta., informe de la médica forense . e informe interdisciplinario de la Licenciada en Trabajo Social . y del . médico Psiquiatra ., considero que se encuentra plenamente verificado la ausencia de todo interés económico y la absoluta gratuidad del acto en la forma que lo exige la Ley 27.447, dándose así cumplimiento a la legislación aplicable.

Concluyendo, habiendo sido descartado todo indicador de compromisos materiales ni presiones, considero que dándose las condiciones de compatibilidad orgánica entre las partes, corroborar la viabilidad del planteo. En base a todo lo expuesto, habiéndose dado estricto cumplimiento al pr ocedimiento especial urgente previsto en el art. 67 de la Ley 27.447, constancias documentales aportadas por los interesados, y los diferentes infórmes emitidos por los auxiliares de justicia y contando con dictámen favorable del Ministerio Público; estimo prudente y justo conceder autorización judicial para efectuar transplante de órgano (riñón) de donante vivo, habiéndose descartado cualquier tipo de intencionalidad material y/o económica en la persona de la donante, que no sea otra que su verdadera finalidad altruista en vista al mejoramiento de la calidad de vida del receptor, con quien le une una relación de amistad de años. De más está decir que, si bien la Sra. ha prestado en todo momento su expreso consentimiento a donar uno de sus riñones, se deja a salvo su derecho a revocar su consentimiento, en los términos del art. 27 de la Ley 27.447 que dice: Revocación del consentimiento. En todos los casos el consentimiento brindado para la ablación o para la implantación puede ser revocado hasta el instante mismo de la intervención quirúrgica, mientras se conserve la capacidad de expresar su voluntad, sin responsabilidad alguna. Asimismo, la retractación del dador no genera obligación de ninguna clase. Por todo lo expuesto, y normas jurídicas citadas; RESUELVO:

1) Conceder Autorización Judicial a la Sra. (DNI: ), para someterse a intervención quirúrgica de ablación de uno de sus riñones, para serle transplantado al Sr. (DNI: ), quien padece Insuficiencia Renal Crónica Terminal; en consecuencia, póngase en conocimiento de la presente resolución, a los profesionales médicos e instituciones sanatoriales públicas y/o privadas donde se vaya/n a realizar las intervenciones quirúrgicas pertinentes y necesarias para tal fin.

2) Regular los honorarios profesionales de la Dra. EMMA BAIGORRIA en la suma de Pesos .($.); importe que se fija a la fecha de la presente sentencia y conforme las pautas que brinda el art. 13 de la Ley 56-O, por carecer la causa de contenido económico. Protocolícese, agréguese copia en autos y notifíquese.

Fuente: Microjuris

Conforme las normas vigentes se hace saber que las sentencias que se replican en este blog son de carácter público y sólo el órgano jurisdiccional del que emana la decisión impondrá limitaciones a su publicación por razones de decoro o en resguardo de la intimidad de la parte o de terceros que lo hayan solicitado de manera expresa.

martes, 11 de agosto de 2020

Se publica en el B.O la Ley 27553 de recetas electrónicas o digitales

Ley 27553 - Recetas electrónicas o digitales
Fecha de publicación 11/08/2020

El Senado y Cámara de Diputados de la Nación Argentina reunidos en Congreso, etc. sancionan con
fuerza de Ley:

Artículo 1º- La presente ley tiene por objeto:

a) Establecer que la prescripción y dispensación de medicamentos, y toda otra prescripción, puedan ser redactadas y firmadas a través de firmas manuscritas, electrónicas o digitales, en recetas electrónicas o digitales, en todo el territorio nacional;

b) Establecer que puedan utilizarse plataformas de teleasistencia en salud, en todo el territorio nacional, de conformidad con la ley 25.326 de Protección de los Datos Personales y la ley 26.529 de Derechos del Paciente.

Toda prescripción electrónica o digital y plataforma de teleasistencia en salud que reúnan los requisitos técnicos y legales son válidas de acuerdo a la legislación vigente que no se encuentre modificada por la presente ley.

Artículo 2º- La presente ley es de aplicación para toda receta o prescripción médica, odontológica o de otros profesionales sanitarios legalmente facultados a prescribir, en los respectivos ámbitos de asistencia sanitaria y atención farmacéutica pública y privada.

Los medicamentos prescriptos en recetas electrónicas o digitales deben ser dispensados en cualquier farmacia del territorio nacional, servicios de farmacia de establecimientos de salud y establecimientos del sector salud habilitados para tal fin, acorde a las disposiciones vigentes. Asimismo, se aplica para toda plataforma de teleasistencia en salud que se utilice en el país.

Artículo 3º- La autoridad de aplicación de la presente ley será establecida por el Poder Ejecutivo nacional, coordinando su accionar con las autoridades jurisdiccionales competentes y los organismos con incumbencia en la materia que dichas autoridades determinen, quienes definirán por vía reglamentaria los plazos necesarios para alcanzar la digitalización total en prescripción y dispensación de medicamentos, toda otra prescripción, y regular el uso de plataformas de teleasistencia en salud.

El Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados deberá ser convocado por la autoridad de aplicación a los fines de colaborar en la reglamentación que se dicte a tal efecto.

Artículo 4º- Para la implementación de la presente ley se deben desarrollar y/o adecuar los sistemas electrónicos existentes y regular su implementación para utilizar recetas electrónicas o digitales, y plataformas de teleasistencia en salud, todo lo cual debe regular el organismo que el Poder Ejecutivo nacional oportunamente establezca y los organismos que cada jurisdicción determine.

Asimismo, dichos organismos son los responsables de la fiscalización de los sistemas de recetas electrónicas o digitales, y de los sistemas de plataformas de teleasistencia en salud, quienes deben garantizar la custodia de las bases de datos de asistencia profesional virtual, prescripción, dispensación y archivo. También son responsables de establecer los criterios de autorización y control de acceso a dichas bases de datos y garantizar el normal funcionamiento y estricto cumplimiento de la ley 25.326 de Protección de los Datos Personales, la ley 26.529 de Derechos del Paciente y demás normativas vigentes en la materia.

Artículo 5º- Modifícase el inciso 7 del artículo 19 de la ley 17.132, el que quedará redactado de la siguiente manera:

7. Prescribir o certificar en recetas manuscritas, electrónicas o digitales, en las que debe constar la siguiente información en idioma nacional: nombre, apellido, profesión, número de matrícula, domicilio, número telefónico y correo electrónico cuando corresponda. Solo pueden anunciarse cargos técnicos o títulos que consten registrados en la autoridad de aplicación competente y en las condiciones que se reglamenten. Las prescripciones y/o recetas deben ser formuladas en idioma nacional, fechadas y firmadas en forma manuscrita, electrónica o digital. En caso de ser redactadas electrónicamente, la firma y demás requisitos técnicos y legales deben adecuarse a la legislación vigente. En caso de utilizar la firma digital, la misma debe adecuarse a la ley 25.506, de firma digital, adhiriendo al régimen e intermediando una autoridad certificante.

Artículo 6º- Incorpórase el artículo 2° bis al título I de la ley 17.132, el que quedará redactado de la siguiente manera:

Artículo 2° bis: Se habilita la modalidad de teleasistencia para el ejercicio de la medicina, odontología y actividades de colaboración de las mismas, garantizando los derechos establecidos en la ley 26.529 de Derechos del Paciente. La teleasistencia puede desarrollarse solo para prácticas autorizadas a tal fin, de acuerdo a protocolos y plataformas aprobadas para la misma por la autoridad de aplicación.

Artículo 7º- Modifícase el artículo 3º de la ley 23.277, el cual quedará redactado de la siguiente manera:

Artículo 3º: El psicólogo puede ejercer su actividad autónoma en forma individual y/o integrando equipos interdisciplinarios, en forma privada o en instituciones públicas o privadas que requieran sus servicios.

En ambos casos pueden hacerlo a requerimiento de especialistas en otras disciplinas o de personas que voluntariamente soliciten su asistencia profesional. Pueden desarrollar el ejercicio de estas actividades a través de plataformas de teleasistencia previamente habilitadas para tal fin y autorizadas por la autoridad de aplicación, de acuerdo a protocolos y plataformas aprobadas por la misma y garantizando los derechos establecidos en la ley 26.529 de Derechos del Paciente.

Artículo 8º- Modifícase el artículo 9° de la ley 17.565, el que quedará redactado de la siguiente manera:

Artículo 9°: En las farmacias el expendio de drogas, medicamentos o especialidades medicinales se ajusta a las siguientes formas de acuerdo a lo que establezca la legislación vigente o determine la autoridad sanitaria:

1. Expendio legalmente restringido;

2. Expendio bajo receta archivada;

3. Expendio bajo receta;

4. Expendio libre.

Deben conservarse las recetas correspondientes a los puntos 1 y 2, en formato papel o digital, durante un plazo no menor de tres (3) años, después de dicho plazo pueden ser destruidas o borradas, previa comunicación a la autoridad sanitaria.

Artículo 9º- Modifícase el artículo 10 de la ley 17.565, el que quedará redactado de la siguiente manera:

Artículo 10: En las farmacias deben llevarse los siguientes registros o archivos digitales habilitados por la autoridad sanitaria:

a) Recetario;

b) Contralor de estupefacientes;

c) Contralor de psicotrópicos;

d) Inspecciones;

e) Otros registros o archivos digitales que la autoridad competente estime pertinentes. Éstos deben ser aprobados por la autoridad sanitaria.

Deben llevarse en forma legible y sin dejar espacios en blanco, sin alterar el orden de los asientos de las recetas despachadas y sin enmiendas ni raspaduras. La autoridad sanitaria puede autorizar otro sistema copiador de recetas, siempre que el mismo asegure la inalterabilidad de los asientos. En caso de que estos libros sean llevados electrónicamente, la firma y demás requisitos técnicos y legales deben adecuarse a la legislación vigente y a lo que establezca la autoridad de aplicación, asegurando la inalterabilidad de los registros.

Artículo 10.- Incorpórase el artículo 21 bis a la ley 17.818, el que quedará redactado de la siguiente manera:

Artículo 21 bis: En caso de que las recetas mencionadas en la presente ley sean redactadas electrónicamente, o en caso de que los registros obligatorios sean llevados electrónicamente, la firma y demás requisitos técnicos y legales deben adecuarse a la legislación vigente y a lo que establezca la autoridad de aplicación.

Artículo 11.- Incorpórase el artículo 18 bis a la ley 19.303, el que quedará redactado de la siguiente manera:

Artículo 18 bis: En caso de que las recetas mencionadas en la presente ley sean redactadas electrónicamente, o en caso de que los registros obligatorios sean llevados electrónicamente, la firma y demás requisitos técnicos y legales deben adecuarse a la legislación especial vigente y a lo que establezca la autoridad de aplicación.

Artículo 12.- Todos los procedimientos relativos a la regulación de la prescripción, dispensa y circuitos para la provisión de estupefacientes y psicotrópicos (importación, exportación, formularios y recetarios oficiales, libros, registros o archivos obligatorios, vales y cualquier otra documentación inherente a los mismos) deben, a partir de la presente ley, ser digitalizados según los plazos y criterios fijados por la autoridad competente.

Artículo 13.- Los sistemas aludidos en la presente ley deben contemplar el cumplimiento de todas las normativas vigentes que regulan toda la cadena de comercialización de medicamentos incluyendo los requisitos de trazabilidad de éstos y de la firma manuscrita, electrónica o digital. También debe contemplarse la emisión de constancia de teleasistencia, prescripción y dispensación para los pacientes, por vía informatizada o impresión de dicha constancia y la posibilidad de bloqueo por el farmacéutico cuando exista error manifiesto en la prescripción, para que el prescriptor pueda revisar, anular o reactivar según el caso.

La autoridad de aplicación puede realizar los convenios de colaboración y coordinación necesarios con los colegios de profesionales de la salud y los colegios de farmacéuticos a los efectos de hacer ejecutable el objeto previsto en la presente ley.

Artículo 14.- Invítase a las provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a adherir a la presente ley.

Artículo 15.- El Poder Ejecutivo nacional reglamentará la presente ley dentro de los ciento veinte (120) días de su promulgación.

Artículo 16.- Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional.

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONGRESO ARGENTINO, EN BUENOS AIRES, A LOS VEINTITRES DIAS DEL MES DE JULIO DEL AÑO DOS MIL VEINTE.

REGISTRADA BAJO EL N° 27553

CLAUDIA LEDESMA ABDALA DE ZAMORA - SERGIO MASSA - Marcelo Jorge Fuentes - Eduardo Cergnul


Decreto 664/2020
DCTO-2020-664-APN-PTE - Promúlgase la Ley N° 27.553.

Ciudad de Buenos Aires, 10/08/2020

En uso de las facultades conferidas por el artículo 78 de la CONSTITUCIÓN NACIONAL, promúlgase la Ley Nº 27.553 (IF-2020-48544799-APN-DSGA#SLYT), sancionada por el HONORABLE CONGRESO DE LA NACIÓN en su sesión del día 23 de julio de 2020.

Dése para su publicación a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL, gírese copia al HONORABLE CONGRESO DE LA NACIÓN y comuníquese al MINISTERIO DE SALUD. Cumplido, archívese. FERNÁNDEZ - Santiago Andrés Cafiero - Ginés Mario González García

Fecha de publicación 11/08/2020