jueves, 13 de junio de 2019

Obra social debe indemnizar a afiliada por mala praxis en operación de vejiga

Confirman una sentencia que ordenó a una obra social resarcir a una afiliada por mala praxis en una operación de vejiga, que le provocó problemas físicos y psicológicos.

Resultado de imagen para operacionLa Sala I de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal –integrada por los jueces María Susana Najurieta y Fernando A. Uriarte- resolvió en la causa “G. A. c/ Obra Social Bancaria Argentina Policlínico Bancario s/ daños y perjuicios” confirmó una sentencia que condenó a la parte demandada a abonar a la actora un resarcimiento comprensivo de incapacidad, daño moral y gastos diversos; modificándola en cuanto a la indemnización, elevando los montos admitidos por daño moral a la suma de $ 200.000 a valores históricos y a la suma de $ 130.000 a valores actuales por el rubro gastos futuros de tratamiento psiquiátrico y psicológico.

Para así resolver, el juez de grado tuvo por demostrado que la demandada no había facilitado la historia clínica de la actora de manera que se ignoraron los antecedentes que condujeron a la operación de vejiga con colocación de malla el día 4 de abril de 2005 -y las razones por las cuales se descartó otro tipo de tratamiento-, lo cual obstaculizó la tarea del perito designado de oficio y entorpeció la posibilidad de establecer los nexos causales entre el accionar médico y los resultados.

Durante la operación se produjo una fístula uretrovaginal que agravó su cuadro inicial y condujo a incontinencia permanente, con todas sus consecuencias físicas y psíquicas, determinando la necesidad de una nueva intervención quirúrgica que, si bien pudo cerrar la fístula, no solucionó el problema original de la actor.

El magistrado de la primera instancia juzgó que -aun cuando la actora no había demandado al médico que intervino en las operaciones, quien integraba el plantel de la Policlínica bancaria al tiempo de los hechos y cuyo paradero se desconocía- existía claridad en el expediente en cuanto al incumplimiento de la obra social de sus deberes de organización eficiente de la atención médicasanatorial de la actora.  Frente a ello, la demandada apeló la resolución.

Los jueces que componen la Sala I de la Cámara de Apelaciones consideraron que “el juez expuso los fundamentos por los cuales responsabilizó a la obra social demandada” y que la obra social no logró refutar en sus fundamentos aquellas resoluciones,  por lo que declararon desierto el agravio de la demandada.

Respecto a los hechos, el Tribunal evaluó de las declaraciones testimoniales que a raíz de la mala praxis “la paciente sufrió – al menos durante dos años- una completa modificación de su vida familiar y de su proyecto de vida, experimentando un cuadro de aislamiento y depresión grave, con ansiedad y secuelas psíquicas” y que por dicho daño psíquico merece una indemnización de $ 200.000.

En esa línea, según un informe del experto que determinó que la damnificada “requiere seis meses de sesiones de psiquiatría (treinta sesiones), con el correspondiente tratamiento farmacológico, y dos años de tratamiento psicológico con una frecuencia de una sesión por semana (ciento cuatro sesiones)”, el Tribunal concluyó que los montos también deben ser cubiertos por la obra social, lo cual, a valores actuales -dado que se trata de gastos a realizar en el futuro- arrojó una suma de $ 130.000.


Conforme las normas vigentes se hace saber que las sentencias que se replican en este blog son de carácter público y sólo el órgano jurisdiccional del que emana la decisión impondrá limitaciones a su publicación por razones de decoro o en resguardo de la intimidad de la parte o de terceros que lo hayan solicitado de manera expresa.

martes, 11 de junio de 2019

Cómo es el novedoso método de "prender y apagar" genes para la posible cura de enfermedades graves

Investigadores de distintas nacionalidades realizaron avances en el entendimiento de la maquinaria de organización genómica de las células, un avance clave para tratar algunos tipos de cáncer.

Resultado de imagen para genomicaEntender el funcionamiento de nuestros genes es una tarea cada vez más útil y acertada para combatir enfermedades que pocos años atrás parecían imposibles de derrotar.

Y en medio de la revolución tecnológica-médica que vivimos, el avance en los estudios genéticos resulta clave para dar más esperanzas de vida. Así, un equipo internacional de científicos con participación de investigadores del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) de España logró avanzar en la comprensión del funcionamiento de la maquinaria de organización genómica de las células.

Los estudios realizados, cuyos resultados se publicaron en la revista 'Nature', profundizan en la compleja interacción entre la cromatina (estructura que representa la base de los cromosomas eucarióticos) y una serie de proteínas reguladoras, que actúan como interruptores que activan o silencian el genoma.

Con vastos ejemplos, los investigadores explican que el cuerpo humano contiene una "gran variedad" de tipos celulares. "Cada tipo está caracterizado por la expresión de un conjunto específico de genes. En animales, plantas y hongos, el ADN, que es la estructura básica de los genes, está empaquetado con proteínas para formar la cromatina", detallan en el estudio.

Así, exponen que el control de la expresión génica requiere de una "compleja interacción" entre la cromatina, que contiene el mensaje hereditario, y las proteínas reguladoras.

"Esta interacción se puede traducir en que distintas regiones del genoma se encuentren activas (eucromatina) o silenciadas (heterocromatina). En general, la heterocromatina se acumula en la periferia de los núcleos, mientras que la eucromatina se encuentra en el interior de estos", añaden.

Para identificar las proteínas implicadas en la separación entre eucromatina y heterocromatina y su posicionamiento dentro de los núcleos, los investigadores diseñaron una serie de experimentos empleando como organismo modelo un 'Caenorhabditis elegans', ununa especie de nematodo de la familia Rhabditidae que mide aproximadamente 1 mm de longitud y vive en ambientes templados.

"Aunque se trata de un animal pequeño y con una morfología simple, comparte muchos genes con otros organismos y con los humanos. Además, es transparente, lo que permite estudiar sus tejidos 'en vivo' durante el desarrollo embrionario", argumentan.

"La regulación de la cromatina es importante para mantener la identidad de las células y para evitar su proliferación excesiva. Cada vez existe más evidencia de que las modificaciones epigenéticas, que son las alteraciones en las proteínas asociadas al ADN, son importantes en muchos tipos de enfermedades, incluido el cáncer", señala uno de los responsables del trabajo, el investigador del CSIC Peter Askjaer, que trabaja en el Centro Andaluz de Biología del Desarrollo (CSIC-Universidad Pablo de Olavide-Junta de Andalucía).

En este trabajo, los científicos han identificado una proteína denominada MRG-1 (conocida como MRG14 o MORF4L1 en humanos) como responsable de la acumulación de heterocromatina en la periferia nuclear durante el desarrollo temprano.

"Hemos descubierto que, en ausencia de MRG-1, otras proteínas de la eucromatina invaden las regiones de heterocromatina y cambian su actividad y posición. En otras palabras: MRG-1 es necesaria para restringir el acceso de los factores de expresión genética de la eucromatina a la heterocromatina", asegura Askjaer.

Fuente: Infobae

lunes, 10 de junio de 2019

Fallo ordena a obra social otorgue cobertura de aceite de cannabis a joven que padece epilepsia, de acuerdo a lo indicado por su médico tratante

Confirmaron una sentencia que ordenó a  una obra social a brindarle la cobertura total de diez unidades de Aceite de Cannabis a una joven que padece epilepsia, por orden de su médico tratante.

Resultado de imagen para cannabis medicinalEn la causa “MDMN CONTRA OBRA SOCIAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES (OBSBA) SOBRE INCIDENTE DE APELACION - AMPARO - SALUD-MEDICAMENTOS Y TRATAMIENTOS”, la Sala I de la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad de Buenos Aires confirmó una sentencia que ordenó a  ObSBA a brindarle: “la cobertura total, íntegra y oportuna en un 100% de DIEZ (10) unidades de Aceite de Cannabis” a B.I, quien padece epilepsia.  La demanda fue promovida por la madre de la mencionada. Por su parte, la demandada apeló la sentencia.

La demandante refirió que su hija presenta crisis pluricotidianas (tónicas, tónico-clónicas, mioclónicas, ausencias y caídas cefálicas) con severa afectación de sus actividades de la vida diaria y compromiso de las funciones mentales superiores, y que dichas crisis producen “una pérdida brusca de conocimiento, que motiva caída al suelo si se está de pie y, además, provocan rigidez de todo el cuerpo en un inicio (fase tónica) y después movimientos rítmicos de todo el cuerpo (fase clónica)”.  Agregó que el médico de su hija ordenó complementar el tratamiento con aceite de cannabis, habiéndole confeccionado el 04/09/18 la receta que fue presentada ante la ObSBA para la cobertura del producto prescripto.

Contra dicha sentencia, la parte demandada interpuso recurso de apelación. Se agravió por cuanto, a su criterio, el tribunal de grado “soslayó que no existe evidencia científica ni eficacia comprobada respecto del medicamento peticionado por la amparista;  no tuvo en cuenta que la provisión del aceite de cannabis se encuentra en cabeza de Estado Nacional, en forma gratuita; excluyó infundadamente a Galeno Argentina S.A. de la obligación de proveérselo; no se encuentra incluída en el Plan Médico Obligatorio (PMO); no proveyó fundamento alguno que justifique las dosis cuya entrega ordena; y otorgó un exiguo plazo para el cumplimiento de la cautelar. Por lo demás apeló la sanción conminatoria dispuesta en autos”.

Los magistrados Mariana Diaz, Fabiana Schafrik de Nuñez y Carlos Balbín evaluaron que en la causa “se encuentra involucrada la salud de B.I.”, por lo que citaron que la normativa relativa a la protección del derecho a la salud -el cual se encuentra íntimamente relacionado con el derecho a la vida y el principio de autonomía personal- se encuentra en la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre (art. XI); la Declaración Universal de los Derechos Humanos (art. 25.1); y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (art. 12, incs. 1 y 2, ap. a).

“A su vez la ley Nº 24.901 prescribió que “las obras sociales (…) tendrán a su cargo con carácter obligatorio, la cobertura total de las prestaciones básicas enunciadas en la presente ley, que necesites las personas con discapacidad afiliadas a las misma…” (art. 2)” recordó el Tribunal, que también citó el artículo 28 de la ley Nº23.661 que dispone que “los agentes del seguro de salud deberán incluir obligatoriamente entre sus prestaciones a todas aquellas necesarias para la rehabilitación de las personas discapacitadas, debiendo asegurar también la cobertura de medicamentos que estas prestaciones exijan. Además, en atención a la patología que padece B.I —epilepsia refractaria— resulta de relevante importancia recordar que la ley Nº 25.404 se ocupa de garantizar a toda persona que padece de epilepsia el pleno ejercicio de sus derechos”.

Para concluir, los jueces afirmaron que "la situación de discapacidad de la joven y las repercusiones negativas en su salud e integridad física que provocaría la demora en la provisión del aceite de cannabis, justifica la necesidad de adoptar una solución urgente, teniendo en cuenta lo anteriormente expuesto y los derechos humanos en pugna, reconocidos por la Constitución y los tratados internacionales que la conforman, corresponde rechazar el agravio interpuesto».


Conforme las normas vigentes se hace saber que las sentencias que se replican en este blog son de carácter público y sólo el órgano jurisdiccional del que emana la decisión impondrá limitaciones a su publicación por razones de decoro o en resguardo de la intimidad de la parte o de terceros que lo hayan solicitado de manera expresa.

viernes, 7 de junio de 2019

Salud mental: Controversia por la ley que dispone reconvertir los hospitales psiquiátricos

Exige el cierre de los centros "monovalentes"; los especialistas, en estado de alerta; las autoridades aseguran que no se perjudicará a los pacientes ni se perderán empleos.

Resultado de imagen para salud mentalAdrián Besuschio es psiquiatra desde hace más de 25 años y trabaja en la Sala 21 del Hospital Borda, donde se internan pacientes con trastornos psiquiátricos crónicos. "Aquí hay personas con grandes dificultades para ser externadas por problemas sociales, familiares y habitacionales -afirma-. Es más fácil cambiarles el médico que la sala de internación; la sala reemplaza el lugar de la madre. Estamos muy preocupados".

Besuschio se refiere a la inminente entrada en vigor de la ley de salud mental sancionada en 2010, que dispone el cierre o "reconversión" de los hospitales psiquiátricos en 2020. La misma inquietud crece entre los profesionales por la desaparición de estos centros de referencia sin que se haya desarrollado una red de dispositivos intermedios que pueda reemplazarlos. Las asociaciones que nuclean a psiquiatras y psicoanalistas hicieron conocer un documento con fuertes críticas.

Desde el gobierno, Luciano Grasso, director nacional de Salud Mental, aclara que la información de que el 1º de enero se cerrarán los hospitales psiquiátricos es errónea. "Esta es una ley reconocida internacionalmente -destaca-. Plantea una perspectiva comunitaria y de atención primaria de la salud, en la que el cuidado debe brindarse de manera integral, interdisciplinaria e intersectorial. En los casos en que se tome la decisión de que todas las estrategias terapéuticas no permiten un tratamiento ambulatorio, la internación deberá ser en un hospital general y por un tiempo lo más breve posible. Pero nunca se tomará una decisión que pueda causar un perjuicio a los pacientes. El hospital monovalente se tiene que transformar hasta su sustitución definitiva. Estamos pensando en abrir más que en cerrar".

Reglamentada en 2013, entre otras disposiciones, la ley nacional de salud mental 26.657 cumple con los postulados del "Consenso de Panamá" y prohíbe abrir centros especializados en problemas mentales, públicos o privados. Según los especialistas, la norma fue redactada respondiendo a realidades ya superadas y sin tener en cuenta la actualización de estos centros de salud.

"La ley plantea un cuento de hadas -destaca Marcelo Cetkovich Bakmas, director del Departamento de Psiquiatría de Ineco-. Hoy no hay 'manicomios', hay hospitales especializados y nada hace pensar que podamos prescindir de ellos. Todos estamos de acuerdo en que las personas tienen que recuperarse en la comunidad, pero la ley ignora que existen trastornos graves. Hay instancias agudas que van a requerir hospitalizaciones que no se pueden hacer en hospitales generales porque el paciente neuropsiquiátrico necesita deambular, puede hacerse daño a sí mismo o a los demás. Si esto se concreta, se va a dar un fenómeno que ya se advierte en otras ciudades: aumentará la cantidad de personas en situación de calle, que no tendrán adónde ir".

Los profesionales también critican que, tanto en la ley como en la resolución, se mencione al psiquiatra casi tangencialmente y se sugiera que es reemplazable por psicólogos, médicos clínicos o agentes comunitarios. El documento que dio a conocer la Asociación de Psiquiatras Argentinos (APSA) y apoya la Asociación Psicoanalítica Argentina (APA) afirma que la división maniquea que coloca al médico psiquiatra del lado oscuro del encerrador autoritario, y al licenciado en psicología del lado opuesto es falsa. Si bien reconoce que la ley constituye un aporte al imponer de modo taxativo un piso mínimo de derechos para los pacientes con trastornos mentales, y al introducir parcialmente principios y propuestas consagradas por la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, el derecho a la atención y la protección de la salud mental, y jerarquizar la labor del equipo interdisciplinario, también tiene falencias importantes.

"El enemigo no es el hospital monovalente, sino un sistema sanitario vaciado, desfinanciado y exánime -subraya el documento-. Un sistema que no da respuesta a las necesidades reales de la población".

Otro punto de discordia surge en torno del desarrollo de "dispositivos intermedios", como casas de medio camino, hospitales de día o de noche, hogares comunitarios que permitan externar a los pacientes que estén en condiciones. "Esos modelos son aplicables en países donde se les paga un departamento o un hogar, y hay equipos interdisciplinarios que van a ver a las personas una vez por semana, las controlan, les llevan la medicación", afirma Besuschio.

"La ley estipula que hay que destinar un 10%del presupuesto de salud a los trastornos mentales, algo que está muy lejos de concretarse -coincide Claudia Borenstejn, presidenta de APA-. Cerrar hospitales de referencia solo puede explicarse por desconocimiento. Si cualquiera puede atender a un enfermo mental, ¿para qué existe la carrera de psiquiatría?"

Por su parte, Pablo Richly, director del Centro de Salud Cerebral, aunque coincide en que no es necesario mantener los hospitales de especialidad, advierte sobre la falta de dispositivos alternativos. "Mientras las condiciones de seguridad de la internación se cumplan en los hospitales generales, no hay razón de ser para los monovalentes -opina-. El problema está en la disponibilidad de recursos intermedios para dar respuesta a los casos crónicos. Cuando se cierra un monovalente y estos no están, la consecuencia es que esos pacientes van a la calle o a la cárcel. El problema es que esa red no existe. Eso es grave".

Fuente: La Nación