miércoles, 15 de agosto de 2018

Salta: Juzgado ordena a que obra social brinde cobertura total de medicamento

Un juzgado de Salta ordenó a una obra social la cobertura mensual, total y de manera ininterrumpida de un medicamento. El fallo indicó que la negación de la prestación coloca a la salud de la afiliada en una "situación de riesgo ".

Salud amparadaUna obra social deberá dar la cobertura mensual, total y de manera ininterrumpida de un medicamento a una afiliada. Así lo resolvió jueza en lo Civil y Comercial 1 de Tartagal, Griselda Nieto, en el marco de los autos “C. R. A. contra Instituto Provincial de Salud de Salta por Amparo".

La causa se inició por la acción de amparo de una afiliada contra el Instituto Provincial de Salud de Salta (IPSS) a fin de que condene a la demandada a restablecer el descuento de un medicamento indicado por su médico tratante.

La mujer fue diagnosticada con artritis reumatoidea con compromiso intersticial pulmonar e hipertensión pulmonar severa secundaria y disnea, además de insuficiencia respiratoria crónica. La amparista se encuentra en plan de trasplante pulmonar.

En marzo pasado, la obra social le informó a la mujer, quien es docente en ejercicio, que no podía entregarle el medicamento prescripto con el argumento de que la “Sociedad de Neumonología no justificaba lo solicitado”. 

“La denegación de la prestación coloca a la salud de la afiliada en una situación de riesgo que no alcanza a repararse con la solución propuesta por la demandada ya que la alternativa quirúrgica no es inmediata”, advirtió. 

En este escenario, la jueza consideró acreditado el diagnóstico y la indicación terapéutica del médico tratante y coincidió con el dictamen del Ministerio Público Fiscal en el sentido de que “el descuento antes autorizado no puede ser interrumpido, suspendido, dificultado ni dilatado si se manifiesta como una situación favorable a la paciente”.

“La denegación de la prestación coloca a la salud de la afiliada en una situación de riesgo que no alcanza a repararse con la solución propuesta por la demandada ya que la alternativa quirúrgica no es inmediata”, advirtió y resaltó que la amparista vive en una “ciudad alejada de los centros urbanos, donde dichas prácticas se realizan, por lo cual la distancia provoca mayores diferimientos para su concreción, sobre todo si se tiene en cuenta la frágil salud de la actora para efectuar traslados unida a la falta del medicamento”.

De este modo, consideró “arbitraria” la decisión de la obra social. “Se lesionan los derechos fundamentales a la vida”, explicó y concluyó que esto no libera a la paciente de continuar con el plan quirúrgico indicado terapéuticamente ya que la prescripción del medicamento “es una alternativa terapéutica provisoria”.

Fuente: Diario Judicial - Fallo completo disponible en el portal de la fuente citada

Conforme las normas vigentes se hace saber que las sentencias que se replican en este blog son de carácter público y sólo el órgano jurisdiccional del que emana la decisión impondrá limitaciones a su publicación por razones de decoro o en resguardo de la intimidad de la parte o de terceros que lo hayan solicitado de manera expresa.

martes, 14 de agosto de 2018

Los estudios genéticos y su cobertura a los pacientes con discapacidad

Es frecuente que los entes prestadores de servicios de salud para personas con discapacidad se rehúsen a la cobertura de los estudios genéticos, que en algunos casos se realizan en el exterior. Cuál es la respuesta de la Justicia para estos casos.

Los estudios genéticos y su cobertura a los pacientes con discapacidadLa Ley 24.901 instituye el sistema de prestaciones básicas para la atención de las personas con discapacidad, con el objeto de brindarles una cobertura integral a sus necesidades (art. 1).

Según esa norma, las obras sociales tendrán la obligación de brindar tales prestaciones básicas (art. 2) mediante servicios propios o contratados (art. 6). Obligación que se hace extensiva a las prepagas (Leyes 24.754 y 26.682).

Entre las prestaciones básicas que la Ley 24.901 describe a mero título enunciativo (art. 19), se hallan incluidas “b) Aquellos estudios de diagnóstico y de control que no estén contemplados dentro de los servicios que brinden los entes obligados en la presente ley (…); c) Diagnóstico, orientación y asesoramiento preventivo para los miembros del grupo familiar de pacientes que presentan patologías de carácter genético-hereditario” (art. 39). 

La jurisprudencia ha ido trazando una serie de directrices que no hacen más que corroborar el deber de cobertura de esta prestación, siempre y cuando se den ciertos parámetros. 

Sin embargo, y pese al claro texto legal, es muy frecuente que los entes prestadores de servicios de salud para personas con discapacidad se rehúsen a la cobertura de los estudios genéticos, algunos de los cuales se realizan en el exterior.

Esta realidad desemboca muchas veces en la promoción de un Amparo de Salud como último recurso para destrabar el conflicto y acceder a tan importante y costosa práctica.

Así, en los últimos años la jurisprudencia ha ido trazando una serie de directrices que no hacen más que corroborar el deber de cobertura de esta prestación, siempre y cuando se den ciertos parámetros.

En ese sentido, la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal ha reconocido que estos estudios permiten “orientar el seguimiento clínico de  la  paciente  así  como  el  pronóstico,  además  de  ofrecer asesoramiento  genético  a la pareja parental en cuanto al riesgo de  recurrencia,   con   miras   a  la  adopción  de  decisiones reproductivas  futuras” (R. V.  c/ OSDE s/ Amparo de Salud Nº 7.297/15, 29/03/16, Sala 1), y que amplían la posibilidad de brindar   un  diagnóstico  de  certeza, “fundamental  para  determinar  si  existe un tratamiento   específico,   manejar   de  forma  precoz  posibles comorbilidades  y principalmente brindar asesoramiento genético a la  familia" (F.M. c/ OSDE Binario SA s/ amparo de salud Nº 3.984/16, 9/03/17, Sala 3). 
 Cuando el afiliado es una persona con discapacidad, “goza del reconocimiento diferenciado de  derechos  que  el  legislador  le  confirió a ese universo de personas   al   sancionar   la  Ley  24.901. 

También destacaron que cuando el afiliado es una persona con discapacidad, “goza del reconocimiento diferenciado de  derechos  que  el  legislador  le  confirió a ese universo de personas   al   sancionar   la  Ley  24.901.  El  contrato  queda integrado,  entonces, no sólo con reglamentaciones internas de la accionada   sino   también   con   esa  ley  federal  que  hace inmediatamente  operativa la obligación de los agentes de salud y de  las  empresas  médicas  de  cubrir,  en forma “integral”, las prestaciones  enumeradas  a  partir   del  artículo  14, como así también  los servicios  específicos contemplados en los artículos 18  y  ss.  de  dicho  plexo  normativo.

Las leyes, no pueden ser interpretadas  en  forma  aislada;  tampoco  prescindiendo de los fines  que  las inspiran contraponiendo sus disposiciones con las del resto del ordenamiento jurídico” (Raschiotto, Santiago c/ OSDE s/ sumarísimo Nº 5.978/10, 28/04/11, Sala 3).

Por su parte, la Sala A de la Cámara Federal de Apelaciones de Rosario ha dicho que “Siendo que la tecnología y la medicina avanzan rápidamente en el tratamiento de diversas enfermedades, la normativa que regula las prestaciones médicas a cargo de las obras sociales resulta muchas veces atrasada e insuficiente, de lo cual se deriva la insoslayable consideración del Programa Médico Obligatorio como un piso básico y mutable de prestaciones, que se nutre de las nuevas técnicas y tiene un fin integral que supera el mero sufragio económico de la práctica médica” (P. L. c/ Obra Social Jerárquicos Salud s/ amparo Ley 16.986, 27.09.16).

Frente a estos argumentos, suelen los entes prestadores de servicios de salud alegar que, de acceder a la cobertura pretendida, sufrirían un irreparable perjuicio económico, con una seria afectación de su estado financiero. No obstante, no suelen acompañar pruebas que demuestren tales aseveraciones.

Además, ha de tenerse en cuenta que estos estudios generalmente se practican por única vez, representando un gasto que, proyectado en el tiempo, termina siendo menor que el de varias prestaciones de tracto sucesivo y a las que las obras sociales y prepagas no estilan oponerse.

En definitiva, detrás de esta sensible prestación, así como de cualquier otra vinculada a la salud de una persona con discapacidad, reposan no solo el derecho a la salud, sino también a la vida, calidad de vida y a la rehabilitación, todos los cuales encuentran su correlativa protección no solo en normativa muy específica, sino en diversos tratados de derechos humanos suscriptos por nuestro país, varios de ellos con jerarquía constitucional.

Fuente: Diario Judicial por el Dr. Alejandro Gardenal Elicabide es abogado especialista en discapacidad. 

lunes, 13 de agosto de 2018

"La sociedad necesitaba un poco de maduración", la conclusión del ministro Rubinstein sobre el debate del aborto

Confirmó que el Gobierno avanzará en la reforma del Código Penal para despenalizar el aborto. Consideró que hubo presiones de la Iglesia, pero que "el camino recién comienza".

La mañana siguiente a la frustrada ley de interrupción voluntaria del embarazo en el Senado, el ministro de Salud Adolfo Rubinstein viajó a Mendoza. Lideró una reunión del Consejo Federal de Salud con los 24 ministros de su área de las distintas provincias argentinas. La pregunta obligada fue cuál es el plan del gobierno después del rechazo de la ley: “Vamos a avanzar con la reforma del Código Penal y atender el reclamo de la sociedad”, asegura el ministro, en una charla con Clarín. 

Sin vueltas Rubinstein enumera lo nocivo que es el aborto clandestino: “El aborto existe y causa un enorme impacto, sobre todo, en las mujeres más pobres. Tenemos que darle una salida a las mujeres que quieren interrumpir su embarazo y lo tienen que hacer en condiciones de clandestinidad”. El día después del rechazo, el ministro dice que “no perdió amigos” en su defensa de la ley, más allá de que reconoce que hay una “grieta transversal” a todos los partidos. Sostiene que hubo un quiebre en el reconocimiento del aborto como un problema de salud pública y la “primera vez” que un ministro habló de interrupción legal del embarazo y mostró las estadísticas. “Si antes lo hacías, te echaban”, afirma.

-¿Qué sintió cuando el proyecto fue rechazado?

- Frustración porque en términos legales estamos igual que cuando comenzamos cinco meses atrás. Pero a la vez entiendo que se ha dado un enorme paso hacia adelante en tanto se ha propiciado un debate público en toda la sociedad. El aborto existe, es una realidad insoslayable y, en condiciones clandestinas, produce muertes que hay que solucionar.

- ¿Cuál es el plan B?

- Se va avanzar en el código Penal. Esto que pasó en el Congreso ha sido un enorme paso hacia adelante. Tal vez la sociedad necesitaba un poco de maduración del tema y los legisladores, claramente, lo necesitaban. También la idea del plebiscito puede ser una herramienta constitucional para promover el debate en estos temas sensibles y un nuevo proyecto de acá a un año.

- ¿Aún hay siete provincias que no adhirieron al aborto no punible?

- Ahora toda la sociedad está muy atenta a que se prevenga el aborto y no haya más obstáculos a la enseñanza de la educación sexual integral en todas las escuelas públicas y privadas. Vamos a trabajar para que la entrega de anticonceptivos no se obstaculice y que se aplique los protocolos de actuación en los casos en el que la interrupción del embarazo es legal. Tenemos que trabajar codo a codo con las provincias para que no haya más obstáculos.

-¿Por qué tantos médicos rechazan la práctica del aborto?

-Es difícil. Hay médicos militantes del rechazo pero la mayoría de las organizaciones médicas se han pronunciado a favor. Es atendible el caso del que se opone por sus creencias o convicciones individuales. Por otro lado, hay un entorno que estigmatiza al médico que realiza la interrupción de un embarazo, como algo oscuro, clandestino y por eso es importante el cambio normativo.

-¿Hubo presiones de la Iglesia?

- Sí, claramente la Iglesia jugó. Hubo muchos compromisos de todas las partes. Pero este es un camino que recién comienza. Hoy la sociedad está más vigilante, conoce la magnitud del problema y el movimiento social de las mujeres y los jóvenes que es indetenible.

- ¿Ese movimiento imparable lo advierte la dirigencia de Cambiemos?

- Sí. Las convicciones y las creencias personales deben estar separadas de las acciones que promueven y defienden el interés colectivo. Estamos como funcionarios para proteger el bien común. Esto es un enorme avance y hay que darle una salida al tema. Hacer cumplir los programas de salud reproductiva. Esperamos que cambie la normativa.

- ¿Está el Estado preparado para implementar los cambios?

- El sistema de salud pública está en condiciones de dar respuestas al aborto legal, hasta las semanas 12 o 14 de gestación. En el 90% de los casos es través del método farmacológico y no necesita de hospitales porque las complicaciones son menores.

- ¿Le preocupa la nueva grieta?

- Lo interesante es que teníamos una grieta política, los K contra anti K, que era irreconciliable, incluso entre familias. Ahora, por este debate tenemos una grieta transversal que permitió que aquellos que hace un mes atrás no podían hablarse, hoy se encontraron en posiciones comunes y eso hace bien a la democracia.

Fuente: Clarín

viernes, 10 de agosto de 2018

¿Y ahora se viene la despenalización del aborto?

Luego del rechazo del Senado al proyecto de ley que buscaba la legalización del aborto en la Argentina, el Poder Ejecutivo de la Nación confirmó que incluirá la despenalización de la práctica en la reforma del Código Penal.

¿Y ahora se viene la despenalización del aborto?Luego del rechazo por mayoría en el Senado de la ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE), el Poder Ejecutivo adelantó hoy que antes de fin de mes se presentará el proyecto de reforma al Código Penal, que incluirá un capítulo sobre la despenalización del aborto.

Marcos Peña explicó que el próximo 21 de agosto se presentará en el Congreso el proyecto de reforma, elaborado por una comisión especial, presidida el camarista de Casación Penal Mariano Borinsky, y señaló que “hace casi 100 años que no se actualiza integralmente” esta legislación, lo cual consideró “es algo necesario y que va generar lógicamente muchas discusiones”.  
El anteproyecto propone que la despenalización de la mujer que se somete a un aborto quede a criterio de un juez, aunque la asistencia médica garantizada por parte del Estado quedaría limitada a los casos de violación y riesgo de vida de la mujer, como la actual legislación.  
Por su parte, el ministro de justicia, Germán Garavano, para evitar la discusión alrededor de la discrecionalidad de los jueces, propuso directamente levantar el castigo a las mujeres que desean acceder a esta práctica.

Los magistrados que trabajaron en la propuesta de la despenalización del aborto buscaron un equilibrio que contemple todos los derechos constitucionales en juego, como el derecho a la vida y el derecho a la libre disponibilidad del cuerpo de la mujer y a su autonomía personal.

De esta manera, en caso que se apruebe por el Congreso de la Nación, el aborto continuaría siendo un delito, pero con más excepciones que en la actualidad. La modificación central es declarar no punible a la mujer que cause su propio aborto o consienta que otro se lo practique.

Si bien continuará siendo delito, no se podrá encarcelar a las mujeres por la práctica del aborto y se introducirá otra modificación central que establece que cualquier mujer puede interrumpir su embarazo en caso de que este provenga de un abuso sexual.

Según las cifras oficiales del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, entre 2007 y 2016 fueron condenadas 63 personas por distintos tipos de delitos relacionados con el aborto.

El anteproyecto propone que la despenalización de la mujer que se somete a un aborto quede a criterio de un juez, aunque la asistencia médica garantizada por parte del Estado quedaría limitada a los casos de violación y riesgo de vida de la mujer, como la actual legislación.

Fuente: Diario Judicial