miércoles, 8 de abril de 2020

Autorizaron a médicos retirados a trabajar en hospitales bonaerenses

Se trata de un decreto emitido por el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, en el marco de la pandemia por coronavirus.


El gobierno bonaerense autorizó que los médicos jubilados y los que se hayan acogido a un retiro voluntario puedan trabajar en el sistema sanitario en el marco de la pandemia de coronavirus y continuar cobrando sus haberes jubilatorios en forma conjunta con el sueldo.

A través del Decreto 213/2020 publicado este lunes en el Boletín Oficial provincial, se estableció un “régimen de compatibilidad” que “no afectará la normal y habitual percepción íntegra de los haberes jubilatorios, que se recibirán de manera conjunta con la respectiva remuneración mensual”.

La medida fue dispuesta ante la necesidad contar con el personal jubilado y/o retirado para el cumplimiento de las tareas que, directa o indirectamente, se vinculen al sistema de salud, “cualquiera sea la modalidad de contratación laboral de acuerdo a la legislación vigente”, a fin de que puedan prestar nuevamente servicios de manera excepcional, sin que ello afecte la normal y habitual percepción de los haberes jubilatorios.

También la norma determina que quienes hayan hecho uso del beneficio del retiro voluntario percibirán las cuotas pendientes junto con el salario.

Entre los fundamentos de la medida se remarca que este régimen de compatibilidad surge ante la "necesidad de contar con el personal jubilado o retirado para el cumplimiento de las tareas que, directa o indirectamente, se vinculen al sistema de salud en tanto la situación exige disponer de la mayor cantidad posible de personal especializado".

Se destaca también que “la velocidad en el agravamiento de la situación epidemiológica a escala internacional, requiere la adopción de medidas inmediatas para hacer frente a esta emergencia, adoptando medidas tendientes a la protección de la salud y la coordinación de esfuerzos en orden a fortalecer el personal necesario para satisfacer la demanda del sistema de salud”.

Pero la norma, además, establece algunas restricciones ya que se informa que no podrán trabajar quienes se hubieran jubilado “por invalidez o estuvieran al amparo de regímenes diferenciales por la realización de tareas insalubres, determinantes de vejez o agotamiento prematuro".

El decreto señala que "la provincia de Buenos Aires cuenta con numerosos beneficiarios del sistema previsional con formación y experiencia útil para optimizar aspectos de planificación, técnico funcionales y demás aportes de gestión que coadyuven a la eficacia de acciones estatales en esta materia".

En su artículo 5, “se faculta a los Ministras/os Secretarias/os en los Departamentos de Trabajo y de Jefatura de Gabinete de Ministros de la Provincia de Buenos Aires para dictar las normas complementarias y aclaratorias que resulten necesarias para la aplicación del presente”.

En el país, el número de muertos por coronavirus asciende a 48 muertos mientras que los infectados a 1554 de acuerdo a lo informado por el Ministerio de Salud de la Nación.

De las cuatro nuevas víctimas fatales registradas este domingo, dos vivían en la provincia Buenos Aires: se trata de un hombre de 72 años, y otro de 81 que falleció por una insuficiencia cardíaca, tras estar internado desde el 30 de marzo en el Sanatorio Nuestra de la Merced de Martín Coronado.

Por otra parte, de los 103 nuevos casos de personas infectadas difundidos; la mayor parte corresponde a residentes bonaerenses con 33 casos positivos.

Hasta la fecha en la Argentina se realizaron 9.705 test para saber si una persona está infectada o no. La cantidad comenzó a multiplicarse en los últimos días cuando se pusieron en funcionamiento otros laboratorios en el país que permitieron descentralizar el trabajo del Instituto Malbrán.

Argentina se ubica en el décimo lugar a nivel mundial en el ráanking de casos de infectados en relación a la totalidad de testeos de coronavirus realizados en el país con una tasa de positividad del 18,25 por ciento. Este porcentaje es el más alta de la región: significa que uno de cada cinco exámenes con el reactivo para detectar COVID-19 dio positivo.

Fuente: Infobae

martes, 7 de abril de 2020

Día Mundial de la Salud

En este Día Mundial de la Salud, la OMS conmemora la labor de la enfermería y partería bajo el lema “Apoyemos al personal de enfermería y partería”, al cual adherimos.

Queda en evidencia, en este contexto que estamos atravesando por la pandemia del COVID-19, la importancia de la labor de la enfermería. A lo largo de la historia, el personal de enfermería ha estado en primera línea en la lucha contra las epidemias y pandemias que amenazan la salud a nivel mundial, igual que sucede hoy. En todos los lugares del mundo están demostrando su compasión, valentía y coraje en la respuesta a la pandemia de COVID-19 “Los profesionales de enfermería son la columna vertebral de cualquier sistema de salud”

Por ello, es necesario que los países con mayor carencia de profesionales actúen generando más graduados, promoviendo su desarrollo para que el personal de enfermería y partería sea lo suficientemente sólido como para garantizar a todas las personas, en todo el mundo, el acceso a la atención sanitaria que necesitan.



Entre la prevención y la falta de intimidad

El investigador de la UNR se centra en los efectos y peligros de la circulación de datos personales en internet.


El impacto de la ciencia de datos, con especial acento en el manejo de big data en materia de salud, pone en juego importantes valores éticos y políticos. Diego Mendy de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Rosario investiga cómo los derechos a la intimidad y privacidad actúan bajo este paradigma.

Mendy ingresó a la Facultad en el 2014 y en ese momento conoció a la profesora Marianela Fernández Oliva, quien es la que supervisa actualmente el proyecto. El amplio equipo de investigación de la docente investiga el derecho de la salud desde diversas perspectivas. “Me preocupé por una de las ramas del derecho que no es de las más comunes: el derecho de la salud, que es transversal a las ramas clásicas”, explicó.

Haber padecido una enfermedad motivó a Diego a relacionar el derecho de la salud, la intimidad y la ciencia de datos. “Iba mucho a hacerme estudios y firmando consentimientos. Cuando comencé a recibir los estudios por mail me empecé a dar cuenta que no sólo yo tenía los resultados, sino que no conocía el número de copias que podía haber de los mismos”, relató.

Es común que se confundan los términos big data y ciencia de datos. Esta última se encarga de analizar grandes conjuntos de datos (big data) y obtener resultados para luego ser aplicados. “Un caso reciente de la utilización de la ciencia de datos es Taiwán, que gracias al procesamiento de los datos de China pudo contener COVID-19. Por ejemplo: cruzaron los historiales de vuelos, visitas médicas, rastrearon por GPS celulares para controlar la cuarentena, entre otras acciones. Desde temprano realizaron controles preventivos en vuelos de los tripulantes que venían de Hunan”, resaltó el investigador.

Sin embargo, esta utilización de datos es, en palabras de Mendy, “una herramienta de doble filo a la que el derecho debe mirar con cuidado”. Queda demostrado que el rol del Estado en materia sanitaria es fundamental y el uso de datos puede ayudar a salvar vidas, pero también cabe la posibilidad de que sean utilizados para otro fin.

Mendy remarca que el caso de Taiwán es paradójico porque es un país que fue golpeado por una epidemia de la que poco se habló en este lado del mundo: el SARS. “Fue un antecedente que lo puso en situación de alarma y que lo preparó para encarar una situación como esta. Por eso actuó como lo hizo, a diferencia de otros países, que por no tener experiencias anteriores, no están acostumbrados a lidiar con un contexto epidemiológico como el actual. Nuestro país no tiene muchos casos para comparar en territorio, lo más cercano fue la Gripe A que se desarrolló de manera diferente a la pandemia actual”, planteó.

Concretamente, desde el punto de vista del derecho, las dos respuestas para mitigar el mal uso de la ciencia de datos en salud, son el consentimiento informado y el anonimato. La investigación de Mendy analiza ambas herramientas y su eficacia porque cuando uno va a realizarse cualquier análisis firma un consentimiento voluntario de lo que se va hacer y “por lo general es lo que se denomina como ley espectáculo: está presente, se firma, pero nadie lo lee verdaderamente”.

El investigador recalca que si bien eso se implementó en un primer momento para achicar la brecha entre el conocimiento técnico del médico y el paciente, no terminó sirviendo a fines prácticos. “Para resolver esta cuestión algunos especialistas proponen la simplificación del contenido del consentimiento. Otros, en cambio, critican esta postura porque sugieren que construye lo que se llama ´falacia de la transparencia´, es decir, el contenido se diluye tanto que no refleja lo que verdaderamente va a pasar. Lo vemos en el sector salud, pero podemos encontrarlo en otros campos como por ejemplo las redes sociales”, aportó.

En cuanto al anonimato, se dice que los datos siempre podrán ser utilizados reservando la identidad del paciente, aunque no siempre sea así a causa de que el avance de la ciencia de datos es tan rápido que quizás se vulnere ese derecho. “La cuestión del anonimato es relativo porque depende con qué datos se combine y qué empresa lo utilice”.

Todas las legislaciones para estos casos establecen una serie de principios que deben respetarse y de no hacerse, se sancionará al infractor. Argentina cuenta con una Ley de Derechos del Paciente y una Ley de Protección de Datos Personales (actualmente en proceso de reforma) que amparan al ciudadano.

Aunque esas herramientas legales estén en funcionamiento, la realidad marca que hoy por hoy muy pocas empresas reciben sanciones. Hay casos concretos donde las vulneraciones pudieron ser constatadas, como por ejemplo la de un padre que recibía en el mail de su hija publicidad de pañales y artículos para bebés. “Esta persona acude a la empresa proveedora de esos productos, y le dicen que ellos publicitaban a base de un algoritmo que funcionaba a partir de datos que habían contratado. La cuestión era que tenían datos concretos a partir del celular de la chica, como por ejemplo la ubicación GPS, y habían llegado a la conclusión de que la hija del denunciante estaba embarazada. Es decir, se filtraron los datos y la empresa publicitaria lo supo antes que su propio padre”.

Otro caso que recuerda Mendy es el de Google Flu, aplicación que se desarrolló durante la Gripe A. Esta herramienta empezó a diagnosticar en tiempo real quién podría tener la enfermedad. “Recibió información de centros médicos de EEUU y combinados con su propia data pudo realizar una proporción de los casos. Fue exitosa en un primer momento pero con el correr de los meses empezó a sobredimensionar la cantidad de casos y se pudo comprobar que lo hacía porque el mismo paciente ingresaba más de una vez a recabar información y lo volvía a contar. Google tuvo que cerrar la aplicación y la reconvirtió en otro producto”.

La información es una gran herramienta en el campo de la salud. Con ella se pueden prevenir enfermedades y acceder a tiempo a los tratamientos idóneos para vencerlas. También son un gran aporte para la investigación y desarrollo de posibles curas. ¿Pero qué sucede cuando llega a manos ajenas a este sector? “Con los datos se puede conocer si un paciente tiene tendencias a sufrir un ACV, lo que constituye una revolución para la medicina porque le da tiempo de trabajar prematuramente. Sin embargo, si esa herramienta la tiene en poder una empresa que decide no contratar a una persona porque a lo mejor en diez o quince años pueda tener un ACV, se convierte en una vulneración de derechos. Son cuestiones para atender y un desafío a futuro para el derecho”.

Fuente: Página 12

viernes, 3 de abril de 2020

Cuarentena: fallo ordenó a Farmacity el cese de restricciones para provisión de medicamentos, con tratamiento preferente para afiliados de PAMI

Un fallo ordenó a Farmacity SA el cese de cualquier restricción a los afiliados del PAMI, debiendo otorgarse a los mismos la provisión de medicamentos en general, con un tratamiento preferente mientras dure la emergencia sanitaria del Covid-19.


El Juzgado Federal de Formosa N°1, a cargo del juez federal subrogante Fernando Carbajal, hizo lugar a la medida autosatisfactiva y ordenó a Farmacity SA con domicilio en la capital provincial, el cese de cualquier restricción a los afiliados del PAMI. Así deberá otorgarse a los mismos y a la provisión de medicamentos en general, un “tratamiento preferente” mientras dure la emergencia sanitaria decretada por el Poder Ejecutivo Nacional.

El caso llegó a la Justicia por la presentación del apoderado del Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (INSSJP), quien solicitó el dictado de una medida autosatisfactiva en favor de los afiliados. Denunció que los mismos se verían impedidos de acceder a adquirir los medicamentos que le son prescriptos en la farmacia Farmacity SA de la ciudad de Formosa.

El recurrente expuso que la firma “habría restringido el acceso de los afiliados del Instituto que representa, toda vez que no   atendería a los mismos los días sábados, domingos y feriados, y los restantes días solo darían treinta números diarios para atención”.

En la causa se aportaron actas de constatación realizadas en presencia de testigos de la situación relatada, de las cuales resultan que el personal de la firma “habría informado a los afiliados  que  la medida de restringir la atención a los afiliados del INSSJP obedecería a la reducción de personal de la empresa”.

El compareciente resaltó la “gravedad de la situación”, dado que los afiliados del Instituto “son parte de la población más vulnerable” frente a la pandemia del COVID-19.

El juez federal advirtió, en primer lugar, que la restricción en la atención a los afiliados del INSSJP por parte de la farmacia “obedecería a la falta y/o reducción de personal de la empresa”, dado que “todas las empresas y organismos públicos se encuentran afectadas a la cuarentana obligatoria dictada por el Poder Ejecutivo Nacional en virtud de la pandemia del Covid -19 y trabajando con personal reducido o de guardia”. 

Sin embargo, el magistrado cuestionó que se vea afectada por la restricción “la población más vulnerable” a la infección,  ya que los afiliados del Instituto denunciante son, en su gran mayoría, jubilados mayores de 60 años.

“Entiendo entonces que la farmacia denunciada podrá reducir el personal, como política empresarial y/o en consonancia con la cuarentena obligatoria que estamos transcurriendo, pero deberán garantizar la atención a los afiliados del INSSJP, y arbitrar todos los medios necesarios para cubrir las necesidades de los mismos, respetando las medidas de prevención que sean necesarias” concluyó.


Conforme las normas vigentes se hace saber que las sentencias que se replican en este blog son de carácter público y sólo el órgano jurisdiccional del que emana la decisión impondrá limitaciones a su publicación por razones de decoro o en resguardo de la intimidad de la parte o de terceros que lo hayan solicitado de manera expresa.