jueves, 19 de julio de 2018

Prepaga deberá brindar cobertura integral de internación en establecimiento para asistencia de enfermedad de Alzheimer

Partes: S. M. c/ OSDE s/ amparo de salud

Tribunal: Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal 
Sala/Juzgado: II 
Fecha: 11-may-2018

La empresa de medicina prepaga debe brindar la cobertura integral de la internación en un establecimiento que brinde asistencia en la enfermedad de Alzheimer.

Sumario: 

Resultado de imagen para martillo juez salud1.-Corresponde condenar a la empresa de medicina prepaga demandada a asegurar a una afiliada la cobertura integral de la internación en un establecimiento que brinde asistencia en la enfermedad de Alzheimer que padece, por un período de ciento veinte días, plazo durante el cual la emplazada deberá arbitrar los medios pertinentes para llevar a cabo una nueva evaluación de la amparista por su equipo interdisciplinario, de acuerdo con las previsiones de los arts. 11  y 12  de la Ley N° 24.901, toda vez que la paciente se encuentra adaptada al entorno por lo que no es conveniente su traslado, sin perjuicio que se trate de un establecimiento ajeno al cuerpo de prestadores de aquélla. 

Fallo:

Buenos Aires, 11 de mayo de 2018.

VISTO: el recurso apelación interpuesto por la demandada a fs. 36/38 - allí fundado y que fue replicado por la actora a fs. 60/62 contra la resolución de fs. 22/24 vta.; y CONSIDERANDO:

I.- Que el señor R. R. S., en representación de su madre M. S., promovió la presente acción de amparo -con medida cautelar- contra la empresa OSDE ORGANIZACIÓN DE SERVICIOS DIRECTOS EMPRESARIOS (en adelante, OSDE), a fin de que ésta procediera a cubrir la prestación de internación en la institución "CASASOL" en virtud de la dolencia que aquélla padece, anormalidades de la marcha y la movilidad (demencia en la enfermedad de Alzheimer, de comienzo tardío) (conf. fs. 11/12).

El señor Juez de primera instancia hizo lugar a la precautoria y ordenó a la demandada otorgar a la actora la cobertura solicitada, en forma integral y/o el reintegro de la suma que indica el Nomenclador de Prestaciones Básicas para las Personas con Discapacidad, para el módulo hogar permanente categoría "A", con más el 35% en concepto de dependencia, hasta tanto se resuelva la cuestión de fondo (conf. fs. 22/24 vta.).

La decisión motivó que la demandada interpusiera recurso de apelación. En sus agravios refiere a que la Sra. S. estuvo internada en la clínica psiquiátrica Flores desde el 13.07.17 al 31.07.17 y luego de darle el alta ingresó en el geriátrico "CASASOL", sin indicación médica alguna para ello, por la sola decisión de si familia.

Destaca que a raíz del pedido familiar en septiembre de 2017, se practicó la evaluación interdisciplinaria, en la que no indica internación alguna, sino tratamiento integral domiciliario.

Advierte que la institución solicitada no está habilitada como hogar con centro de día y la demandante no tiene realizada escala FIM para determinar el grado de dependencia.Concluye que se la está obligando a brindar una cobertura integral hasta un valor por aproximación de costos.

II.- Que, inicialmente, cabe recordar que los jueces no están obligados a analizar todos los argumentos articulados por las partes, sino únicamente aquellos que a su juicio resulten decisivos para la resolución de la contienda (CSJN Fallos: 276:132; 280:320; 303:2088; 304:819; 305:537 y 307:1121, entre otros).

III.- Que en el caso, se aportó el certificado de discapacidad, la copia de la credencial de afiliación, la prescripción médica y carta documento (conf. fs. 1, 6, 7 y 10); consecuentemente, resulta aplicable la Ley N° 24901, la que prevé -para aquellas personas que no tengan grupo familiar propio o que aquél no sea continente- prestaciones asistenciales cuya finalidad es brindar cobertura a los requerimientos básicos esenciales de la persona con discapacidad (hábitat-alimentación atención especializada), como puede ser la prestación de hogar, en sus diferentes modalidades (arts. 18 y 32 de la norma citada).

Además, dispone que tales servicios puedan otorgarse a través de entes asistenciales propios o contratados y con especialistas que no pertenezcan al cuerpo de profesionales del contrato, aunque para ello requiere que su intervención sea imprescindible debido a las características específicas de la patología del paciente, o cuando así lo determinen las acciones de evaluación y orientación que, de acuerdo con el texto legal, se encuentran a cargo de un equipo interdisciplinario (arts. 6, 11 y 39 de la citada norma).

De acuerdo con las prescripciones de su médico clínico tratante, el Dr. Carlos A. Olivieri MN. 43108, la señora M. S. -de 81 años de edad- padece deterioro cognitivo progresivo de larga data, aproximadamente 5-7 años, demencia tipo Alzheimer, comportamientos desorganizados y agresivos, con alucinaciones esporádicas y actividad delirante, con importante repercusión conductual; y que como consecuencia de ello, debe estar internada en una institución especializada de tercer nivel.También indicó que ingresó en el establecimiento "CASASOL", donde se le ajustó la medicación hasta alcanzar cierto equilibrio actual, encontrándose adaptada al entorno por lo que no es conveniente su traslado (conf. instrumento de fs. 7).

De lo expuesto y de acuerdo al estado inicial del presente proceso, se puede considerar que la propia evolución de la enfermedad de la amparista habría generado que su familia no pueda brindar la asistencia que ésta pide en función de sus necesidades, lo que -en principio- podría configurar el supuesto de grupo familiar no continente y por ende, no es posible descartar -prima facie- que la cobertura reclamada se encuentre comprendida en las obligaciones que la demandada debe satisfacer (conf. esta Sala, causa nro. 3961/17 del 6.10.17, entre otras).

Lo expresado es sin perjuicio de que la demandada hubiere acompañado un informe en el que se concluye que la internación no es necesaria. Pues lo cierto es que allí no controvierte sobre el diagnóstico de la asociada (demencia y otras dolencias) ni ofrece prestadores propios que resulten idóneos para tratar a la paciente.Por otra parte, la mentada evaluación data del 27.09.17, encontrándose desactualizada al momento en que se dicta la presente y teniendo en cuenta del tipo degenerativo de la enfermedad que presenta la actora es muy probable que el cuadro se haya potenciado; de tal manera, aquélla conclusión no puede ser atendida.

IV.- Que, la demandada en sus agravios argumentó que la institución solicitada no está habilitada como hogar con centro de día y la demandante no tiene realizada escala FIM para determinar el grado de dependencia.

No obstante, del certificado médico antes merituado, surge que en el establecimiento "CASASOL" la actora se encuentra adaptada a su entorno y se contraindica su traslado.

Atento a ello, al carecer de elementos probatorios técnicos específicos y tratándose de criterios médicos cuya dilucidación no es propia de esta instancia, pues su juzgamiento se halla vinculado con la cuestión de fondo y requiere de mayor debate y prueba, corresponde estar -precautoriamente- a lo señalado por el galeno (conf. esta Sala, causa nro. 1643/17 del 8.03.18, entre otras).

En tales condiciones y de las características que -inicialmente- presenta el cuadro de la demandante, según la prescripción del médico tratante en el instrumento que luce a fs. 7, se estima que si bien se encuentran reunidas las condiciones necesarias para la procedencia de la protección cautelar, el hecho de que la internación se hubiere efectuado en un establecimiento ajeno al cuerpo de prestadores de aquélla y atento al tiempo transcurrido desde que fue otorgada la medida, se considera conveniente modificar el temperamento adoptado a fs. 22/24 vta.y disponer que la accionada arbitre los mecanismos correspondientes para continuar brindando a la afiliada la cobertura integral de la internación en la institución "CASASOL", aunque limitándola a un período de ciento veinte días, lapso en el cual deberá pronunciarse el equipo interdisciplinario de la demandada sobre las necesidades actuales de la paciente, y en los términos del artículo 39 de la Ley N° 24.901 (confr. esta Sala, doctr. de las causas nros. 6993/15 del 3.03.17; 1029/17 del 13.10.17 y 7134/17 del 19.03.18, entre muchas otras), sin que la parte actora pueda obstaculizar o negarse (conf. arg. art. 204 del CPCyCN).

V.- Que, a mayor abundamiento, cabe agregar que las decisiones sobre medidas cautelares no causan estado, ni son definitivas, ni preclusivas, pueden reverse siempre que se aporten nuevos elementos. En general, tienen carácter eminentemente mutable, de manera que la resolución que recae sobre ellas de acuerdo con las particularidades de cada caso es siempre provisional y se dictan sin perjuicio de lo que se pudiera decidir en el futuro (arts. 202 y 203 del Código Procesal y confr. esta Sala, doctr. causa nro. 168/2017 del 12.09.17; y sus citas, entre muchas otras).

VI.- Que, al margen de las cuestiones que han sido materia de recurso, ha de recordarse que la representación de las partes debe ser controlada de oficio, sin que ello afecte los derechos que en tal sentido asisten a otros litigantes que intervienen en un proceso; y los defectos que en ese terreno se pudieran presentar no quedan suplidos por la eventual aceptación de las otras partes, ya que ese caso se podría llegar al absurdo de sustanciar todo un proceso sin la real intervención de una de ellas (conf. esta Sala, causas nros. 1637/11 del 23.09.11 y 723/12 del 29.05.15 y sus citas).

Desde esta perspectiva, no es posible soslayar que el señor R. R. S., no acreditó contar con facultades para representar a la Sra. M.S.

Nuestro ordenamiento legal contempla en forma expresa quiénes son los representantes legales de aquellas personas que por diversas razones no pueden ejercer sus derechos por sí mismas. El parentesco de filiación aquí invocado, empero, carece de relevancia a los fines mencionados en tanto la acción fue promovida en nombre de una persona mayor de edad cuya capacidad se presume (conf. arts. 31, 32, 43, 100 y 101 del Código Civil y Comercial; ver en este sentido CSJN, Fallos: 329:4020 ; esta Sala, causa nro. 7071/2013 del 12.11.13, entre otras).

En tales condiciones, se deberá sanear el defecto indicado con anterioridad al dictado de la sentencia definitiva que fuera a recaer en autos.

Por todo ello, esta Sala RESUELVE: modificar la decisión apelada, debiendo la empresa OSDE asegurar a la afiliada M. S. la cobertura integral de la internación en el establecimiento "CASASOL", por un período de ciento veinte días, plazo que comenzará a correr a partir del día siguiente a la notificación del presente pronunciamiento y durante el cual la emplazada deberá arbitrar los medios pertinentes para llevar a cabo una nueva evaluación de la amparista por su equipo interdisciplinario, de acuerdo con las previsiones de los artículos 11 y 12 de la Ley N° 24901, conforme lo señalado en el considerando IV, sin que la parte actora pueda obstaculizar o negarse.

Las costas se imponen a la demandada que, en lo sustanci al, fue la derrotada (arts. 69 y 68, segundo párrafo del Código Procesal).

El Dr. Alfredo Silverio Gusman no suscribe la presente por hallarse en uso de licencia (art. 109 Reglamento para la Justicia Nacional).

Regístrese, notifíquese y devuélvase.

RICARDO VÍCTOR GUARINONI

EDUARDO DANIEL GOTTARDI

Fuente: Microjuris

Conforme las normas vigentes se hace saber que las sentencias que se replican en este blog son de carácter público y sólo el órgano jurisdiccional del que emana la decisión impondrá limitaciones a su publicación por razones de decoro o en resguardo de la intimidad de la parte o de terceros que lo hayan solicitado de manera expresa.

miércoles, 18 de julio de 2018

Cuánto ahorraría el sistema de salud si el aborto fuera legal

La economista Sonia Tarragona, de la Asociación de Economía de la Salud, presentó un estudio en el Senado con la comparación de los costos de mantener ilegal la práctica y/o de aprobar la legalización.
 
Cuánto ahorraría el sistema de salud si el aborto fuera legal¿Cuánto le costaría al sistema de salud legalizar el aborto? Esta pregunta, que se impuso en el debate por el proyecto de interrupción voluntaria del embarazo, fue el foco con el que la economista Sonia Tarragona, miembro de la Asociación de Economía de la Salud, expuso hoy en la tercera reunión del plenario de las tres comisiones que tratan el proyecto en el Senado.

Según las estimaciones de la organización, que trabajó con dos escenarios diferentes, los costos de mantener la práctica penalizada es al menos dos veces y media mayor si se compara con lo que le costaría al sistema de salud la aprobación del proyecto de ley de aborto que ya tiene media sanción de la cámara de Diputados.

Para determinar esta comparación, Tarragona detalló que se utilizaron dos escenarios, debido a la inexistencia de una cifra exacta de la cantidad de abortos que se practican anualmente en la Argentina. La única estimación que existe fue realizada a pedido del Ministerio de Salud de la Nación, y estableció que en el país se hacen entre 370.000 y 522.000 interrupciones del embarazo por año. En base a esto, el informe presentado -que puede leerse completo más abajo- estima costos simulando dos posibilidades: una en base a 300.000 abortos al año y otra, 500.000.

Si se asume que, al año, se llevan a cabo en la Argentina 300.000 abortos, el sistema de salud hoy afronta un gasto de al menos $ 6257,1 millones anuales. Este cálculo, detalló Tarragona, asume los costos mínimos y tiene en cuenta las complicaciones derivadas de las prácticas inseguras.

Si en este escenario se legalizara el aborto, y tomando como referencia los costos máximos (la realización de estudios ex ante y ex post que no recomienda la OMS, pero para estimar al máximo el impacto que puede tener) los costos caerían un 70% en el caso de que todos esos abortos se realicen con medicamentos, ya representarían para el sistema de salud $ 1863,6 millones anuales.

Si se hicieran con otras prácticas médicas, el resultado también resultaría en un ahorro: si esos abortos se hicieran con Asipiración Manual Endouterina (AMEU), representarían una erogación de $ 1945,5 millones anuales; si se hicieran un 50% con medicamentos y 50% con AMEU, el costo ascendería a $ 1909 millones por año; y si se combinara un 50% con medicamentos, un 25% con AMEU y otro 25% a través de un legrado (una práctica desaconsejada pero que se sigue utilizando en la Argentina), el costo ascendería a $ 2599,5 millones anuales.

En conclusión, en el escenario de mínima (suponiendo que se realizan 300.000 abortos por año), mantenerlo penalizado (es decir, si el Senado vota en contra del proyecto) implica un gasto de $ 6257,1 millones al año, mientras que legalizarlo (dependiendo de la práctica) podría representar entre $ 1863 millones y $ 2600 millones anuales.

El otro escenario simulado por la Asociación de Economía de la Salud supone que se realizan 500.000 abortos al año. En la actualidad, el sistema de salud destina $ 10.428,5 millones anuales. Si se legalizara y todos esos abortos se realizaran con misoprostol (uno de los medicamentos indicados por la OMS), el costo también caería un 70% (representaría $ 3105,9 millones por año).

El ahorro, al igual que se verificó en el escenario de mínima, se replica cuando se compara la situación actual con cualquier otra práctica médica que no sea el aborto medicamentoso: con Asipiración Manual Endouterina (AMEU), representarían una erogación de $ 3257,5 millones anuales; si se hicieran un 50% con medicamentos y 50% con AMEU, el costo ascendería a $ 3181,7 millones por año; y si se combinara un 50% con medicamentos, un 25% con AMEU y otro 25% a través de un legrado, el costo ascendería a $ 4332,4 millones anuales.

Además de los menores costos que significaría para el sistema de salud legalizar la práctica, Tarragona indicó que se pueden conseguir ahorros de entre $ 500 millones y $ 800 millones al año si el Estado produjese el misoprostol o la mifepristona, la dos drogas indicadas por la Organización Mundial de la Salud para interrumpir el embarazo de manera segura.


Fuente: El Cronista

martes, 17 de julio de 2018

Fallo a favor de una cobertura integral

La justicia en lo Contencioso Administrativo multó a la obra social del personal rural por no brindarle escolaridad y transporte a un menor discapacitado.

Fallo a favor de una cobertura integral
En los autos"Obra Social del Personal Rural y Estibadores de la República Argentina c/ Superintendencia Seguros de Salud s/ obras sociales", la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal multó a una obra social por no brindarle escolaridad y transporte a un menor discapacitado.

La causa se originó en un juzgado de Bahía Blanca donde los padres del menor solicitaron la cobertura del transporte escolar y escolaridad para su hijo que padece una enfermedad mental.
 Los jueces resolvieron condenar a la obra social por la falta de respuesta al reclamo, hecho que se considera como grave por la falta o reticencia de cobertura de prestaciones médico asistenciales y/o farmacéuticas por discapacidad.
Los camaristas resaltaron que la obra social demandada no aportó ningún elemento de juicio que permita tener por acreditado el cumplimiento fehaciente de las prestaciones asistenciales con fecha cierta. "Por el contrario, en el sub lite se comprueba que la sumariada fue reticente a dar respuesta a las intimaciones del organismo de contralor".

Por la falta de respuesta en reiteradas ocasiones, los magistrados consideraron que la empresa incumplió con el deber de colaboración que obliga a informar y asistir a la Super Intendencia de Servicios de Salud en sus funciones de verificación y fiscalización de los agentes de salud.

Para los miembros de la Cámara no hay dudas que la obra social incurrió en un hecho negligente y, por ese motivo, rechazaron todos sus agravios.

Los jueces resolvieron condenar a la obra social por la falta de respuesta al reclamo, hecho que se considera como grave por la falta o reticencia de cobertura de prestaciones médico asistenciales y/o farmacéuticas por discapacidad.

Finalmente, el organismo deberá abonarle a los padres del menor afiliado la suma de $95.543,25.

Fallo completo:

Buenos Aires, 6 de marzo de 2018.

VISTOS Y CONSIDERANDO:

I.- Que mediante la Resolución Nº 860/15 de fojas 80/83, la Superintendencia de Servicios de Salud (en adelante SSSalud) impuso a la Obra Social del Personal Rural y Estibadores de la República Argentina (en adelante, OSPRERA) una sanción de multa de $95.543,25 (pesos noventa y cinco mil quinientos cuarenta y tres con 25/100 ctvs.), equivalente a 25 (veinticinco) veces el monto del haber mínimo de jubilaciones ordinarias del Régimen Nacional de Jubilaciones y Pensiones para trabajadores en relación de dependencia, con más intereses hasta su efectivo pago.
Como fundamento de esa decisión, sostuvo que la conducta de la citada obra social infringió lo dispuesto en el artículo 42 incisos a) y c) de la Ley Nº 23.661 y en el artículo 3º incisos k) y n) de la Resolución Nº 1379/10 de la Superintendencia de Servicios de Salud (modificada por su similar Nº 1535/10). Ello así, debido a que no había dado respuesta al reclamo formulado por la Sra. C. A. V. en el que solicitaba la inmediata cobertura de escolaridad y transporte del menor J.M.G., hijo de la reclamante, pese a encontrarse debidamente notificada.
II.- Que contra dicho acto administrativo, la sancionada interpuso el recurso que luce a fojas 137/145, el cual fue contestado por la contraria a fojas 172/177.
En lo que aquí interesa, alegó que la resolución sancionatoria carece de fundamentación y razonabilidad, toda vez que allí se analizó arbitrariamente los hechos y la prueba documental por ella presentada.
En este sentido, sostuvo que prestó el servicio oportuna y eficientemente, tal como surgía del expediente “V., C. A. en rep. de su hijo J.M.G. contra O.S.P.R.E.R.A – S.N.R. s/ Amparo ” en trámite ante el Juzgado Federal de Bahía Blanca Nº 1.En efecto, destacó que ese Tribunal resolvió declarar abstracta la causa luego de que su parte cumpliera con la cobertura total de transporte escolar y de escolaridad solicitada por la amparista.
Por este motivo entendió que, al haber cubierto la totalidad de las prestaciones médico asistenciales solicitadas por la Sra. V., no se configuraban las infracciones reprochadas.
Subsidiariamente, cuestionó el monto de la multa aplicada por considerarla irrazonable y arbitraria con relación a las circunstancias de la causa y las pautas que debieron tenerse en cuenta para su graduación.
Por consiguiente, solicitó que se hiciera lugar al recurso interpuesto y se revocara la Resolución Nº 860/2015, con costas.
III.- Que atento a que el Sr. Fiscal General se expidió sobre la admisibilidad formal del recurso interpuesto (v. fs. 200), corresponde analizar los agravios vertidos por la sancionada.
III.1.- En cuanto al encuadre normativo de las conductas reprochadas, cabe señalar que el artículo 42 de la Ley Nº 23.661, en su parte pertinente, dispone: “Se considera infracción:/// a) La violación de las disposiciones de la presente ley y su reglamentación, las normas que establezcan la Secretaria de Salud de la Nación, la ANSSAL y las contenidas en los estatutos de los agentes del seguro; (.) c) La negativa de un agente del seguro a proporcionar la documentación informativa y demás elementos de juicio que la ANSSAL o los síndicos requieran en el ejercicio de sus funciones, derechos y atribuciones “.
Asimismo, el artículo 3º, de la Resolución SSSALUD Nº 1379/10, califica como grave a la “[f]alta o reticencia de cobertura de prestaciones médico asistenciales y/o farmacéuticas por discapacidad ” (inciso k]) y, como incumplimiento formal, la “[n]egativa de un agente del seguro a proporcionar la documentación informativa y demás elementos de juicio que la Superintendencia de Servicios de Salud, a través de sus Funcionarios, Auditores y/o Síndicos, requieran en el ejercicio de sus funciones, derechos y atribuciones ” (inciso n]).
III.2.- Conforme surge de autos, la presente causa se inició con motivo de la denuncia realizada por la Sra. V. (con fecha 02/06/09) mediante la cual solicitó la intervención de SSSalud frente a la falta de respuesta de OSPRERA al pedido de cobertura de transporte escolar y escolaridad para el menor J.M.G. (v. fs. 3). Acompañó copias del certificado de discapacidad mental del menor y de las notas presentadas ante la delegación zonal de Bahía Blanca de la mencionada obra social (v. fs. 4/5).
En virtud de ello, la SSSalud mediante la nota Nº 532/10 DPRB-DISC (de fecha 06/07/10) intimó al citado agente del seguro de salud para que remitiera, en un plazo que no superase los quince (15) días corridos “copia de la respuesta con resolución del caso enviada al beneficiario “. Ahora bien, pese a estar debidamente notificada (con fecha 14/07/10 v. fs. 25), la mencionada obra social no brindó respuesta alguna.
Frente a dicha conducta, la SSSalud intimó nuevamente a esta última para que informara la respuesta otorgada a la afiliada (v. fs.27, notificada con fecha 07/09/10), lo que tampoco fue cumplido pese a las reiteradas intimaciones por parte de la Administración (v. fs. 31/35, 37/38, 40/42 y 44/46; notificadas con fechas 03/03/11, 07/09/11, 05/12/11 y 08/02/12).
De este modo, al no haberse producido respuesta alguna por parte del agente del servicio de salud, se remitieron los antecedentes a la Gerencia de Asuntos Jurídicos, quien se expidió a través del Dictamen Nº 1097/13-GAJ-SSSalud (de fecha 15/04/13). Allí, luego de describir la conducta desarrollada por la obra social (en cuanto incumplió las intimaciones cursadas), dicha gerencia señaló que las omisiones objetadas encuadraban en el artículo 42 de la Ley Nº 23.661, motivo por el cual correspondería poner en marcha el mecanismo previsto en la Resoluciones Nros. 77/98, 1379/10 y 1535/10 de la SSSalud.
A partir de lo expuesto, el citado organismo decidió -por conducto de la Resolución Nº 2152/13 (v. fs. 54/56, del 7/6/13)- sustanciar el sumario administrativo a OSPRERA. En efecto, consideró que tales conductas encuadraban en las previstas en el artículo 42 incisos a) y c) de la Ley Nº 23.661 y por el artículo 3º inciso k) y n) de la Resolución Nº 1379/10-SSSALUD, modificada por la Resolución Nº 1535/10-SSSALUD, toda vez que “no habría dado cumplimiento en forma oportuna y eficiente a las intimaciones cursadas, ni habría dado efectiva solución a los requerimientos efectuados por la Gerencia de Control Prestacional del Organismo, respecto a proceder a la inmediata cobertura de escolaridad y transporte del menor J.M.G., hijo del afiliado monotributista Sr.Gustavo Daniel GHIETTO, pese a encontrase debidamente notificada “.
En virtud de ello, luego de reseñar brevemente las constancias administrativas, la normativa involucrada y los hechos investigados, en el Dictamen Nº 294/13-DSyS-SSSalud (de fecha 31/10/13) se consideró que, estando acreditada prima facie la infracción imputada, correspondía correr traslado a la obra social por el término de 10 (diez) días, de acuerdo con lo prescripto en el artículo 9º de la Resolución Nº 77/98-SSSalud (v. fs. 59/60).
A fojas 62/65 OSPRERA presentó su descargo, en donde planteó los argumentos reiterados ante esta Alzada.
Previo dictamen de las áreas correspondientes, la SSSalud dictó la Resolución Nº 860/15 (v. fs. 80/83) mediante la cual impuso a OSPRERA la sanción de multa de $95.543,25 (pesos noventa y cinco mil quinientos cuarenta y tres con 25/100 ctvs.), en razón de haberse comprobado la infracción a los artículos 42 incisos a) y c) de la Ley Nº 23.661 y 3º incisos k) y n) de la Resolución Nº 1379/10 de la Superintendencia de Servicios de Salud (modificada por su similar Nº 1535/10).
III.3.- En tales condiciones, corresponde tratar el argumento referido al cumplimiento de la prestación médica.
Cabe recordar que, “quien invoca ciertos hechos como fundamento de su pretensión tiene la carga de acreditarlos (conf. art. 377 CPCCN) y si no logra cumplir con esa carga mediante la actividad probatoria desarrollada durante el juicio, corre riesgo de que acción sea rechazada ” (Fallos: 327:2231; 331:881; entre otros).
Sentado ello, conforme surge de las constancias reseñadas, pese a las reiteradas intimaciones (v. fs. 25, 27, 31/35, 37/38, 40/42 y 44/46) la recurrente no aportó ningún elemento de juicio que permita tener por acreditado el cumplimiento fehaciente de las prestaciones asistenciales con fecha cierta.Por el contrario, en el sub lite se comprueba que la sumariada fue reticente a dar respuesta a las intimaciones del organismo de contralor, ya que ella no brindó respuesta alguna con carácter previo a la apertura del sumario, y en consecuencia, incumplió con el deber de colaboración, el cual lo obliga a informar y asistir a la SSSalud en sus funciones de verificación y fiscalización de los agentes de salud (conf. arts. 1º, 2º, 3º, inc. n), Res. Nº 1379/10 y arts. 1º, 3, 8, 40 y 42 inc. a) y c) de la Ley Nº 23.661).
De este modo, a la luz de la conducta negligente desplegada por el agente de salud corresponde rechazar el agravio en estudio, toda vez que las constancias de la causa permiten tener por acreditada la infracción reprochada.
III.4.- Despejado el agravio precedente, cabe adelantar que lo resuelto en el proceso de amparo tampoco permite tener por acreditado el cumplimiento de la prestación tal como lo invoca la demandada.
Ello así, debido a que dicha acción fue iniciada por la madre del afiliado como consecuencia de los incumplimientos de la actora en dar respuesta a los reclamos y brindar la cobertura medico asistencial requerida.Tal proceder, en modo alguno puede ser reputado como un argumento a favor de la sancionada, sino que demuestra la posición reticente adoptada por dicha parte, y evidencia los incumplimientos de los deberes prestacionales a cargo del agente de salud.
III.5.- En consecuencia, de acuerdo con las consideraciones que anteceden, corresponde tener por acreditadas las infracciones al artículo 42 incisos a) y c) de la Ley Nº 23.661 y al artículo 3º incisos k) y n) de la Resolución Nº 1379/10-SSSALUD.
IV- Que en último lugar, respecto de la impugnación de la cuantía de la multa, es dable señalar que en el caso de autos, se encuadró la conducta de la referida obra social en los tipos infracciónales previstos por el artículo 3º incisos, k) y n) de la Resolución de SS SALUD Nº 1379/2010 -anteriormente mencionados- y en el artículo 42 de la Ley Nº 23.661. Cabe reiterar que el inciso k) de la resolución referida califica como falta grave a la falta o reticencia de la cobertura de prestaciones médico asistenciales y/o farmacéuticas por discapacidad.
Asimismo, cabe agregar que, en numerosas oportunidades se ha dicho que la determinación y graduación de la multa es resorte primario de la autoridad administrativa, principio que solo cede ante una manifiesta arbitrariedad (conf. esta Sala, in re: “Musso, Walter c/ Prefectura Naval Argentina “, del 27-05-97).
Ahora bien, de acuerdo con el régimen sancionatorio establecido en la citada resolución, las multas serán cuantificadas en módulos, cada uno equivalente al monto del haber mínimo de jubilación ordinaria del Régimen Nacional de Jubilaciones y Pensiones para trabajadores en relación de dependencia vigente al momento de hacerse efectiva la multa (conf. art. 5º de la Res.Nº 1379/2010).
En este sentido, cabe señalar que de acuerdo con los parámetros allí fijados, la falta o reticencia de cobertura de prestaciones por discapacidad establece como máximo de la sanción 35 módulos, mientras que la negativa de un agente del seguro a proporcionar la documentación informativa tiene un máximo de sanción de 7 módulos (conf. art. 8º de la Res. Nº 1379/2010).
Partiendo de las pautas objetivas allí sentadas, es posible inferir que la sanción en estudio (graduada en 25 módulos) no resulta desproporcionada a la luz de las constancias de la causa y de los antecedentes infracciónales de la recurrente (v. fs. 71). En este sentido, resulta suficiente que la autoridad de aplicación realice una apreciación razonable de las diferentes circunstancias tenidas en cuenta para justificar la sanción, cuya cuantía se encuentra dentro de los parámetros normativos.
Por lo tanto, toda vez que la infracción se encuentra configurada, la sanción resulta ajustada a derecho.
A partir de las consideraciones que anteceden, SE RESUELVE: 1) Rechazar el recurso de apelación interpuesto por la recurrente OSPRERA y confirmar la Resolución Nº 860/15 de la Superintendencia de Servicios de Salud; 2) Imponer las costas a la actora vencida (art. 68 del CPCCN); 3) Regular los honorarios de la Dra. Claudia Paula Donato en la suma de $. (.pesos), en su doble carácter de apoderada y patrocinante de la parte demandada, por su actuación ante esta instancia (arts. 6, 7, 8, 9 y 14 de la Ley Nº 21.839 modificada por la Ley Nº 24.432 B.O 10/01/1995).
Regístrese, notifíquese a las partes y al Sr. Fiscal General en su despacho, y oportunamente, devuélvanse.
Guillermo F. TREACY
Jorge Federico ALEMANY
Pablo GALLEGOS FEDRIANI

Fuente: Diario Judicial

Conforme las normas vigentes se hace saber que las sentencias que se replican en este blog son de carácter público y sólo el órgano jurisdiccional del que emana la decisión impondrá limitaciones a su publicación por razones de decoro o en resguardo de la intimidad de la parte o de terceros que lo hayan solicitado de manera expresa.

lunes, 16 de julio de 2018

Alertan por riesgos de anteojos de sol “truchos” y buscan que sean regulados por ANMAT

En la actualidad son conocidos los efectos que producen los rayos ultravioletas (UV) sobre nuestra piel, por lo que tenemos que tener cuidado a no exponernos entre las 10 y las 16, además de usar siempre protección solar. Pero lo que pocos toman en cuenta es que la radiación es también dañina para los ojos y que, de no protegerlos, aumenta el riesgo de cataratas y otras condiciones visuales. La Cámara Argentina de Industrias Ópticas y Afines (CADIOA) advirtió que en la actualidad el país no cuenta con controles previos a la comercialización de los anteojos de sol que comprueben si realmente poseen filtros para los rayos UV y que, incluirlos “depende de la buena voluntad del fabricante”. Pero el panorama podría cambiar, ya que una iniciativa para que los lentes oscuros sean considerados como productos de salud y fiscalizados por la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT), ya está bajo consulta pública y podría esperarse una resolución para este 22 de julio.

“Usar anteojos de sol que tengan una protección de 400 contra los rayos UV es equivalente a llevar protector solar para la piel filtro 50”, indicó Norberto Fermani, presidente de la CADIOA. ¿Pero qué pasaría si una pantalla que promete proteger en realidad no lo hace? Esta situación es susceptible de suceder con los anteojos oscuros.

“En la Argentina no existen controles previos a la comercialización de los anteojos de sol. Por tanto es imposible saber a priori si protegen contra los rayos UV, o si son simplemente vidrio pintado. Llevarlos, en esos casos, agrava la situación y los riesgos de contraer enfermedades de la visión, ya que lo que realmente daña al ojo no es la luz visible sino los efectos no visibles. Es entonces que con una lente oscura sin protección, se agranda la pupila y el ojo se expone aún más a los rayos UV”, alertó.

La situación actual sobre el riesgo sanitario es aún más difícil de detectar si se toma en cuenta que, según cálculos de la CADIOA, “se venden anualmente 5 millones de anteojos truchos, provenientes del contrabando, que se consiguen al por mayor a un precio promedio de  $ 30 y se comercializan en la calle a precios que rondan desde los $ 100 a los $ 200”. Incluso  desde la CADIOA agregaron que sólo durante las vacaciones en la Costa Atlántica se comercializan en la playa cerca de 2 millones de lentes oscuras, “que vienen de países como China con etiquetas  que dicen proteger con rayos UV y que pueden realizarse con una simple impresora”.

Según especificaron desde CADIOA, la diferencia en los costos de producción de lentes que realmente protejan contra los rayos UV varían, aunque no inciden en el precio final del  producto en mostrador. En concreto, si un vidrio pintado cuesta 3 centavos de dólar, uno con filtros UV ronda los 60 centavos.

Argentina, en camino a más controles

A nivel mundial, existen diferentes marcos regulatorios para que un anteojo de sol pueda ser comercializado. Los más altos requerimientos de calidad los exigen países como Japón, Australia y Nueva Zelanda, en los que no sólo exigen filtros UV, sino también evalúan la calidad de los plásticos y la dispersión lumínica, entre otras cuestiones. En segundo lugar se encuentra el mercado europeo y estadounidense, en donde para la fabricación se toman en cuenta las Normas ISO, con controles internos estrictos. En tercer lugar están los requerimientos de países como Uruguay, en donde como paso previo a la comercialización, deben contar con el aval del Ministerio de Salud Pública, motivo por el cual no se ven que se comercialicen lentes oscuros en la vía pública.

Argentina aún carece de un marco regulatorio, motivo por el cual durante 2017 CADIOA inició trabajos  con la ANMAT y otros organismos del sector óptico para el establecimiento de normas técnicas que permitan verificar la trazabilidad (es decir, la serie de procedimientos que permitan seguir la evolución de un producto en cada una de sus etapas) y los materiales que componen los anteojos, ya que hasta hoy no hay controles que verifiquen la condición mínima de protección contra los rayos UV.

“Hoy incluso un par de anteojos vendido en un comercio y a un precio considerable, podría no proteger, pero estos productos son legales a falta de controles. Es por ese motivo que queremos aproximarnos a los modelos de normas adoptados por otros países para, de esa forma, proteger tanto la industria como la salud visual de la población”, indicó Fermani.

Con el nuevo decreto sometido a consulta pública  se considera que la ANMAT es el organismo competente “en la fiscalización de actividades de importación, exportación y producción” y se requerirá para la solicitud de inscripción de anteojos datos del fabricante y la importadora, datos del producto y en qué categoría están 0-4 y datos del director técnico, entre otros.

Particularidades de un anteojo

Los anteojos recetados para corregir defectos visuales son, una vez terminados, considerados como un producto de salud. ¿Pero qué es hoy lo que se considera como un simple producto comercial? En la actualidad, los armazones y las lentes mismas son considerados meramente comerciales, pero una vez que se adaptan a las necesidades de cada paciente, no.

En tal sentido, se buscan con las nuevas normas considerar a los anteojos de sol productos sanitarios, ya que no sólo filtran los rayos UV, sino que también se dividen en categorías de 0 a 4 de acuerdo a la oscuridad del lente para otorgar protección a medida de la necesidad de cada persona.

Fuente: DocSalud