jueves, 16 de septiembre de 2021

Se aprueba el Mapa Normativo Argentino de Salud Digital

MINISTERIO DE SALUD SUBSECRETARÍA DE INTEGRACIÓN DE LOS SISTEMAS DE SALUD Y ATENCIÓN PRIMARIA

Disposición 1/2021

DI-2021-1-APN-SSISSYAP#MS

Ciudad de Buenos Aires, 13/09/2021

VISTO el Expediente Nº EX-2021-61501173-APN-DD#MS, el Decreto N° 223/2021 y la Decisión Administrativa Nº 384/2021, y

CONSIDERANDO:

Que por Decreto N° 223/21 se aprueba la conformación organizativa del MINISTERIO DE SALUD DE LA NACION y se dispone que son objetivos de esta SUBSECRETARÍA DE INTEGRACIÓN DE LOS SISTEMAS DE SALUD Y ATENCIÓN PRIMARIA: entender en la elaboración y desarrollo de políticas que promuevan la integración y la articulación entre las coberturas de salud y articular con otras dependencias del Ministerio la implementación de estrategias federales de interconsultas y asistencia digital en el marco de la estrategia de Salud Digital; entre otros.

Que por Decisión Administrativa Nº 384/2021 se aprueba la estructura organizativa de primer y segundo nivel operativo del Ministerio de Salud estableciendo entre las acciones a desarrollar por la Dirección de Salud Digital las de identificar la necesidad de cooperación de las jurisdicciones para desarrollar un sistema de colaboración en red según niveles de complejidad progresivos para la atención y seguimiento de pacientes, entre otras.

Que la aceleración en la implementación de las nuevas tecnologías en salud plantea nuevos desafíos que requieren, para su abordaje en el marco de un Estado de Derecho, conocer la situación normativa del país en materia de salud digital, en la certeza de que contar con un marco jurídico adecuado, sistematizado y de vanguardia resulta una herramienta altamente eficaz.

Que Argentina, por su sistema Federal, se encuentra organizada en veinticuatro jurisdicciones: las Provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y por tal motivo existen normas con distintos ámbitos de validez especialmente en materia sanitaria donde cada una cuenta con autonomía para dictar sus propias disposiciones.

Que esta multiplicidad de jurisdicciones autónomas provoca la existencia de una cantidad de leyes, decretos, resoluciones y actos administrativos en general que dan forma a un ecosistema normativo en salud digital complejo, heterogéneo y asimétrico que es necesario explorar, analizar y sistematizar de manera ordenada y coherente.

Que no debe perderse de vista que la idea de un gobierno moderno y abierto requiere necesariamente valerse de los contextos digitales para exponer, de forma clara y navegable, sus distintos actos de gobierno.

Que la regulación de la Salud Digital debe realizarse sin perder de vista el desarrollo equitativo federal entre las distintas jurisdicciones.

Que resulta urgente identificar las áreas de vacancia, es decir aquellas materias que resulta cardinales para la implementación de políticas públicas en materia de Salud Digital y que no se encuentran lo suficientemente reguladas o que carecen enteramente de regulación.

Que el diseño de estrategias de promoción de Salud Digital requiere una dimensión jurídica con normas conscientes de los datos sociales, económicos, políticos, culturales que surgen del contexto de cada provincia, por lo cual se hace necesario además realizar un análisis cualitativo en el cual se examine el tipo de norma, el ámbito de aplicación, el carácter de la norma, las posibilidades de aplicabilidad de las normas en base a la infraestructura existente, los grados de eficacia de normas vigentes, entre otras.

Que, para esto, es necesario la elaboración de estándares de cantidad y calidad normativa en Salud Digital que permitan el desarrollo de estrategias en este sentido atendiendo a las posibilidades y desarrollos actuales de cada provincia.

Que, de acuerdo a lo señalado, se hace necesario la confección de un mapa que recoja las normas vigentes en las distintas jurisdicciones provinciales en materia de Salud Digital, tarea importante no solo para conocer el actual desarrollo legislativo sino también para facilitarle a las provincias del país la posibilidad de realizar análisis comparados del estado de sus políticas públicas en la materia.

Que el 8 de abril de 2021 la Oficina de Estudios, Acreditación y Certificación (OASAD) del Observatorio de Salud de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires elevó a la SUBSECRETARÍA DE INTEGRACIÓN DE LOS SISTEMAS DE SALUD Y ATENCIÓN PRIMARIA el “Mapa de legislación en materia de salud digital en Argentina” en el cual se identifican de forma preliminar las leyes vigentes y las principales carencias normativas en salud digital en la Argentina.

Que la novedad de algunos de los temas principales de la Salud Digital (inteligencia artificial, robótica, algoritmos) o la especificidad de otros (la protección de datos de salud, considerados por la mayoría de las legislaciones nacionales como “datos sensibles”) hace que no todas las jurisdicciones se encuentren debidamente formadas a informadas al momento de elaborar estas normas.

Que el presente producto es el resultado del trabajo conjunto entre en mencionado OASAD y esta SUBSECRETARÍA, con el objeto de generar las condiciones para desarrollar políticas públicas y programas estratégicos tendientes al desarrollo de la salud digital en el territorio nacional propiciando un entorno normativo integrador e innovador.

Que la elaboración del mapa normativo permitirá acceder a la información necesaria para conocer el estado de situación y detectar aquellas carencias o lagunas legales que pudieren obstaculizar la implementación de los programas y políticas de Salud Digital propuestas por el MINISTERIO DE SALUD DE LA NACIÓN.

Que la DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS ha tomado la intervención de su competencia.

Que la presente se dicta en uso de las facultades conferidas por Decreto N° 223/2021.

Por ello,

LA SUBSECRETARIA DE INTEGRACIÓN DE LOS SISTEMAS DE SALUD Y ATENCIÓN PRIMARIA

DISPONE:

ARTÍCULO 1°.- Apruébase el “MAPA NORMATIVO ARGENTINO EN SALUD DIGITAL” que como Anexo I -IF-2021-61892468- -APN-SSISSYAP#MS- forma parte integrante de la presente medida.

ARTÍCULO 2º.- Establécese que el MAPA NORMATIVO ARGENTINO EN SALUD DIGITAL tiene el objetivo de contribuir con la recopilación, análisis comparado de legislación sobre Salud Digital, que respeten normas y principios de protección a los ciudadanos y que promuevan el acceso a la atención integral de la salud bajo condiciones de calidad y equidad.

ARTÍCULO 3°.- Facúltase a la DIRECCIÓN DE SALUD DIGITAL para efectuar el seguimiento del MAPA NORMATIVO ARGENTINO EN SALUD DIGITAL aprobado por el artículo 1° de la presente medida y aprobar las modificaciones y aclaratorias que resulten necesarias para su implementación.

ARTÍCULO 4º.- Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DE REGISTRO OFICIAL y archívese.

Judit Marisa Díaz Bazán

ANEXO I

miércoles, 1 de septiembre de 2021

Cirugía robótica en la Argentina: la técnica que mejora la destreza médica y la calidad de vida de los pacientes

Infobae entrevistó a uno de los 10 profesionales que participaron del revolucionario procedimiento al que fue sometido un hombre con cáncer de próstata y hernia inguinal. Por qué esta tecnología alivia el postoperatorio y facilita el trabajo de los médicos.

Un paciente de 73 años, con diagnóstico de cáncer de próstata y una hernia inguinal bilateral, con deslizamiento de vejiga de un lado y visceral del otro, fue intervenido en una sola operación conjunta con ayuda de un robot. Se trata de una operación extraordinaria en Argentina, de la que participaron diez profesionales de la salud de distintas disciplinas.

Los especialistas trabajaron simultáneamente en esta cirugía que se realizó en Buenos Aires en forma exitosa, con un post operatorio del paciente más breve y menos doloroso de lo habitual y con menos eventos adversos.

“El paciente tenía mucha expectativa por resolver estos dos problemas en un solo tiempo: pasar por una cirugía, una sola anestesia, una sola internación y salir con los dos problemas resueltos. Además, intervenirlos por separado le agregaba complejidad” explicó el médico Norberto Bernardo (MN 77886), profesor titular de urología y jefe de la División de Urología del Hospital de Clínicas José De San Martin.

“La elección de esta técnica parte de la evaluación del paciente, las chances de curación y la calidad de vida post-operatoria. En este sentido, la robótica disminuye la incidencia de complicaciones desde el punto de vista urológico -como son la impotencia y la incontinencia- y permite realizar intervenciones con altísimo nivel de seguridad y precisión. Entonces, la expectativa del paciente de poder resolver las dos patologías con un excelente post operatorio y una buena calidad de vida, justifican el uso de la plataforma robótica,” amplió a Infobae el doctor Flavio Marchesini (MN 92130), médico cirujano, Jefe de la Unidad de Cirugía del Hospital Juan Fernández de la Ciudad de Buenos Aires.

La intervención se realizó en el Sanatorio Otamendi de la Ciudad de Buenos Aires y se extendió por siete horas. Contó con la participación de dos cirujanos, dos urólogos, dos bioingenieros, un anestesiólogo, un cardiólogo y un equipo de dos instrumentadores quirúrgicos. Para esta operación se utilizó por primera vez el robot Da Vinci XI y consistió en extraer la próstata con las vesículas seminales, los ganglios linfáticos de los espacios a los cuales drena y solucionar las hernias colocando una malla tridimensional anatómica que se adapte a la anatomía del paciente para que tras la cirugía sienta menos dolor y se recupere más rápido.

“El paciente se fue de alta a las 48 horas y hoy hace su vida habitual, sin ninguna terapéutica de apoyo. Generalmente el post operatorio de la cirugía convencional es de siete días y en reposo absoluto. Hay mucha diferencia en el corto plazo: es menor la pérdida de sangre durante la operación, menor el dolor y son menos las secuelas (incontinencia de orina, eventraciones en los sitios quirúrgicos). Es muy satisfactorio que el paciente esté contento y que no sufra complicaciones”, describieron los especialistas.

El robot, un complemento que potencia la capacidad del profesional

El avance en las técnicas de operación no solo representa beneficios para el paciente sino que los profesionales destacan otras características, como la capacidad de realizar intervenciones de forma conjunta, tener mejor visibilidad del campo a operar y mayor comodidad, lo cual facilita la realización de intervenciones complejas y extensas sin agotarse.

“Si las hernias se resolvían en un primer tiempo, el abordaje de la prostatectomía radical nos resultaba mucho más difícil. Y si se resolvía solamente el cáncer de próstata, dejando pendiente -cosa que no corresponde- las soluciones de las hernias, hubiera sido más complejo para el equipo debido a que en una segunda intervención hay mayor cantidad de adherencias, son dos tiempos quirúrgicos”, relató Bernardo.

“En este caso particular, el lugar donde tiene que trabajar el urólogo para hacer la prostatectomía es el mismo espacio que yo necesito usar para hacer la reparación herniaria. Entonces, si hubiésemos hecho dos cirugías, el equipo que opera último se encuentra con un terreno quirúrgico muy hostil. Por lo tanto, son muchas las ventajas de una cirugía conjunta: no solo está la optimización de una sola anestesia, una sola internación, un solo estrés, sino que para el profesional es distinto operar un espacio quirúrgico virgen que un espacio quirúrgico de una reoperación” amplió Marchesini.

“Esta nueva versión del robot Da Vinci que opera desde hace varios años en todo el mundo tiene mejor visión 3D y 4K, lo último en tecnología, agiliza los tiempos de preparación pre operatoria, como colocar el robot en posición para operar. Permite ver mediante nuevos filtros de luz ultravioleta la vascularización de los tejidos, es decir la irrigación de sangre. Sería como ver con anteojos de visión nocturna. También permite realizar una cirugía multicuadrante, para operar en varios sectores del abdomen, por ejemplo. Permite multiplicar por tres la precisión, de decir que cada tres centímetros que mueve mi mano, el robot la reduce a 1 cm. Cuando tenés el mejor recurso y la destreza podés hacer mejor medicina”, destacó Marchesini.

“También la visión en 3D es superadora respecto de vía laparoscópica en la que tenemos la visión plana de un televisor; el instrumento robótico nos permite de manera más delicada separar cada una de las estructuras anatómicas, extrayendo lo que tenemos que sacar y preservando las que hacen a la recuperación post operatoria” menciona el doctor Bernardo.

“Aporta mayor destreza manual y precisión: la técnica laparoscopía es mínimamente invasiva y es lo más conocido pero las destrezas de las pinzas tienen sus limitaciones por no ser articuladas. Además, disminuye el agotamiento del cuerpo médico porque uno opera en una posición ergonómica diferente: uno opera sentado en la consola, entonces, el cansancio es claramente menor permitiéndote estar con todas tus capacidades durante más tiempo” concluye Marchesini.

Fuente: Infobae

sábado, 14 de agosto de 2021

Se reglamenta la Ley de Acceso a la Interrupción Voluntaria del Embarazo

ACCESO A LA INTERRUPCIÓN VOLUNTARIA DEL EMBARAZO

Decreto 516/2021

DCTO-2021-516-APN-PTE - Apruébase Reglamentación de la Ley N° 27.610.

Fecha de publicación 14/08/2021

Ciudad de Buenos Aires, 13/08/2021


VISTO el Expediente N° EX-2021-04118483-APN-DD#MS, la Ley N° 27.610, y


CONSIDERANDO:


Que mediante la Ley N° 27.610 se reguló el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo y a la atención postaborto, en cumplimiento de los compromisos asumidos por el Estado argentino en materia de salud pública y derechos humanos de las mujeres y de otras personas con otras identidades de género con capacidad de gestar, para garantizar una sociedad más plural, más respetuosa de nuestras diferencias y menos desigual.


Que la citada norma legal se enmarca en los derechos consagrados en distintos Tratados Internacionales, la mayoría con rango constitucional, como la Declaración Universal de Derechos Humanos, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW por sus siglas en inglés) y su Protocolo Facultativo, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer “Convención de Belem Do Para”, la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, la Convención sobre los Derechos del Niño y la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes.


Que a partir de la sanción de la ley que por este decreto se reglamenta, la REPÚBLICA ARGENTINA comienza a desandar el camino de la amenaza penal y la desigualdad y a recorrer el de la justicia social, el respeto a la autonomía y el ejercicio de derechos como respuestas democráticas y constitucionales para que las mujeres y las personas gestantes tengan los mismos cuidados y condiciones, cualquiera sea la jurisdicción en la que habiten, su nivel socioeconómico y el sistema de salud donde se atiendan.


Que dicha ley sintetiza una historia de numerosas luchas para que los derechos reproductivos sean efectivos. Así, la Ley N° 27.610 se suma a la Ley N° 25.673 de creación del Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable en el ámbito del MINISTERIO DE SALUD, a la Ley N° 26.150 de creación del Programa Nacional de Educación Sexual Integral que establece el derecho de niños, niñas y adolescentes a recibir educación sexual integral y a la Ley de Protección Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres en los ámbitos en que desarrollen sus Relaciones Interpersonales N° 26.485.


Que el acceso al aborto seguro es una política de salud pública dentro del conjunto de políticas necesarias para garantizar la salud sexual y reproductiva de las niñas, adolescentes, mujeres y otras personas con capacidad de gestar y, con ella, sus derechos humanos. Es, en este sentido, que dicha ley apuesta a una respuesta integral de las políticas de salud sexual y reproductiva.


Que dentro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) adoptados por la Asamblea General de las Naciones Unidas, en septiembre del año 2015, se encuentra el objetivo de garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades, que incluye la meta específica de garantizar para el año 2030, el acceso universal a los servicios de salud sexual y reproductiva.


Que el aborto ha sido por muchísimos años un problema de salud pública en la REPÚBLICA ARGENTINA, principalmente, por las condiciones en que se producía y por las desigualdades geográficas, económicas y sociales. Dichas condiciones de inseguridad provocan daños en la salud y en la vida de las mujeres y otras personas gestantes, así como muertes evitables.


Que las políticas de acceso al aborto seguro deben implementarse, articularse y fortalecerse con la prevención de embarazos no intencionales.


Que, en esa línea, a través del artículo 2° de la Ley N° 27.610, se reconocen los derechos de las mujeres y personas con otras identidades de género con capacidad de gestar a decidir, requerir y acceder a la atención de la interrupción del embarazo, así como a requerir y recibir atención postaborto en los servicios del sistema de salud y a acceder a información para prevenir los embarazos no intencionales.


Que por el artículo 5° de la citada ley se establecen las condiciones mínimas y derechos en la atención del aborto y postaborto.


Que, en virtud de lo expuesto, corresponde reglamentar ciertos aspectos de la Ley N° 27.610, destacándose entre estos el ejercicio del derecho a la confidencialidad, las condiciones de otorgamiento del consentimiento informado, la situación de las personas con capacidad restringida y los supuestos en los cuales los o las profesionales de la salud no podrán alegar objeción de conciencia, entre otros.


Que, asimismo, se establece que la Autoridad de Aplicación de la Ley N° 27.610 es el MINISTERIO DE SALUD de la Nación, en función de las competencias que en razón de la materia le asigna la Ley de Ministerios (texto ordenado por Decreto N° 438 del 12 de marzo de 1992) y sus modificatorias.


Que la DIRECCIÓN NACIONAL DE SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA y la SECRETARÍA DE ACCESO A LA SALUD, ambas del MINISTERIO DE SALUD, han tomado intervención en el ámbito de sus respectivas competencias.


Que el servicio de asesoramiento jurídico pertinente ha tomado la intervención de su competencia.


Que la presente medida se dicta en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 99, incisos 1 y 2 de la CONSTITUCIÓN NACIONAL.


Por ello,


EL PRESIDENTE DE LA NACIÓN ARGENTINA


DECRETA:


ARTÍCULO 1°.- Apruébase la Reglamentación de la Ley N° 27.610 – “Acceso a la Interrupción Voluntaria del Embarazo y a la Atención postaborto”– que como ANEXO (IF-2021-69993393-APN-SAS#MS) forma parte integrante del presente decreto.


ARTÍCULO 2°.- Establécese al MINISTERIO DE SALUD de la Nación como Autoridad de Aplicación de la Ley N° 27.610 y de la reglamentación que se aprueba por el presente decreto, quien dictará las normas aclaratorias y complementarias que resulten necesarias para su respectiva implementación.


ARTÍCULO 3°.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.


FERNÁNDEZ - Santiago Andrés Cafiero - Carla Vizzotti - Elizabeth Gómez Alcorta


ANEXO I

Se reglamenta la Ley Nacional de Atención y Cuidado Integral de la Salud durante el Embarazo y la Primera Infancia

LEY NACIONAL DE ATENCIÓN Y CUIDADO INTEGRAL DE LA SALUD DURANTE EL EMBARAZO Y LA PRIMERA INFANCIA

Decreto 515/2021

DCTO-2021-515-APN-PTE - Apruébase Reglamentación de la Ley N° 27.611.

Fecha de publicación 14/08/2021

Ciudad de Buenos Aires, 13/08/2021


VISTO el Expediente Nº EX-2021-57660425-APN-DD#MS, la Ley N° 27.611, y


CONSIDERANDO:


Que el embarazo y los primeros MIL (1000) días de vida constituyen en sí mismos momentos críticos para el desarrollo de las personas, considerando que durante ese período ocurre la mayor aceleración de crecimiento y la más intensa adquisición de funciones progresivas e integradas en las personas.


Que es por ello que contar con políticas públicas, integrales e intersectoriales, que incluyan a todos los niveles del Estado y a la sociedad civil en esta materia, beneficiará el desarrollo de las nuevas generaciones.


Que a los efectos de precisar determinados conceptos de la LEY NACIONAL DE ATENCIÓN Y CUIDADO INTEGRAL DE LA SALUD DURANTE EL EMBARAZO Y LA PRIMERA INFANCIA N° 27.611, es menester definirlos.


Que esta norma asume que los procesos de gestación y el cuidado de las infancias son una responsabilidad de todo el entorno familiar y de la comunidad.


Que los entornos de crianza comprenden los distintos espacios donde se desarrolla la vida de los niños y las niñas, tal como el hogar, las instituciones educativas y de salud, como así también espacios comunitarios y de esparcimiento, todos ellos ámbitos protectores de derechos.


Que el derecho a la salud integral de las personas gestantes, sin distinción de género, orientación sexual, identidad de género, clase social, etnia y nacionalidad, y de los niños y las niñas durante los primeros años de vida implica también el derecho a una vida libre de violencias.


Que, en este sentido, la Ley Nº 27.611 destaca, en particular, la relevancia de la prevención y asistencia en materia de violencias por motivos de género durante el embarazo y la primera infancia, en tanto incorpora a las disposiciones de la Ley N° 26.485 como uno de sus principios rectores e indica que en aquellos casos donde se observen indicios o sospechas de posibles situaciones de violencia por motivos de género en el marco de la atención sanitaria, los equipos profesionales y el personal interviniente tienen el deber de informar sobre los derechos allí establecidos y sobre los recursos de atención y denuncia existentes.


Que los embarazos en niñas y adolescentes imponen establecer pautas respecto a los deberes de los servicios de salud frente a la sospecha o el conocimiento de un hecho de abuso sexual en observancia con lo previsto en la Ley N° 26.061, su modificatoria y complementarias.


Que la perspectiva de género permite visibilizar y analizar las relaciones de poder que existen entre las personas sobre la base del género. Entender a los géneros como una construcción socio-cultural y no como algo natural o biológico que deriva de la anatomía.


Que históricamente las relaciones entre los géneros producen desigualdades y violencias que ponen en desventaja a las mujeres y a las personas LGBTI+.


Que la diversidad es inherente a la existencia humana.


Que hay sistemas que imponen una concepción binaria, biologicista y esencialista como formas de vivir, entre ellos las que suponen la relación lineal y única entre genitalidad, género y orientación sexual; el sistema capacitista que valora unas capacidades por sobre otras; los que valoran la etapa adulta por sobre las otras edades/etapas de la vida, como así también el racismo o etnocentrismo que considera a una cultura/grupo étnico superior a otro a partir de argumentos de superioridad racial.


Que el enfoque de la diversidad propone cuestionar las relaciones de poder que devienen de la jerarquización de unas formas de existencia por sobre otras.


Que en virtud de la implementación de la Ley Nº 27.611, se considera necesario y oportuno proponer la constitución de mesas de trabajo jurisdiccionales, a los efectos de brindar apoyo y asesoramiento a las comunidades y personal de salud, en lo relativo a la gestión, registro, acceso y cumplimiento de la mentada ley, incluyéndose para tal fin a los equipos comunitarios de cada jurisdicción y debiéndose asegurar la creación de espacios de formación, participación y acceso a la información de las personas gestantes y sus familiares.


Que la identificación de una persona permite individualizarla de modo único, inequívoco y diferenciable de los demás miembros de una comunidad; es por ello que la inscripción de su nacimiento es un requisito indispensable para acceder al DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD (DNI), instrumento que lo habilitará para el pleno ejercicio de sus derechos civiles, políticos, económicos, sociales, culturales y ambientales y el cumplimiento de sus obligaciones.


Que el inciso a) del artículo 2° de la Ley Nº 17.671 establece que le compete al REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS (RENAPER) la inscripción e identificación de las personas, la cual se llevará a cabo mediante el registro de sus antecedentes de mayor importancia, desde el nacimiento y a través de las distintas etapas de la vida, los que se mantendrán permanentemente actualizados.


Que la inscripción registral y la documentación de las personas constituyen la base del registro de datos que refleja el potencial humano de la Nación y, por lo tanto, los hechos y actos que dan origen, alteran o modifican el estado civil y capacidad de las personas, como así también los datos que conforman las estadísticas vitales son esenciales para el diseño, implementación y evaluación de las políticas públicas.


Que la creación, en el ámbito del REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS (RENAPER), del Sistema de Alerta Temprana de Nacimientos para la inscripción e identificación inmediata de recién nacidas y nacidos permitirá contar con información actualizada de todos los nacimientos de personas nacidas vivas, se haya formalizado o no la inscripción registral y/o la tramitación del DNI.


Que el Sistema de Alerta Temprana de Nacimientos se implementará a través de la plataforma de emisión de certificados digitales de hechos vitales, medio por el cual los y las profesionales médicos y médicas intervinientes deben certificar por documento electrónico con firma digital los hechos vitales de las personas, de acuerdo con lo establecido en los artículos 30, 32, 34, 35, 62, 64 y 65 de la Ley N° 26.413.


Que, además, es necesario adoptar medidas que faciliten el acceso al DNI, particularmente de las personas en situación de vulnerabilidad social.


Que en relación con la inscripción tardía, otra situación identificada como una dificultad de acceso al DNI, la cual, en muchas ocasiones requiere su judicialización, con la consecuente demora que ello implica, se debe destacar la importancia de lo establecido por la LEY NACIONAL DE ATENCIÓN Y CUIDADO INTEGRAL DE LA SALUD DURANTE EL EMBARAZO Y LA PRIMERA INFANCIA N° 27.611, en cuanto la misma podrá instrumentarse por vía administrativa y sin límite de edad, lo que disminuirá significativamente la subregistración.


Que la citada LEY NACIONAL DE ATENCIÓN Y CUIDADO INTEGRAL DE LA SALUD DURANTE EL EMBARAZO Y LA PRIMERA INFANCIA N° 27.611 incorporó al Régimen de Asignaciones Familiares la Asignación por Cuidado de Salud Integral, la cual consistirá en el pago de una suma de dinero que se abonará UNA (1) vez al año a las personas titulares comprendidas en el artículo 1° de la Ley N° 24.714 y sus modificatorias, por cada niño o niña menor de TRES (3) años de edad que se encuentre a su cargo, siempre que hayan tenido derecho al cobro de la Asignación Universal por Hijo para Protección Social dentro del año calendario y acrediten el cumplimiento del plan de vacunación y control sanitario, de conformidad con los requisitos que a tales efectos establezca la ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL (ANSES).


Que la Asignación por Cuidado de Salud Integral deberá ser liquidada de acuerdo al monto correspondiente al valor general del menor nivel de ingresos del período en que la misma se pone al pago; salvo que las personas titulares residan en las zonas previstas en la Ley N° 23.272 y su modificatoria, a quienes será aplicable el importe diferencial establecido en el artículo 2° de la Ley N° 27.160 y sus modificatorias.


Que por el artículo 7° de la LEY NACIONAL DE ATENCIÓN Y CUIDADO INTEGRAL DE LA SALUD DURANTE EL EMBARAZO Y LA PRIMERA INFANCIA N° 27.611 se extendió la Asignación por Embarazo para Protección Social, desde el inicio del embarazo hasta su interrupción o el nacimiento del hijo o de la hija, siempre que no exceda de NUEVE (9) mensualidades.


Que, en este sentido, resulta adecuado establecer que la extensión de la referida Asignación por Embarazo para Protección Social será también de aplicación para aquellas asignaciones que se encuentran en curso de pago al momento de la entrada en vigencia de la LEY NACIONAL DE ATENCIÓN Y CUIDADO INTEGRAL DE LA SALUD DURANTE EL EMBARAZO Y LA PRIMERA INFANCIA N° 27.611.


Que a los fines de garantizar el ejercicio de los derechos y el cumplimiento de las obligaciones establecidos en la LEY NACIONAL DE ATENCIÓN Y CUIDADO INTEGRAL DE LA SALUD DURANTE EL EMBARAZO Y LA PRIMERA INFANCIA N° 27.611, resulta necesario el diseño del modelo de atención y cuidado integral por parte de la Autoridad de Aplicación, el cual deberá, entre otras cuestiones, establecer las prestaciones que el sistema deberá brindar, definir su cobertura y/o su inclusión en el PROGRAMA MÉDICO OBLIGATORIO (PMO); como así también respecto de los insumos fundamentales como medicamentos esenciales, vacunas, leche y alimentos para el desarrollo.


Que, además, la Autoridad de Aplicación deberá delinear el alcance de la organización de los servicios de salud para niños y niñas con necesidad de cuidados especiales en sus primeros años, en cuanto a las condiciones, patologías y estudios clínicos que deban garantizar.


Que resulta conveniente y necesario establecer, sin perjuicio de que puedan ser modificados en el futuro, los indicadores que permitan monitorear el cumplimiento de la Ley, los cuales a su vez serán reportados por la Autoridad de Aplicación ante el HONORABLE CONGRESO DE LA NACIÓN, en oportunidad de presentar su informe anual.


Que la Autoridad de Aplicación elaborará un PLAN NACIONAL DE IMPLEMENTACIÓN de la ley que incluya un Cronograma de Avance de Implementación.


Que en virtud de la organización de nuestro país, y a los fines de garantizar la más federal y equitativa implementación de la ley que por el presente se reglamenta, resulta necesario establecer acuerdos interjurisdiccionales, siendo el CONSEJO FEDERAL DE SALUD, entre otros, un ámbito apropiado para ello.


Que en atención a sus competencias y estructura orgánica, resulta oportuno que la UNIDAD DE COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA funcione en el ámbito de la SECRETARÍA DE ACCESO A LA SALUD del MINISTERIO DE SALUD, pudiendo dictar su propio reglamento.


Que el MINISTERIO DE SALUD, en su carácter de Autoridad de Aplicación de la referida ley, ha tomado la intervención de su competencia.


Que el servicio jurídico pertinente ha tomado la intervención de su competencia.


Que la presente medida se dicta en uso de las facultades conferidas por el artículo 99, incisos 1 y 2 de la CONSTITUCIÓN NACIONAL.


Por ello,


EL PRESIDENTE DE LA NACIÓN ARGENTINA


DECRETA:


ARTÍCULO 1°.- Apruébase la REGLAMENTACIÓN DE LA LEY NACIONAL DE ATENCIÓN Y CUIDADO INTEGRAL DE LA SALUD DURANTE EL EMBARAZO Y LA PRIMERA INFANCIA Nº 27.611, que como ANEXO I (IF-2021-69636433-APN-SAS#MS) forma parte integrante del presente.


ARTÍCULO 2°.- La presente medida entrará en vigencia a partir de su publicación en el BOLETÍN OFICIAL.


ARTÍCULO 3°.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.


FERNÁNDEZ - Santiago Andrés Cafiero - Carla Vizzotti - Elizabeth Gómez Alcorta - Claudio Omar Moroni - Eduardo Enrique de Pedro


ANEXO I