jueves, 26 de noviembre de 2020

Se crea el Plan Nacional de Investigación Traslacional en Salud para la Red de Hospitales

MINISTERIO DE SALUD - Resolución 2060/2020

Fecha de publicación 26/11/2020

Ciudad de Buenos Aires, 24/11/2020 

VISTO el Expediente EX-2020-66841026-APN-SSCRYF#MS y la Decisión Administrativa N° 457 de fecha 4 de abril de 2020, y 

CONSIDERANDO: 

Que es competencia del MINISTERIO DE SALUD ejecutar los planes, programas y proyectos destinados a la mejora de la calidad y al logro de la equidad de los sistemas de salud, garantizando a la población el acceso a los bienes y servicios de salud. 

Que por la Decisión Administrativa N° 457/20 de fecha 4 de abril de 2020 aprobó la estructura organizativa del MINISTERIO DE SALUD, creando DIRECCIÓN DE DIFUSIÓN DEL CONOCIMIENTO en la órbita de la DIRECCIÓN NACIONAL DE TALENTO HUMANO Y CONOCIMIENTO, de la SUBSECRETARÍA DE CALIDAD, REGULACIÓN Y FISCALIZACIÓN de la SECRETARÍA DE CALIDAD EN SALUD. 

Que la DIRECCIÓN DE DIFUSIÓN DEL CONOCIMIENTO tiene entre sus acciones la de promover el desarrollo de la investigación traslacional en red mediante metodologías colaborativas e interdisciplinarias que posibiliten la aplicación y operativización en servicio de evidencias y conocimientos en salud. 

Que entre los grandes desafíos de los sistemas de salud se encuentra el de garantizar a la población un acceso con equidad y calidad en la atención, así como la eficiencia de la misma. 

Que, a fin de tomar decisiones fundamentadas, los diseñadores de políticas sanitarias requieren que estas se sustenten en evidencia científica, haciendo uso adecuado de los resultados obtenidos de los procesos de investigación y de la apropiada implementación de las tecnologías sanitarias, siempre en pos de mejorar la calidad de vida de la población. 

Que el avance científico, la innovación tecnológica y la información disponible hacen necesario impulsar acciones y mecanismos instrumentales que favorezcan la consolidación y la mejora del desarrollo, producción, implementación y acceso al conocimiento en salud. 

Que el conocimiento en y para la salud, requiere del establecimiento de dispositivos que propicien su traslado y aplicación en los procesos de atención y que regule la implementación de criterios científicos éticos en la definición de prioridades del conocimiento a producir, con la finalidad de ser utilizado como recurso sanitario estratégico para la formulación de mejores políticas públicas. 

Que la formación, capacitación y difusión del conocimiento son estrategias esenciales para el fortalecimiento del sistema de salud. 

Que resulta fundamental consolidar las experiencias de los equipos de salud hospitalarios, los aprendizajes institucionales y los conocimientos incorporados en los servicios de salud de nuestro país, a fin de fortalecer la soberanía científica y sanitaria, por lo que se propicia la creación del PLAN NACIONAL DE INVESTIGACIÓN TRASLACIONAL EN SALUD PARA LA RED DE HOSPITALES. 

Que la implementación del referido Plan tiene como objetivos promover el desarrollo de estrategias y dispositivos de apoyo para investigadores/as y personal sanitario que actúen en los ámbitos hospitalarios de la red nacional de hospitales que se encuentran bajo la órbita del MINISTERIO DE SALUD. 

Que el PLAN NACIONAL DE INVESTIGACIÓN TRASLACIONAL EN SALUD PARA LA RED DE HOSPITALES tiene como propósito fomentar la creación de Unidades de Conocimiento Traslacional Hospitalarias (UCT-Hospitalarias), las cuales representarán espacios para canalizar e institucionalizar los proyectos y actividades científico-técnicas que se correspondan con este campo del conocimiento en salud, siendo decisión de cada hospital los modos de implementación, formas y alcances de dichas Unidades en sus instituciones. 

Que la producción del conocimiento en salud en los ámbitos hospitalarios, espacio idóneo por su vínculo directo con los pacientes, resulta fundamental para incentivar y promover la consolidación de equipos interdisciplinarios que trabajen desarrollando investigación traslacional orientada a los problemas prevalentes de cada región y territorio. 

Que el actual contexto de innovación y desarrollo científico-técnico requiere del impulso de espacios orgánicos que den lugar al desarrollo de nuevos paradigmas y necesidades de conocimiento de las instituciones hospitalarias. 

Que la SUBSECRETARÍA DE CALIDAD, REGULACIÓN Y FISCALIZACIÓN y la SECRETARÍA DE CALIDAD EN SALUD han prestado su conformidad al dictado de la presente medida. 

Que la DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS ha tomado la intervención de su competencia. 

Que la presente medida se dicta en uso de las facultades conferidas por el artículo 103 de la Constitución Nacional y la Ley de Ministerios N° 22.520, modificatorias y complementarias. 

Por ello, 

EL MINISTRO DE SALUD 

RESUELVE: 

ARTÍCULO 1°.- Créase el PLAN NACIONAL DE INVESTIGACIÓN TRASLACIONAL EN SALUD PARA LA RED DE HOSPITALES, que como Anexo I (IF-2020-66896284-APN-DNTHYC#MS) forma parte integrante de la presente medida, a fin de fomentar el desarrollo de Unidades de Conocimiento Traslacional Hospitalarias (UCT-Hospitalarias) como espacios de canalización e institucionalización del conocimiento traslacional en red. 

ARTÍCULO 2°.- El PLAN NACIONAL DE INVESTIGACIÓN TRASLACIONAL EN SALUD PARA LA RED DE HOSPITALES funcionará bajo la órbita de la DIRECCIÓN DE DIFUSIÓN DEL CONOCIMIENTO dependiente de la DIRECCIÓN NACIONAL DE TALENTO HUMANO Y CONOCIMIENTO de la SUBSECRETARÍA DE CALIDAD, REGULACIÓN Y FISCALIZACIÓN. 

ARTÍCULO 3°.- Invítase a las jurisdicciones provinciales y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a adherir e impulsar la implementación de la medida dispuesta en el artículo 1°, en el ámbito de su competencia. 

ARTÍCULO 4°.- La presente medida no implica erogación presupuestaria. 

ARTÍCULO 5°.- La presente Resolución entrará en vigencia a partir del día de su publicación en el Boletín Oficial. 

ARTÍCULO 6°.- Publíquese, comuníquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DE REGISTRO OFICIAL y archívese. 

Ginés Mario González García

ANEXO I

martes, 24 de noviembre de 2020

Florida decide prohibir la discriminación genética que podrían hacer los seguros de vida

El Estado norteamericano es el primero en no permitir a las compañías aseguradoras el uso de información genética, definida como los resultados de pruebas genéticas predictivas, a menos que la información vaya acompañada de un diagnóstico de una afección médica.

A medida que avanza la medicina y la tecnología, más cuidado debemos tener también en su utilización y regulación. El 1 de julio de 2020, Florida se convirtió en el primer estado en prohibir a las compañías de seguros de vida el uso de información genética, definida como los resultados de pruebas genéticas predictivas, en la suscripción a menos que la información vaya acompañada de un diagnóstico de una afección médica, según constata una publicación en el New England Journal of Medicine. 

Esta política es importante porque la Ley federal de no discriminación por información genética (GINA, por sus siglas en inglés) se aplica solo al seguro de empleo y de salud. Los seguros de vida están regulados por los Estados, y ningún otro Estado ha promulgado una legislación tan audaz, en parte debido al cabildeo altamente efectivo de las compañías de seguros. La nueva ley representa una oportunidad largamente esperada y destaca el importante papel de los médicos en la formulación de políticas que promueven la salud. 

Varios otros estados han considerado la legislación que prohíbe la discriminación genética en la suscripción de pólizas de seguro de vida, y algunos han promulgado protecciones que son menos sólidas que las de Florida. Por ejemplo, Arizona prohíbe la discriminación genética en los seguros de vida a menos que exista una justificación actuarial para el uso de la información genética. California prohíbe la discriminación genética contra los portadores no afectados de genes de trastornos recesivos en cualquier póliza de seguro. Y Vermont no permite a las compañías de seguros de vida exigir pruebas genéticas como condición para solicitar un seguro, pero las aseguradoras pueden utilizar los resultados de las pruebas genéticas clínicas en las decisiones de suscripción. 

Ha habido muy pocos ejemplos documentados de suscripción sobre la base de resultados de pruebas genéticas predictivas. Pero debido a que ha habido poca protección legal contra dicha suscripción, los formularios de consentimiento para la atención médica y la investigación advierten de forma rutinaria sobre la posibilidad de discriminación por parte de las compañías de seguros de vida.

Rechazo a las pruebas genéticas 

Después de recibir tales advertencias, muchas personas que pueden estar en riesgo de diversas afecciones genéticas se muestran reacias a someterse a pruebas genéticas clínicamente indicadas o a participar en investigaciones genéticas. En un estudio, el 25% de las personas que se negaron a participar en la investigación de secuenciación genómica citaron el miedo a la discriminación por parte de las compañías de seguros de vida como su principal razón. Además, las personas que obtienen resultados clínicamente procesables de un laboratorio de pruebas genéticas directo al consumidor u otro laboratorio de pruebas genéticas orientado al consumidor pueden ser reacias a informar a su médico porque les preocupa que los resultados de las pruebas de seguimiento o la información de riesgo genético colocada en sus registros médicos serán accesibles por las compañías de seguros de vida. 

La nueva ley de Florida permitirá a los residentes de ese lugar someterse a pruebas genéticas sin temor a las consecuencias financieras de los resultados de las pruebas predictivas. 

Las compañías de seguros de vida han estado preocupadas durante mucho tiempo de que los clientes potenciales que reciben información genética a través de plataformas de pruebas genéticas clínicas u orientadas al consumidor se involucren en una selección adversa: la tendencia de las personas con información no divulgada sobre su propia salud a expandir su cobertura de seguro más allá de la cantidad que necesitan de lo contrario obtendría. Las aseguradoras de vida han insistido en preservar su derecho a decidir exigir a los solicitantes que presenten los resultados de las pruebas genéticas o que obtengan acceso a la información genética en los registros médicos de los solicitantes, y han argumentado que limitar este derecho tendría graves consecuencias financieras para su negocio.

Pero muchos otros países, incluidos Australia, Canadá, Francia, Alemania, Corea del Sur y el Reino Unido, ya restringen el uso de resultados de pruebas genéticas predictivas por parte de las aseguradoras de vida. Hasta el momento, no hay ninguna evidencia de que las leyes prohibitivas o las moratorias en toda la industria hayan amenazado la viabilidad de las compañías de seguros de vida o hayan resultado en una menor disponibilidad de seguros de vida para los consumidores en estos países. 

El efecto sobre la suscripción ha sido mínimo probablemente porque los resultados de las pruebas genéticas son valiosos en el contexto de los seguros de vida solo en relación con un pequeño número de afecciones genéticas y en circunstancias limitadas, como en casos de trastornos letales de inicio en la edad adulta con alta penetrancia y sin antecedentes familiares documentados. Los criterios de suscripción tradicionales, como la edad, el estado de salud actual, el historial médico personal y familiar, el estilo de vida, las exposiciones ambientales y la cantidad de cobertura buscada en relación con los ingresos, son suficientes para la suscripción de la gran mayoría de las pólizas. 

Beneficios sustanciales para la salud 

La utilidad limitada de las pruebas genéticas de uso común para la suscripción contrasta con los beneficios sustanciales para la salud que pueden acumularse si las personas en riesgo de trastornos genéticos no se disuaden de someterse a pruebas genéticas. Para muchas afecciones, incluidos algunos tipos de cáncer y enfermedades cardíacas, la detección temprana mediante pruebas genéticas, seguida de vigilancia e intervención, puede mejorar sustancialmente los resultados de salud.

Además, la terapia génica y otros métodos de tratamiento emergentes pronto tendrán el potencial de prolongar sustancialmente la vida de las personas con trastornos genéticos. Por lo tanto, es probable que retrasar un diagnóstico molecular debido a las preocupaciones del paciente sobre la discriminación genética conduzca a peores resultados de salud. El miedo a la discriminación por parte de las compañías de seguros de vida ha sido un obstáculo importante para el progreso en el uso de tecnologías genéticas en la medicina y la investigación médica. El avance legislativo de Florida crea oportunidades importantes para que los médicos aboguen por proyectos de ley similares en sus propios estados, incluso trabajando con organizaciones profesionales y grupos de pacientes. 

Además, los médicos que se desempeñan como directores médicos de compañías de seguros de vida tienen el deber ético de abogar por políticas antidiscriminación. Aunque dichos médicos no se dediquen a la atención directa del paciente, conservan su responsabilidad profesional de seguir los principios de la ética médica. 

El Capítulo 10 del Código de Ética de la Asociación Médica Estadounidense, que aborda las obligaciones éticas de los médicos en funciones no clínicas, establece que “cuando los médicos utilizan los conocimientos y valores adquiridos a través de la formación y la práctica médicas en funciones que afectan la atención y el bienestar de pacientes individuales o grupos de pacientes, están funcionando dentro de la esfera de su profesión“. Cuando se trata de políticas orientadas al consumidor que pueden influir en la salud, los médicos que trabajan para compañías de seguros de vida están obligados a defender los valores éticos de la profesión médica. 

La obligación ética de evitar daños a los solicitantes de seguros de vida no significa que los médicos deban respaldar cambios fundamentales en la forma en que se suscriben los seguros de vida. Las compañías de seguros de vida aún podrían usar la información médica actual y el historial médico familiar del solicitante, los cuales pueden contener información genética. Más bien, el imperativo ético y político es que los médicos se opongan a las prácticas, incluida la suscripción por parte de las compañías de seguros de vida, que desalientan a las personas de someterse a pruebas genéticas potencialmente beneficiosas.

Fuente: Infobae

jueves, 19 de noviembre de 2020

Prótesis PIP, 10 años después: las consecuencias físicas y psicológicas de un escándalo mundial

Alrededor de 500 mil mujeres en el mundo utilizaron los implantes defectuosos, lo que convierte este caso en uno de los de mayor número de víctimas en la historia de los dispositivos médicos. En la Argentina, sólo el 7% de las alrededor de 15 mil afectadas inició una demanda a la empresa alemana que certificó su calidad.

El escándalo de las prótesis mamarias de la compañía francesa PIP salió a la luz en marzo de 2010, cuando se supo que la empresa utilizaba un gel de silicona no homologado para uso médico, en vez del gel Nusil autorizado que declaraba emplear. 

Se estima que medio millón de prótesis fraudulentas PIP fueron fabricadas y vendidas en el mundo entre 2001 y 2010, valiéndose de los ineficaces controles por parte de la empresa certificadora TÜV Rheinland. En la Argentina, se estima que alrededor de 15 mil mujeres recibieron estas prótesis mamarias, que se comercializaron entre 2007 y 2010, año en el que la ANMAT prohibió su comercialización y uso. 

Hoy, diez años después, la incertidumbre sobre los efectos negativos de las prótesis se mantiene. Con el agravante de que, por desconocimiento o falta de recursos, miles de mujeres aún continúan siendo portadoras de estas prótesis, y sufriendo daños emocionales y físicos. 

Existe, incluso, la sospecha, no confirmada, de que la colocación y el uso de prótesis mamarias de tipo rugosas están asociadas a un tipo de cáncer poco frecuente, el Linfoma Anaplásico de Células Grandes (LACG, por su sigla en español). 

No obstante, lo que sí se sabe es que la tasa de probables lesiones, como pueden ser una ruptura o fisura con escape de gel, ocasionados por las prótesis mamarias PIP es siete veces más que otros implantes. Por lo que, adicional al potencial riesgo para la salud, las damnificadas en algunos casos deben luchar para que su seguro médico cubra la operación para extraerlas de forma preventiva y les garantice el recambio de estas, con el agravante de que no todas las argentinas están afiliadas a prepagas o a obras sociales en el país. 

En muchos países del mundo se recomendó la remoción preventiva de los implantes PIP, teniendo en cuenta la afectación al daño psicológico de la mujer que lleva este producto adulterado en su cuerpo.

“No es que todas las pacientes que tenían prótesis PIP tuvieron problemas. Fue un lote que se realizó con un gel adulterado y que dio como resultado prótesis que se podían romper con más facilidad”, destacó ante la consulta de este medio el médico cirujano plástico Fernando Felice (MN 108.614), para quien “para aquella paciente que aún tenga colocadas prótesis PIP la recomendación es seguir al igual que para quien tenga otra marca de prótesis colocadas: seguir con los controles evolutivos, o sea, que la vea el mastólogo para evaluar la glándula y su cirujano una vez al año para evaluar que la prótesis se encuentre en buenas condiciones”. 

En ese sentido, el médico mastólogo Juan Luis Uriburu (MN 72.558), presidente de la Sociedad Argentina de Mastología (SAM) refirió que “lo primero que debe saber una mujer que quiera someterse a una cirugía de implante mamario es que tiene que hacerse un examen mamario completo y de acuerdo a la edad irá acompañado de estudios por imágenes”. “Si es mayor de 30 años tiene que hacerse mamografía y ecografía y concurrir al mastólogo para que la revise y evalúe esos estudios. Si fuera menor de 30 al menos debe tener la ecografía y el examen físico”, detalló. 

Para el médico cirujano plástico Sergio Korzin (MN 69761) “antes de colocarse un implante mamario, una mujer debe conocer la marca, elegirlo con el médico y verlo en su caja, que esté cerrado y que cuente con las autorizaciones sanitarias pertinentes”. 

Y pese a destacar que una vez recibido el alta de su cirujano “la mujer seguirá sus controles médicos anuales y no deberá tener ningún cuidado particular”, Korzin remarcó que “sí la mujer debe saber que ningún implante mamario dura toda la vida: tienen un promedio de vida útil de diez años, lo que quiere decir que alrededor de ese tiempo haya que cambiarlos cuando por el deterioro normal del implante, éste se rompe, que es una consecuencia casi normal de los implantes”. 

Sobre #LaDemandaMásGrandeDelMundo

La Unión de Consumidores de Argentina (UCA) identificó que en la Argentina no se generó una respuesta adecuada para las más de 15 mil víctimas de las prótesis mamarias Poly Implant Prothèse “PIP”. Por eso decidieron coordinar una estrategia con la firma Lozano Blanco & Asociados, liderada por Nathalie Lozano Blanco, que cuenta ya con varias victorias en los tribunales franceses, frente a los cuales representó a víctimas de más de 45 países. 

“La situación de miles de mujeres afectadas en nuestro país como consecuencia de los implantes mamarios PIP que no han sabido orientar su reclamo nos coloca en la necesidad de actuar como entidad defensora de los derechos de los consumidores colaborando para encontrar canales adecuados para las víctimas”, expresó Adriana Malek, presidente de la UCA. 

En diálogo con Infobae, Malek explicó que “la causa no prescribió, está abierta”. “En Francia habían dado un límite hasta el 31 de agosto, pero luego lo extendieron y esta semana se está volviendo a tratar en una audiencia en ese país por lo que en breve tendremos novedades al respecto”, puntualizó, al tiempo que destacó que “las personas que quieran iniciar demanda pueden hacerlo”. 

Para ella, la importancia de visibilizar este reclamo tiene que ver con la baja cantidad de mujeres argentinas que se unieron a la demanda, en función de las entre 13.500 y 15 mil que se cree que fueron operadas en el país con esas prótesis. “En algunos casos las damnificadas no conocen la marca del implante que tienen puesto; en otros ocurre que para ingresar a la demanda hay que tener la certificación (el número de lote y demás datos del empaque de la prótesis), que muchas mujeres no saben dónde lo tienen o directamente aseguran que no lo recibieron de parte del médico”. En esos casos, según explicó Malek, “deben recurrir a la historia clínica del centro de salud donde fueron operadas donde se supone que figuran esos datos”. 

Más de 11 mil mujeres representadas por Lozano Blanco demandan a la empresa alemana TÜV Rheinland por no realizar los controles pertinentes de la fabricación y comercialización de los implantes mamarios PIP. Esta negligencia desató una crisis sanitaria mundial, provocando fuertes consecuencias en la salud de más de 500 mil mujeres en todo el mundo. 

El estudio de abogados promotores de la campaña #LaDemandaMásGrandeDelMundo busca a través de un equipo internacional multidisciplinario representar y dar acompañamiento personalizado en todo el proceso legal a las mujeres víctimas, y obtener una indemnización para las víctimas de este caso, reclamando por sus derechos en pos de la obtención de indemnizaciones correspondientes. 

Lozano Blanco fue la primera firma de abogados a nivel mundial que representó un número masivo de víctimas en el caso PIP frente a las cortes francesas. TÜV Rheinland fue condenada en primera instancia a pagar una provisión de 3 mil euros a las mujeres demandantes para cubrir los gastos médicos urgentes. Ellas están ahora a la espera de una indemnización definitiva individual de acuerdo con su caso concreto y su nivel de afectación física y psicológica.

Sin embargo, los especialistas observan que aunque en la Argentina alrededor de 15 mil mujeres tienen o tuvieron estos implantes mamarios, es uno de los países con menos representación en la demanda. Tan sólo el 7% de las argentinas afectadas se unieron hasta ahora. Este porcentaje es bajísimo frente a otros países como Colombia (53%), Venezuela (25%) e Inglaterra (30%). 

Malek ahondó que la ley 24.240 de defensa consumidor en su artículo 5 “se refiere al deber de seguridad de la salud y la integridad física de un usuario, en referencia a que un producto no tiene que presentar peligro para la salud o el físico del usuario”. 

“Nos preocupaba el hecho de que cuando hay que hacer una demanda a nivel internacional las usuarias a veces carecen de las herramientas para actuar fuera de la frontera, por eso nos aliamos con un estudio que ya está interviniendo y tiene sentencias en Francia”, contó, al tiempo que destacó que quienes deseen sumarse a la demanda pueden hacerlo al mail de la entidad info@ucargentina.org.ar o bien en la web de la demanda para saber cómo proseguir. 

Un estudio que realizó Lozano Blanco & Asociados en 2018 entre las mujeres representadas arrojó que el 64% de ellas sufrieron angustia permanente derivada de usar o haber usado los implantes, el 68% vio afectada su autoestima y el 36% su desempeño laboral a causa de las complicaciones de las prótesis. 

A los riesgos para la salud física y psicológica, también se suman las consecuencias económicas. El mismo estudio arrojó el dato de que el 95% de las mujeres que aún no se sometieron a una cirugía de retiro de implantes, 32% argumentan que no lo hicieron por falta de recursos económicos. El promedio de los gastos médicos asociados a complicaciones con las prótesis corresponde, en promedio, a 14 meses de salario.

Fuente: Infobae

martes, 17 de noviembre de 2020

Nueva canasta básica y universal en reemplazo del PMO, anticipó el Superintendente de Salud

El PMO será reemplazado durante 2021 por una canasta básica y universal de prestaciones que serán un derecho para todos y una obligación ineludible para los financiadores, anticipó Eugenio Zanarini, titular de la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS). 

Zanarini también admitió que “estamos preocupados” por las tensiones que soportará el sistema de salud a partir del primero de enero y reiteró que las obras sociales con menos de mil afiliados deberán fusionarse o aunar prestaciones, porque con su estatus actual son inviables. 

El titular de la SSS además precisó que los sanatorios y clínicas privadas recibieron 60 mil millones de pesos en ATP, durante un zoom organizado por la Universidad Isalud. 

“Espero para el año próximo una canasta básica de servicios, que será universal y un derecho para todos, obligatoria para los financiadores y que refleje la política sanitaria del Estado”, anunció el titular de la SSS. 

Zanarini precisó que en la elaboración de esa canasta “estamos trabajando con consultores nacionales e internacionales, con la Secretaría de Equidad en Salud del Ministerio de Salud de la Nación y con el BID”. 

“Es un trabajo arduo que vamos a consensuar con todos los sectores y para fin de año tendremos una idea más acabada”, prometió. 

Zanarini afirmó que “me da bronca cuando leo que el gobierno le dio a las obras sociales 70 mil millones de pesos (durante la pandemia) porque es recaudación del Fondo Solidario y remanentes de ejercicios anteriores. Pero no fueron aportes del Tesoro Nacional”. 

En cambio, comparó que el gobierno destinó 60 mil millones de pesos del Tesoro Nacional para financiar los ATP que recibieron clínicas y sanatorios privados para pagar salarios durante la pandemia. 

Zanarini precisó que el pasivo corriente de las obras sociales suma 107 mil millones de pesos, equivalente a cuatro recaudaciones mensuales, aunque para el 60 por ciento equivale a cinco recaudaciones. 

El titular de la SSS reconoció que “estamos preocupados por el futuro de los prestadores y también de los financiadores, que tuvieron un respiro importante debido a la caída de la demanda de prestaciones” durante la pandemia, pero que deberán afrontar el año próximo la explosión de esa demanda contenida. 

Zanarini calculó que actualmente existe una “brecha” de al menos mil pesos promedio en el costo del PMO para las obras sociales. Ese desfasaje disminuye cuando se calcula con el ingreso promedio de las obras sociales de dirección, “pero cuando nos quedamos con el promedio de las obras sociales sindicales nos preguntamos como se puede dar salud con esos ingresos”, reflexionó. 

En cualquier situación, “la variable de ajuste no son medicamentos, sino los salarios y esto repercute en el sector prestacional”. 

Zanarini avisó que “no se pueden sumar más obras sociales, porque es como pescar en una pecera y todo lo que quieren es una oficina de promoción para derivar a una prepaga”. 

En cuanto a las obras sociales con menos de mil afiliados deberán fusionarse o aunar esfuerzos en convenios de cooperación para acceder a una economía de escala que les permita cumplir con la futura canasta básica de prestaciones. 

“Esto es lo más difícil y lo que mas me desvela”, reconoció Zanarini durante el zoom de Isalud, agregando además un comentario que recientemente también se le escuchó a Héctor Daer de Sanidad: “de la educación y transporte de discapacidad no tienen que hacerse cargo las obras sociales”. 

Zanarini también comentó que “estamos reintegrando medicamentos de 2016” y si se actualizarán esos reintegros a valores actuales, la SSS necesitaría de 26 mil millones de pesos anuales. 

Por eso, para las nuevas drogas “es necesario un Fondo de Medicamentos” y al mismo tiempo la SSS trabaja en un proyecto de ley “para generar un procedimiento de reclamo previo a la judicialización” de medicamentos y tratamientos de alto precio. 

Zanarini explicó que ese escalón previo a la judicialización funcionará a semejanza del SECLO como en la justicia laboral y permitirá que muchas demandas se resuelvan antes de desembarcar en los tribunales, porque “muchas veces es innecesario judicializar porque el beneficiario tiene razón”. 

Rubén Torres, rector de Isalud, a su vez reflexionó que “la pandemia es la oportunidad enorme de avanzar en las reformas del sistema”. 

Torres, precisamente, propuso que una de las reformas necesarias “es poner la mirada sobre el PMO que fue construido en forma totalmente acrítica”. 

“Debemos poner el ojo en un programa médico obligatorio con racionalidad y de acuerdo con la posibilidad de pago de los argentinos”, subrayó. 

Esa racionalidad “fue ignorada por los legisladores cuando aprobaron un conjunto de leyes que sabían que no podían ser pagadas”, fustigó Torres, que pareció referirse, entre otras, a la Ley de Fibrosis Quística. 

Esa mirada crítica debe extenderse también “a la gestión y modelo de atención” con la premisa de garantizar “salud para todos en cualquier lugar del país y en forma equitativa”. 

Ernesto Van Der Kooy, presidente de la consultora Prosanity, coincidió que “salir de la pandemia será muy duro, tanto para los prestadores como para los financiadores”. 

“El sector ya venía muy mal, salvo para aquellas obras sociales que están pegadas a una prepaga” y este panorama “se va a ahondar con la inflación reprimida y el gasto en enfermedades catastróficas”, vilumsbró. 

Van Der Kooy coincidió que la discapacidad “no debería estar a cargo de las obras sociales, porque es un gasto que genera distorsión”. 

Al analizar el costo del PMO, el informe de la consultora indicó que los medicamentos “como todos los años y de cualquier tipo han superado los índices de inflación” y en especial el incremento exponencial de los fármacos utilizados en terapia intensiva para pacientes con COVID, “llama profundamente la atención”. 

“Difícil será afrontar el costo del PMO después de la pandemia”, sumó como preocupante panorama durante el zoom. 

El contador Rubén Roldán, precisó que el costo promedio del PMO en julio pasado fue de 2.788 pesos, con mayor incidencia de las prestaciones especiales por los medicamentos de alto precio. 

Roldán comparó que en los tratamientos ambulatorios el medicamento representó el 28 por ciento del costo, pero en las prestaciones especiales, el medicamento absorbió el 50 por ciento del costo. 

Si en 2010 el costo promedio del PMO era de 88 pesos ahora es de 2.788 y si hace una década el copago del paciente era de 13 pesos promedio, actualmente asciende a 246 pesos, comparó Roldán. 

“Hay una dilación de los acuerdos paritarios que se mantuvieron por debajo de la inflación, pero impactarán el año próximo y no alcanzarán los paliativos para contener los aumentos de sueldos”, advirtieron los expositores de Prosanity. 

Roldán, entre las propuestas para evitar la crisis, enumeró la compra conjunta de medicamentos, una agencia de evaluación de tecnologías y una economía de escala para las obras sociales con menores recursos, coincidiendo con Zanarini. 

Sobre la agencia evaluadora, lamentó que “es un proyecto del que se habla desde hace diez años, pero es una ley que nunca sale”. 

Por el contrario, cuestionó que “se incorporan al PMO prestaciones por presión de familiares a los legisladores, sin el estudio del impacto financiero en las obras sociales”.

Fuente: Pharma Baires