jueves, 18 de julio de 2019

Se aprueba el Vademécum de Drogas Oncológicas de la Coordinación de Banco de Drogas Especiales

MINISTERIO DE SALUD Y DESARROLLO SOCIAL SECRETARÍA DE GOBIERNO DE SALUD - Resolución 1089/2019

Fecha de publicación 16/07/2019

Texto de la norma:

Ciudad de Buenos Aires, 15/07/2019

VISTO el expediente EX-2019-04987852-APN-DD#MSYDS y,

CONSIDERANDO:

Resultado de imagen para drogas oncologicasQue mediante el Decreto Nº 174/2018 se aprobó el Organigrama de Aplicación a la Administración Nacional centralizada hasta el nivel de Subsecretaría a fin de establecer una nueva estructura organizacional que permita el cumplimiento de los objetivos de Gobierno.

Que mediante la Decisión Administrativa Nº 307/18 se aprobó la estructura organizativa de primer y segundo nivel operativo del entonces MINISTERIO DE SALUD y se facultó a su titular a modificar la estructura aprobada, sin que ello implique incremento de las unidades organizativas que la componen.

Que por Anexos III y IV de la mencionada Decisión Administrativa, se delimitaron las funciones de la entonces COORDINACIÓN DE BANCO DE DROGAS dependiente de la DIRECCIÓN NACIONAL DE MEDICAMENTOS Y TECNOLOGÍA SANITARIA, bajo la órbita de la SUBSECRETARÍA DE PROGRAMACIÓN TÉCNICA Y LOGÍSTICA de la SECRETARÍA DE COBERTURAS Y RECURSOS DE SALUD.

Que por Decreto Nº 801/18 se modificó la Ley de Ministerios N° 22.520, creándose el MINISTERIO DE SALUD Y DESARROLLO SOCIAL, determinándose sus competencias.

Que mediante el Decreto Nº 802/2018 se creó el cargo de SECRETARIO DE GOBIERNO DE SALUD con dependencia del MINISTERIO DE SALUD Y DESARROLLO SOCIAL.

Que por Artículo 6 del Decreto Nº 958/2018 se modificó el Anexo I - Organigrama de Aplicación de la Administración Nacional centralizada-, aprobado por el artículo 1º del Decreto Nº 174/18 y sus modificatorios, el Apartado XVII, correspondiente al MINISTERIO DE SALUD Y DESARROLLO SOCIAL.

Que por Resolución RESOL-2019-405-APN-MSYDS Se sustituyó la denominación “COORDINACIÓN DE BANCO DE DROGAS” por “COORDINACIÓN DE BANCO DE DROGAS ESPECIALES” y se aprobó su organigrama.

Que por la aludida Resolución también se Instruyó a la DIRECCIÓN NACIONAL DE MEDICAMENTOS Y TECNOLOGÍA SANITARIA a implementar las medidas necesarias para trabajar, en el plazo de SESENTA (60) días contados a partir del dictado de dicha resolución, en la ampliación del Vademécum respecto de las drogas oncológicas, la cual quedará supeditada a aprobación del Secretario de Gobierno de Salud.

Que a efectos de contribuir a una eficiente integración del Sistema Sanitario Nacional y a promover a su acceso equitativo la COORDINACIÓN DE BANCO DE DROGAS auxilia a las jurisdicciones con la estricta finalidad de equiparar los estándares de asistencia sanitaria en todo el territorio nacional.

Que de la lectura de los obrados se evidencia que la DIRECCIÓN NACIONAL DE MEDICAMENTOS Y TECNOLOGÍA SANITARIA dio integro cumplimiento a lo estipulado en la Resolución RESOL-2019-405-APN-MSYDS, habiendo elaborado el pertinente proyecto de Vademécum de drogas oncológicas, en concordancia con las recomendaciones efectuadas por el INSTITUTO NACIONAL DEL CANCER en su carácter de organismo referente en materia de Cáncer en la República Argentina.

Que este entendimiento, resulta conveniente aprobar el proyecto de VADEMÉCUM DE DROGAS ONCOLÓGICAS con su respectivo MODULO DE INDICACIONES VADEMÉCUM, a fin de propiciar una más eficiente cobertura sanitaria a través de la COORDINACIÓN DE BANCO DE DROGAS ESPECIALES.

Que la SUBSECRETARÍA DE PROGRAMACIÓN TÉCNICA Y LOGÍSTICA y la SECRETARÍA DE COBERTURAS Y RECURSOS DE SALUD de la SECRETARÍA DE GOBIERNO DE SALUD han tomado intervención en el marco de sus competencias.

Que la DIRECCIÓN DE ASUNTOS LEGALES de la SECRETARIA DE GOBIERNO DE SALUD del MINISTERIO DE SALUD Y DESARROLLO SOCIAL ha tomado su intervención de su competencia.

Que la presente se dicta en ejercicio de la competencia atribuida por la Ley de Ministerios Nº 22.520 y sus normas modificatorias y complementarias; Decreto Nº 174/2018 y sus normas modificatorias y complementarias; Ley de Firma Digital Nº 25.506 y sus normas modificatorias y complementarias; Decreto Nº 434/2016 y sus normas complementarías; Decreto Nº 561/2016 y sus normas complementarias; y los Decretos Nº 801, Nº 802 ambos del año 2018.

Por ello,

EL SECRETARIO DE GOBIERNO DE SALUD

RESUELVE:

ARTÍCULO 1º.- Apruébese el VADEMÉCUM DE DROGAS ONCOLÓGICAS de la COORDINACIÓN DE BANCO DE DROGAS ESPECIALES de acuerdo al Anexo I (IF-2019-22591574-APNDNMYTS#MSYDS) y su respectivo MODULO DE INDICACIONES DE VADEMÉCUM de acuerdo al Anexo II (IF-2019-22593042-APN-DNMYTS#MSYDS), que forma parte integrante de la presente medida.

ARTÍCULO 2º.- Regístrese, comuníquese, publíquese, dese a la Dirección Nacional de Registro Oficial y archívese. Adolfo Luis Rubinstein

miércoles, 17 de julio de 2019

Prepaga debe restablecer cobertura a joven con discapacidad, hija de afiliado a quien pretendía aumentarle la cuota por ser ella mayor de 21 años

La Justicia Civil y Comercial Federal dictó un fallo que ordena restablecer y continuar brindando asistencia médica y social a una joven con discapacidad que cumplió 21 años.  La prepaga pretendía aumentarle la cuota al padre afiliado por su mayoría de edad.

Resultado de imagen para law and healthEn la causa “C. H. S. M. c/ Medicus S.A. s/ amparo de salud”, la Sala I de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal confirmó un fallo que ordenó a la parte demandada (MEDICUS S.A) restablecer y continuar brindando asistencia médica y social a C. C. y M. C., absteniéndose de facturar aumentos referidos a la franja etaria hasta tanto se dicte sentencia.

Los jueces de la Alzada rechazaron los agravios de la recurrente, que afirmó que no existe normativa que la obligue a abstenerse de facturar al actor y a su grupo familiar el monto de la cuota que le corresponde de acuerdo a la franja etaria a la cual pertenecen. Además, sostuvo que C. es asociado a Medicus desde septiembre de 1998 y que, en oportunidad de firmar su solicitud de ingreso, ha aceptado todas sus condiciones. En ese orden, destacó que sus hijas, en julio de 2018, cumplieron 21 años modificando el rango etario a su cuota en cuya virtud se le adiciona un valor por ser hijas mayores de edad. 

Los jueces que integran el Tribunal -María Susana Najurieta, Fernando A. Uriarte  y Guillermo Alberto Antelo-  evaluaron que “la cuestión sometida a examen excede el carácter netamente patrimonial, pues se halla en juego el derecho a la salud frente a un aumento del costo de la prestación de servicios médicos prepagos”.

Agregaron que resulta aplicable el marco regulatorio de medicina prepaga, Ley N° 26.682, publicada en el Boletín Oficial el 17 de mayo de 2011, en donde su artículo 14, “Cobertura del Grupo Familiar”, establece: “a) Se entiende por grupo familiar primario el integrado por el cónyuge del afiliado titular, los hijos solteros hasta los veintiún (21) años, no emancipados por habilitación de edad o ejercicio de actividad profesional, comercial o laboral, los hijos solteros mayores de veintiún (21) años y hasta los veinticinco (25) años inclusive, que estén a exclusivo cargo del afiliado titular que cursen estudios regulares oficialmente reconocidos por la autoridad pertinente”.

“En efecto, el amparista S. M. C., invoca ser asociado a la demandada Medicus desde el año 1998 y que su grupo familiar se conforma con la madre de sus hijas (Sra. C. C. V.) y sus dos hijas mellizas (…) Describe que ante el aumento de las cuotas en su plan de salud realizado por la accionada justificando su proceder en que sus hijas habían cumplido 21 años, inició un reclamo administrativo ante la Superintendencia de Servicios de Salud (…) Especifica que la Superintendencia de Servicios de Salud, en el carácter de Autoridad de Aplicación, le dio la razón y dispuso que la entidad de medicina prepaga Medicus S.A. de Asistencia Médica y Científica debía abstenerse de aplicar aumentos no autorizados por la Autoridad de Aplicación al Sr. S. M. C. (cfr. documentación de fs. 9/11), pero que la demandada incumplió, razón por la cual inició la acción de amparo” recordaron los magistrados.

Los jueces evaluaron que la demandada “nada dijo tampoco sobre la disposición dictada por la Gerencia de Atención y Servicios al Usuario del Sistema de Salud de la Superintendencia de Servicios de Salud invocada por el actor”, y que “en casos como este, el criterio de apreciación de la protección preventiva debe ser amplio, ya que se encuentra en juego el desarrollo armonioso de uno de los bienes más apreciables de la persona, sin el cual los restantes carecen de posibilidad de concreción”.

“En efecto, en el caso especial que aquí se trata el “periculum in mora” se encuentra acreditado, ya que la eventual dificultad de afrontar el pago de las cuotas mensuales del servicio producto del aumento impuesto por la demandada podría provocar la falta de cobertura médica del actor y su grupo familiar (…) Máxime, cuando una de sus hijas es discapacitada, quien requiere de diversos tratamientos médicos cuya interrupción puede ocasionarle serios riesgos en su salud” concluyeron los juristas, que rechazaron los agravios de la demandada.


Conforme las normas vigentes se hace saber que las sentencias que se replican en este blog son de carácter público y sólo el órgano jurisdiccional del que emana la decisión impondrá limitaciones a su publicación por razones de decoro o en resguardo de la intimidad de la parte o de terceros que lo hayan solicitado de manera expresa.

viernes, 12 de julio de 2019

La empresa de medicina prepaga no puede aumentar las cuotas de personas de 21 años, si son estudiantes universitarios o personas con discapacidad

Partes: C. H. S. M. c/ Medicus S.A. s/ amparo de salud

Tribunal: Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal 
Sala/Juzgado: I 
Fecha: 14-may-2019

Imposibilidad de que la empresa de medicina prepaga aumente las cuotas de personas que alcanzaron los 21 años, si son estudiantes universitarios o personas con discapacidad.

Sumario:

1.-Corresponde que la empresa de medicina prepaga demandada restablezca el contrato, continúe brindando asistencia a las hijas del afiliado y se abstenga de facturar aumentos referidos a la franja etaria, ya que tal incremento viola lo dispuesto por la Ley 26.682 – al ser una de las hijas estudiante universitaria y otra discapacitada; máxime si tales cuotas mensuales pueden provocar la falta de cobertura médica del actor y su grupo familiar.

Fallo:

Buenos Aires, 14 de mayo de 2019

Y VISTO:

El recurso de apelación interpuesto en subsidio y fundado por la demandada MEDICUS S.A. DE ASISTENCIA MÉDICA Y CIENTÍFICA a fs. 69/71, contra la resolución de fs. 67, mantenida a fs. 72, cuyo traslado fue contestado por la parte actora a fs. 73, y CONSIDERANDO:

1.El Señor Juez Subrogante de este fuero, interpretando que se hallaban reunidos los recaudos inherentes al dictado de las medidas cautelares, ordenó a la parte demandada MEDICUS S.A restablecer y continuar brindando asistencia médica y social a las Srtas. C. C. y M. C., absteniéndose de facturar aumentos referidos a la franja etaria hasta tanto se dicte sentencia (cfr. resolución de fs. 67).

2.Contra tal decisión, la parte demandada interpuso recurso de reposición con apelación en subsidio y habiendo sido desestimada la revocatoria a fs. 72, corresponde analizar la apelación interpuesta (ver recurso y sus fundamentos a fs. 69/71, contestados a fs. 73).

En particular, advierte que no existe normativa que la obligue a abstenerse de facturar al actor y a su grupo familiar el monto de la cuota que le corresponde de acuerdo a la franja etaria a la cual pertenecen.

Pone de manifiesto que el Sr. C. es asociado a Medicus desde septiembre de 1998 y que, en oportunidad de firmar su solicitud de ingreso, ha aceptado todas sus condiciones.En este orden de ideas, destaca que sus hijas, en julio de 2018, cumplieron 21 años modificando el rango etario a su cuota en cuya virtud se le adiciona un valor por ser hijas mayores de edad.

Señala que el Marco Regulatorio de Medicina Prepaga (Ley 26.682), su Decreto Reglamentario (Decreto N° 1193/2011) y el Decreto 66/2019 prevén las condiciones en que se pueden hacer efectivos los aumentos de cuotas en razón de los rangos etarios.

Por tal motivo, considera que corresponde revocar la medida cautelar dictada en tanto considera que su parte aplicó aumentos previstos y autorizados en la ley.

Por último, solicita que se ordene a la parte actora otorgar una caución real.

3.Corresponde ponderar que, como principio, la fundabilidad de la pretensión cautelar no depende de un conocimiento exhaustivo y profundo de la materia controvertida en el proceso principal, sino del análisis de su mera probabilidad acerca de la existencia del derecho invocado (conf. esta Sala, causa 6655 del 7.5.99, entre otras). Ello permite que el juzgador se expida sin necesidad de efectuar un estudio concluyente y categórico de las distintas circunstancias de la relación jurídica involucrada (conf. Fallos: 314:711), mediante una limitada y razonable aproximación al tema de fondo, acorde con el estrecho marco de conocimiento y la finalidad provisional que son propios de las medidas cautelares (conf. Sala II de esta Cámara, causas 19.392/95 del 30.5.95, 53.558/95 del 7.12.95 y 1555/98 del 22.10.98; esta Sala, causa 9643/2001 del 14.12.01).

Asimismo, cabe recordar que la naturaleza de las medidas precautorias no exige a los magistrados el examen de certeza sobre la existencia del derecho pretendido, sino sólo de su verosimilitud, y que el juicio de verdad en esta materia se encuentra en oposición a la finalidad del instituto cautelar, que no es otra cosa que atender a aquello que no exceda del marco de lo hipotético, dentro del cual, asimismo, agota su virtualidad (Fallos: 306:2060; esta Sala, causas 39.380/95 del 19.3.96, 21.106/96 del 17.7.97, 1251/97 del 18.12.97, 436/99 del 8.6.99, 7208/98 del 11.3.99, 7936/99 del 14.3.2000 y 2849/2000 del 30.5.2000).

4.En tal sentido, la cuestión sometida a examen excede el carácter netamente patrimonial, pues se halla en juego el derecho a la salud frente a un aumento del costo de la prestación de servicios médicos prepagos.

En consecuencia, resulta aplicable el marco regulatorio de medicina prepaga, Ley N° 26.682, publicada en el Boletín Oficial el 17 de mayo de 2011, en donde su artículo 14, “Cobertura del Grupo Familiar”, establece: “a) Se entiende por grupo familiar primario el integrado por el cónyuge del afiliado titular, los hijos solteros hasta los veintiún (21) años, no emancipados por habilitación de edad o ejercicio de actividad profesional, comercial o laboral, los hijos solteros mayores de veintiún (21) años y hasta los veinticinco (25) años inclusive, que estén a exclusivo cargo del afiliado titular que cursen estudios regulares oficialmente reconocidos por la autoridad pertinente, los hijos incapacitados y a cargo del afiliado titular, mayores de veintiún (21) años, los hijos del cónyuge, los menores cuya guarda y tutela haya sido acordada por autoridad judicial o administrativa, que reúnan los requisitos establecidos en este inciso;.” (lo destacado no se encuentra en el original).

Por su parte, el art. 17 de la citada normativa prevé:

“La Autoridad de Aplicación fiscalizará y garantizará la razonabilidad de las cuotas de los planes prestacionales.

La Autoridad de Aplicación autorizará el aumento de las cuotas cuando el mismo esté fundado en variaciones de la estructura de costos y razonable cálculo actuarial de riesgos.

Los sujetos comprendidos en el art.1° de la presente ley pueden establecer precios diferenciales para los planes prestacionales, al momento de su contratación, según franjas etarias con una variación máxima de tres (3) veces entre el precio de la primera y la última franja etaria”.

5.Es de destacar que en el tema en análisis se encuentra comprometido el derecho a la salud e integridad física de las personas (Corte Suprema de Justicia de la Nación, Fallos: 302:1284) reconocido por la propia Constitución Nacional en el art. 42 y en los Pactos Internacionales (art. 25, inc. 1, de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y art. 12, inc. 2, ap. D, del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales) que gozan de jerarquía constitucional (art. 75, inc. 22 de la Constitución Nacional).

Por tal motivo, el legislador y el Poder Ejecutivo de la Nación han establecido un control estatal en el valor diferencial de la cuota a cobrar en contratos que involucran una materia tan sensible como es el derecho a la salud (confr. arts. 5, inc. g) del Decreto Reglamentario 1993/2011 y arts. 10, 12, y 17 de la Ley 26.682 y su Decreto Reglamentario 1993/2011).

De los términos de las normas citadas se desprende que los valores de todas las cuotas fijados por las entidades de medicina prepaga se encuentran sometidos a consideración de la Superintendencia de Servicios de Salud a los fines de su autorización y revisión.

6.Sentado lo expuesto, y más allá de lo que en definitiva resulte de la decisión del principal, la vía elegida resulta conducente para el planteo cautelar efectuado.

En efecto, el amparista S. M. C., invoca ser asociado a la demandada Medicus desde el año 1998 y que su grupo familiar se conforma con la madre de sus hijas (Sra. C. C. V.) y sus dos hijas mellizas: la Srta. C. C., quien cursa estudios universitarios (cfr. constancias a fs. 13/14), y la Srta. M. C., quien posee certificado de discapacidad (cfr. fs.12).

Describe que ante el aumento de las cuotas en su plan de salud realizado por la accionada justificando su proceder en que sus hijas habían cumplido 21 años, inició un reclamo administrativo ante la Superintendencia de Servicios de Salud que dio formación al expediente n° 40382553/18 y en cuya virtud, el 31/8/18, se dictó la resolución N° DI20182865APNGAYSAUSS# SSS.

Especifica que la Superintendencia de Servicios de Salud, en el carácter de Autoridad de Aplicación, le dio la razón y dispuso que la entidad de medicina prepaga Medicus S.A. de Asistencia Médica y Científica debía abstenerse de aplicar aumentos no autorizados por la Autoridad de Aplicación al Sr. S. M. C. (cfr. documentación de fs. 9/11), pero que la demandada incumplió, razón por la cual inició la acción de amparo (cfr. fs. 26/28).

Por su parte, la accionada, en su recurso de apelación, no desconoció los servicios de cobertura de salud que presta al amparista, ni el aumento de la cuota en razón de la edad de las hijas del requirente que motivó esta petición cautelar.

Nada dijo tampoco sobre la disposición dictada por la Gerencia de Atención y Servicios al Usuario del Sistema de Salud de la Superintendencia de Servicios de Salud invocada por el actor, ni sobre la discapacidad de una de las hijas del actor, ni sobre los estudios universitarios que cursa su otra hija (cfr. fs. 69/71).

7.En casos como este, el criterio de apreciación de la protección preventiva debe ser amplio, ya que se encuentra en juego el desarrollo armonioso de uno de los bienes más apreciables de la persona, sin el cual los restantes carecen de posibilidad de concreción (Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial, Sala E, “Ogando Emilio Francisco y OTRO c/ Swiss Medical S.A. s/ medida precautoria”, del 5/04/11; Incidente N° 14034/14 “García de Marigliani Alicia c/ Swiss Medical s / Amparo s/ Incidente art.250” del 5/12/14; Causa 2636/17 “Mac Dougall, Miriam Edith c/ Swiss Medical SA s/ Ordinario s/ Incidente Art. 250” del 13/3/2018; sala B; “Desiderato Salvador c/ Galeno S.A. s/ amparo s/ incidente de apelación por Galeno S.A.” del 18.11.08 y jurisprudencia de la C.S.J.N. allí citada; Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, Sala H, en la causa N° 58.885/2017 “C., R. E. c/ C. M. P. s/ Art. 250 C.P.C. Incidente Civil” del 17/11/2017).

En tal contexto, resulta verosímil el derecho que subyace en la pretensión del amparista de la medida, pues la demandada habría decidido aumentar el valor de las cuotas por motivos vinculados a la edad sin la autorización de la autoridad de aplicación de acuerdo con lo previsto por la ley 26.682 y sus reglamentaciones, así como también en contra de la disposición dictada por la Gerencia de Atención y Servicios al Usuario del Sistema de Salud de la Superintendencia de Servicios de Salud.

8.En tales condiciones, este Tribunal ha reconocido que en los casos en que se cuestionan decisiones relacionadas con la salud de las p ersonas, resulta suficiente para tener por acreditado el peligro en la demora, la incertidumbre y la preocupación que ellas generan (conf. causas 1830/99 del 2.12.99, 1056/99 del 16.12.99 y 5250/2016 del 25.4.2017; en ese sentido, ver FassiYáñez, Código Procesal comentado, t. 1, pág. 48 y sus citas de la nota nº 13 y Podetti, Tratado de las medidas cautelares, pág. 77, nº 19).

En efecto, en el caso especial que aquí se trata el “periculum in mora” se encuentra acreditado, ya que la eventual dificultad de afrontar el pago de las cuotas mensuales del servicio producto del aumento impuesto por la demandada podría provocar la falta de cobertura médica del actor y su grupo familiar (cfr. carnets de afiliación a fs.22/25). De ocurrir ello, estaría ante un claro riesgo para la salud debido a los perjuicios que se pueden derivar de la falta de atención, los que pueden llegar a ser irreparables (conf. Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial, Sala E, “Schargorodsky Daniel Ernesto c/ Swiss Medical S.A. s/ amparo”, del 24.04.12).

Máxime, cuando una de sus hijas es discapacitada, quien requiere de diversos tratamientos médicos cuya interrupción puede ocasionarle serios riesgos en su salud.

En este sentido, el Alto Tribunal ha sostenido que “.los discapacitados, a más de la especial atención que merecen de quienes están directamente obligados a su cuidado, requieren también la de los jueces y de la sociedad toda, siendo que la consideración primordial del interés del incapaz, viene tanto a orientar como a condicionar la decisión de los jueces llamados al juzgamiento de estos casos” (conf. Corte Suprema, in re “Lifschitz, Graciela Beatriz y otros c/ Estado Nacional”, del 15.6.04; en igual sentido, doctrina de Fallos 322:2701 y 324:122 ).

9.En virtud de lo expuesto, con la precariedad propia de este ceñido marco cognitivo y sin que la conclusión que aquí se adopte importe adelantar juicio sobre lo que pueda llegar a decidirse en definitiva sobre el fondo de la cuestión suscitada, en tanto se encuentra en juego la tutela preferencial que cabe reconocer a la salud de las personas, este Tribunal resuelve que durante el trámite que demande esta acción y hasta tanto se adopte la decisión definitiva, la demandada deberá dejar sin efecto el incremento en el valor de la cuota de afiliación del actor efectuado por edad no autorizado por la Superintendencia de Servicios de Salud y sólo podrá efectuar aquellos incrementos que obedezcan a las directivas de las resoluciones del Ministerio de Salud o bien se encuentren autorizados por la Superintendencia de Servicios de Salud.

10.Por último, en cuanto al agravio relativo a la contracautela que considera que debe ordenarse en autos, esta Cámara -encasos análogos al presenteha decidido que, en atención a la naturaleza de la cuestión debatida en la medida cautelar, corresponde establecer una caución juratoria y no imponer una de carácter real como pretende la recurrente (cfr. esta Cámara, Sala 3, causa 8030/00 del 26/4/01; esta Sala, causa 8661/09 del 8/11/11, entre muchas otras), pues podría conspirar contra lo que aquí se pretende preservar.

Por lo expuesto, el Tribunal RESUELVE: desestimar los agravios formulados contra la resolución recurrida y ordenar que, durante el trámite que demande esta acción y hasta tanto se adopte la decisión definitiva, la demandada deberá dejar sin efecto el incremento en el valor de la cuota de afiliación del actor realizado por edad de sus hijas no autorizado por la Superintendencia de Servicios de Salud y sólo podrá efectuar aquellos incrementos que obedezcan a las directivas de las resoluciones del Ministerio de Salud o bien se encuentren autorizados por la Superintendencia de Servicios de Salud. Las costas en Alzada se distribuyen en el orden causado, atendiendo al estado liminar de la causa y las particularidades de la cuestión debatida (arts. 17 de la Ley 16.986, 68, segundo párrafo y 69 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación).

Regístrese, notifíquese y devuélvase.

María Susana Najurieta

Fernando A. Uriarte

Guillermo Alberto Antelo

Fuente: Microjuris

jueves, 11 de julio de 2019

Las "parteras" luchan por la profesionalización de su trabajo

Buscan que el Senado trate el proyecto de ley que regula a nivel nacional la labor de las licenciadas en obstetricia.

Con el objetivo de regular el rol de las profesionales obstétricas de acuerdo a sus competencias, estudios y títulos universitarios, buscan que el proyecto de ley " Ejercicio profesional de las Licenciadas/os en Obstetricia" que ya tiene media sanción en Diputados, sea aprobado este año por el Senado. La ley busca ser aplicada a nivel nacional para contribuir a garantizar los derechos sexuales y reproductivos de las personas desde un enfoque de derechos humanos y perspectiva de género, esta ley busca ser aplicada a nivel nacional.

El proyecto busca establecer el ejercicio de la Licenciatura en Obstetricia basado en los principios de integridad, ética, bioética, idoneidad, equidad, colaboración y solidaridad, en la  asistencia, el acompañamiento y el cuidado de las personas que atraviesen cualquier evento obstétrico, como así también a las familias que transiten por el proceso preconcepcional, de gestación, de nacimiento y de crianza.

El proyecto presentado que propone regular la profesión fue elaborado conjuntamente por la Dirección de Maternidad, Infancia y Adolescencia (DINAMIA) de la Secretaría de Gobierno de Salud de la Nación y la Coordinación Técnica del Plan Nacional de Prevención del Embarazo No Intencional en la Adolescencia (ENIA) con el apoyo técnico de la Dra. Alma Virginia Camacho-Hübner del Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA),  la Confederación Internacional de Parteras (ICM) y otros organismos internacionale. de la práctica de la partería y su impacto en la salud materno infantil y de la mujer durante todo su período reproductivo.

"Actualmente el ejercicio profesional de la obstetricia se enmarca en la ley 17.132, la que ha quedado obsoleta en el tiempo, dado que es de 1967; y, su redacción responde a una realidad vigente al momento de su sanción. En esa época el requisito de ingreso para estudiar, era el certificado de 6º grado completo", explicó a Crónica la Licenciada en Obstetricia y presidenta del Colegio de Obstétricas de la Provincia de Buenos Aires, Alicia Cillo.

En abril de este año, diputados apoyó la ley y le dio media sanción con 167 votos a favor, 3 abstenciones y 1 en contra. Se espera que este año el senado de su debate y su votación para que pueda ser implementada en todo el país como ya sucede en las provincias de Buenos Aires, Neuquén, Río Negro, Tierra del Fuego, Jujuy y La Rioja, que tienen leyes provinciales actualizadas y de características similares a lo que regula este proyecto.

Para Cillo es importante que el Senado debata y apruebe este proyecto "para que podamos contar a la brevedad con una ley marco actualizada, acorde a nuestra formación académica, que regule, dignifique, re-jerarquice y respalde nuestro rol profesional. Esta es una ley que venimos propugnando y acompañando infructuosamente desde el año 2007", dijo.

La idea de este proyecto es que se desarrolle en conjunto con el Plan Nacional de Prevención del Embarazo No Intencional en la Adolescencia (ENIA),  que tiene como objetivo principal disminuir el riesgo del embarazo no intencional en los adolescentes, a través de promover las decisiones libres e informadas, con consejerías en salud sexual y reproductiva; como así también con asesorías en escuelas y en la comunidad sobre salud integral y  Educación Sexual Integral, entre otras acciones.

"Todas estas acciones se encuentran alineadas con las funciones propuestas en el proyecto de ley, dado que las obstétricas/os estamos altamente capacitadas para cubrir estos aspectos y, por nuestro perfil profesional, tenemos una gran llegada a la población adolescente", aseguró Cillo.

En 2014, la profesión conocida anteriormente como partería, hoy Licenciatura en Obstetricia, fue reconocida en el Plan Estratégico 2014-17 del Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) como un indicador clave de la salud materna.

El proyecto "Ejercicio profesional de las Licenciadas/os en Obstetricia" que pretende convertirse en ley nacional establece que los profesionales podrán asesorar e indicar, colocar y retirar métodos anticonceptivos, prescribir medicamentos de uso obstétrico con un Vademécum específico y acotado, solicitar estudios de laboratorio y por imágenes, indicar las vacunas recomendadas según la edad y durante el embarazo, pesquisar las infecciones de transmisión sexual y el cáncer de cuello uterino para la derivación oportuna a los especialistas, atender los embarazos de bajo riesgo durante toda la gestación, asistir el parto de bajo riesgo y promover la lactancia materna, entre otras acciones.

En 2014, la profesión conocida anteriormente como partería, hoy Licenciatura en Obstetricia, como se la llama en nuestro país, fue reconocida en el Plan Estratégico 2014-17 del Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) como un indicador clave de la salud materna. Fue considerada nuevamente fundamental en el plan 2018-2021.

De esta forma, se reconoce a la partería profesional como un esfuerzo clave para lograr tanto el acceso universal a la salud como a los servicios sexuales y reproductivos.

Fuente: Crónica