martes, 22 de septiembre de 2020

Fallo: establecimientos asistenciales privados deberán atender prioritariamente a pacientes con COVID-19 respecto de prestaciones no esenciales relacionadas con otras patologías

Partes: Dr. Perez Alsina Juan Agustín – Fiscal de Estado de prov. Salta – con el patrocinio letrado del Dr. Gonzalez, Naldo Martin y del Dr. Aguirre Astigueta, Sebastian Facundo en contra de las Clínicas, Sanatorios y Hospitales Privados de la Provincia de Salta s/ amparos constitucionales

Tribunal: Juzgado de Garantías de Salta

Sala/Juzgado: II

Fecha: 7-sep-2020

Se ordena cautelarmente a los establecimientos asistenciales privados atender con prioridad a
pacientes con la enfermedad identificada como COVID-19 respecto de los requerimientos y/o necesidades y/o cirugías no esenciales que reciban por otras patologías, a fin de no desbordar el sistema sanitario público.

Sumario:

1.-Corresponde hacer lugar a la medida cautelar impetrada, ordenando a las demandadas -en tanto dure la emergencia sanitaria- la prioritaria y efectiva atención y asistencia médica de pacientes con la enfermedad identificada como COVID-19 respecto de los requerimientos y/o necesidades y/o cirugías no esenciales que reciban por otras patologías en cada uno de los establecimientos médicos que administran, de modo de dar respuesta a las perentorias necesidades de atención a los casos de COVID-19, salvo los casos esenciales por otras patologías también de emergencia.

2.-El contexto de emergencia originado en la grave pandemia que afecta severamente el derecho a la salud pública de los salteños, conectado al riesgo cierto de que, debido al aumento exponencial de los contagios, la capacidad del sistema sanitario público se vea desbordada, lleva a la conclusión ineludible del alto, y parcialmente evitable, riesgo en el aumento de muertes por insuficiencia de recursos.

3.-La doble conducta reprochada a los operadores privados: i) derivar automáticamente consultas -y potenciales pacientes- al sector público y; ii) realizar atenciones médicas de cuestiones no urgentes o esenciales; supone -en una apreciación inicial y en el acotado marco de análisis de la medida cautelar requerida- una utilización irracional de los recursos disponibles y genera el riesgo cierto de un aceleramiento en la saturación del sistema para el tratamiento de casos críticos en el marco de la pandemia.

4.-Las obligaciones que incumben a la Nación en materia sanitaria no son exclusivas ni excluyentes de las que competen a sus unidades políticas en sus esferas de actuación sino que, en estados de estructura federal, pesan sobre ellas responsabilidades semejantes, que también se proyectan sobre las entidades públicas y privadas que se desenvuelven en este ámbito, sosteniendo que, de lo contrario, las leyes sancionadas en la materia no dejarían de ser sino enfáticas enumeraciones programáticas vacías de operatividad.

5.-El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, obliga a los Estados-partes ‘hasta el máximo de los recursos’ a lograr progresivamente la plena efectividad del derecho a la salud, y estas obligaciones se hacen extensivas a todos los prestadores del servicio de salud, incluso los privados; ello, en tanto existe un estándar, derivado del bloque de constitucionalidad, que se ha denominado ‘estatuto de la salud’, que desplaza o subordina las disposiciones contractuales, reglamentarias y legales por los mandatos derivados del bloque constitucional, el cual garantiza el derecho a la salud, en especial de aquellos grupos más vulnerables.

Fallo: 

Salta, 7 de Septiembre de 2020

AUTOS Y VISTOS: Esta Causa AFP – 167.581/2.020 Caratulada: ACCION DE AMPARO PRESENTADO POR EL DR. PEREZ ALSINA, JUAN AGUSTIN – FISCAL DE ESTADO DE PROV. SALTA – CON EL PATROCINIO LETRADO DEL DR. GONZALEZ, NALDO MARTIN Y DEL DR. AGUIRRE ASTIGUETA, SEBASTIAN FACUNDO EN CONTRA DE LAS CLINICAS, SANATORIOS Y HOSPITALES PRIVADOS DE LA PROVINCIA DE SALTA – AMPAROS CONSTITUCIONALES, y RESULTANDO:

I) Se presenta Juan Agustín Pérez Alsina, en su carácter de Fiscal de Estado de la Provincia de Salta, en ejercicio de las atribuciones que le confiere el Art. 149 de la Constitución Provincial, con el patrocinio de los abogados Naldo Martín González y Sebastián Aguirre Astigueta, letrados de la Fiscalía de Estado, Matrículas Profesionales Nº 2.313 y 2.723, respectivamente, constituyendo domicilio procesal y electrónico. Interpone acción de amparo en los términos del art. 87 de la Constitución Provincial y 43 de la Constitución Nacional, en contra de las Clínicas, Sanatorios y Hospitales Privados de la Provincia de Salta, con el objeto de que se les ordene el efectivo cumplimiento de las prestaciones y asistencia médica a pacientes con la enfermedad (COVID 19) en el ámbito de la Provincia de Salta, en sus establecimientos, de manera tal de garantizar el derecho a la salud, de incidencia colectiva sobre la población, amparado por el artículo 41 de la Constitución Provincial.

II) Solicita se ordene cautelarmente, de manera preventiva y en tanto dure la emergencia sanitaria, la prioritaria y efectiva atención y asistencia médica de pacientes con la enfermedad identificada como COVID19 respecto de los requerimientos y/o necesidades y/o cirugías no esenciales que reciban por otras patologías en cada uno de los establecimientos médicos que administran, de modo de dar respuesta a las perentorias necesidades de atención a los casos de COVID-19, ello a efectos de garantizar el inmediato acceso al servicio de salud de los pacientes, dejando a salvo los casos esenciales por otras patologías también de emergencia. Entre otras consideraciones a las que remitimos, indica que el pedido obedece a la preocupación del Comité Operativo de Emergencia (COE) por asegurar una utilización optimizada y racional de los recursos médicos disponibles para enfrentar la situación de la pandemia por COVID-19 en Salta, indicando que se vienen presentando casos de clínicas que son renuentes a atender a personas que padecen el virus, sumado al proceder de algunas obras sociales (como PAMI) que se desentienden de sus afiliados. Luego de realizar consideraciones respecto de la gravedad del contexto y la velocidad en la propagación de los contagios, señala «que no obstante el enorme y loable esfuerzo que realiza el personal de salud (médicos y enfermeros) de nuestros hospitales públicos y algunos establecimientos privados, exigiendo al máximo la capacidad de respuesta, por distintas omisiones y conductas de diferentes clínicas, sanatorios y hospitales privados, obras sociales, agentes del seguro de salud e incluso empresas de medicina pre-paga, los pacientes se ven en la concreta situación de no poder acceder a prestaciones efectivas de salud en tales establecimientos, aun siendo sus beneficiarios, atento a distintas excusas que se expresan: se alega que algunas obras sociales no reconocen la prestación por el denominado módulo COVID, o que no han celebrado convenio ampliando las prestaciones, que llamen al 911 para que los deriven al SAMEC, que los PCR no se cubren, que no existen camas para atención disponibles, cuando efectivamente tienen camas para atender la contingencia en UTI u otras camas en piso que bien pueden utilizarse con las adaptaciones y resguardos respectivos. Es decir, distintos tipos de excusas, que están llevando al colapso de los hospitales públicos, pues allí se deriva toda atención y respuesta».

Remarca que uno de los principales problemas que se verifica es con relación al sector más vulnerable en esta pandemia, esto es, los adultos mayores, puesto que el principal operador del sistema, PAMI, no se ha preparado adecuadamente para la emergencia. »Como consecuencia de ello, se pone en riesgo de vida a un colectivo de personas más vulnerables en relación a la enfermedad, debiendo por lo demás deambular en ambulancias del SAMEC por prestadores en donde la respuesta es que la obra social de los jubilados no ha previsto, firmado convenio ni asegurado la prestación de nuestros adultos mayores sino sólo en las mismas clínicas privadas con las cuales trabajaba antes de la Pandemia (Sanatorio Modelo, Cruz Azul y Hospital Militar), las que frente al universo de beneficiarios, en caso de contagios masivos, no podría operar, ya derivando pacientes al sistema público provincial». Indica que, en algunas ocasiones y ante meras consultas, las instituciones privadas derivan automáticamente a los pacientes al servicio público «mientras los recursos humanos y técnicos existentes se distraen en prestaciones médicas que bien pueden postergarse o posponerse, razonablemente. Es que resulta imperioso que las demandadas (clínicas, sanatorios y hospitales privados de toda la Provincia concentren su atención y esfuerzos en los pacientes con COVID-19 por sobre los casos «no esenciales» de prestaciones de salud que les requieran en cada uno de sus establecimientos privados, los cuales -entendemos – deberían reprogramarse, de manera tal de priorizar los casos más graves que se vayan presentando, evitando de esa manera el colapso del sistema público». Realiza apreciaciones respecto de los esfuerzos que ha realizado el sistema público para enfrentar la pandemia y, en algunos casos, la falta de correspondencia del sector privado. Refiere a que, si bien se han entablado canales de diálogo para prever el trabajo mancomunado y el fortalecimiento del sistema general; se han previsto desde el gobierno medidas -como la exención de impuestos a la actividad económica- para coadyuvar a esta finalidad; la demandada no se encuentra cumpliendo con sus correspondientes obligaciones. Efectúa consideraciones respecto de la legitimación activa y pasiva y la procedencia de la acción presentada -con cita de doctrina y jurisprudencia-. Ofrece prueba. Indica que están cumplidos los requisitos para despachar la medida cautelar impetrada.Solicita la citación como terceros del PAMI, Galeno, OSECAC, LOSFA, Boreal, GCG Salud, Ámsterdam Salud, Unión Personal de UPCN y OSPRERA. Por última peticiona se despache la cautelar y, oportunamente se haga lugar al amparo.

CONSIDERANDO:

I) Que las medidas cautelares tienen el objetivo de evitar que se tornen ilusorios los derechos de quienes las solicitan, ante la posibilidad de que se dicte una sentencia favorable. Es decir, como lleva dicho nuestra Corte, se trata de evitar la eventual frustración de los derechos de las partes, con el fin de que no resulten inocuos los pronunciamientos que den término al litigio. Están destinadas, más que a hacer justicia, a dar tiempo a la justicia de cumplir eficazmente su obra. En esa línea y para que procedan, el planteo debe reunir los requisitos de verosimilitud en el derecho y peligro en la demora.

La Corte salteña ha señalado que «Las medidas cautelares constituyen un medio a través del cual la jurisdicción asegura el cumplimiento de resoluciones cuando, antes de incoarse el proceso o durante su curso, una de las partes demuestra que su derecho es verosímil y que el tiempo que demandará su sustanciación configura el peligro de que la decisión no pueda cumplirse como consecuencia de actos de disposición física o jurídica realizados por la otra parte. Los procesos cautelares carecen de autonomía desde el punto de vista del derecho sustancial, toda vez que su finalidad se reduce a asegurar el resultado práctico de la sentencia que debe recaer».

Que en el presente caso los requisitos se encuentran reunidos y, por ello, corresponde hacer lugar al planteo conforme a las consideraciones de hecho y de derecho que se desarrollan a continuación.II) En cuanto a la verosimilitud en el derecho, se ha considerado que el conocimiento del derecho invocado no exige un examen de certeza, pues el juicio de verdad en esta materia se encuentra en oposición con la finalidad del instituto cautelar, que no es otra que atender aquello que no excede del marco de lo hipotético, dentro del cual agota su virtualidad. Dentro de este limitado marco cognoscitivo se tiene que el amparista se encuentra legitimado por el ejercicio de su obligación constitucional de realizar acciones positivas para la protección de la salud y la vida de los habitantes y residentes en la provincia de Salta en un marco de «igualdad real de oportunidades y de trato, y el pleno goce y ejercicio de los derechos reconocidos por esta Constitución y por los tratados internacionales» (art. 75 inc. 23 de la CN) y de cuidar «la salud física, mental y social de las personas y asegurar a todos la igualdad de prestaciones ante idénticas necesidades» (art. 41 de la CP). A su vez el art. 42 de la Constitución local fija pautas para la elaboración de un Plan de Salud que debe ser impulsado por el Estado «con la participación de los sectores socialmente interesados, contemplando la promoción, prevención, restauración y rehabilitación de la salud, estableciendo las prioridades con un criterio de justicia social y utilización racional de los recursos». Que la cuestión se encuentra enmarcada en una delicada cuestión de salud pública. El reconocimiento y protección de la salud surge de varias disposiciones de la Constitución Nacional, en particular de los arts. 41, 42, 75 incs. 19 y 23. A su vez, la Constitución de la Provincia, en sus arts. 32, 33, 36, 38, 39, 41 y 42, contiene preceptos concretos y claros referidos a la protección del derecho a la vida y a la atención de la salud. Por lo demás, la salud como valor y derecho humano fundamental, encuentra reconocimiento y protección en diversos instrumentos co munitarios e internacionales, que gozan de jerarquía constitucional en virtud de lo preceptuado por el art. 75 inc. 22 de la C.N., entre los que cabe mencionar la Declaración Universal de Derechos Humanos de la ONU de 1948, arts. 3 y 25 inc. 2º; Pacto Internacional sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales, arts. 10 inc. 3º y 12; y la Convención Americana de Derechos Humanos, arts. 4, 5 y 2, entre otros. En cuanto a su dimensión de deber en cabeza del Estado y de los prestadores privados -legitimados pasivos-, la CSJN ha señalado que «las obligaciones que incumben a la Nación en materia sanitaria no son exclusivas ni excluyentes de las que competen a sus unidades políticas en sus esferas de actuación sino que, en estados de estructura federal, pesan sobre ellas responsabilidades semejantes, que también se proyectan sobre las entidades públicas y privadas que se desenvuelven en este ámbito, sosteniendo que, de lo contrario, las leyes sancionadas en la materia no dejarían de ser sino enfáticas enumeraciones programáticas vacías de operatividad (Fallos, 331: 2135 ).

Que el derecho a la salud tiene una doble dimensión que se encuentra presente en el caso. Por un lado, es un derecho en cabeza de los ciudadanos y, por el otro, constituye un deber ineludible del Estado. En efecto, el marco normativo descripto establece que el Estado debe prestar adecuadamente el servicio de la salud pública. Normativa legal, constitucional y convencional pone en cabeza de los ciudadanos, como un derecho privilegiado, el derecho a la salud. A su vez, por ser un derecho prestacional, obliga a las autoridades estatales a prestarlo de manera eficiente e igualitaria. El Estado tiene, en virtud de los tratados internacionales, la obligación de emprender acciones positivas para garantizar el derecho a la salud. El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, obliga a los Estados-partes «hasta el máximo de los recursos» a lograr progresivamente la plena efectividad del derecho a la salud. Que estas obligaciones se hacen extensivas a todos los prestadores del servicio de salud, incluso los privados. Y es que existe un estándar, derivado del bloque de constitucionalidad, que se ha denominado «estatuto de la salud», que desplaza o subordina las disposiciones contractuales, reglamentarias y legales por los mandatos derivados del bloque constitucional, el cual garantiza el derecho a la salud, en especial de aquellos grupos más vulnerables (arts. 75, inc. 22 y 23 CN, CSJN, Fallos: 330:3725 )

Todo ello exige una interpretación armónica que otorgue significación común a los componentes del sistema de salud, tal y como lo determina el art. 2 de la ley 23.662 «cuando alude a la provisión de prestaciones de salud igualitarias, integrales humanizadas que respondan al mejor nivel de calidad disponible».

Que no puede desconocerse que esta obligación incluye al Poder Judicial como poder del Estado. Con ello se tiene claramente configurado este primer requisito.

III) Que también se encuentra presente el requisito de peligro en la demora. El contexto de emergencia originado en la grave pandemia que afecta severamente el derecho a la salud pública de los salteños, conectado al riesgo cierto de que, debido al aumento exponencial de los contagios, la capacidad del sistema sanitario público se vea desbordada, lleva a la conclusión ineludible del alto, y parcialmente evitable, riesgo en el aumento de muertes por insuficiencia de recursos. La doble conducta reprochada a los operadores privados: i) derivar automáticamente consultas -y potenciales pacientes- al sector público y; ii) realizar atenciones médicas de cuestiones no urgentes o esenciales; supone -en una apreciación inicial y en el acotado marco de análisis de la medida cautelar requerida- una utilización irracional de los recursos disponibles y genera el riesgo cierto de un aceleramiento en la saturación del sistema para el tratamiento de casos críticos en el marco de la pandemia. Sobre el requisito de «peligro en la demora», ha dicho la Corte local que en las acciones de amparo tal requisito debe adquirir una particular configuración, al tratarse de un proceso sumarísimo de índole también precautoria, por lo que a este requisito corresponde vincularlo necesariamente con la irreparabilidad o gravedad del perjuicio, o que el mismo resulte proporcionalmente mayor al que devendría en el supuesto de no otorgarse la medida. De ese modo, el peligro en la demora no se refiere tanto a la insatisfacción final del derecho sino más bien a que la tardanza en obtener esa satisfacción acarreará un perjuicio irreparable». La particular naturaleza del amparo presentado, el riesgo cierto en la salud y la vida de las personas ante una eventual saturación del sistema sanitario nos exime de mayores análisis al respecto.

IV) Que no escapa al proveyente que el sistema de salud es un orden complejo que debe coordinar distintas medidas para la atención de la salud de la población. Que en este contexto resulta esencial instar a las partes al diálogo para poder compatibilizar la urgencia -en la que nos ha puesto esta crisis- para la atención de la pandemia con las demás prestaciones médicas que la población requiere. Se trata de un momento en donde los esfuerzos del sector público y privado deben mancomunarse para trabajar de manera solidaria y eficiente.

V. En consecuencia, encontrándose reunidos los extremos referidos, resulta procedente la medida cautelar solicitada.

Que por todo ello RESUELVO

I) HACER LUGAR a la medida cautelar impetrada en los términos y con los alcances expresados en los considerandos, ORDENANDO a las demandadas: en tanto dure la emergencia sanitaria, la prioritaria y efectiva atención y asistencia médica de pacientes con la enfermedad identificada como COVID-19 respecto de los requerimientos y/o necesidades y/o cirugías no esenciales que reciban por otras patologías en cada uno de los establecimientos médicos que administran, de modo de dar respuesta a las perentorias necesidades de atención a los casos de COVID-19, salvo los casos esenciales por otras patologías también de emergencia.

II) MANDAR se protocolice y notifique por cédula por Secretaría a la parte actora, a cuyo cargo, y debido al marco de feria extraordinaria en el que se encuentra trabajando el Poder Judicial, quedará la notificación por cédula de los accionados en sus domicilios laborales y reales, a tal fin HABILÍTENSE días y horas.

Fuente: Microjuris

Conforme las normas vigentes se hace saber que las sentencias que se replican en este blog son de carácter público y sólo el órgano jurisdiccional del que emana la decisión impondrá limitaciones a su publicación por razones de decoro o en resguardo de la intimidad de la parte o de terceros que lo hayan solicitado de manera expresa.

La infodemia no se detiene: un estudio revela que el 82% se informaría por redes sobre COVID-19

Se pueden detectar más de 3 mil millones de mensajes y más de 100 mil millones de publicaciones que utilizan #covid19, #coronavirus y otras etiquetas similares.


“Infodemia” es un término acuñado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) en el pasado mes de mayo para describir la propagación de la desinformación sobre el virus que hace difícil que la gente encuentre recursos fiables para obtener noticias claras por los medios de comunicación tradicionales, ya que el público se encuentra con material relacionado con el coronavirus en las redes sociales. 

Fue la Secretaria de Acceso a la Salud de Argentina, Carla Vizzotti, quien tomó el guante en consonancia con los anuncios internacionales para advertir localmente sobre el fenómeno. La expansión veloz y sus peligrosas consecuencias, unieron al concierto internacional de entidades en acciones puntuales. Por ejemplo, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y el Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación (Mitic) de Paraguay lanzaron la iniciativa Chake Fake News. Lo mismo ocurrió con El Centro de Información de las Naciones Unidas para México (CINU) y el Sistema Público de Radiodifusión (SPR) del Estado Mexicano quienes firmaron una alianza para frenar la propagación de noticias falsas dando vida a un sello de verificación. 

Aislamiento, desconocimiento, estrés, ansiedad, depresión son algunas de las palabras más usadas en términos de salud mental en todos los ámbitos de la ciencia, tanto en organismos internacionales a los médicos a cargo de la atención primaria. De hecho, la Organización Panamericana de la Salud (OPS) en una rueda de prensa virtual destacó que la pandemia del COVID-19 causó una “crisis de salud mental” sin precedentes en todo el continente americano. 

En Latinoamérica, donde las enfermedades mentales ya eran “una epidemia silenciosa”, algunas personas se han visto especialmente afectadas. “La pandemia de COVID-19 ha provocado una crisis de salud mental en nuestra región a una escala que nunca antes habíamos visto”, dijo Carissa Etienne, directora de la OPS, oficina regional de la Organización Mundial de la Salud (OMS). 

Encuestas en Estados Unidos, Brasil y México muestran que aproximadamente la mitad de los adultos están estresados por la emergencia sanitaria. Esto ha incrementado el consumo de drogas y alcohol, lo cual “puede exacerbar los problemas de salud mental”, advirtió Etienne. 

Entrelazado estresante 

A este cuadro ya complejo que plantean los especialistas, un equipo liderado por Junling Gao del Instituto de Comunicación de Salud de Fudan de Shanghai, China, decidió trabajar sobre la inmersión en redes sociales en búsqueda de datos sobre el virus. 

Mientras los departamentos oficiales se esforzaron por mejorar la conciencia del público sobre las estrategias de prevención e intervención proporcionando actualizaciones diarias sobre la vigilancia y los casos activos en sitios web y redes sociales, muchos medios y cibernautas también publican y transfieren información relacionada en las redes sociales. 

Las redes sociales pueden provocar una sobrecarga de información errónea o confusa, lo que a su vez puede provocar problemas de salud mental. La OMS señaló que la identificación de los factores subyacentes del miedo, la ansiedad y el estigma que alimentan la desinformación y los rumores, se da especialmente a través de las redes sociales. 

Un estudio anterior también mostró que la exposición a las redes sociales puede estar relacionada positivamente con la formación de percepciones de riesgo durante el brote de MERS en Corea del Sur. Pero no hubo ningún estudio para examinar la asociación entre la exposición a las redes sociales y los problemas de salud mental. Por lo tanto, el presente estudio tuvo como objetivo describir la prevalencia y distribución de dos trastornos mentales principales: ansiedad y depresión, y examinar sus asociaciones con la exposición a las redes sociales mediante una evaluación rápida durante el brote de COVID-19. 

Fueron 4827 los participantes con una edad promedio de 32, 67,7% eran mujeres y 47,9% tenían entre 21 y 30 años. El 62,2% contaban con educación universitaria, más de la mitad de ellos estaban casados. Solo el 5,2% de ellos eran trabajadores de la salud. La mayoría de ellos reportaron una salud “excelente” (43,9%) o “muy buena” (45,6%). 

Los análisis encontraron que la proporción de trastornos frecuentes entre los hombres (78,4%) fue menor que entre las mujeres (83,8%), la proporción más frecuente se registró entre los jóvenes (-30 años). La prevalencia de depresión fue del 48,3% y las probabilidades eran mayores entre los que tenían entre 21 y 30 años. Y la prevalencia de ansiedad fue del 22,6%, en tanto la combinación de depresión y ansiedad fue del 19,4%. El estudio demostró que las probabilidades ajustadas de depresión son mayores entre los de 31 a 40 años. Las probabilidades de depresión entre los participantes solteros fue menor que entre los casados. 

Leer enfermedad

Los especialistas indicaron que “las redes sociales son uno de los principales canales que actualizan la información de COVID-19. El 82,0% de los participantes se exponen con frecuencia a las redes sociales, y percibieron altas probabilidades de ansiedad, lo que es consistente con estudios previos. Puede haber dos razones que expliquen la asociación entre los espacios digitales y la salud mental. Durante el brote de COVID-19, la desinformación y los informes falsos sobre el virus han bombardeado la web y han avivado temores infundados entre muchos internautas, que pueden confundir a las personas y dañar su salud mental”. 

Independientemente de la transmisión de información, muchos ciudadanos expresaron sus sentimientos negativos, como miedo, preocupación, nerviosismo, ansiedad en las redes sociales, que las transformaron en una especie de canal de “contagio” de salud mental. 

“Nuestros hallazgos interpelan a los gobiernos para lograr transmisión más eficiente y empática de las novedades, además de instar a acrecentar los servicios de salud mental a través de varios canales que incluyen línea directa, consulta en línea, curso en línea y consulta ambulatoria, pero se debe prestar más atención a la depresión y la ansiedad. La siguiente implicación es combatir la ‘infodemia’ monitoreando y filtrando información falsa y promoviendo información precisa a través de colaboraciones transversales”.

Fuente: Infobae

jueves, 17 de septiembre de 2020

Se reglamenta la Ley Nº 27.548: programa de protección al personal de salud ante la pandemia de coronavirus COVID-19

PROGRAMA DE PROTECCIÓN AL PERSONAL DE SALUD ANTE LA PANDEMIA DE CORONAVIRUS COVID-19

Decreto 747/2020

DCTO-2020-747-APN-PTE - Ley Nº 27.548. Apruébase reglamentación.

Fecha de publicación 17/09/2020

Ciudad de Buenos Aires, 16/09/2020 

VISTO el Expediente Nº EX-2020-41002476-APN-DD#MS, la Ley N° 27.548 y la Resolución del MINISTERIO DE SALUD Nº 987 del 4 de junio de 2020, y 

CONSIDERANDO: 

Que la Ley N° 27.548 “Programa de Protección al Personal de Salud ante la pandemia de Coronavirus COVID-19” declara prioritario para el interés nacional la protección de la vida y la salud del personal del sistema de salud argentino y de los trabajadores, las trabajadoras, voluntarios y voluntarias que cumplen con actividades y servicios esenciales durante la emergencia sanitaria causada por la pandemia de Coronavirus COVID-19. 

Que, asimismo, la citada Ley crea el Programa de Protección al Personal de Salud ante la pandemia de Coronavirus COVID-19 sujeto a las disposiciones emanadas de la misma y a toda normativa elaborada por la Autoridad de Aplicación que establezca el PODER EJECUTIVO NACIONAL, cuyo objetivo principal sea la prevención del contagio de Coronavirus COVID-19 entre los planteles mencionados que desempeñen funciones en establecimientos de salud de gestión pública o privada, y entre los trabajadores, las trabajadoras, voluntarios y voluntarias que presten servicios esenciales durante la emergencia sanitaria. 

Que por su artículo 6° la mencionada norma establece las facultades y obligaciones de la Autoridad de Aplicación, entre las que se encuentra la realización de las acciones necesarias de rectoría, coordinación y articulación junto con los diferentes niveles jurisdiccionales, con el fin de garantizar la aplicación de las políticas de protección respecto a los sujetos comprendidos en la Ley que se reglamenta. 

Que es necesario impulsar procedimientos de cuidado en el trabajo y acompañar a cada trabajador y trabajadora de la salud con entrenamiento y capacitación en el uso adecuado de los elementos de protección personal para mitigar el riesgo de contagio. 

Que el MINISTERIO DE SALUD ha desarrollado diversos instrumentos, guías y recomendaciones para los equipos de salud, disponibles en https://www.argentina.gob.ar/coronavirus/equipos-salud, entre las que se destacan las relativas a la organización asistencial de los establecimientos y las recomendaciones en torno a los equipos de protección personal. 

Que en este sentido, por la Resolución del MINISTERIO DE SALUD N° 987/20 se aprobó el “PLAN NACIONAL DE CUIDADO DE TRABAJADORES Y TRABAJADORAS DE LA SALUD – MARCO DE IMPLEMENTACIÓN PANDEMIA COVID-19”. 

Que, asimismo, deben establecerse previsiones para tornar operativo lo dispuesto en la Ley N° 27.548, con el fin de impulsar el desarrollo, fortalecimiento e implementación de políticas, planes de control y protección de la vida y la salud del personal del sistema de salud argentino y de los trabajadores, las trabajadoras, voluntarios y voluntarias que cumplen con actividades y servicios esenciales, coordinando las políticas que propone la Ley que se reglamenta con las líneas de trabajo que se han impulsado desde el MINISTERIO DE SALUD durante la emergencia sanitaria causada por la pandemia de Coronavirus COVID-19. 

Que la DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURIDÍCOS del MINISTERIO DE SALUD ha tomado la intervención de su competencia. 

Que la presente medida se dicta en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 99 inciso 2 de la CONSTITUCIÓN NACIONAL. 

Por ello,

EL PRESIDENTE DE LA NACIÓN ARGENTINA 

DECRETA: 

ARTÍCULO 1º.- Apruébase la reglamentación de la Ley Nº 27.548 de “Programa de Protección al Personal de Salud ante la pandemia de Coronavirus COVID-19”, que como ANEXO (IF-2020-58654914-APN-SCS#MS) forma parte integrante del presente decreto. 

ARTÍCULO 2° - El MINISTERIO DE SALUD, a través de la SECRETARÍA DE CALIDAD EN SALUD, será la Autoridad de Aplicación de la Ley N° 27.548. 

ARTÍCULO 3º.- El presente decreto entrará en vigencia a partir de su publicación en el BOLETÍN OFICIAL. 

ARTÍCULO 4º.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese. FERNÁNDEZ - Santiago Andrés Cafiero - Ginés Mario González García 

ANEXO I

martes, 15 de septiembre de 2020

Más aportes, medicamentos y prepagas: los cambios que proyectan el Gobierno y la CGT para las obras sociales

Están elaborando un proyecto de ley para frenar la desfinanciación del sistema de salud y mejorar las prestaciones. Buscarán que se sancione antes de fin de año. Funes de Rioja advirtió a Infobae que la UIA se opone a “más impuestos al trabajo”.


El Gobierno y la CGT buscan que la reforma del sistema de obras sociales se apruebe en el Congreso antes de fin de año. Alberto Fernández le dio luz verde a la iniciativa. Para eso trabajan en un proyecto de ley que contiene muchos de los pedidos de la central obrera, como el aumento de los aportes de los trabajadores y de los empleadores, que ya empezó a ser conversado con diputados y senadores del oficialismo.

Sin embargo, la difusión sorpresiva e inconsulta de estas negociaciones por parte del ministro de Salud, Ginés González García, durante una charla virtual, el martes pasado, puso en foco dos grandes problemas que afronta este proyecto, cuyo objetivo es evitar que se siga desfinanciando el sistema sindical de salud.

Por un lado, el malestar que generará que, en un contexto de crisis económica, a los trabajadores se les haga más descuentos de sus salarios. Por otro, la resistencia que presentará el sector empresarial a sumar más costos.

“No estamos de acuerdo con más impuestos al trabajo que generan más informalidad, menos empleo y menos competitividad”, afirmó a Infobae el vicepresidente Asuntos Laborales e Internacionales de la Unión Industrial Argentina (UIA), Daniel Funes de Rioja, para quien “hay que buscar las soluciones por otros caminos".

Aseguró que la UIA no fue consultada sobre el aumento de los aportes y se mostró de acuerdo en “atender el tema de las obras sociales, pero también hay que tener en cuenta las necesidades de reestructuración y de eficiencia para que los costos sean compatibles con la realidad de la economía argentina”.

Actualmente, las obras sociales se financian con el aporte del 3% del sueldo bruto de los trabajadores en relación de dependencia y el 6% que paga el empleador. La fórmula que estudian el Gobierno y la CGT aumentaría un punto el aporte del trabajador (del 3% al 4%) y otro punto al empleador (del 6% al 7%), con lo cual las contribuciones mensuales al sistema sindical de salud ascenderían en total del 9% al 11%. 

Seis dirigentes de la CGT se reunieron el jueves pasado con Alberto Fernández y le explicaron los motivos por los cuales impulsan el aumento de los aportes y otros cambios que mejorarían la situación financiera de las entidades sindicales que brindan atención médica. La respuesta del Presidente dejó tranquilos a la dirigencia cegetista: “Es necesario reformular todo el sistema de obras sociales”.

En su charla virtual del martes, el ministro de Salud reveló el proyecto de aumentar los aportes y dijo que el Gobierno “está pensando en cambios estructurales” en el “corto plazo”: mencionó que “hay muchas obras sociales que no deben existir porque le agregan costos de transacción y conductas antisolidarias al sistema”.

¿Qué otros puntos contiene la ley complementaria que están elaborando funcionarios y sindicalistas? La mayoría surge de un documento de 12 puntos que la CGT entregó el 12 de junio a la Superintendencia de Servicios de Salud y que resume las propuestas para superar la desfinanciación de las obras sociales.

Allí figura, por ejemplo, que se descuente el 15% para el sistema de obras sociales a quienes pagan una diferencia para atenderse en una prepaga y que actualmente no aporta al Fondo Solidario de Redistribución, que se ocupa del reintegro de dinero al sistema de salud por tratamientos de alta complejidad.

Otro punto será algún impedimento para que, desde la sanción de la ley, se triangulen los aportes obligatorios de una obra social a una prepaga, un fenómeno generalizado a partir de que en los años noventa se dispuso la libre elección de la obra social y facilitó la creación de “sellos de goma” que reciben las contribuciones de los trabajadores y, mediante convenios, derivan el dinero a una empresa de medicina privada.

La reforma proyectada también incluiría la creación de una nueva canasta de prestaciones médicas que reemplazará al actual Programa Médico Obligatorio (PMO), que establece las coberturas mínimas que se debe brindar y al que se fueron incorporando nuevas patologías y medicamentos que terminaron asfixiando financieramente al sistema de salud.

La CGT quiere sumar en el proyecto de ley su idea de crear la Agencia Nacional de Evaluación de Tecnologías de Salud, como existe en otras partes del mundo, para evaluar la aparición de nuevas drogas y determinar si se justifica su utilización en muchos tratamientos. Según se quejan los sindicalistas, algunos medicamentos son muy costosos y no siempre su eficacia está garantizada, pero a veces las obras sociales deben pagarlas de todas formas porque surge de amparos judiciales presentados por los pacientes.

También se contemplará en la reforma una solución al problema que representan quienes pagan el monotributo social: por una cápita de entre 1.900 y 2.000 pesos por mes, las obras sociales están obligadas a brindarles a los 1.350.000 monotributistas las mismas prestaciones del Programa Médico Obligatorio por las que los trabajadores en relación de dependencia pagan más. En este rubro se analiza aumentar la cápita mensual y, además, hacer obligatorio el pago de todo el grupo familiar, que hoy es optativo.

Un aspecto clave en la reforma proyectada es la provisión de medicamentos, uno de los rubros más costosos para las obras sociales. Para abaratar los precios se analiza un esquema con protagonismo del Estado o bien sistematizar la compra comunitaria, aunque esta opción sería voluntaria porque hay entidades sindicales de salud más poderosas y que tienen mayor capacidad de negociación.

Algunas de estas ideas ya fueron conversadas por una delegación de la CGT con el titular de la Comisión de Acción Social y Salud Pública de la Cámara de Diputados, Pablo Yedlin, del Frente de Todos, y con el presidente de la Comisión de Trabajo y Previsión Social del Senado, Daniel Lovera, con quien la central obrera habla un mismo idioma porque también es dirigente del Sindicato de Comercio de La Pampa.

De todas formas, todavía faltan muchas definiciones en las que trabajan funcionarios de Salud y los técnicos de la CGT y, en particular, encontrar un argumento sólido que amortigüe las reacciones negativas que seguramente causará el proyecto cuando se confirme que incluye más descuentos en los sueldos de los trabajadores en un momento de paritarias limitadas, precios en alza y crisis en el empleo.

Se suma un factor más que complica la justificación de la iniciativa: si uno de sus argumentos es la desfinanciación de las obras sociales por la caída de la recaudación, como producto de la paralización de actividades que trajo aparejada la cuarentena obligatoria, esa baja muestra que se está revirtiendo.

Para cubrir esa fuerte caída que puso en rojo las cuentas de las obras sociales, la CGT logró que el Gobierno pagara todos los meses desde mayo una “ayuda excepcional” que proviene del Fondo de Emergencia y Asistencia, creado durante el gobierno macrista y que nunca había sido utilizado.

Mediante ese esquema, se compensa exactamente el monto de la caída de los aportes de los trabajadores que registra mes tras mes la AFIP. Y por eso se puede comprobar que la Superintendencia de Servicios de Salud les giró en mayo a las obras sociales 1.279 millones de pesos; en junio, 1.276 millones de pesos; en julio, 821 millones de pesos; en agosto, 125 millones de pesos, y en septiembre, 502 millones de pesos.

Eso significa que los aportes crecieron porque hay actividades que se reanudaron o porque hubo un impacto del programa ATP por el cual el Estado paga una parte de los salarios de las empresas en crisis e incluso también porque se preservan los aportes para las obras sociales en las suspensiones pagas que son acordadas según el artículo 223 bis de la Ley de Contrato de Trabajo.

Aun así, Alberto Fernández avaló los cambios en las obras sociales y la CGT acelera la elaboración del proyecto complementario para llevar adelante una reforma por la que viene pugnando desde hace años y de la que depende nada menos que la atención de la salud de unas 14 millones de personas en todo el país.

Fuente: Infobae