La norma sólo permite la interrupción del embarazo si hay
riesgo para la vida de la madre. Se excluyen situaciones como la gestación tras una violación
o las malformaciones del feto.
Irlanda ha estrenado el año con la primera ley del aborto de
su historia, en medio de un intenso debate social en el país con más férreas
tradiciones católicas de la Unión Europea. La Ley de Protección de la Vida
durante el Embarazo será en cualquier caso una de las normativas más
restrictivas del viejo continente, pues permite el aborto únicamente en caso de
"grave peligro para la vida de madre".
Durante décadas, el aborto fue el "tabú" que
ningún partido político se atrevió a abordar en la República de Irlanda,
sacudida sin embargo en octubre del 2012 por la muerte de Savita Halappanavar,
una dentista de origen indio que falleció de una septicemia (inflamación en el
riego sanguíneo) después de que los médicos del hospital de Galway se negaran a
practicarle un aborto de emergencia.
El 'caso Savita' dio pie a un debate sin precedentes en la
sociedad irlandesa, impulsado por el Partido Laborista, que gobierna en
coalición con el partido de centroderecha del primer ministro Enda Kenny. El
presidente de la República, Michael Higgis, firmó la ley el pasado mes de
julio, no sin antes poner el asunto en manos de un comité de expertos y de
admitir en público su "conflicto de conciencia" ante una decisión sin
precedentes en la historia del país.
Primer aborto legal
Bajo los auspicios de la nueva ley se practicó en agosto en
Dublín el primer aborto "legal", aunque la implantación a nivel
nacional quedó fijada en el 1 de enero del 2014. Un total de 25 unidades de
ginecología de la sanidad pública, repartidas por la toda la geografía
irlandesa, han sido habilitadas para practicar abortos bajo la nueva normativa,
que incluye un controvertida cláusula del "riesgo de suicidio de la
madre", criticada por los grupos pro-vida como la "puerta
abierta" para la generalización del aborto.
La ley no permite sin embargo la interrupción del embarazo
en casos de violación, incesto o anormalidad del feto. Los grupos conservadores
y católicos siguen presionando para fijar una clara "línea roja" y
evitar que la ley allane el terreno a los "abortos a la carta".
Los grupos progresistas y feministas esperan por su parte
que estemos sólo ante el primer paso para homologar a Irlanda con otras
naciones de la UE y recuerdan cómo al menos 4.000 irlandesas se ven obligadas a
abortar en el extranjero todos los años.
Riesgo 'sustancial' para la vida de la madre
La nueva ley permite la interrupción del embarazo cuando
exista un "riesgo sustancial y real" para la vida de la madre. En
casos de emergencia, un solo médico podrá decidir si es necesario practicar el aborto
para salvar la vida de la embarazada. Los doctores podrán acogerse a la
"objeción de conciencia", pero los hospitales públicos están
obligados a ofrecer la interrupción en los casos contemplados por la ley.
Cuando exista el riesgo de suicidio de la embarazada, la ley
establece que la decisión quede en manos de un comité de tres expertos,
compuesto por dos psiquiatras y un ginecólogo, que evaluarán el estado de salud
física y mental de la madre. Si los expertos lo expertos niegan su
autorización, las mujeres podrán apelar la decisión ante otra instancia médica
compuesta por otros tres especialistas, que darán la opinión definitiva.
Pese a los seis meses de "rodaje" previos a la
entrada en vigor de ley, en los que se han practicado ya varios abortos en los
hospitales dublineses, a última hora han arreciado las críticas por la falta de
preparación del personal médico y por la ausencia de un protocolo generalizado.
El ministro de Sanidad James Reilly ha pedido tiempo y
comprensión para la normalización de "una práctica que tiene una fuerte
carga emotiva para los irlandeses y que ha sido evitada sistemáticamente por un
Gobierno tras otro". El doctor Reilly ha sido el principal impulsor de la
reforma que ha tardado dos años en gestarse y que ya estaba en marcha incluso
antes de la trágica muerte de Savita Halappanavar, que motivó incluso un
conflicto diplomático entre India e Irlanda.
"La sanidad pública está preparada, aunque es cierto
que las directivas clínicas están aún pendientes de aprobación por parte del
colegio de ginecólogos y del de psiquiatras", admitió Reilly. El ministro
de Sanidad aprovechó su intervención, al filo del nuevo año, para descartar
rotundamente la posibilidad de que la ley pueda ser ampliada o extendida a
corto plazo a casos de violación, incesto o malformación del feto.
Fuente: Diario El Mundo
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