Sólo ocho provincias dictaron protocolos para los casos
"no punibles"
A tres años del fallo de la Corte Suprema que avaló el
derecho de toda mujer víctima de violación a acceder a la práctica del aborto
no punible sin necesidad de que medie una orden judicial y sin que importe su
capacidad intelectual, son pocos los avances que se han hecho para instrumentar
esa práctica a nivel nacional. Así lo sostiene un relevamiento elaborado por la
Asociación por los Derechos Civiles (ADC), que analizó qué ocurrió en los
distintos distritos del país. Sólo un tercio de las provincias adecuó su
normativa, otro tercio lo hizo, pero sin seguir los lineamientos del fallo y
otro tercio aún no modificó sus protocolos.
El fallo de la Corte, de marzo de 2012, exhortó al Estado
nacional y a las jurisdicciones provinciales a que sancionen protocolos
hospitalarios que garanticen el acceso de las mujeres a abortos no punibles y a
los poderes judiciales a que no lo obstruyan. Tres años después, sólo ocho
provincias desarrollaron "protocolos que se corresponden, en buena medida,
con lo establecido por la Corte Suprema. Se trata de Chubut, Misiones, Santa
Fe, Tierra del Fuego, Jujuy, Santa Cruz, La Rioja y Chaco", apunta el
informe de ADC.
Otras ocho, en tanto, desarrollaron protocolos que, según la
entidad, no se condicen con los lineamientos de la Corte, ya que
"regularon los permisos con exigencias de requisitos que pueden dificultar
el acceso al aborto no punible" por parte de una mujer víctima de una
violación. El informe detalla que sería el caso de Salta, Entre Ríos, La Pampa,
Córdoba -ahora suspendido parcialmente por orden judicial-, y la ciudad de
Buenos Aires -"cuyos requisitos arbitrarios también se encuentran
suspendidos por orden judicial", dice el informe-, las provincias de
Buenos Aires, Río Negro y Neuquén.
En tanto, en otras nueve jurisdicciones directamente no
existen protocolos que regulen el acceso: Mendoza, San Luis, Santiago del
Estero, Tucumán, Formosa, Corrientes, Catamarca, San Juan y la jurisdicción
nacional.
"Si bien, respecto de las exhortaciones realizadas por
la Corte, el escenario actual ha sido el resultado de un cumplimiento
progresivo desde 2012, aún queda mucho trabajo por delante para conseguir la
adecuación de las normativas en aquellas jurisdicciones donde su falta o su
redacción restrictiva impiden o dificultan el acceso al aborto no punible. En
otras palabras, donde impiden o dificultan el ejercicio de un derecho
reconocido por ley. Sin embargo, sabemos que el trabajo no se agotará en la
normativa", señala el informe que fue realizado con el apoyo de la embajada
del Reino de los Países Bajos en la Argentina.
Fuente: La Nación
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