Un infarto puede llevar a la muerte a cualquier persona,
pero la probabilidad de sufrirla es mayor si se habita en un país en
desarrollo, como la Argentina, y si se encuentra en una situación
socio-económica desfavorable. La mortalidad por infarto sólo evaluada en
hospitales públicos se redujo en el país desde 14,5% en 2005 al 12,8% en 2012
en la Argentina. Pero en países como Francia, Inglaterra, y Finlandia se sabe
que menos del 5% de los infartados fallecen. Es decir, la tasa de mortalidad
por infarto en nuestro país duplica a la tasa de los países desarrollados,
según un análisis de la Universidad Isalud, sobre la base de las estadísticas
de los diferentes países.
Otra diferencia se observa con respecto a la situación
socioeconómica de cada persona. “La tasa de mortalidad cardiovascular prematura
se redujo en los últimos años en la Argentina. Pero no se registraron cambios
en el sector de población más desfavorecida”, dijo a Clarín Rubén Torres,
rector de la Universidad Isalud y autor del libro Política sanitaria en el país
de los argentinos. El grupo más pobre de la población sufría 1,2 veces más
muerte cardiovascular prematura en el año 2000 que el grupo más rico. En 2013,
la brecha se acrecentó: los más pobres sufren 1,8 veces más muertes que los más
ricos.
De acuerdo con Torres, hay desigualdades desde la
posibilidad de control de los factores de riesgo que llevan al infarto hasta en
el acceso a la atención oportuna. Por ejemplo, sólo el 46,4% de los hipertensos
que tienen la cobertura pública recibe tratamiento. En cambio, el 73% de los
hipertensos de los que tienen obras sociales o prepagas accede a los
medicamentos. De acuerdo con Torres, hay varias medidas que bajarían
drásticamente la cantidad de infartos y las muertes. El aumento del 100 por
ciento en el precio de los cigarrillos llevaría a la prevención de 2.000
infartos anuales. Si la población con la cobertura pública accediera a más
fármacos para hipertensión y colesterol, se evitarían otros 6.000 infartos
anuales. Si se conformaran redes de emergencias entre sector privado y público
para la atención rápida del infarto, se podrían evitar más de 3.000 muertes
anuales.
Fuente: Clarín
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