Salud mental en la Ciudad: una vulneración de derechos que no cambia

La ley Nacional de Salud Mental 26.657 se aprobó en 2010. Según el relevamiento del Órgano de Revisión de la Ley Nacional de Salud Mental, en la Ciudad existe una violación sistemática de los derechos de quienes tienen padecimientos psíquicos. Internaciones sin años de revisión, problemas de infraestructura y falta de personal representan algunos de los problemas que el gobierno porteño esquiva por medio de amparos judiciales.

Internaciones de años sin revisión, problemas de infraestructura, falta de personal y salas de aislamiento. Según el primer informe del Órgano de Revisión de la Ley Nacional de Salud Mental 26.657, las vulneraciones a los derechos humanos de las personas con trastornos de salud mental son un problema constante en la Ciudad de Buenos Aires. Aun así, “las autoridades responsables del área de Salud Mental de la Ciudad de Buenos Aires se han negado constantemente tanto a mantener contacto como a revisar las prácticas jurídicas y sanitarias que se utilizan en las instituciones de la Ciudad”, señala el documento. “La Ciudad no ha avanzado en nada. Se puede decir que retrocedió si uno toma la lo del Borda y la Metropolitana entrando a los balazos”, dijo a Infojus Noticias Malena Arriagada, representante de la Secretaría de Derechos Humanos ante el Plenario del Órgano de Revisión.

Sancionada en 2010, la Ley Nacional de Salud Mental promovió un cambio de paradigma en el abordaje de la salud mental mediante el reconocimiento de las personas con padecimiento psíquicos  como sujeto de derechos con capacidad, con los apoyos necesarios, de llevar adelante una vida en comunidad. “Han ocurrido graves violaciones a los derechos humanos en instituciones de encierro y esta ley viene a hacer hincapié en que todo lo vinculado a la salud mental es un problema de derechos humanos. No ha habido una ley como  la que tenemos ahora”, dijo Arriagada.

Internados por la fuerza y por largos períodos

Aunque la ley ordena que la internación solo puede usarse como último recurso y por el menor tiempo posible, solo en hospitales generales. Pero según el  relevamiento del órgano de revisión nacional (ORN) uno de los principales problemas fue el hallazgo de estancias por periodos prolongados tanto en los hospitales Borda y Moyano, como en clínicas psiquiátricas privadas.

En muchos de estos casos, no existía un consentimiento por parte de la persona bajo tratamiento. La falta de consentimiento solo puede ocurrir cuando el equipo de salud determine que hay una situación de riesgo cierto e inminente para sí o para terceros. Es un último recurso.. Esta internación debe notificarse al juez en un plazo de diez horas y al órgano de revisión.

Si buena parte de los logros de la nueva ley apuntan a la construcción de una nueva manera de pensar la salud mental, ya no como un problema exclusivamente médico, sino también histórico, socioeconómico, cultural, biológico y psicológico, nada de esto parece reflejarse en la realidad. De acuerdo al informe, las internaciones detectadas  no incluyen “prácticas de revinculación familiar ni psicoeducación, con escasa participación en actividades educativas, laborales, culturales”.

El modelo manicomial que la ley ordena abandonar también se perpetúa con el uso de psicofármacos sin criterios de aplicación racionales. Las condiciones tampoco ayudan: se relevó un déficit en el personal así como malas condiciones de limpieza, estructura y alimentación.

El relevamiento del ORN también incluyó visitas a comunidades terapéuticas, instituciones privadas que brindan tratamiento para problemáticas de salud mental asociadas al consumo de drogas. Estas instituciones también parten del aislamiento e incomunicación de las personas, que muchas veces no pueden contactarse ni con su familia. “Más allá de que en su mayor parte las internaciones se presentan como voluntarias, el consentimiento informado es insuficiente en la forma y modo”, agrega el informe.

Aunque los monitoreos institucionales generan resistencias, desde el ORN aclaran que entienden los cambios necesarios como un proceso que hay que acompañar. “Sabemos que esta problemática de salud mental es centenaria, es una cultura que hay que cambiar y eso no se hace de la noche a la mañana”, dijo Arriagada.

La Ciudad y un amparo a los derechos humanos

El gobierno porteño presentó un amparo para impedir el funcionamiento del organismo, “al poner en cuestión los resultados de los monitoreos realizados durante 2014 en los hospitales José T. Borda y Braulio Moyano procurando así, obturar el camino hacia la desmanicomialización”, denunciaron desde el ORN. “No tiene ningún sustento legal lo que están haciendo”, dijo Arriagada.

“A través de una medida cautelar se propone evitar que el Órgano de Revisión de la Ley Nacional de Salud Mental (ORN) garantice la vigencia de los derechos humanos de las personas con padecimiento mental en el ámbito de la Ciudad. La acción judicial desconoce la vigencia de una ley de protección de derechos”, señaló el ORN a través de un comunicado.

La medida cautelar, presentada ante el Juzgado en lo Contencioso Administrativo Federal N12, también busca dejar sin efecto dos recomendaciones emitidas por el ORN: la que solicita que se investiguen las muertes ocurridas en las instituciones de salud mental del país y la que sugiere la prohibición de la aplicación de electroshock.

Aunque no son vinculantes, “estas dos resoluciones han generado muchas resistencias”, explicó Arriagada y agregó que “hay muchas organizaciones gremiales y profesionales que están en contra entonces la Ciudad argumenta que se meten en el saber técnico y la ley lo que viene a decir es que la salud mental ya no es problema médico, sino también histórico, legal, etc. En definitiva, es entorpecer. Son actos políticos que entorpecen el avance en estos temas”.

El Órgano de Revisión

El Órgano de Revisión de la Ley Nacional de Salud Mental es un organismo de protección de derechos humanos, de promoción y de monitoreo que procura restituir la voz, la integridad y la dignidad de las personas con  discapacidad psicosocial, con capacidad para actuar en todo el territorio nacional. Su Plenario está formado por representantes del Ministerio de Salud de la Nación, de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación y del Ministerio Público de la Defensa. También forman parte asociaciones de familiares de usuarios del sistema de salud (Red FUV), de profesionales y trabajadores de la salud (Asociación Argentina de Salud Mental), y de organizaciones no gubernamentales dedicadas a la defensa de los Derechos Humanos (CELS).

Fuente: Infojus Noticias