Partes: D. M. c/ Obra Social del Poder Judicial s/ amparo de
salud
Tribunal: Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y
Comercial Federal
Sala/Juzgado: II
Fecha: 7-sep-2016
Sumario:
1.-Corresponde hacer lugar a la acción promovida por la
madre de una menor contra una Obra Social y condenarla a brindarle cobertura
integral, continua y oportuna para un tratamiento con hormona de crecimiento
indicado por la profesional médica que la atiende, ya que si bien la obra
social sostuvo que el método terapéutico prescripto en el caso es experimental,
la invocada ausencia de recomendación firme basada en evidencia del tratamiento
combinado no es un obstáculo suficiente para la denegatoria, en tanto no se han
ponderado las particularidades propias del caso: no haber logrado el
crecimiento de recuperación anteriormente y haber comenzado el desarrollo
puberal.
Fallo:
Buenos Aires, 7 de septiembre de 2016.- ER
VISTO: el recurso de apelación interpuesto y fundado a fs.
236/240, que contó con las réplicas de fs. 242/250 y 253/255, contra la
sentencia de fs. 228/231; y
CONSIDERANDO:
1) Que la señora juez hizo lugar a la acción promovida por
Laura Virginia D. -en representación de su hija menor M. D.- contra la Obra
Social del Poder Judicial de la Nación, a quien condenó a brindarle cobertura
integral, contínua y oportuna para los tratamientos indicados por la
profesional médica que la atiende. Asimismo, impuso a la demandada las costas
del juicio.
La obra social apeló el pronunciamiento. Luego de reseñar
algunos antecedentes del caso, sostuvo que el método terapéutico prescripto en
el caso es experimental, por lo que la sentencia vulnera la normativa vigente y
pone en riesgo la salud de la paciente. Citó jurisprudencia que estima
aplicable al caso y destacó que en el sub lite no se encuentran reunidos los
requisitos fijados en la Resolución n° 2091/10 del Ministerio de Salud para
acceder a la cobertura del tratamiento con hormona de crecimiento. Añadió que
la interpretación de la juez soslaya la obligatoria intervención estatal en los
procedimientos de autorización y contralor que le corresponde como autoridad
sanitaria, poniendo en cabeza de las obras sociales el financiamiento de
investigaciones científicas. Por último, cuestionó también la imposición de las
costas y el monto de los honorarios regulados.
Conferido el traslado pertinente, fue replicado por la
actora y por el señor Defensor Público Coadyuvante mediante las presentaciones
obrantes a fs. 242/250 y 253/255, respectivamente.
2) Atendiendo a los términos en que ha quedado planteada la
cuestión a resolver, cabe señalar inicialmente que este tribunal comparte el
análisis efectuado por el señor Fiscal General en su dictamen de fs.262/266, lo
que conduce a desestimar los agravios propuestos por la recurrente.
En primer lugar, es claro que las consideraciones formuladas
en los fallos de esta Cámara invocados en apoyo de los agravios propuestos no
pueden ser extrapoladas sin más a este caso. Esos precedentes no se
relacionaban con el suministro de medicamentos u hormonas sino que se trataba
de la aplicación de vacunas T Linfocitarias y trasplantes autólogos, esquema
terapéutico que no contaba con autorización de la ANMAT ni de organismos similares
de reconocida autoridad.
En este caso, estamos ante un tratamiento que procura dar
una solución al cuadro que presenta la actora por dos vías diferentes a los
efectos de lograr la finalidad perseguida: por un lado obtener un aumento de su
talla y, paralelamente, demorar su desarrollo puberal, debido a las
consecuencias que éste tiene en la maduración ósea y el cierre de los
cartílagos de crecimiento (confr. fs. 203).
La recurrente insiste en la circunstancia de que la actora
no reúne los requisitos previstos en la Resolución n° 2091/10 del Ministerio de
Salud para acceder a la provisión de hormona de crecimiento. No obstante, ese
planteo soslaya lo que este tribunal había puntualizado al examinar la
apelación deducida contra la medida cautelar, y es la situación particular que
se presenta en el sub lite, donde al cuadro de baja talla se suma el inicio de
la pubertad. Se trata de una situación compleja, porque lo segundo trae
aparejado una tasa de crecimiento mayor a la que venía desarrollando la niña,
circunstancia que a su vez incide en lo dicho sobre los requisitos de la
Resolución n° 2091/10.No obstante, de acuerdo con lo que surge del informe
pericial, la actora no logró el denominado crecimiento de recuperación durante
sus primeros años de vida.
Es por ello que no tiene mayor trascendencia determinar si
en la accionante se verifica o no un cuadro de pubertad precoz, porque más allá
de esa caracterización, lo que resulta relevante es que en el caso de la actora
su desarrollo puberal ya ha comenzado y que ello implica consecuencias en lo
relativo a sus posibilidades de crecimiento hacia el futuro.
Por otra parte, la situación escapa también a las
previsiones de la Disposición n° 6677/2010 de la ANMAT (que, a su vez, derogó y
sustituyó las previsiones de la Disposición n° 5330/97, invocada por la
apelante), que establece un "Régimen de Buenas Prácticas de Investigación
en Estudios de Farmacología Clínica", sin que se advierta que su normas
sean aplicables en los términos en que quedó planteada esta controversia.
3) En las condiciones descriptas, estima el tribunal que la
invocada ausencia de recomendación firme basada en evidencia del tratamiento
combinado no es un obstáculo suficiente para la denegatoria, en tanto no se han
ponderado las particularidades propias del caso: no haber logrado el
crecimiento de recuperación anteriormente y haber comenzado el desarrollo
puberal.
Naturalmente, se suma a ello lo expuesto por la perito
médica, en cuanto afirma que lo prescripto por la profesional que interviene en
el caso es "un tratamiento con fundamentación científica, del cual no se
han descripto efectos colaterales significativos, con recuperación del eje
hipótálamo hipófiso gonadal una vez cesado el tratamiento, y del cual cabría
esperar que la niña M. D. se beneficie, adquiriendo una estatura adulta
normal" (fs.203). Y en el mismo orden de ideas, la experiencia favorable
que la médica tratante de la niña manifiesta haber tenido en casos similares
con su grupo de trabajo -extremo no controvertido por la demandada- y la
respuesta favorable que se observó en el caso concreto, al cabo de tres meses
de iniciado el tratamiento, de acuerdo con lo expresado a fs. 168.
En función de ello, y valorando igualmente los argumentos
concordes expresados por el señor Fiscal General a fs. 262/266 -que, como ya se
dijo, el tribunal comparte- SE RESUELVE: confirmar la sentencia apelada, con
costas.
Teniendo en cuenta la entidad, mérito y extensión de las
tareas cumplidas en la instancia de origen, se confirman los honorarios
regulados por el señor juez, en tanto por la labor de alzada se fijan los
emolumentos de la Dra. Laura Virginia D. en la suma de ($.) (arts. 6 y 14 de la
ley 21.839, con las modificaciones introducidas por la 24.432).
Regístrese, notifíquese -al señor Fiscal General y a la
señora Defensora Pública Oficial en sus respectivos despachos- y devuélvase.
RICARDO VÍCTOR GUARINONI
ALFREDO SILVERIO GUSMAN
GRACIELA MEDINA
Fuente: Microjuris
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