El Gobierno quiere que se fusionen las obras sociales con cuentas complicadas

La meta es que entidades con perfiles similares se unan para lograr una economía de escala y bajar el déficit del sector.

El sistema de salud argentino cruje por varias aristas. Y si bien por ahora en el Gobierno no hablan de grandes paquetes de normas, sí están intentando realizar algunos ajustes. Por lo pronto, con el objetivo de mejorar el funcionamiento de las obras sociales, la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS) comenzó a sondear a varios directivos de esas entidades para que busquen fusionarse.

La idea es que obras sociales que tienen perfiles similares, pero que hoy no tienen escala -y, en muchos casos, cuentan con patrimonio neto negativo-, operen bajo una sola administración y compartan prestadores.

"El de obras sociales es, después de todo, un negocio como el de los seguros, la clave pasa por tener volumen: que haya muchos afiliados sanos que puedan solventar los gastos de unos pocos enfermos", reconoció a LA NACION una fuente de la SSS al tanto de las negociaciones, que pidió no ser identificada.

Se trata de un proceso que, reconocen, no será fácil. Aun las obras sociales más chicas tienen una identidad gremial y su personería, y en el sistema de salud hay más de 300 obras sociales, algunas con menos de 1000 afiliados. Por ejemplo, sólo en el mundo del turf hay siete obras sociales distintas. También hay varias empresas (como las automotrices) que tienen sus propias obras sociales y que por intereses y perfil podrían operar como una sola.

En la SSS, que ahora conduce Sandro Tarrico, sin embargo, no creen que las fusiones o sinergias puedan venir de alguna norma. Todo lo contrario, negocian con los responsables de las organizaciones una suerte de esquema de seducción. La SSS les propone asistencia económica para acompañar el proceso. La SSS tiene, después de todo, $ 4500 millones en el Fondo Solidario de Redistribución, que pueden ser destinados para financiar tratamientos crónicos caros y enfermedades complejas, pero que también tienen la posibilidad de usarse para infraestructura y el fomento de la actividad, en general.

"A muchas obras sociales las une el espanto. Estamos todos de acuerdo en que el sistema está demasiado fragmentado y hay que repensar cuál es la dimensión óptima de una obra social", explicó la fuente. Además, la SSS viene trabajando desde hace meses en mejorar los precios que pagan las obras sociales a los prestadores, mediante un observatorio de precios de todo el sistema. Y planea avanzar en esquemas de compra en alianza con PAMI y IOMA.

El peso de los amparos

Pero otro de los grandes problemas que pone en jaque la solvencia de muchas obras sociales y también a prepagas son los amparos médicos avalados por la Justicia. Hace un año que en la SSS comenzaron a sistematizar todos los reclamos judiciales que se reciben en el sistema de salud. Si bien todavía no terminaron de procesar los datos, admiten que hay muchos fallos judiciales, al menos, debatibles.

"Hay casos que son difíciles, pero, por ejemplo, también está el de una mujer que tuvo cuatro hijos y se cosió las trompas, que cambia de pareja y hace un amparo para que la obra social le pague el tratamiento de fertilidad", ejemplifican. "La Justicia le da lugar a su amparo, pero lo que no se tiene en cuenta es que el dinero que se destina a algo así después es dinero que se le quita a algún otro potencial paciente."

Mientras esperan que avance en el Congreso la ley que crea una agencia nacional de evaluación tecnológica, que es la principal iniciativa del Gobierno para reducir la judicialización, la SSS evalúa por ello crear una suerte de consejo científico de notables, al que pueda recurrir la Justicia para fundar sus fallos. "Podría estar conformado por varios ex ministros de Salud o científicos reconocidos. La Justicia, al menos, tendría a quién consultar. Se supone que los amparos médicos deberían ser para casos de vida o muerte. Y acá se masifican y se extienden mucho más allá", justificó una fuente.

En el Gobierno hay consenso en plantear la creación de una agencia nacional de evaluación de las tecnologías de salud. Precisamente para que exista una institución técnica que pueda evaluar qué tratamientos corresponde incorporar al plan médico obligatorio y cuáles no. Existen entidades similares en muchos países del mundo.

Sin embargo, el proyecto de ley de la agencia quedó paralizado en el Congreso, al igual que tantas otras propuestas del oficialismo en este año electoral. En algún momento, el Gobierno evaluó incluso sacarla por decreto, pero terminó dando marcha atrás después de la polémica que generó el recorte de las pensiones no contributivas.

Millones en juego

300

Es la cantidad de obras sociales que hay a nivel nacional, algunas con menos de 1000 afiliados

4500

Son los millones de pesos con los que cuenta el Fondo Solidario, que maneja la Superintendencia de Servicios de Salud

9%

Es el porcentaje del salario que va a las obras sociales, sumando el aporte del trabajador y el de la empresa

Fuente: La Nación