Desde hace alrededor de un año logré convertir el gimnasio
en una rutina. Bien por mí. Pero resulta que hace un mes, justo para Navidad,
me pidieron el apto médico que yo, asumiendo la responsabilidad del cuidado de
mi salud, no había presentado nunca y que tampoco me habían reclamado. Me dijeron
que estaban poniendo todo en regla, instalaron un lector de huella digital para
permitir el acceso a los socios aptos y supuestamente pusieron cámaras de
seguridad que nos vigilan a todos. Hasta que no traigas el apto médico no vas a
poder venir. ¿Pero me van a descontar los días en la cuota mensual? No, eso no
cambia. ¿Y cómo es? ¿Pago y no puedo venir? Es que si te dejamos pasar nos
ponés en un compromiso a nosotros.
Odio ir al médico. Voy cuando ya no me queda opción. Llamé a
varios clínicos de la obra social pero todos me daban turno para mediados de
enero. Y era Navidad y Año Nuevo, ¿cómo iba a deshacerme de todo el pan dulce
de las fiestas? Además, me imaginé que el médico me mandaría a hacer varios
estudios para hacer un certificado exhaustivo, como corresponde, y que al
final, por culpa del apto, iba a terminar todo el verano sin pisar el gimnasio.
Volví y hablé con la chica de la recepción que me dijo que -la salvación- en
las sucursales con pileta la cadena tiene un médico que te hace el certificado,
que se cobra aparte de la cuota y que sale $ 400.
Hay que desnaturalizar los hechos que se dan por sentado.
Desactivar el pensamiento automático e ir hasta el fondo de lo que nos preocupa
o molesta. Busqué la ley de los aptos físicos en internet. No es una ley
nacional, sino local. Se trata de la ley número 5397 de 2015 -la versión nueva
de la 139 aprobada en 1999- denominada Gimnasios en la que, entre otras
disposiciones, establece que es obligatorio que el gimnasio exija un
certificado de aptitud física que debe contener los resultados de los estudios
electrocardiográficos expedido por un médico especialista. Desactivé y ahí tuve
una revelación. ¿Y si yo no quiero que ni el gimnasio ni el Estado se
entrometan en mi estado de salud? ¿Qué les importa a ellos? Si yo pago la cuota
todos los meses, ¿quiénes son el gimnasio y el Estado para obligarme a
demostrar que estoy en condiciones de hacer ejercicio cuando se trata de una
acción privada y comercial? Entonces pensé que tenía que haber una forma de evitar
las formalidades como, por ejemplo, firmar un papel que dijera que por voluntad
propia una se hace cargo de su salud y que, en todo caso, si me pasara algo
haciendo ejercicio la responsabilidad va por mi cuenta. Así desligaría al
gimnasio de cualquier responsabilidad civil y no me obligarían a someterme a
los cuidados paternalistas que el Estado asume respecto de los ciudadanos a los
que pareciera considerar unos cabeza hueca.
Hablé con el doctor Sergio Mohadeb, el abogado detrás de la
cuenta de Twitter Derecho en zapatillas -@dzapatillas- para entender mejor el
asunto y para preguntarle sobre la posibilidad de presentar el escrito firmado
con aclaración y DNI. Me dijo que no, que la ley no contempla esa opción, que
el apto es obligatorio. "No existe la posibilidad de desligar al gimnasio
y declarar que uno se hace responsable libremente de su propia salud. Pareciera
invasivo, sin embargo, al ser una actividad comercial se justifica que haya
cierta regulación", agregó. Busqué otros puntos de vista. Fernando
Sasiain, abogado y socio del estudio Fargosi, Klein & Sasiain, me confirmó
lo que ya sabía: "En este caso, hay una voluntad de parte del poder
legislativo de supuestamente cuidar la salud de las personas. Debido a que los
gimnasios son las entidades intermediarias, son ellos los que deben exigir el
apto médico".
¿Alcanza con un electrocardiograma?
Así que un electrocardiograma alcanzaría para saber que, al
margen de las tragedias eventuales que no se pueden evitar, no nos vamos a
morir corriendo en la cinta. ¿Pero es tan así? Si la ley obliga a presentar un
apto físico debería solicitarlo con un chequeo anual exhaustivo que cubra todos
los aspectos de la salud. ¿Alcanza sólo con un electrocardiograma? Desde el
Hospital Alemán, el doctor Hugo Catalano, Jefe del Servicio de Clínica Médica
de la institución asegura que "un electrocardiograma de reposo en una
persona sana con una probabilidad muy baja de enfermedad cardíaca, no tiene
precisión para confirmar ni para descartar enfermedad y la expone a falsos
positivos, es decir, a complicarle la vida y preocuparla. Pero lo más grave de
estas situaciones es que ningún estudio debe solicitarse sin una completa
consulta médica que incluye registrar antecedentes heredofamiliares, personales
y un examen físico; después de lo cual el médico debe acordar, con una persona
adecuadamente informada, si es necesario o no hacer estudios complementarios".
Entonces, ¿a quién protege, en realidad, la ley Gimnasios? A ellos, a los
gimnasios que con un papel firmado por un médico con matrícula se liberan de
toda clase de responsabilidad civil sobre lo que pueda suceder con sus socios
mientras se ejercitan y de esta manera se evitan juicios y demandas. Desde
Megatlon aseguran lo contrario: "la ley protege a las personas", dice
el doctor Gustavo Saccher, director médico de la red de gimnasios, "la
empresa ofrece la posibilidad de realizar los aptos en las sedes que cuentan
con un consultorio médico habilitado. El apto médico es un servicio opcional y
se abona aparte", agrega.
En Google una multitud de cientos de instituciones ofrecen
también aptos médicos que cuestan entre $ 400 y $ 500. El asunto, entonces,
parece haberse convertido en un mero formalismo comercial para cumplir con la
ley y ya. "El apto médico consiste en el interrogatorio de los
antecedentes familiares y personales, un examen físico, la toma de la presión
arterial y la realización de un electrocardiograma", señala el doctor
Alejandro Deviggiano, Coordinador del Departamento de Estudios Cardiovasculares
no Invasivos de Diagnóstico Maipú. No lo digo yo ni tampoco la ley 5397, lo
aseguran los médicos.
Fui a por más porque es como si en el futuro para ir a comer
a un restaurante te pidieran un certificado que especifique qué alimentos no
dañan tu salud y no te dejaran pedir lo que se te antoja. Me indigné después de
haber consultado el asunto en Facebook cuando leí que a todos les parecía
fantástico que el Estado se meta en tu vida privada y te exija que vayas al
médico. "Es un tema de salud pública, no se puede ser tan individualista,
te obliga a hacerte un chequeo que sino no lo hacés, es un bien para vos, hay
que cumplir con la ley", fueron algunos de los argumentos.
Supongamos que el Estado realmente quiere cuidar a las
personas y que, además, en los gimnasios estuvieran sucediendo cientos de
accidentes todos los días que se terminaran por llevar gran parte del
presupuesto de salud pública. En ese caso, ¿no se debería exigir un certificado
mucho más exhaustivo que un mero electrocardiograma? Al final, me rendí y
decidí hacer la fácil: pagar los $ 400 del apto que vende el gimnasio. Llegué
y, después de pagar, me dieron un formulario con preguntas: ¿tiene un soplo
cardíaco? ¿toma medicación? ¿sufre de alguna enfermedad preexistente? Nadie me
miró mientras dibujaba cruces en los casilleros del NO. Después esperé frente a
la puerta de una salita para que el médico me hiciera el electrocardiograma. El
consultorio era una mesa vacía, una silla, una camilla, el equipo para el
electro, un inexplicable balde azul y una ventana mínima cerca del techo. Estoy
segura de que el doctor ni siquiera levantó la mirada para saludarme, sólo me
ordenó acostarme en la camilla y me puso un par de ventosas por debajo del
pecho para registrar mi frecuencia cardíaca supongo. En total, habré estado ahí
adentro unos tres minutos y me fui con el apto firmado festejando lo sana que
parecía estar. Llevé el certificado al gimnasio y antes de Año Nuevo volví a la
rutina aliviada. La verdad es que me sentí una hipócrita sosteniendo un sistema
diseñado sólo para cumplir con la ley y proteger así los intereses de la
empresa a la que no sólo le pago para usar sus instalaciones, sino que también
me vende un certificado de salud de dudosa condición.
¿Es anticonstitucional la ley Gimnasios?
El artículo 19 de la Constitución Nacional dice que
"las acciones privadas de los hombres que de ningún modo ofendan al orden
y a la moral pública, ni perjudiquen a un tercero están sólo reservadas a Dios
y exentas de la autoridad de los magistrados". ¿Alcanza dicho artículo
para impugnar la ley? Lamentablemente no. Así me lo explicó el doctor Fernando
Sasiain: "Un gobierno republicano a través de sus poderes ejecutivo y
legislativo tiene la potestad de reglamentar los derechos de los ciudadanos. Un
apto médico, al igual que, por ejemplo, las obligaciones de tránsito, caen bajo
esa potestad que es legítima y que no podría ser desvirtuada citando el
artículo 19 de la Constitución. Se puede estar de acuerdo o no con el criterio
aplicado, se puede cuestionar si una medida es más o menos paternalista o
invade la esfera íntima, pero en este caso, cae sobre la potestad reglamentaria
y, por ende, es completamente legítima".
Fuente: La Nación
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