El retraso de la medida que penaliza a los empresarios que
no aseguren a los empleados se considera una victoria de los republicanos.
El Gobierno de Estados Unidos ha decidido demorar en un año
la entrada en vigor de las disposiciones de la reforma sanitaria que
sancionaban económicamente a los empresarios que no aseguraran a sus empleados.
La decisión de posponer una parte esencial de la nueva legislación de salud
impulsada por el presidente Barack Obama supone una importante concesión a la
patronal y al Partido Republicano, que había advertido de la incapacidad de la
Administración de aplicar la legislación y de su efecto perjudicial para los
propietarios de las pequeñas y medianas empresas.
De acuerdo con la ley, a partir del 1 de enero de 2014,
todos los titulares de empresas con más de 50 empleados estaban obligados a dar
cobertura sanitaria a todos ellos a tiempo completo o pagar una multa de 2.000
dólares anuales por cada trabajador no asegurado. La decisión de retrasar un
año la media se anunció a última hora de la tarde del martes a través de la
página web del Departamento del Tesoro, encargado de la aplicación de esta
parte de la reforma sanitaria, justificando la iniciativa en las dificultades
de los empresarios para adaptarse a la nuevas reglas. “Estamos escuchando a los
titulares de los negocios", explicó poco después Valerie Jarrett, la
principal asesora de Obama, en su blog.
A partir del 1 de enero de 2014, todos los titulares de empresas con más de 50 empleados estaban obligados a dar cobertura sanitaria a todos ellos a tiempo completo o pagar una multa de 2.000 dólares anuales por cada trabajador no asegurado
La decisión no afecta a la mayoría de las empresas de EE UU
-el 96%, según la Casa Blanca- que emplea a menos de 50 trabajadores, y que ya
estaba exento de la obligación de ofrecer cobertura médica a toda su plantilla,
y tampoco perjudica a otras disposiciones esenciales de la ley, como la que
penaliza a los particulares que no hayan contratado una póliza médica en 2014,
pero supone un duro revés para la Casa Blanca, ya que cuestiona su capacidad
para poder ejecutar una de las leyes estrella del primer mandato de Obama y
supone un obstáculo para las aspiraciones demócratas en las elecciones al
Congreso de 2014, ofreciendo a los republicanos nueva munición sobre la
ineficacia de los progresistas con la que atacar durante la campaña a los
candidatos más débiles.
Los políticos republicanos más críticos con la reforma
sanitaria de Obama reaccionaron inmediatamente al anuncio del Gobierno. El
portavoz de la Cámara de Representantes, John Boehner, aseguró en un tuit que
la “Obamacare [la forma peyorativa con la que la oposición se refiere a la
nueva legislación de salud] es un tren descarrilado”. El líder de la minoría en
el Senado, Mitch McConnell, emitió un comunicado en el que puntualizaba que la
“Obamacare es muy costosa y no está funcionando como la Administración había
prometido”.
La Administración preveía, gracias a esta medida, reducir el déficit en 5.000 millones de dólares
La respuesta demócrata ha sido mucho más tímida. A través de
su portavoz, Harry Reid, el líder de la mayoría demócrata en la cámara Alta,
señalaba que con esta decisión la Administración demostraba su “deseo de ser
flexible” y puntualizaba que “es mejor aplicar la ley bien que hacerlo rápido”.
Este martes, Nancy Pelosi, la líder de la minoría en la Cámara de
Representantes y una de las principales impulsoras de la reforma, defendió la
demora asegurando que el Gobierno estaba siendo "responsable" con los
empresarios y minimizó el impacto de la iniciativa asegurando que "sólo el
4% de los empleadores se verían afectados".
Esta disposición suscitó la oposición de los empresarios
desde que la reforma sanitaria fuera aprobada en 2010. Muchos amenazaron con
sustituir a los empleados a tiempo completo por contratados a tiempo parcial
-la norma se aplica a quienes trabajan un mínimo de 30 horas-, para eludir las
consecuencias económicas de la medida. En los últimos meses, varios grupos
empresariales, apoyados por legisladores, han tratado de presionar a la
Administración para que la norma se aplicara a los trabajadores con un horario
de 40 horas.
Las consecuencias de esta decisión no son sólo políticas. El
costo para las arcas públicas puede ser enorme. El mandato individual, la
disposición que exige a todos los estadounidenses estar asegurados a partir del
1 de enero de 2014 o pagar una multa, establece la obligación a la
Administración -bien la federal, bien la estatal o un combinado de ambas- de
asumir la cobertura de, entre otros, aquéllos a quienes sus empleadores no les
garanticen una póliza. Con la demora, muchos trabajadores cumplirán los requisitos
para optar a los beneficios médicos públicos. Además, la Administración
preveía, gracias a esta medida, reducir el déficit en 5.000 millones de
dólares, de acuerdo con la estimación de la Oficina Presupuestaria del
Congreso. De esta manera, el Gobierno no sólo pierde ingresos, sino que se verá
obligado a pagar más subsidios.
Fuente: Diario El País
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