Le aplicarán multas de $ 300 por día si no asiste a los
pacientes de un instituto
El juez Guillermo Scheibler intimó a la ministra de Salud
porteña, Graciela Reyboud, y a la directora general de Salud Mental del
gobierno local, María Concepción Grosso, a que acrediten el cumplimiento de lo
ordenado en la medida cautelar referida a la externación y reubicación de
pacientes alojados en los diferentes dispositivos del Instituto de
Psicopatología Nuestra Señora de Luján.
La asesora general tutelar, Laura Musa, y la asesora tutelar
en lo contencioso y administrativo Mabel López Oliva habían presentado una
acción de amparo colectivo el 18 de febrero de 2013 con el fin de que la Ciudad
cumpla con su obligación de garantizar el derecho a la protección y cuidado
integral de la salud mental de niños, niñas y jóvenes que viven o
potencialmente estarán alojados en aquel instituto a través de una beca de
alojamiento, asistencia por la cual el gobierno paga mensualmente, según un
convenio suscripto.
En un comunicado, la Asesoría Tutelar explicó que este
convenio preveía la atención de personas afectadas en su salud mental en los
distintas modalidades que aquel instituto poseía: New Life, Clínica, Centro
Educativo Terapéutico y Hogar Centro de Día.
De los once mayores que aún estaban alojadas allí al momento
de la medida cautelar todavía quedan siete sin ser reubicados. No obstante, se
aclaró en el comunicado, sigue habiendo pacientes derivados de otros
prestadores y otras jurisdicciones que, al no ser alojados por el gobierno, no
son alcanzados por esta medida.
Se informó que el Ministerio Público Tutelar y diversos
organismos de control (Registro de ONG del Consejo de Derechos de Niños, Niñas
y Adolescentes del gobierno local, la Comisión de Seguimiento del Tratamiento
Institucional Neuropsiquiátrico de la Defensoría General de la Nación, y la
Dirección General de Salud Mental de la Nación) constataron, irregularidades
sistemáticas y de extrema gravedad que afectan derechos y garantías consagrados
en el ordenamiento jurídico local, nacional y que vulneran los estándares
establecidos por el derecho internacional sobre los derechos humanos.
Fuente: Diario La Nación
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